Los siete magistrados del Supremo que juzga al fiscal general han anunciado que se retiran hasta la una del mediodía para deliberar sobre todas las cuestiones previas planteadas por las partes. Las más relevantes y extensas han sido presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía: que se anule el registro de la Guardia Civil y que buena parte de las pruebas del caso se anulen.
La Abogada del Estado Consuelo Castro, que defiende en esta causa a Álvaro García Ortiz, ha dedicado casi una hora de exposición a cargar contra el juez Ángel Hurtado y su gestión de la causa. La teniente fiscal del Supremo, incluso, ha tirado de ironía al explicar que el propio Hurtado “ha reconocido que su magnífica instrucción ha sido poco fructífera, no ha arrojado ninguna prueba”.
Por Alberto Pozas y Elena Herrera