Los sindicatos policiales cargan contra Peinado por plantear que los escoltas podrían ayudar a Begoña Gómez a fugarse: “Es una barbaridad”
Varias asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional han cargado este sábado contra el último auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez calificándolo de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”. El magistrado argumenta en el texto que el hecho de que la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse.
Ante esto, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha calificado de “auténtica barbaridad” esta hipótesis que hace el juez Peinado, ya que defiende que los profesionales que integran la escolta de Presidencia “desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley”. “Garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”, han afirmado.
Además, ha señalado que poner en duda su actuación “carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. Por ello, Jupol ha exigido una rectificación de unas manifestaciones que, a su juicio, “proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, aseguran en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, también ha expresado su “absoluto rechazo” a cualquier manifestación que pueda poner en duda “la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades”. “Resulta especialmente preocupante que puedan formularse hipótesis que sugieran la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas”, ha afirmado en un comunicado.
Además, SUP también ha recordado que los policías nacionales “no actúan al margen de la ley” ni están obligados a cumplir “órdenes manifiestamente ilegales”. Desde el sindicato han señalado que el “prestigio” de la Policía Nacional se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales y que esa confianza “no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas” que “proyecten” sobre los agentes “una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.
La Confederación Española de Policía (CEP) también ha criticado las hipotesis del juez Peinado y ha dicho que “ni ha ocurrido ni va a ocurrir” que “un solo policía pueda ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de la Justicia” ya sea “por voluntad propia ni cumpliendo órdenes (que serían ilegales)”. “Al revés: de saberlo, detenida y a disposición judicial”, han añadido en un tuit en el que comparten el fragmento del auto del magistrado.
Para el CEP, estas palabras del juez Peinado son “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable contra decenas de miles de profesionales”. “Suéltenos el brazo, señoría, y cobíjese en otra parte para armar sus resoluciones. Que aquí solo tenemos un Norte: cumplir y hacer cumplir la ley”, han apuntado.
La Unión Federal de Policía (UFP) también ha criticado esta afirmación de Peinado, que han calificado como “una salvajada fuera de lugar” que se impute un posible delito a “policías que precisamente se dedican a la prevención delictiva”. “Es un señalamiento a todo un colectivo policial, deteriorando su imagen ante la opinión pública”, ha añadido este sindicato.
Además, a través de un mensaje en sus redes sociales, también ha apuntado que esta argumentación “carece de toda fundamentación”, ya que “la misión de un juez es juzgar hechos, no señalar e imputar delitos a personas que no conoce”.
En su auto, Peinado apunta que “no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Begoña Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.
Peinado ordena en este auto mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Dentro de las medidas preliminares que le impone se incluye retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días. Esta comparecencia no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.
También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. A Juan Carlos Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
Desde Moncloa, afirman que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”.