Estos días se ha hecho viral un vídeo de Javier Barrio, que perdió a su esposa en el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Se llamaba Carmen de Santa Ana, era alta directiva de Viajes El Corte Inglés y ese era su último viaje de trabajo antes de jubilarse. En declaraciones ante los medios, Barrio pronunció un emotivo discurso en el que criticó con dureza la situación laboral y el sistema económico actual. Dijo que los 69 fallecidos son culpa del “capitalismo con prisas”, porque tenemos empresas y capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca, y que en todos los sectores ocurre que el trabajo que antes hacían tres personas ahora lo hace una.

Las quejas de los trabajadores de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, van justamente en esta dirección. La plantilla y los sindicatos, indignados por el señalamiento de los trabajadores de circulación, advierten de que llevan tiempo denunciando la falta de personal, la elevada carga de trabajo y la “presión”, así como la cada vez mayor inexperiencia de los trabajadores que llegan a los puestos de mando. Denuncian que la escasez de oposiciones durante años y las numerosas jubilaciones han dejado el control sin un relevo generacional adecuado, por lo que exigen más medios y formación, según han explicado a elDiario.es.

El dimitido Óscar Puente —una renuncia a imitar— ha salido estos días en defensa de las inversiones acometidas en los últimos años. Las inversiones en infraestructuras y en su mantenimiento han aumentado en términos absolutos, pero probablemente no lo han hecho al ritmo necesario para un país que ha disparado el número de viajeros por el impacto de la liberalización y la entrada de operadores privados, como Iryo y Ouigo, que compiten con Renfe.

La socióloga Miriam Jiménez Lastra, que acaba de publicar el libro No eres tú, es el sistema (Alfaguara), recordaba este fin de semana en el programa de radio Julia en la onda que, cuando hay un problema, cuesta ver sus raíces. Vemos las señales que tenemos más cerca, pero no tanto cuál es su origen.

La premisa central del libro de la socióloga, que casualmente es hija de ferroviario, es que muchas de las decisiones, malestares o situaciones que vivimos como “problemas individuales” o fracasos personales están, en realidad, moldeados por las estructuras sociales y el capitalismo neoliberal.

Un sistema que en su día trajo prosperidad, y al que llamamos Estado del Bienestar, pero que hoy parece mostrar su peor versión porque deshumaniza la vida y mercantiliza cada vez más ámbitos de nuestra existencia. Dice Javier Pérez Andújar que estamos rebañando el cazo de todo lo que heredamos de nuestros padres —una vivienda digna, una red de alta velocidad envidiable, una sanidad y una educación públicas ejemplares—. Mientras, hay quienes piden más recortes.

“Tenemos que cambiar este mundo, tenemos que cambiarlo entre todos”, concluía Barrio su reflexión.

El dato

603.700

Son las personas que se declaran pluriempleadas en España, es decir, que tienen más de un trabajo, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2026. Aunque la cifra es inferior a los 651.200 del trimestre precedente, cuando marcó un récord, en un año se han sumado 43.900 personas a esta situación. Representa un incremento del 7,8%, aunque apenas supone el 2,6% del total de ocupados. 

Para los sindicatos se trata de un problema de calidad del empleo, del peso de los contratos sociales y de los bajos salarios. Muchos trabajadores, sostienen, deben buscar cubrir un trabajo con otro para suplir gastos básicos. Para la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (Asempleo), conviven realidades distintas, ya que agrupa tanto a quienes complementan un empleo insuficiente, como a un perfil más profesional que monetiza cualificaciones específicas. El crecimiento del pluriempleo desde la pandemia, señala Asempleo, se apoya especialmente por el trabajo autónomo, cuya tasa ha crecido más del doble que la de los asalariados.

En el último año, mientras las personas que tienen más de un trabajo ha disminuido entre los trabajadores por cuenta propia, entre los asalariados, el pluriempleo ha aumentado en casi 57.000 personas.

El gráfico

Si la semana pasada, el gráfico ahondaba en el debate sobre en qué medida la bonanza económica se traducía en bienestar para los ciudadanos, esta semana gira en torno a las voces que dicen que el PIB no mide bien el progreso porque no tiene en cuenta determinados parámetros. Este gráfico de Our world in data muestra la relación entre el PIB per cápita y las condiciones de vida de la población. Allí donde los ingresos medios son más elevados las condiciones de vida son mejores en muchos aspectos. Algunos ejemplos: a mayor PIB per cápita la mortalidad infantil es menor, hay menos hambruna infantil, los médicos atienden a menos pacientes, la esperanza de vida es mayor, hay más personas alfabetizadas, los niños tienen mejor acceso a la educación y obtienen mejores resultados académicos, más personas tienen acceso a la electricidad y al agua potable y la gente está más satisfecha con su vida. Cosa distinta es cómo se distribuye el producto, esto es, la riqueza que genera una sociedad.

No todo nos parece mal

Proyecto catalán para revalorizar residuos. Un grupo de investigadores de toda Europa, liderados por la química catalana Núria López, acaba de arrancar en Barcelona el proyecto AIM, financiado por el Consejo Europeo de Innovación (EIC) con 4 millones de euros. El proyecto utiliza la inteligencia artificial (IA) para crear “gemelos digitales”, que son réplicas virtuales de sistemas complejos, para encontrar formas innovadoras de transformar residuos como aguas residuales, CO₂ y plásticos en productos de valor añadido, como producción circular de combustibles, productos químicos y materiales renovables. Se desarrollará durante los próximos cuatro años.

Estos gemelos digitales ayudarán a los investigadores a entender mejor cómo funcionan sus tecnologías y a explorar cómo distintos materiales y distintas condiciones de operación podrían afectar a su rendimiento. Les permitirán probar ideas de forma virtual, comparar distintos enfoques en el ordenador y así identificar posibles problemas antes de construir plantas piloto para experimentar, mucho más caras.

Este proyecto llega en un momento en el que Europa se esfuerza por reducir los residuos, recortar las emisiones y depender menos de los recursos fósiles.

La coordinadora, Núria López, está en el 1% de investigadores más citados del mundo, según el ranking Clarivate. “Con este proyecto queremos entender los sistemas de revalorización como un todo, no como piezas separadas, para diseñar soluciones más realistas”, explica en un comunicado de prensa.

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Cuesta escribir un boletín económico el mismo día que otro trágico accidente ferroviario –uno más– acaba con la vida de decenas de personas. Ocurrió lo mismo a finales de enero, en Adamuz. Todo el pésame y consuelo para las víctimas y mucho ánimo.

Cuando esta semana se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que dejaron un nuevo récord de empleo, con 22,8 millones de trabajadores, pero también un aumento del paro de 95.900 personas durante el verano, más elevado de lo habitual en esta época, las patronales advirtieron de la desaparición de empresas.

La CEOE atribuyó la desaceleración del empleo al “incremento de los costes laborales en los últimos años” y alertó de la pérdida de tejido productivo que refleja el descenso del trabajo por cuenta propia. “Este descenso viene explicado por la pérdida de empresarios autónomos, ya que los asalariados del sector privado se mantuvieron prácticamente estancados”, señaló la patronal. En la misma línea, Cepyme, integrada en la gran patronal, advirtió de un contexto de tensiones de costes que amenaza la rentabilidad de numerosos negocios e incluso la continuidad de su actividad.

Imagino que entre esos costes figuran las rentas que muchos empresarios deben pagar para mantener abiertos sus negocios. Sin embargo, las patronales —tampoco Pimec— no han situado en el centro de sus quejas los elevados precios de los alquileres comerciales ni a los propietarios de los locales. Aunque reconocen que el encarecimiento de los costes afecta gravemente a la viabilidad de los pequeños negocios, sus reclamaciones públicas se dirigen prioritariamente contra las políticas del Gobierno, la presión fiscal y los costes laborales. Las quejas sobre los alquileres proceden más bien de patronales y asociaciones del comercio, la restauración y los autónomos. Parece que la crisis de la vivienda, en todas sus dimensiones, no vaya con los empresarios. Y no debería ser así.

