La UCO no encuentra ingresos opacos de Begoña Gómez en su último informe sobre el caso
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso contra Begoña Gómez aleja la tesis del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Tras analizar sus cuentas bancarias, los agentes concluyen que la información recogida en ellas “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.
En el auto en el que proponía que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal formado por ciudadanos, el juez Peinado llegó a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.
Los investigadores detallan en el informe, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso elDiario.es, que los ingresos de sus cuentas personales provienen de pagadores conocidos con los que tiene o ha tenido vinculación profesional, como la propia Complutense, la Fundación Instituto de Empresa o el Grupo Empresarial Inmark, además de ingresos regulares por el alquiler de un inmueble.
La cátedra de la Complutense
El informe también aborda tanto la creación de Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC) de la que Begoña Gómez fue nombrada codirectora en 2020, como su posterior gestión. Esta es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Los agentes consideran que se creó siguiendo los cauces y la normativa establecidos por la Complutense, si bien apuntan algunas irregularidades en la contratación de las empresas que desarrollaron la plataforma informática vinculada a esa cátedra.
Así, el atestado sostiene que la contratación de una de esas empresas —Making Science, que cobró 24.200 euros por realizar el back end de la plataforma— se hizo “obviando cualquier trámite administrativo” a pesar de que la cuantía superaba el límite de 15.000 euros para los contratos menores. En cualquier caso, la irregularidad fue detectada y se abonaron los trabajos para que no se diera un enriquecimiento ilícito del centro universitario.
En el caso de Deloitte, que cobró 78.648,79 euros, sí se firmaron dos contratos, aunque la UCO concluye que se crearon como “mero marco administrativo” para dar “apariencia de legalidad” a la contratación porque la consultora había iniciado sus funciones antes de la adjudicación.
El software bajo sospecha
El juez Peinado también apunta como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación de que se apropió de forma indebida del citado software vinculado a la cátedra para explotarlo a través de esa empresa. Respecto a esa sociedad, la UCO sostiene que “llegó a mantener una actividad comercial”, si bien apenas estuvo activa durante siete meses porque Begoña Gómez la declaró inactiva al poco de estallar esta investigación.
Para apuntar que esa empresa “llegó a mantener una actividad comercial”, la UCO se basa en que recibió un pago de 6.687,85 de una sociedad cuyo administrador fue usuario del software vinculado a la Complutense. Los investigadores sostienen que en este momento no es posible determinar el objeto de esta facturación ni si está vinculado con su registro en ese software. No obstante, dice que “sí que se considera reseñable la coincidencia entre los usuarios de la plataforma y el único cliente de la sociedad”.
La UCO indica que también constan dos pagos por parte de la mercantil de Begoña Gómez a una persona llamada Sandra Anfaiha: uno para el pago de un taxi por valor de 106 euros y otra por valor de 3.570 euros. Este nombre ya aparecía en la ampliación de la querella presentada por la acusación popular de HazteOir a cuenta del software. Entonces, esa asociación indicaba que Anfaiha cursó beca en la Cámara de Comercio de España y en la Cátedra TSC de la UCM y que realizó el “testeo de la aplicación mediante diseño y ejecución de pruebas”.
El trabajo de la asesora
La Unidad Central Operativa ha analizado los correos incorporados a la causa en los que la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, alude a trabajos relacionados con la cátedra de la Complutense. Los agentes destacan que Álvarez realizara labores de “convocatoria y/o participación en reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC y gestiones burocráticas al respecto”.
El juez Juan Carlos Peinado considera que Gómez incurrió en un delito de malversación de fondos públicos por la utilización de su asesora en trabajos que no se pueden identificar con los cometidos para los que fue contratada por terceros en Moncloa.
“La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra de la UCM. Por ende, independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad, a efectos de exposición se considera a Cristina Álvarez integrada en el equipo de trabajo de la cátedra”, recoge el atestado policial.
La defensa de Gómez presentó el pasado lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.
Su defensa recuerda también que su vinculación con la Complutense comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.