Si bien es cierto que la política es para los valientes, no lo es menos que los temerarios suelen pagar un precio muy alto si abusan de su suerte. Pedro Sánchez se está acercando peligrosamente a ese punto con la posible reforma del delito de malversación.
La polémica de estos días tiene que ver con una enmienda que ha presentado Esquerra, un partido que cuenta con trece escaños en el Congreso. Insuficientes para sacarla adelante. El PSOE sostiene que no tiene nada que ver con ella. Afirma que la estudiará sin mostrar un apoyo directo a su premisa. Como si dijera que ya consultará mañana el pronóstico del tiempo para decidir si coge el paraguas para salir de casa.
Es lo que hizo Patxi López en la mañana del viernes cuando presentó las enmiendas con las que estrechar el cerco al CGPJ y que cumpla el mandato constitucional de nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional.
¿Sobre la malversación? No tenía nada que decir. Habrá que esperar al lunes cuando la ponencia se reúna en el Congreso y comience a estudiar las enmiendas y al martes en la reunión de la Comisión de Justicia.
Un momento. Sí dijo algo. Un comentario de pasada para quitarse de encima las preguntas de los periodistas. “Nosotros, como el Código Penal, distinguimos entre corrupción y malversación. Ya hablaremos”, comentó. Las cosas no pintan bien para el PSOE si alguien como Patxi López, que presume de decir las cosas claras, sale con un tecnicismo jurídico que seguro que no se atreve a utilizar en la próxima campaña electoral.
Oficialmente, es decir, por boca de Pedro Sánchez el 6 de diciembre, los socialistas han dicho que están abiertos a discutir el tema, siempre que eso no suponga un “retroceso en las penas a la corrupción política”.
La enmienda de Esquerra, conocida el viernes, hace precisamente eso. Reduce la condena máxima por un delito de malversación de caudales públicos cuando no exista ánimo de lucro del autor ni de terceros. De cuatro a tres años. Quedarán beneficiados aquellos que utilicen fondos públicos de forma ilegal no para metérselos en el bolsillo, sino por ejemplo para beneficiarse políticamente de algún modo. Esto último no llega al nivel de ser un consuelo para los contribuyentes.
Ahí es donde las ventajas para los investigados por corrupción podrían diluirse. En esos casos, no es raro que se haya pagado dinero público a alguien con la intención de violar la ley. Otra cosa será demostrar que ese pago fue ordenado directamente por el político al frente de la trama. No es tan fácil como suena. En un juicio, no valen las sospechas.
No son los políticos quienes tendrán la última palabra, sino los jueces que instruyan y juzguen esos casos.
La corrupción política es algo más que llevarse un dinero para comprar una casa, un coche o engordar la cuenta corriente. En su esencia está el hecho de que alguien se aprovecha de un cargo público con la intención de obtener un beneficio. A veces, es dinero contante y sonante. En otras ocasiones, es un beneficio político: ganar unas elecciones, crear una red clientelar que permita controlar una ciudad o región, o perjudicar a los partidos de la oposición. Todo ello empleando medios ilegales.
En política, el enriquecimiento ilícito no consiste únicamente en acumular billetes de 500 euros.
La enmienda de Esquerra puede beneficiar a decenas de altos cargos y empresarios catalanes que irán a juicio por la investigación de los preparativos del referéndum del 1-O. También podría favorecer a Carles Puigdemont si decide volver a España. Eso es lo que permitió al Partido Popular afirmar que se trata de una reforma a la carta. “Son reformas del Código Penal que tienen nombres y apellidos de sus beneficiarios”, dijo Cuca Gamarra.
Podemos está preocupada por las repercusiones de esa reforma en otros casos. Dice haber recibido la promesa del PSOE de que no afectará a la condena a José Antonio Griñán por el caso de los ERE. Parece que en privado el PSOE está mucho más hablador sobre la polémica que en público.
A Pablo Echenique no se le vio muy convencido en la rueda de prensa del viernes: “Si hay políticos corruptos en la Lezo, la Gürtel o la Kitchen que se vayan a ver beneficiados por una posible reforma, nosotros no podemos aceptar un planteamiento como ese”.
Podemos es tajante al afirmar que no es admisible que esa reforma beneficie a imputados o condenados por corrupción. Es casi imposible compatibilizar esa voluntad con el contenido de la enmienda de ERC, al menos tal y como está escrita.
Para intentar dorar la píldora, los socialistas –en este caso, con el apoyo de Podemos– se han inventado un nuevo delito relacionado con los políticos, el de enriquecimiento ilícito para todos aquellos cargos públicos que no puedan justificar el origen legal de su abultado patrimonio desde su elección o nombramiento. Este cambio tiene problemas para ajustarse a la realidad, aunque solo sea por el hecho bien conocido de que los que cometen delitos suelen tomar todo tipo de medidas para ocultar el dinero que consiguen gracias a ellos. No necesitan que les amenacen con la tipificación de un nuevo delito.
En la derecha, el viernes fue el día de la hiperventilación. Uno de tantos. La falta de respuestas del PSOE sobre lo que ocurrirá con el delito de malversación les dejó el campo libre. Hubiera sido estúpido desaprovecharlo. Es el mayor regalo que los socialistas han hecho al PP en bastante tiempo y ahora mismo Núñez Feijóo está muy necesitado de ese tipo de favores. Por eso, Cuca Gamarra se centró en el tema de la malversación, mientras Santiago Abascal e Inés Arrimadas, con un mensaje casi idéntico, optaron por elevar el dramatismo hasta el límite de la cordura política.
La líder de los restos de Ciudadanos ha perdido la confianza de los diputados de su grupo parlamentario, excepto de uno. Lo que no le falta es dramatismo. Casi dio por cancelada la democracia en España. Llamó “aprendiz de dictador” a Sánchez y dijo que había dado un “autogolpe de Estado”. Y todo por otra reforma legal con la que el Gobierno pretende obligar a los miembros del CGPJ a que cumplan la ley y nombren a los dos miembros que le corresponden en el Tribunal Constitucional.
Es obvio que el Gobierno ha doblado la apuesta en esa presión, pero es aún más evidente que la derecha coincide en que los vocales del CGPJ tienen derecho a incumplir la Constitución. Es lo que el ABC y El Mundo han llamado “el asalto al Tribunal Constitucional” (nadie en esos periódicos ha leído esta sentencia del Tribunal Constitucional de 2013). Y lo que ocurre es que los vocales conservadores del poder judicial están bloqueando la elección de dos miembros del Constitucional, porque quieren no solo elegir al vocal conservador que les corresponde, sino también al progresista. Y si no es así, también quieren impedir que el Gobierno nombre a los dos magistrados que marca la ley.
En esta situación en la que el poder judicial ha elegido la vía de la insurrección, lo que menos necesita el Gobierno es una reforma de la malversación a mayor gloria de aquellos de los que se sabe o sospecha que violaron la ley en el manejo de fondos públicos.
Eso también es corrupción política e intentar cambiarlo es una de esas cosas por las que se termina pagando un duro precio en las urnas.