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, reconocía recientemente que los pequeños empresarios son también “ciudadanos” que sufren los problemas de acceso a la vivienda que padece el conjunto de la población. Que muchos autónomos y pequeños empresarios tienen ingresos “por debajo de los 2.000 euros al mes”, pero sostiene: “No tenemos la llave para solucionar” el problema de la vivienda. Añade que “un pequeño taller de Lorca, un panadero de Villanueva de la Serena o un productor de Padrón no tienen ninguna competencia sobre la vivienda ni ninguna solución que podamos ayudar a resolver”.

Es cierto que un pequeño negocio no puede solucionar por sí solo una crisis de alcance estructural. Pero sí hay instrumentos de presión colectiva. La huelga es uno, aunque entiendo que la patronal no la asuma. Basta con señalar el problema de vez en cuando, igual que se denuncian los costes laborales, la elevada burocracia, la “asfixia financiera” o el “infierno fiscal”.

Un informe de CCOO publicado hace una semana, en el que se puso el foco en que el precio de compra de una vivienda ha crecido 3,6 veces más que los salarios desde 2013, también aborda los efectos del rentismo sobre la actividad productiva. El sindicato advierte de que el encarecimiento de los locales comerciales perjudica a las empresas: los alquileres aumentaron un 5,8% en 2021, un 8,3% en 2022 y un 4,5% en 2023. Estas subidas reducen la rentabilidad de las pequeñas empresas y de las actividades económicas de los autónomos, además de dificultar tanto la puesta en marcha como la continuidad de nuevos negocios.

La rentabilidad inmobiliaria acaba así condicionando la supervivencia de actividades comerciales, especialmente la de quienes emprenden y tienen que firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Seguro que conoces negocios de tu barrio que han tenido que cerrar.

El dato

7%

Es el porcentaje sobre sus beneficios contables que tributan las grandes empresas, aquellas que cuentan con más de 5.000 trabajadores, según las cuentas anuales consolidadas del impuesto sobre sociedades del año 2024, que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Las mayores empresas, ya sea por volumen de empleados o por facturación, son las que pagan menos impuestos, tanto sobre la base imponible como sobre su beneficio. La diferencia radica en que el beneficio contable es el resultado de tu negocio según las normas de contabilidad, lo que aparece en las cuentas anuales, mientras que la base imponible es ese mismo beneficio tras aplicar las correcciones y normas que exige la ley fiscal. Si nos fijamos en el volumen de ingresos, las empresas más grandes (con una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros al año) tributan por el 8,9% de los que ganan. 

Las compañías con mayor músculo financiero tienen más capacidad para reducir el impuesto que soportan sobre sus ganancias. Lo que tributan las pequeñas y medianas empresas (pymes) se mueve en una horquilla de entre el 15% y el 18%. El mundo al revés, como ocurre con las grandes fortunas.

El gráfico

Funcas aporta un nuevo dato al debate, tanto académico como público, sobre en qué medida la expansión de la economía se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida y en una reducción de la pobreza. En su última nota sobre privación material y social severa, a partir de datos de Eurostat, concluye que el crecimiento económico y del empleo en los últimos años apenas han reducido el peso relativo de la población con mayores carencias en España, es decir aquella que más dificultades económicas atraviesa en su vida, siendo peor la situación de los hogares con menores de 16 años. Y que la posición relativa de España entre los países de la UE de los 27 ha empeorado. Somos uno de los pocos países en los que la carencia material y social severa ha tendido a crecer o a permanecer estable en la última década. Dicho indicador incluye limitaciones económicas para reunirse con familiares o amigos, realizar actividades de ocio, tener una pequeña cantidad de dinero para gastos propios o reemplazar ropa y calzado. 

Tipos (y tipas) de interés

Baja Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta. La empresa de redes sociales está creando una nueva categoría de acciones que permite a su fundador y consejero delegado vender metaacciones sin perder el control absoluto y ahorrarse impuestos. La empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp planea introducir nuevas acciones sin derecho a voto, lo que sugiere que probablemente recurrirá en gran medida a la venta de nuevas acciones para financiar su expansión en el ámbito de la inteligencia artificial sin diluir el control de su fundador. Algunos medios, como el suizo NZZ, no han dudado en subrayar que Zuckerberg asegura su posición como dictador vitalicio en Meta.

Asimismo, la emisión de nuevas acciones sin derecho a voto le permite evitar el pago de miles de millones de dólares en impuestos. Meta ha señalado que Zuckerberg podría vender inmediatamente el 20% de sus nuevas acciones, lo que podrá ayudarle a pagar un nuevo impuesto sobre el patrimonio que se someterá a votación en California el próximo 3 de noviembre. 

Se trata de la Proposición 40, conocida como el “impuesto sobre la riqueza de California”, que plantea imponer a los multimillonarios del estado un gravamen único del 5%. El estado alberga a unos 250 multimillonarios, cuya riqueza conjunta supera los 2 billones de dólares.

Mark Zuckerberg amenazó con vender su casa y abandonar Silicon Valley, por lo que el consejo de administración de Meta ha modificado su estructura accionarial para facilitarle el pago del impuesto, en caso de que los votantes lo aprueben. Zuckerberg es la sexta persona más rica del mundo según Forbes, con un patrimonio neto de aproximadamente 240.000 millones de dólares. Cuanta codicia.

Meta ha obtenido un beneficio acumulado de 52.481 millones de dólares (46.763 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un aumento del 39% respecto al mismo tramo del año anterior. Unos 20.000 millones de dólares más que en 2025, pese a que Meta se ha apuntado en estas cuentas un pago de 10.000 millones por el acuerdo extrajudicial alcanzado con 52 fiscales generales de EEUU para enterrar la macrodemanda por los daños que el diseño adictivo de sus redes ha provocado a los menores. 

No todo nos parece mal

Europa no puede aspirar a una verdadera autonomía estratégica si depende de empresas estadounidenses para almacenar y gestionar sus datos más sensibles. La posible alianza entre Telefónica e Indra para desarrollar y ofrecer servicios de computación en la nube soberana gestionados con tecnología e infraestructura mayoritariamente europea permitiría tener los datos bajo jurisdicción europea y una menor dependencia de proveedores como Amazon o Google. No es una cuestión de proteccionismo, sino de seguridad. 

Que el Estado participe en ambas compañías a través de la SEPI (28% en Indra y 10% en Telefónica) puede facilitar una apuesta de política industrial en un ámbito tan sumamente estratégico como este. Ahora bien, las conversaciones son preliminares, el proyecto está en una fase exploratoria y Europa seguiría dependiendo del exterior para componentes clave como los chips gráficos especializados. 

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Cuando empecé a estudiar Económicas en la UAB, a mediados de los noventa, recuerdo un montón de análisis e informes –todos patrocinados por algún banco o aseguradora– cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Advertían que teniendo en cuenta las proyecciones demográficas, hoy estaría quebrado. De eso hace 30 años y aquí estamos. 

Sí, en España las pensiones son las más generosas de Europa, lo que no quiere decir que sean las más altas. El sistema español está pagando una pensión a los recién jubilados equivalente al 77% de su último salario. La media de la Unión Europea es del 45%, pero en algunos lares los salarios son otros. 

Pese a ello, el sistema es sostenible. Elevado (el 30% del gasto público) pero sostenible, según la Comisión Europea y las proyecciones de la Autoridad Fiscal (AIReF). En el pico del envejecimiento, en 2050, el gasto alcanzaría el 16,4% del PIB, casi 3,5 puntos más que en la actualidad. El profesor economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, recuerda que el grueso de la jubilación de los baby boomers se producirá entre 2029 y 2045, donde cada año las pensiones aumentarán, de media, el 1,8%, lo que significa que solo para mantener la proporción sobre el PIB, la economía debe crecer también en esta proporción. 

Por eso considero interesante dejar de analizar el debate de las prestaciones de jubilación sólo desde la óptica del gasto y añadir también la de los ingresos. Primero: mejorar los salarios para que las cotizaciones aumenten. Segundo: mejorar la productividad para que la tarta a repartir sea más grande. Y en eso no somos tan estupendos. España crece más que sus socios europeos, pero acumula 18 años sin cerrar su brecha de productividad, alertaba esta semana un informe Fedea, la Fundación Rafael del Pino y BBVA Research.

