Pedro Sánchez planteará una reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto tras el último ataque de PP y Vox. El objetivo de esa modificación de la Carta Magna será “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”, según fuentes gubernamentales. La decisión se produce después de la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres que vayan a interrumpir voluntariamente su embarazo de un supuesto síndrome post-aborto.
Ese último ataque llevado a cabo por el PP y la ultraderecha ha llevado a los socialistas a plantear ahora la reforma de la Constitución, que se llevará a cabo a través de un procedimiento ordinario con el objetivo de dar la mayor protección a ese derecho en línea con la jurisprudencia que ya estableció el Tribunal Constitucional en 2023, cuando tumbó el recurso que presentó el PP contra la ley del aborto aprobada trece años antes. España se convertiría así en el segundo país en reconocer constitucionalmente el derecho al aborto después de Francia, que lo hizo en 2024.
Sánchez saca ahora del cajón esa propuesta a la que se comprometió hace un año en el marco del 41º Congreso del PSOE ante la nueva polémica suscitada por la iniciativa de Vox en el consistorio de la capital. En las resoluciones aprobadas en ese cónclave, los socialistas se comprometieron “a blindar el aborto y el matrimonio igualitario en la Constitución”.
La reforma constitucional requiere de una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, es decir, que necesita también los votos del PP de Alberto Núñez Feijóo, que se ha enredado con la iniciativa de Vox que secundó el grupo municipal de José Luis Martínez Almeida en la capital. Génova defendió inicialmente la decisión al asegurar que “la información nunca es un problema”. Sin embargo, el alcalde dio marcha atrás un día después al reconocer que no existe ningún síndrome post-aborto y al decir que la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo será voluntaria y siempre que las mujeres la reclamen.
Sin embargo, el texto aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid establecía la obligatoriedad de esa medida. “El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas, proporcione información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto”, señalaba el texto, que atribuía al aborto consecuencias como “depresión, sentimiento de culpa, pesadillas, insomnio, alcoholismo, agresividad” sin ninguna base científica.
La reforma constitucional tiene difícil salir adelante precisamente por la posición del PP respecto al aborto, que evidencia, además, las distintas almas dentro de la organización que preside Feijóo.
El Gobierno también pretende bloquear expresamente esa iniciativa a través de una reforma del decreto de 2010 que regula la salud reproductiva y el derecho al aborto. La intención es prohibir por ley que las mujeres “reciban información falsa o sin evidencia científica”.
“La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”, señalan fuentes gubernamentales.
El decreto 825/2010 que sirve como reglamentación de la ley del aborto ya establece el tipo de información que deben recibir las mujeres ante la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de las meramente sanitarias. Así, establece que deben recibir un sobre con datos sobre las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto; los derechos laborales y prestaciones sociales vinculados al embarazo y a la maternidad; datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro; y datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo.
“El Gobierno de España continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo. Nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres”, dicen esas mismas fuentes sobre el derecho al aborto, que se despenalizó en España hace justo 40 años, aunque ha sufrido trabas y amenazas desde entonces.
La gran asignatura pendiente en España es que los abortos se practiquen mayoritariamente en la sanidad pública, ya que la inmensa mayoría se producen actualmente en clínicas privadas específicas que han sido, además, señaladas por los grupos ultras hasta que en 2023 se castigó penalmente el hostigamiento a las mujeres que acudían a esos centros.
Sumar registró la reforma en el Congreso hace un año
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recordado después del anuncio de Sánchez que Sumar ya registró una propuesta en este sentido hace más de un año.
“El aborto tiene que estar blindado en la Constitución. Ya presentamos la propuesta, es hora de votarla en el Congreso. El PP cada vez se diferencia menos de la ultraderecha. Tenemos que proteger nuestra libertad y nuestros derechos de los embistes reaccionarios”, ha escrito en su perfil de Bluesky.
La iniciativa que registró el grupo plurinacional propone una reforma sencilla. Se trata de modificar el artículo 43 de la Constitución, el que hace referencia al derecho a la protección de la salud de los españoles y españolas. Ese artículo ya establece que es competencia de los poderes públicos “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, así como que los “poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte”.
Sumar buscaba con esa iniciativa añadir a continuación un cuarto punto para que se reconozca “el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal”. “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física”, añade la nueva redacción que propone el grupo.
La portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez, también ha recordado este viernes al PSOE que su propuesta está registrada y ese puede llevar al Pleno en cualquier momento. “En marzo de 2024 presentamos una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución. Desde entonces, estamos trabajando para ello. Nos alegramos de que el PSOE por fin lo vea como nosotras. Tiene nuestra propuesta encima de la mesa”, ha escrito también en Bluesky.