La UCO tenía sus ojos puestos en David Sánchez

En los dos años desde que se presentó la primera querella contra él, David Sánchez ha sido presentado por varios medios de comunicación como el típico enchufado sin oficio ni beneficio que consiguió un puesto en una diputación gracias a que era el hermano del presidente del Gobierno. Solo había aparecido antes una vez en la prensa en un artículo que destacaba de forma irónica que era el hermano listo de la familia gracias a sus estudios de música en Rusia. En el Conservatorio Estatal de San Petersburgo obtuvo una matrícula de honor en Composición Musical y Dirección Operística y años después fue director artístico del Teatro Mikhailovsky de esa misma ciudad.

Lo que aparecía sobre él no tenía que ver con óperas y partituras. Se dijo que contaba con un patrimonio millonario –un millón de euros en acciones que luego resultaron ser 90.000–, que le habían regalado el puesto en Badajoz sin tener los conocimientos necesarios y hasta que vivía en Portugal, como si esto último fuera delito. Todo esto no tenía que ver con el procedimiento judicial, pero ayudaba a ponerle la etiqueta de culpable. La querella la puso Manos Limpias, una más de las muchas que presentan de forma mecánica en los tribunales. Con el Tribunal Supremo, encadenan derrota tras derrota, pero en los juzgados siempre puede sonar la flauta.

David Sánchez declaró el jueves en el juicio en el que las acusaciones populares –el PP, Vox y varias organizaciones ultraderechistas– pedían tres años de prisión para él. Eso era al principio del juicio, porque de repente el jueves decidieron doblar la petición de pena hasta los seis años sin que hayan aparecido elementos nuevos en el transcurso de la vista sobre los posibles delitos cometidos. Es una forma de decir al tribunal que una absolución no sería tolerable.

El acusado solo respondió a las preguntas de su abogado. No muchas. Se vio claramente que el acusado no estaba preparado para la situación. Sea o no apropiado para su estrategia de defensa, dio muestras de estar perplejo por pasar por este trago. Su abogado podía haberle preguntado por sus antecedentes profesionales con el fin de confirmar que estaba preparado para el puesto, pero por alguna razón prefirió no hacerlo.

Sánchez no estuvo nada acertado en la fase de instrucción cuando dio explicaciones no muy claras sobre el espacio físico en que trabajaba. Su puesto pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con el mismo sueldo, pero nunca fue un departamento propio con funcionarios y unas oficinas específicas para esa función. En el juicio, explicó que le dieron inicialmente un despacho y que luego tuvo que cambiarse. “A partir de entonces, compartí otros espacios comunes con otros trabajadores”. En la última etapa, se le entregó uno nuevo “también compartido”. A preguntas de su abogado, dijo que “no era una oficina, sino una categoría administrativa”.

Ese trasiego de espacios de trabajo desmiente la idea de que Sánchez impuso su influencia por ser quien era a la hora de realizar sus funciones. “No tengo capacidad de influir en nada”, dijo. No era un cargo político ni un funcionario, pero sí un cargo de confianza. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, contó después el motivo. “Si luego se cesa al titular, se puede amortizar el puesto”, dijo, y no es necesario nombrar a un sustituto. “Eso es lo que quería oír”, respondió su abogado. Seguro que le había dicho antes a su cliente qué le iba a preguntar, pero no había quedado muy satisfecho con la primera respuesta.

No era una oposición a la que se presentan muchos candidatos que tienen que pasar por varias pruebas. Una persona que se sintió injustamente postergada en la selección había declarado antes como testigo. En las declaraciones del jueves, uno de los acusados, el exdirector de Cultura de la Diputación, dijo que ella solo había presentado un proyecto de “una hoja y media”.

Las declaraciones como testigos de las tres personas que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz desde entonces habían desmentido muchas de las presunciones hechas durante dos años sobre el trabajo de Sánchez y por las acusaciones en la vista. Confirmaron que el director de la oficina había realizado las funciones asignadas a su puesto con normalidad. Yolanda Sánchez dijo que su ayuda había sido valiosa y que tenía “un buen currículum y estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”.

Nunca pensaron que la adjudicación estuviera amañada. Otro director que le había llamado “hermanísimo” en un email redujo el uso de la palabra a una anécdota por ser un comentario que circulaba en pasillos. Después de varias preguntas sobre esa palabra, el presidente del tribunal las zanjó diciendo que a la sala no le interesaban “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

Una declaración muy diferente fue la del teniente coronel Antonio Balas, director de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. Al igual que en el juicio del fiscal general, el jefe de la UCO explicó tanto los hechos de la investigación como sus deducciones. Una vez más, se atuvo al principio de que quien manda en una institución impone sus deseos sobre todos los niveles. Dio por hecho que las necesidades de personal están condicionadas por intereses políticos. Por ello, declaró que la decisión de crear el puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”, refiriéndose a Gallardo como presidente de la Diputación. Las defensas argumentaron que no había presentado ninguna prueba sobre esa afirmación.

En la fecha en que se decidió crear esa plaza en octubre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE. Gallardo, como declaró en el juicio, apoyó en las primarias posteriores a su rival, Susana Díaz, atendiendo al criterio del líder del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En opinión de Balas, la elección de David Sánchez para el puesto ya estaba “predeterminada” en ese momento. El proceso de selección de la plaza no se puso en marcha hasta mayo de 2017, un mes antes de las primarias.

En el juicio, un abogado preguntó a Balas por la responsabilidad de los demás acusados. Sorprendentemente, no tenía nada concreto que decir sobre ellos. “No sé quiénes son los otros acusados. Evidentemente, para darle una apariencia de legalidad a todo el proceso, si esto es así, pues se necesitan diferentes intervinientes”. Solo estaba interesado en Sánchez y Gallardo.