Y otra cosa, ¿por qué consideramos el gasto en pensiones como un compartimento estanco separado del resto, que debe financiarse exclusivamente con cotizaciones y estar en equilibrio? ¿Qué pasa si no lo está y lo financiamos con impuestos? ¿Acaso decimos que la educación, la sanidad, la justicia, la defensa o la Casa Real, son insostenibles porque sus cuentas no están cuadradas? Uno de los argumentos esgrimidos es que el elevado gasto en pensiones podría destinarse a otros servicios, que peligra todo lo demás. ¿Por qué no empezamos preguntándonos, como sociedad, qué porcentaje de nuestro PIB queremos destinar a las pensiones, cuanto al resto de servicios básicos del nuevo Estado del Bienestar (incluida la vivienda), etcétera?

El dato

200.000

Es el número de clientes que tiene la banca ética en España, según la última edición del Barómetro de las Finanzas Éticas, correspondiente a 2025, que elabora el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se trata de un dato positivo, porque refleja un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior, el tercero con crecimiento tras romper la racha de descensos continuados, que abarcó de 2017 a 2022. El barómetro está hecho con los datos de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías que cumplen criterios de sostenibilidad. El ahorro se consolida en los 2.400 millones de euros y el crédito baja ligeramente, hasta algo más de los 1.800 millones. La vivienda concentra casi el 30% de la actividad crediticia.

El gráfico

Elon Musk ha impulsado una de las operaciones corporativas más colosales de la historia al proponer la fusión de Tesla y SpaceX en un único gigante valorado en unos 3,6 billones de dólares, situándose entre las cinco empresas más valiosas del mundo, junto a Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft, como muestra el gráfico de FT. El motivo principal detrás de esta ambiciosa jugada es preparar el terreno para la “singularidad de la inteligencia artificial”, integrando la computación espacial, la red de satélites Starlink, la robótica humanoide y los vehículos autónomos bajo un mismo paraguas para dominar el desarrollo global de la IA. A esto se suman estrechas sinergias industriales y comerciales ya en marcha, como el desarrollo de la enorme planta de microchips Terafab, en Texas, y la colaboración en materiales y tecnologías de propulsión.

Durante la conferencia de prensa con los analistas tras la presentación de los resultados de SpaceX, Musk afirmó que la unión de ambas compañías tendría “muchas ventajas” y sería una “buena idea”, aunque no quiso dar por hecha la operación, informa Europa Press. Lo cierto es que SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, pero Musk ha dejado claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse porque se enfrenta a enormes obstáculos regulatorios y de gobierno corporativo.

No todo nos parece mal

Más permisos para cuidar a familiares. El Tribunal Supremo ha eliminado el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, al tiempo que ha confirmado también la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar de estos días de manera flexible.

El permiso de cinco días se contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario.

Pero los magistrados del alto tribunal han recordado que el permiso se genera por cada hecho causante, es decir, por cada hospitalización o necesidad de cuidados por enfermedad que exista. 

La sentencia, del pasado 25 de septiembre, ratifica una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que estimó la demanda presentada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF contra esta limitación impuesta por el grupo empresarial RACE. 

Las empresas del grupo trataron de argumentar ante el tribunal este límite de cinco días al año debido a que la Directiva europea 2019/1158 regular el permiso para cuidadores con “cinco días laborables al año por trabajador”.

Sin embargo, España al transponer la directiva amplió los días reconocidos por hospitalización vigentes hasta el momento, de dos a cinco días, pero no incluyó ningún límite anual en el Estatuto de los Trabajadores.

Los magistrados del Supremo recuerdan que la Directiva Europea fija un mínimo de protección, pero que los Estados pueden legislar por encima de este, como hizo el Gobierno de España.

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El FMI ha dado esta semana otro espaldarazo a la economía española, al confirmarla como líder de las economías avanzadas (+2,5% en 2026) por tercer año consecutivo, por encima de la de Estados Unidos (2,3%) y más que duplicando la de la zona euro. El reto es, una vez más, que el buen dato macro se note en el bolsillo de los ciudadanos. Lo escribí en el anterior boletín y este fin de semana analizamos la legislatura económica en esta radiografía, con muchas luces y también con algunas sombras. También conté algo de lo que proponen las derechas, que ellas solitas van amplificando día a día. Desde sacrificios a pensiones, desde el PP a Vox.

Pero hay vida más allá de las grandes cifras macroeconómicas de la economía española y de los programas electorales de los grandes partidos, cuyas propuestas ya iremos desenmascarando durante la campaña. 

La Unión Europea y China han sellado este fin de semana un importante acuerdo para que el gigante asiático reduzca a la mitad sus exportaciones de vehículos híbridos a Europa. El pacto entre ambos bloques comerciales entrará en vigor en diciembre, tiene una duración de cuatro años y establece un cupo máximo de 350.000 vehículos procedentes de China para el primer año de aplicación, que se irá incrementando un 6% fijo durante los tres años siguientes. Para los vehículos eléctricos puros se mantienen los planes de precios mínimos que se aprobaron en enero de 2026.  

Como te habrás dado cuenta, las carreteras y calles europeas se están llenando de coches procedentes de China, especialmente electrificados. Solo los vehículos híbridos e híbridos enchufables de origen chino representan actualmente alrededor del 12% de las ventas de coches nuevos en la UE.

Analistas consideran el acuerdo una victoria estratégica para China, que ha cedido poco en cuanto a los factores estructurales del enorme déficit comercial de la UE y le permite ganar tiempo para nuevas negociaciones entre ambas partes. Pekín lleva años volcando su capacidad productiva hacia los mercados exteriores, sus exportaciones van camino de superar los 4 billones de dólares y el superávit comercial con la UE está cercano a los 1.000 millones de dólares diarios. 

El acuerdo parte de un criterio de fabricación: la limitación se aplica en función del origen de fabricación del vehículo, no de la marca. De esta manera, un automóvil de marca china fabricado en la UE se considera de origen europeo y no está sujeto a la cuota, mientras que un vehículo de marca europea fabricado en China e importado a la UE cuenta como origen chino y sí computa dentro de la cuota. Si te interesa saber más, pincha aquí para conocer las claves.

Es una cuestión de incentivos. Con el Made in Europe se favorece la fabricación en Europa, una de cuyas principales puertas de entrada es España, con varios proyectos ya en marcha (Chery en Barcelona, Geely en València o SAIC en Vigo, entre otros), tal y como venimos contando en Movilidad +Auto, el vertical del sector de elDiario.es.

BYD anunció al cabo de pocas horas que planea iniciar una oleada de contrataciones en Europa y aumentar su plantilla hasta alcanzar aproximadamente 40.000 personas para finales de la década, en un intento del gigante automovilístico chino por evolucionar de ser un simple exportador a un importante productor de automóviles en el viejo continente. De momento se está centrando en Hungría, pero, como sus compatriotas, entre sus próximos planes figuran Francia y España. Y otra cosa a tener en cuenta: Pekín es un proveedor indispensable de componentes clave y materias primas críticas (tecnología, chips de memoria y baterías), los fabricantes occidentales son dependientes.

China puede pasar de ser una amenaza al salvavidas de la potente industria de la automoción europea y española. De hecho, la creciente penetración de las marcas chinas es vista como una oportunidad por el 54% del sector, apoyada por empresas de servicios y componentes, según algunas conclusiones de la primera edición del Barómetro Movilidad+Auto 2026, que elDiario.es ha presentado esta semana en Barcelona. La revista con los resultados y los análisis del Barómetro la puedes descargar en este enlace.

El dato

40

Son los bizums por segundo que se realizan en España, un servicio de pago que se calcula que ya usa el 70% de la población adulta. Bizum acaba de cumplir 10 años, nació con la sencilla idea de “permitir que dos personas se compartieran dinero con el móvil”, según el directivo de la empresa Fernando Rodríguez. Hoy suma 32,5 millones de usuarios, empresas incluidas.

