Tellado desmiente a Vox: solo las ONG “condenadas” por “colaborar” con mafias quedarán fuera de las ayudas públicas
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha desmentido a Vox y ha asegurado que solo aquellas ONG condenadas judicialmente por “colaborar con mafias que trafican con personas” serán excluidas de las ayudas públicas, tal y como aseguraron este fin de semana los dos principales negociadores del partido de extrema derecha, quienes alentaron que incluso organizaciones como Cáritas perderán sus subvenciones. “El texto del acuerdo alcanzado con Vox se refiere a organizaciones que colaboren en la inmigración ilegal”, ha replicado Tellado. “Ningún extranjero que viva aquí legalmente” será “discriminado frente a un español de nacimiento”, ha zanjado.
Tellado ha asegurado que la medida, acordado con Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura, es “idéntica” a otras que se incluyeron en 2023 en Aragón o Islas Baleares, o en 2025 en las negociaciones presupuestarias en Murcia o la Comunidad Valenciana. El 'número dos' del PP ha planteado que “en ningún caso se ha acabado con la labor humanitaria ni se ha dejado de colaborar” con esas organizaciones.
“Organizaciones como Cáritas pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo porque no les va a afectar”, ha concretado Tellado, que replica así expresamente a José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, dirigentes de Vox que este fin de semana dijeron en 'El País': “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”.
El secretario general del PP también ha matizado la idea de “prioridad nacional” firmada con Vox como parte de los criterios para que las personas accedan a los servicios públicos. Tellado ha asegurado que se regirán por “criterios como la vinculación con el país, el arraigo o la contribución al país durante años”.
“Ningún extranjero” discriminado
Tellado se ha felicitado por el acuerdo, en el que él mismo participó, porque dará “estabilidad durante los cuatro años que dure la legislatura” y “garantiza cuatro años de presupuestos”. “Qué divertido está siendo ver rabiar a toda la izquierda por el acuerdo y hablar de cesiones”, ha ironizado.
“Serán criterios objetivos que demuestran que se tiene una vinculación efectiva y afectiva con el territorio”, ha añadido Tellado, quien ha zanjado: “Ningún extranjero que viva aquí legalmente será discriminado frente a un español de nacimiento”.
Tellado ha salido así al paso del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien esta mañana ha defendido la idea de “prioridad nacional” esgrimida por su partido y recogida en su acuerdo con el PP en Extremadura como un “principio irrenunciable”.
“Los españoles, primero”, ha repetido, como ya han hecho otros dirigentes de ultraderecha en los últimos días. Aunque Vox habla en sus declaraciones públicas de prioridad para los “españoles” eso, en este momento, no es posible porque es contrario a la legislación.
En el documento de PP-Vox, de hecho, aunque dice que se inspirará en el principio de “prioridad nacional”, lo que se recoge es priorizar a quienes tengan “un arraigo verificable y duradero en el territorio”. Lo enmarcan, en el caso de la vivienda, en “mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler”. Preguntado por ese escollo legal, Fúster solo ha replicado que las autonomías “tienen enorme capacidad para aplicar criterios propios” y “ciertos baremos” para las ayudas. “Lo van a ver ustedes en las próximas semanas”, se ha limitado a decir.
A la idea de “arraigo” se aferra el PP para insistir en que no hay nada “ilegal”: “Vamos a potenciar el arraigo en Extremadura porque queremos que la gente se quede en Extremadura”, ha dicho el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha subrayado que “no hay nada ilegal como están intentando vender”. “No excluye a nadie, no habla de nacionalidades”, sino que “prioriza y fomenta un arraigo duradero y verificable, como ya hacen otras administraciones”, asegura.
Precisamente el documento pactado menciona reformar la ley de extranjería porque es lo que impide la aplicación del principio de “prioridad nacional”. Esa legislación blinda que los extranjeros residentes en España tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles, igual que con los servicios y las prestaciones sociales.
Preguntado por las discrepancias con lo que dice el PP, Fúster ha replicado que ellos han pactado con el partido en Extremadura. “El PP de Extremadura está completmanete de acuerdo. Esto es lo que hay. Si algún otro quiere dinamitar el acuerdo le rogaríamos que no destruyan la posibilidad de una alternativa”, ha afirmado.
Fúster también ha insistido en que Extremadura no acogerá a “ni un mena más”. El Gobierno ha advertido ya de que es “incumplir la ley”. “Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado”, replicó Rego la semana pasada.