El gráfico

Cuesta no hablar de vivienda con el problemón que tenemos y, al mismo tiempo, no repetir conceptos ni argumentos. Uno de los principales, y que está entre los causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas, es un buen parque de oferta de vivienda pública. Es lo que refleja el gráfico: el desplome de la construcción de vivienda protegida, tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas. España empieza ahora a acelerar, pero solo ha entregado 47.000 desde 2023, lejos de las 184.000 prometidas y de las necesarias para compensar al mercado.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reino Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

No todo nos parece mal

Buenas noticias para Europa en la carrera de la inteligencia artificial. La compañía francesa Mistral, considerada la principal IA de la Unión Europea, ha anunciado un nuevo modelo de lenguaje, Mistral Large 4, con el objetivo de competir con los gigantes estadounidenses Anthropic, OpenAI y Google, así como con varias empresas de IA de China. El cofundador de Mistral, Guillaume Lample, ha asegurado que con este nuevo modelo la compañía francesa “recorta la distancia” con los mejores, en un momento en el que se reprocha a Europa haberse quedado atrás en la carrera por la IA.

La empresa señaló que el Mistral Large 4 se sitúa entre “los mejores modelos del mundo en métricas agregadas” en código abierto, lo que implica que cualquier empresa o desarrollador puede descargarlo, personalizarlo y ejecutarlo en sus propios servidores sin enviar sus datos a terceros ni depender de una infraestructura privada ajena.

“Alcanza un rendimiento de vanguardia (...) en sectores esenciales: la ciberseguridad, los procesos industriales y las finanzas”, añadió, por su parte, Pierre Stock, vicepresidente a cargo del área científica de Mistral.

Este anuncio de Mistral, fundada en 2023, sucede un mes después de haber logrado 3.000 millones de euros para una ampliación de capital en una operación en la que participó en particular el gigante surcoreano Samsung y que valora el grupo francés de inteligencia artificial en más de 21.000 millones de euros.

En Alemania, Aleph Alpha, la empresa de Heidelberg que en 2023 levantó 500 millones con el grupo Schwarz, Bosch y SAP, ha presentado Kolibri, un modelo de pesos abiertos con licencia Apache 2.0, que permite el uso comercial, la adaptación y la distribución de productos derivados. Su propuesta encaja con las necesidades de gobiernos y empresas que quieren controlar los datos y desplegar la IA en infraestructura propia. 

Kolibri tiene 78.100 millones de parámetros, pero solo activa 3.460 millones por token. Habla alemán e inglés, por decisión deliberada, y en la evaluación de la propia empresa queda por debajo de Qwen3.8 27B (el modelo de IA de código abierto de Alibaba) en ambos idiomas. Hay un detalle que les honra reconocer: parte de sus datos sintéticos se generaron con modelos chinos, y han tenido que corregir el sesgo político que arrastraban.

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Una amplia mayoría de ciudadanos apoya la huelga general, convocada para el 11 de noviembre para reclamar medidas contra la vivienda y subidas salariales. Están de acuerdo con el paro el 60% de las personas entrevistadas, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es. El 33% ha manifestado que no la apoya.

Otra cosa es si se movilizarán o no. Y casi un tercio de los encuestados dice que, pese a apoyarla, aún no tiene claro si la secundará. El sondeo se realizó entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, unos días después de conocerse oficialmente la fecha del paro, impulsado por el Sindicato de Inquilinas y respaldado por los sindicatos de clase, CCOO, UGT y CGT. 

Los votantes progresistas (PSOE y Sumar) son los que más apoyan la movilización, aunque entre las filas de Vox, el porcentaje de votantes que está a favor supera el 40%, por encima de los encuestados que declararon que en 2023 votaron al PP. Por edad, son los jóvenes los que más se identifican con la necesidad de parar el país.

Pese a que el problema de la vivienda golpea por igual a derecha e izquierda –el tema le preocupa mucho o bastante a un 86% de los españoles y el 76% pide la intervención del Estado, según el CIS– los votantes del bloque progresista son los más movilizados por la crisis habitacional, no solo para apoyar la huelga, sino también para que participen en las próximas elecciones generales.

Preguntados por hasta qué punto la situación de la vivienda te va a animar a ir a votar el 29 de noviembre, el 80% de los votantes del PSOE dice que mucho o bastante y algo por encima (el 86%) los de Sumar. En el otro extremo, más del 40% de los encuestados que declaran haber votado al PP en las pasadas elecciones generales, asegura que el problema de la vivienda no les hará acudir más a las urnas.

En el conjunto de la población, quienes ven en la situación de la vivienda un impulso para acudir a las urnas es el 64%. Los grupos de edad más movilizados por este motivo son los jóvenes de 25 a 34 años y los de la franja inmediatamente anterior, quienes tienen entre 18 y 24 años.

Los ciudadanos creen que el Gobierno ha convocado las elecciones para ganar votos, antes que proteger a los inquilinos. Lo piensa el 60,5% de los encuestados, pero mucho más los que votan al PP y Vox. Los del PSOE y Sumar también, pero un tercio de ellos considera que la convocatoria electoral responde a ambos motivos: ganar votos y proteger a los inquilinos.

De hecho, las diferencias entre las derechas y las izquierdas queda muy reflejada en cuanto a la intervención que ha llevado a cabo el Gobierno con los decretos relativos a la vivienda. Los votantes de derechas son los que se muestran más favorables con el rechazo a los decretos de vivienda por parte de PP, Vox y Junts en el Congreso, más de un 80%, como puede verse en el siguiente gráfico; todo lo contrario que los ciudadanos que se declaran de PSOE y de Sumar, que lamentan que no se aprobaran ambas normas.

Las proporciones son similares al preguntarles por la convalidación de los mismos decretos en la Diputación Permanente del Congreso, con las Cortes ya disueltas tras la convocatoria electoral. Pese a que a un tercio de los consultados les parece mal que el Gobierno volviera a aprobar algo que el Congreso ya rechazó, son los votantes del PP (67%) y de Vox (57%) los más críticos. Todo lo contrario que los partidos que forman el bloque de izquierdas. Con todo, un porcentaje muy similar de encuestados (en torno al 23%) de ambos bloques coinciden en que las medidas les parecen bien, pero no la forma de sacarlas adelante. Ese porcentaje sumado al 35% del total de la población que apoya aprobar los decretos en la Diputación Permanente, sitúa el respaldo a las medidas de vivienda en el entorno del 60% de encuestados.

Mariana Mazzucato ha estado de gira por España. La economista italoestadounidense, nacida en Roma en 1968 y afincada en el barrio londinense de Camden, ha estado presentado su nuevo libro, Bien común. Una nueva economía que funcione para todos (Taurus), pero ha elegido una semana movida. La profesora de economía de la innovación y valor público en la University College London (UCL) tenía previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la convocatoria de elecciones anticipadas frustró el encuentro.

Mazzucato asesora a gobiernos como el de Sánchez, Lula da Silva (Brasil) o Claudia Sheinbaum (México). Entre otros aspectos en cómo las instituciones pueden regular y organizar la actividad económica, “más allá de intervenir cuando el mercado falla”. De eso va el libro de Mazzucato, que recibió a elDiario.es antes de dar una conferencia en la Fundación Rafael del Pino.

Antes de entrar en su libro me gustaría preguntarle por la vivienda. Como sabe, se ha convertido en una de las principales fuentes de desigualdad y de malestar en España. ¿Qué propone para resolver el problema? ¿Qué papel deberían tener los inversores privados y qué condiciones tendría que imponerles el sector público?

No es un problema nuevo, la chispa que lo ha hecho estallar es el caso de Maricarmen. El problema es que hemos organizado un derecho humano como si fuera un activo que se compra y se vende. Decir que algo es un derecho humano no significa que no pueda haber ganancias, el problema es que son excesivas. Gobernar la vivienda como un activo es una decisión, no tendría por qué ser así, pero ¿qué ha significado? Facilitar la compra. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos programas de ayuda a la compra (help to buy); el problema es que, si los salarios no suben y solo ayudas a alguien a comprar una casa, lo estás endeudando más.

Hay que ver tres cosas. La primera, la cantidad: hay que construir suficientes viviendas. La segunda, cómo se hacen: si usas materiales que forman parte del problema climático, estás pensando en la vivienda aquí y en el clima allá, en vez de unirlos. Y también tienen que ser accesibles en cuanto a precio. Y la tercera es cómo se gobiernan. Si las privatizas, dejan de ser viviendas populares. La vivienda social tiene que seguir siéndolo. Si haces lo que hizo Thatcher, que todo el mundo pudo comprarla, pierdes el parque de vivienda social. En Alemania y en Escandinavia todavía tienen mucha: la gente no la compró, los precios se quedaron bajos y no se endeudó.

¿Cómo puede participar entonces el sector privado? Estamos en el capitalismo, no en el socialismo ni en el feudalismo y se necesitan empresas de la economía real que construyan las casas, y los fondos pueden ayudar. Pero si la relación entre esas tres partes (gobierno, constructoras y finanzas) es parasitaria, con un gobierno cuya política económica solo hace ganar a los fondos, acabas con pocas casas, mal hechas y al precio equivocado. Es una cuestión de gobernanza.

Por tanto, la primera cosa es tener una economía que crece, de manera que la gente tenga salarios más altos y pueda pagar la casa. Segundo, tener viviendas sociales que no se privaticen, como hizo Thatcher y también se ha hecho aquí, porque entonces no hay suficiente stock. Y tercero, deberías tener —cosa que en España no hay— un banco público, no solo bancos privados. En Brasil y en Alemania hay bancos públicos, que ayudan a mantener, por ejemplo, unos tipos de interés más bajos para las viviendas y también para las empresas, para las pequeñas empresas. Aquí, el hecho de que haya una economía financiarizada, con bancos privados que ganan con diferentes cuestiones, no solo con la vivienda, es también el resultado de no tener un sistema financiero equilibrado. Es el resultado de tener un sistema financiero completamente privado.

Por cierto, esos mismos bancos españoles, por ejemplo, Santander, son parte del problema de la financiarización en México, donde tampoco hay banca pública. Cuando no hay competencia entre banco público y privado, el banco privado domina.

España necesita un banco público, no solo bancos privados. Los bancos públicos ayudan a mantener unos tipos de interés más bajos para las viviendas y también para las pequeñas empresas. (...) Los bancos españoles son parte del problema

Ha mencionado antes el salario como uno de los factores para poder acceder a la vivienda. El estado del bienestar se basaba en un contrato social en el que la vivienda, por un lado, y el trabajo, por otro, te permitían prosperar. Pero eso ya no es así. ¿Hay que repensar el capitalismo, el modelo del estado del bienestar, diseñar un nuevo contrato social...?

Esa es la razón por la que escribí el libro: bien común, no bien público. El bien público es un concepto de los economistas que sirve solo para corregir un fallo de mercado cuando el sector privado no está: rellenas el hueco. El bien común viene de Aristóteles y su telos, la buena vida. En economía no existe realmente esa palabra. Existe el bien público, que es muy aburrido, y conceptos como welfare o principios de bienestar que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. En este momento tenemos un sistema de bienestar en el que hay gente que tal vez no tiene el trabajo adecuado, hospitales que no tienen un sistema fuerte de salud o problemas de vivienda. Pero al mismo tiempo vemos inteligencia artificial, innovación, capital riesgo, nanotecnología, biotecnología.

Entonces, la primera cosa que un líder progresista, ya sea Lula, Pedro Sánchez o Andy Burnham, debería hacer, y creo que todavía no han hecho, es tener en cuenta los problemas que tiene la gente hoy (la energía, el coste de la vida, la vivienda, la salud, la comida en las escuelas) como misiones que necesitan innovación, inversión y fondos pacientes, no fondos impacientes que ganen dinero apostando, como en un casino. Pero hoy, no a largo plazo, porque la gente está cabreada. Ese también es el problema: cuando vamos a la guerra, nadie dice: «Agenda 2030, agenda 2050». Eso es lo que haces cuando no te importa un problema: «En 30 años vamos a resolver no sé qué». Con la guerra, la gente quiere ganar, como mínimo, en seis meses. Tú no dices: «Vamos a Vietnam durante 30 años».

Con la guerra, como vimos también durante la pandemia, se utilizaron instrumentos muy particulares orientados a resultados. Cuando hablo de guerra no hablo de balas, quiero decir orientación a resultados. A mí no me gusta utilizar la mentalidad de guerra, pero ¿por qué en la guerra somos serios? Porque quieres ganar. Entonces, ¿qué quiere decir ganar con la vivienda? Quiere decir tener la cantidad de casas, pero también la calidad de las casas, donde la gente tenga dignidad. En Francia, por ejemplo, las casas están lejos del centro, son feas y los jóvenes no tienen un lugar donde estar: un centro juvenil o un centro comunitario. Eso es fundamental para la dignidad de las personas. Y cuando las personas no tienen dignidad, si mi cuerpo no tiene valor, tu cuerpo tampoco. Yo lo veo en Londres: hay una epidemia de violencia con cuchillos. Los jóvenes se están matando a cuchillazos. No lo resuelves solo con la policía y con el sistema judicial. Tienes que conseguir que ese joven se sienta bien. Tenemos que hacerlo por razones humanitarias, porque nos importan las personas. Pero es que además también cuesta menos, cuesta como cinco veces más encarcelar a una persona que invertir en todo el sistema que nutre su corazón y su mente.

Tener buenas casas en fundamental. Cuando las personas no tienen dignidad, si mi cuerpo no tiene valor, tu cuerpo tampoco. Yo lo veo en Londres: hay una epidemia de violencia con cuchillos. Los jóvenes se están matando a cuchillazos

Habla de Lula, de Pedro Sánchez, de Burnham, ventanas progresistas ante la ola de la extrema, junto a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a los que usted asesora, o el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Sin embargo, tenemos un ejemplo claro en España de que se puede gobernar con buenos datos macroeconómicos –aquí tenemos los mejores, lideramos el PIB en la UE, el empleo– y aun así eso no garantiza vivienda ni calidad de vida. ¿Qué está fallando?

Hablemos antes de algo que hizo España y que nadie hizo. En 2022-2023, la vicepresidenta Teresa Ribera puso impuestos a las ganancias excesivas de las empresas de gas en el mercado mayorista, no en el minorista, que es el precio final. Lo hicieron al principio de la cadena. Por eso tuvisteis precios un 40% más bajos que la media. En Inglaterra, en cambio, donde siempre somos un poco cobardes con la industria, el gobierno subsidiaba el precio final sin intervenir el precio mayorista, al principio de la cadena.

Teresa Ribera puso impuestos a las ganancias excesivas de las empresas de gas en el mercado mayorista, no en el minorista, que es el precio final. Lo hizo al principio de la cadena: por eso tuvisteis precios un 40% más bajos que la media

¿Qué sería el equivalente en vivienda, por ejemplo?

En el libro nuevo hablo de la necesidad de pensar de forma predistributiva, como hizo Teresa Ribera con la energía: precios justos desde el principio, en vez de corregir al final, como suelen hacer los gobiernos, que siempre corrige fallos de mercado. No, la predistribución quiere decir tener precios justos desde el principio. ¿En qué? En salarios, en la relación entre capital y trabajo, en la compra pública, en la relación público-privada...y en el mundo de las finanzas, que no deberían poder tratar la vivienda como un activo que se compra y se vende. Eso se puede hacer. En cuanto puedes vender las casas populares, las pones en el mercado sin regulación frente a los fondos de inversión, fondos buitre, etc., obviamente hay un problema.  ¿Sabes por qué entraron esos fondos en la vivienda? Porque, tras la crisis financiera, los tipos de interés se fueron casi a cero y ya no podían ganar dinero en el sistema financiero. Tenían que entrar en otros mercados. Lo vimos con el Covid en las residencias de mayores, compraron literalmente cualquier cosa en la que hubiera una comisión de base. Es como tener un trol debajo del puente, que no hace nada, pero cobra a la gente por cruzarlo. Eso es una renta. Por tanto, es una cuestión de intereses y de rentabilidad. Cuando los tipos eran casi cero, necesitaban cobrar por otra vía: cárceles, residencias, vivienda… lo compraron todo, lo dominaron todo para tener esa comisión básica. Es una barbaridad que los gobiernos lo permitieran. Con un Rolls-Royce no me importa lo que hagas, pero con la vivienda no puedes abrirla sin más al mercado financiero. Se necesita un banco público serio.

¿Cree que la renta básica universal es una buena medida predistributiva?

No me gusta cómo se llama. Prefiero algo así como un dividendo ciudadano.

El concepto es el mismo.

Sí, pero el nombre importa mucho. Te digo por qué. ¿Por qué crees que todos los tech bros –aunque a mí no me gusta llamarlos así, sólo bros, mafia–, los grandes empresarios de Silicon Valley, Elon Musk, Peter Thiel, aman la renta básica universal? Porque así pueden seguir haciendo toda la mierda que hacen y decir que crean valor. Como si nadie más lo creara, como si el gobierno no hubiera creado todo ese valor. Escribí en El Estado emprendedor que todo eso se hizo con impuestos públicos. Ellos se presentan como creadores de valor y dicen: «Vale, y damos al pueblo una renta básica universal, 20.000 o lo que sea». Si dices 'dividendo ciudadano' es lo mismo, pero la narrativa importa, porque condiciona la negociación que haces con muchos otros sectores.

La industria farmacéutica, por ejemplo, ama presentarse como la gran innovadora de la medicina, cuando siempre llega muy tarde: casi toda la inversión de las fases iniciales, las más inciertas, es pública. Pero les gusta esa narrativa, porque así ponen precios altísimos: si ellos han creado el valor, el precio tiene que ser el que quieran y el gobierno tiene que entrar a subvencionarlo.

La renta básica universal es importante como fórmula, pero no me gusta cómo se describe, porque no cuestiona de dónde viene el valor desde el principio. Y, por definición, es redistribución: sacas dinero con impuestos u otra vía y redistribuyes una parte a la gente. Eso es importante, pero en el libro digo que llega demasiado tarde, porque la gente no lo tiene desde el principio. La narrativa es otra: esas grandes empresas, no crearon el valor. Anthropic, Nvidia, Tesla, que acumulan billones de dólares, una barbaridad, los tienen por la narrativa que todos aceptaron sobre de dónde viene el valor. Si no cambias eso, los billones van a ellos. Y ellos tan contentos, dando migajas a la gente.

¿Qué propone para cambiarlo?

Tienes que intervenir en todo el proceso, como he escrito muchas veces. Con la IA, y quién sabe lo que vendrá después de la IA, tenemos que aprender de lo que hicimos mal: no se puede seguir socializando el riesgo y privatizando los beneficios, y es lo que seguimos haciendo. Lo cuento en mi libro. Tiene tres partes: teoría, práctica y lugares, y es en los lugares donde hablo de vivienda. La parte práctica es una brújula con cinco elementos. Uno, tener un propósito muy claro. Dos, quién decide ese propósito: tiene que decidirlo la gente que está cabreada. Tres, compartir el conocimiento. Cuatro, compartir los beneficios. Y cinco, transparencia. Hoy hay una opacidad total: ¿quién hace qué?, ¿quién gana qué? Compartir el conocimiento y las ganancias es la forma más importante de redistribución, pero también está la cocreación: ¿quién decide en qué dirección vamos? Doy muchos ejemplos en el libro.

En este momento, en casi todas las áreas —inteligencia artificial, vivienda, salud y todo lo demás— hay una enorme estructura colectiva de inversiones, pero las ganancias están muy restringidas. Eso también se podría cambiar con el sistema de impuestos, porque el tipo de impuestos que tenemos ahora está incentivando la inversión de corto plazo. Olvídate de la vivienda por un rato, pensemos a nivel de milisegundos, todo el dinero que están haciendo es simplemente buy and sell, comprar y vender. Basta cualquier volatilidad, la guerra, el Covid, lo que sea, hacen dinero comprando cuando está bajo y vendiendo cuando está alto. Tenemos un sistema fiscal, los impuestos sobre las ganancias de capital, que no diferencia entre inversiones a largo y a corto plazo. A nivel internacional estaba el impuesto sobre las transacciones financieras, la tasa Tobin, que nunca se hizo. Pero a nivel nacional ningún Gobierno tiene el coraje, los cojones, de cambiarlo, porque aceptan lo que las finanzas les dicen: «Nos vamos». Pues vete. ¿Quién se va a ir de España? Nadie. España es un mercado muy importante para muchas empresas financieras. No es verdad que se vayan a ir. También es importante tener abogados y todas empresas tienen a los mejores. [Los gobiernos] no son solo cobardes, no tienen capacidad.

Hay muchos gobiernos progresistas y colegas suyos, como Zucman, que plantean impuestos a los ricos, una medida redistributiva. ¿Cree que funcionaría?

La redistribución está bien, obviamente, pero tiene que ir acompañada de predistribución; si no, gastas demasiada energía en redistribuir. Y ese es el problema: la izquierda, cuando habla de estas cosas, es muy vaga. ¿Un impuesto sobre el patrimonio, sobre el suelo, sobre las ganancias de capital? ¿Qué proponen? En serio, no proponen nada concreto. Gravar a las grandes… eso es obvio. En los años de más innovación en Estados Unidos había un tipo marginal máximo para los más ricos del 91%. Sí, hace muchos años, pero fue el periodo más innovador. No estoy proponiendo eso. Lo que digo es que no es verdad que los tipos altos a los ricos maten la innovación o la inversión; es lo contrario. Hasta Warren Buffett, que es de los más ricos del mundo, siempre dice: «¿Por qué pago tan pocos impuestos?». Solo lleva a más desigualdad. Él dice que invierte cuando hay una oportunidad.

Entonces, la pregunta para los gobiernos es qué hay que hacer para generar entre los empresarios la expectativa de que hay una oportunidad en un área. No solo comprar y vender, que es una oportunidad financiera, sino en la economía real. Qué puedes hacer para decir «en este país vamos a ser los mejores en... Dinamarca, por ejemplo, es ahora el mejor en servicios digitales para lo verde, y son los mayores vendedores a China. ¿Y cuánto está gastando China en reducir el contenido material? Cinco billones. Dinamarca vende todos esos servicios verdes porque Copenhague dijo: «Queremos ser la ciudad más verde del mundo». Entonces hacía falta vivienda verde, transporte verde, salud verde, comida verde, y también servicios digitales. Esas pequeñas startups crecieron porque la compra pública a escala de ciudad creó un mercado justo para ellas.

La redistribución está bien, obviamente, pero tiene que ir acompañada de predistribución; si no, gastas demasiada energía en redistribuir. Y ese es el problema: la izquierda, cuando habla de estas cosas, es muy vaga. ¿Un impuesto sobre el patrimonio, sobre el suelo, sobre las ganancias de capital? ¿Qué proponen?

Usted dice que el sector público no tiene que ser visto como un elefante gris, ineficiente, sino como un cocreador de valor. Lo explicaba ya en El Estado emprendedor. Pero lo que vemos ahora en la Unión Europea, es todo lo contrario: Bruselas es poco ágil, está paralizada. Tenemos los diagnósticos y las propuestas de los informes Letta y Draghi, pero dos años después hemos avanzado poco.

A veces el sector público es un elefante gris, porque lo hemos hecho así. Y sobre Europa, creo que el análisis de Draghi era equivocado. Tenía muchas cosas buenas, obvias, que la gente dice desde hace 50 años. Muchas veces se pone la atención en lo clásico, el 'copia y pega' de siempre. Hay problemas estructurales, inercias en el mercado de trabajo, sí, pero falta algo muy importante: no hay una sola palabra en su informe que diga que el problema es el gobierno corporativo, la gobernanza de las empresas. Cuando hay empresas que solo piensan en las ganancias inmediatas, es imposible una relación sana entre lo público y lo privado.

Por eso es interesante, de nuevo, que en Estados Unidos toda la innovación viniera de un gobierno que pensaba a largo plazo y que se relacionó con las empresas con condiciones muy claras sobre lo que se estaba intentando hacer. La NASA –lo escribí–, puso una condición: nada de ganancias excesivas. Puedes trabajar con nosotros y 400.000 personas del sector privado ayudaron a la NASA a ir a la Luna y volver en poco tiempo, pero con contratos muy bien hechos. Eso no está en ningún sitio en el informe Draghi. Uno de los problemas, no solo de Europa, sino del capitalismo moderno, es esta relación parasitaria entre lo público y lo privado.

Hay otros problemas que él señaló bien, pero si solo miramos los problemas del gobierno o del mercado laboral como lo que frena el crecimiento europeo, nos perdemos la mitad del problema. Y de la financiarización de la economía tampoco habló. En algunos países hay financiación paciente y en otros no. En unos, esa financiación pone condiciones a la innovación: la empresa tiene que innovar para ganar un contrato público. En otros casos basta con gritar «necesito ayuda, por favor, ayúdame» para que te den dinero público a cambio de nada.

¿Qué es lo que más le preocupa de la IA y cómo debería regularse?

Como dices, regularla, pero no solo al final. Me preocupa que no hayamos pensado desde el principio en cómo hacerlo. Al principio de su desarrollo, todo, el reconocimiento temprano de voz, los grandes modelos de lenguaje, los LLM [por sus siglas en inglés, Large Language Model, o Modelo de Lenguaje Grande en español, vino del Gobierno. ¿Por qué dejamos que se ganaran billones en esas empresas y ahora están comprando el mejor talento? Esa es la parte que más me preocupa: con salarios altísimos, los mejores investigadores de las universidades públicas y privadas de todo el mundo se están yendo. Están llevándose a los mejores, también de los laboratorios públicos. La inteligencia detrás de la inteligencia artificial ahora está en cinco empresas, ya no está distribuida en un sistema innovador de universidades y laboratorios.

Piensa en el CERN [Organización Europea para la Investigación Nuclear]. Algunos de los mejores científicos de física están allí. No hay un CERN público para la inteligencia artificial. Hay cinco empresas privadas que, con los billones que han ganado excesivamente, porque no pagan impuestos, porque explotan el trabajo, porque usaron 40 años de investigación pública, los usan para pagar salarios altísimos. Eso casi nadie lo comenta.

Y la cosa más importante es que no estamos dirigiendo la inteligencia artificial. ¿IA para qué? Es solo una carrera entre cinco empresas. Ellas mismas dijeron hace cinco o diez años que no lo iban a hacer y ahora lo están haciendo. Están en una carrera solo para crecer. Por ejemplo, el impacto climático que están teniendo, sobre todo en el agua que necesitan para enfriar los centros de datos, es altísimo. Y no tiene que ser así: DeepSeek en China no es así. Eso no quiere decir que DeepSeek sea perfecto, pero es un modelo más pequeño. En Oxford, que es un lugar rico, han dejado de construir vivienda pública hace unos meses porque no tenían agua, se estaba yendo toda a los centros de datos. El Gobierno puede regular eso y han decidido no hacerlo. Cobardes.

O yo o el caos. Eso han venido a decir las izquierdas (Pedro Sánchez y las que acaben siendo) y las derechas (el PP de Feijóo y de Ayuso + Vox) nada más conocerse la fecha de las próximas elecciones generales. Como es grotesco, sonrojante y una pérdida de tiempo detenerse en los argumentos de los segundos (a saber: corrupción, democracia y quebranto del sistema constitucional), prefiero centrarme en los argumentos económicos, que es además de lo que va este boletín. Porque esto va de vivir mejor, de conquistar nuevos avances sociales y de seguir transformando el país, en mi opinión, en el sentido radicalmente opuesto al manual de la ultraderecha.

España se ha convertido en la economía que más crece (en términos de PIB) y que más empleo crea de toda la Unión Europea. Con los últimos gobiernos progresistas se han aprobado ocho subidas del SMI desde 2018. El salario mínimo ha pasado de 735,90 euros brutos mensuales en 2018 a 1.221 euros en 14 pagas en 2026, un incremento acumulado cercano al 66%. La pobreza en España ha disminuido durante los últimos años, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, y la tasa es la más baja de la última década.

Otro dato: la renta bruta disponible ha aumentado casi 10 puntos desde 2018, al pasar del 95,93 al 105,18, según el índice de la OCDE. Estamos hablando de la renta bruta disponible en términos reales y per cápita, es decir, lo que reciben los hogares, no solo teniendo en cuenta salarios, sino también transferencias e impuestos y el impacto de los precios, y en términos per cápita, para evitar el efecto del crecimiento de la población.

Con Rajoy, España pasó de 92,84 a 95,93. De hecho, el partido del último presidente del Gobierno del PP ofrece la motosierra. Lo escribí hace poco, a propósito del debate sobre el absentismo. Es el sello de esta derecha. En apenas una semana, el gurú económico del PP, Álvaro Nadal, ha propuesto ampliar el límite de horas extra y el propio Feijóo ha adelantado una propuesta de reforma para que las mutuas —entidades que gestionan organizaciones  empresariales— puedan dar el alta a trabajadores de baja por enfermedad común. Su socio en la mayoría de comunidades autónomas y muleta necesaria para que el gallego entre en La Moncloa da el sistema público de pensiones por finiquitado.

“Es un zombi” y “está quebrado”, en palabras de José María Figaredo, el responsable económico y secretario general del partido de Vox en el Congreso de los Diputados. Es mentira, pero la formación liderada por Santiago Abascal defiende acabar con el actual sistema público de reparto para avanzar hacia un sistema mixto de capitalización, con pensiones individuales.

Es verdad que hay mucho camino por recorrer. Hay que reabrir sin miedo debates que a veces incomodan a las izquierdas (absentismo, pensiones, fiscalidad, productividad). Los niveles de desigualdad y pobreza han mejorado, pero continúan siendo altos. La población ocupada ha crecido, pero al mismo ritmo que la demografía. La renta disponible ha aumentado, pero por debajo de la inflación: entre 2018 y 2026, los precios de consumo en España se han incrementado aproximadamente un 27%, según el INE.

Más allá del gran fracaso en vivienda, cuya parte de culpa es de los salarios, que no alcanzan. Los sueldos reales acumulan prácticamente un cuarto de siglo de estancamiento, sin una mejora clara del poder adquisitivo. En España tenemos un problema de bajo nivel de remuneración que afecta a sectores amplios de la población asalariada: el SMI ha dejado de ser referencia del trabajo no cualificado o sin experiencia para convertirse en el sueldo más común del país. 

Los sindicatos tendrán que emplearse a fondo en meter la ecuación salarial entre sus argumentos y reivindicaciones para que la huelga general del 11 de noviembre sea legal. La clave está en cómo se convoque, estableciendo una relación con los intereses de los trabajadores, algo que ya están haciendo y que encuentra múltiples antecedentes. Será legal, sí, pero no deja de ser rara, poco ortodoxa. ¿Contra quién va? ¿Contra qué gobierno? El coste de no convocar es peor, el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos les han adelantado por la izquierda. Pero, tal y como recuerda una fuente sindical, deja a los sindicatos en evidencia, ante su debilidad en la negociación colectiva, que es donde se pactan los salarios. 

Con todo, y volviendo al principio, la reflexión que debe hacerse cada uno es si cree que con el PP y Vox en La Moncloa tendríamos –en el mejor de los casos– más derechos sociales, medioambientales y mejores indicadores económicos como los que he planteado más arriba o no. 

El dato

64,6%

Es el porcentaje de per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad en edad de tra­ba­jar que se que­dan fuera del mer­cado labo­ral. Seis de cada diez. La pro­por­ción ape­nas ha variado en la última década, lo que refleja una nota­ble resis­ten­cia a la inclu­sión a pesar de los cam­bios nor­ma­ti­vos y de un con­texto eco­nó­mico favo­ra­ble con cifras récord de empleo. “La mayo­ría de las per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad ni siquiera llega a for­mar parte del mer­cado labo­ral”, ha señalado el pre­si­dente de la patro­nal de cen­tros espe­cia­les de empleo (Cona­cee), Albert Cam­pa­ba­dal, que cal­cula que de los 4,4 millo­nes de per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad en España solo unas 700.000 están acti­vas.

El gráfico

Cuesta no hablar de vivienda. Uno de los argumentos que explican el aumento de los precios es porque faltan casas, hay poca oferta frente a una demanda creciente porque la población ha aumentado. Parece bastante obvio, como contaba Enric González en este artículo. Sin embargo, el análisis de Alberto Garzón de esta semana introduce también el uso de la vivienda como un activo financiero, es decir, como una inversión. El gráfico muestra que desde 2015 invertir en vivienda (tanto para poner en alquiler como para la revalorización en el precio) es bastante más rentable que hacerlo en bonos del Estado, por ejemplo. Esto es especialmente intenso cuando los tipos de interés son bajos, ya que las alternativas estrictamente financieras pierden atractivo. Tanto para fondos, empresas y grandes tenedores, como para pequeños propietarios. 

Es la misma tesis que sostiene la economista Mariana Mazzucato, a quien he entrevistado recientemente y que podrás leer si te apetece este fin de semana. Por eso es tan importante una buena regulación fiscal y dar alternativas. La cuenta de ahorro e inversión diseñada por el vicepresidente Carlos Cuerpo, y aprobada de nuevo en el Real Decreto-ley, tiene el doble objetivo de desincentivar los activos inmobiliarios como refugio del ahorro y movilizarlo hacia la economía productiva y los mercados financieros (renta variable y empresas europeas). 

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí lo dejo por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas, sugerencias o críticas.

 ¡Un abrazo!

Hola.

Deseo que estés bien. 

Antes que nada, te pido disculpas: la semana pasada no pude acudir a nuestra cita semanal por contratiempos de salud familiares. Hoy supongo que tocaría hablar de vivienda: de Maricarmen y de los decretos, pero he decidido no ahondar en el tema porque en elDiario.es, mis compañeros y varios expertos ya hemos ido informando sobradamente; mañana Germán Aranda –uno de los que más sabe– nos contará su visión a través del boletín de vivienda, Una casa para vivir. Y, sobre todo, conviene esperar a la votación del Congreso de este viernes para ver en qué quedan finalmente los decretos y las medidas.

Sí me interesa apuntar dos ideas antes de pasar página. La primera: las movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas han demostrado, una vez más, que son útiles. Sirven para poner las pilas, espabilar y recordar a los políticos que hay problemas que no desaparecen porque se dejen de mirar de frente. La segunda: hay responsabilidades repartidas entre todas las administraciones y todos los colores políticos. Que nadie se olvide de eso cuando lleguen las elecciones de 2027. La vivienda no se ha convertido en un problema de un día para otro.

Mientras la calle exige respuestas concretas a la crisis habitacional, la derecha económica aprovecha siempre que puede para sacar del cajón el recetario de siempre. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el laboratorio de ideas de la CEOE, en colaboración con el ultraliberal Instituto Juan de Mariana, ha presentado hace unos días un libro con un título que lo dice todo: La curva de Laffer y la economía de la oferta. Rebajas fiscales para el crecimiento. Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, aprovechó el acto para reclamar una “revisión completa” del sistema fiscal español, apuntando directamente al IRPF, al impuesto de patrimonio y, cómo no, a la fiscalidad de la vivienda, que según sus cálculos recauda 52.000 millones de euros al año sobre “un bien de primera necesidad y escaso”. El mensaje de fondo, disfrazado de tecnicismo académico, es el de siempre: bajad impuestos y todo se arreglará, porque el Estado recaudará más.

La idea es conocida: llega un momento en que subir tanto los impuestos desincentivan la actividad hasta el punto de que la recaudación puede caer; por tanto, una rebaja fiscal podría, en determinadas circunstancias, acabar generando más ingresos. Hasta aquí, ninguna extravagancia. La formuló Arthur Laffer en 1980 para convencer al entonces candidato Reagan de que bajar impuestos liberaría la iniciativa individual. La célebre anécdota de la servilleta de restaurante. El problema llega cuando una observación económica razonable se convierte en una especie de comodín político: bajar impuestos no significa automáticamente recaudar más.

La evidencia empírica es bastante menos complaciente. Las rebajas fiscales de la era Reagan en 1981 hundieron la recaudación un 2,8% en su primer año completo de aplicación, obligando al propio Reagan a subir impuestos hasta en tres ocasiones para tapar el agujero. Casi cuatro décadas después, la reforma fiscal de Trump de 2017 repitió el guion. El ejemplo más reciente es el experimento de Liz Truss en Reino Unido en 2022. Aplicó la lógica de Laffer al pie de la letra con fuertes rebajas fiscales, especialmente para las rentas altas, y acabó provocando una crisis de confianza en los mercados de deuda, una caída de la libra y su salida del gobierno en 44 días. 

En España la investigación académica muestra que los contribuyentes cambian su comportamiento cuando cambian los impuestos, sobre todo quienes tienen más margen para decidir cómo y cuándo declarar sus ingresos. Pero una cosa es recaudar menos de lo previsto al subir un impuesto y otra muy distinta es recaudar más al bajarlo. Hay una curva de Laffer, sí. Lo que no hay es una cifra mágica que nos diga que España está ahora mismo al otro lado de la curva.

Conviene recordar que detrás de la servilleta del entonces joven profesor de economía de la Universidad de Chicago no hay más que una intuición sin verificar convertida en dogma político. El propio director general del IEE, Gregorio Izquierdo, reconocía que la curva de Laffer “se interpreta mal” y que no es una regla mecánica según la cual cualquier recorte tributario vaya a autofinanciarse. Los impuestos sirven para recaudar y financiar aquello que decidimos que debe hacer el Estado: desde la sanidad y la educación hasta las políticas de vivienda y —¿por qué no— las pensiones. Se pueden discutir sus tipos, su diseño, su eficiencia y quién debe pagarlos. Lo que resulta más difícil de sostener con los datos es la promesa recurrente de que bajar impuestos siempre genera tanto crecimiento que, al final, todos salimos ganando. En vivienda hemos aprendido que dejar un problema esencial en manos del mercado no basta. En fiscalidad quizá también convenga recordar que los cantos de sirena de la bajada de impuestos tampoco son una política económica por sí mismos.

El gráfico

El temor a una crisis energética (e inflacionaria) empieza a recorrer Europa. Lo hemos visto esta semana en España, con el IPC de agosto disparado (+4,9%) por los carburantes, hasta el punto que el Gobierno aprobó este martes prorrogar las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre. El cierre del estrecho de Ormuz, la guerra de Rusia contra Ucrania, el anuncio del presidente Donald Trump de prohibir las exportaciones de diésel o un almacenamiento de gas menor de lo previsto en el continente europeo están provocando una espiral de precios de los combustibles difícil de frenar a corto plazo.

Las guerras lo están trastocando todo. Un par de gráficos explican la secuencia. El diagrama de barras de arriba de Semafor, ilustra cómo se ha disparado el negocio de los petroleros: los armadores han encargado este año más del doble de buques cisterna que en todo 2025, ante el fuerte aumento de la demanda. La factura de esta fiebre compradora supera ya los 20.000 millones de dólares, el mayor desembolso en al menos 25 años. Los conflictos están redibujando las rutas comerciales y, con el cierre del estratégico oleoducto East-West de Arabia Saudí, los compradores han recurrido cada vez más al crudo de América, que necesita recorrer medio mundo por mar. El resultado: alquilar un petrolero cuesta hoy más de un millón de dólares al día, unas diez veces más que hace un año. El petróleo puede mantener su precio en origen y, sin embargo, encarecerse considerablemente al llegar a destino porque transportarlo cada vez cuesta mucho más. 

Y este encarecimiento se traduce en la economía real, como puedes ver en el siguiente gráfico.  No solo en los carburantes: también empieza a crecer el temor a un nuevo shock mundial de los precios de los alimentos, especialmente preocupante para los países más pobres. Las restricciones al transporte por algunas de las principales rutas comerciales del mundo y la subida de los combustibles encarecen ya los costes de los agricultores occidentales justo cuando comienza la temporada de cosecha. Los ataques de Rusia y Ucrania contra sus respectivas infraestructuras marítimas añaden presión: ambos países concentran una cuarta parte del trigo mundial. El cambio climático completa el cóctel: el índice de alimentos de la ONU sube un 2,5% interanual. “La prima de riesgo está regresando a los mercados alimentarios”, advierte el economista jefe de la FAO.

El dato

62%

Es el aumento de las importaciones de Cuba procedentes de Estados Unidos (o viceversa: las exportaciones de EEUU a la isla) entre enero y julio de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025. Han alcanzado cifras récord, 674 millones de dólares (unos 580 millones de euros), un incremento sostenido que refuerza la dependencia de la isla de EEUU. Especialmente para la compra de combustibles y bienes de consumo (pollo congelado, vehículos), al tiempo que favorece al sector privado cubano y dificulta la llegada de inversión extranjera, según expertos consultados por EFE. Por si alguien dudaba de quién se beneficia de la política de “máxima presión” por parte del país norteamericano para que Cuba introduzca cambios económicos y políticos. Pese a todo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU, la disposición al diálogo de La Habana con Washington y señaló que el gobierno de la isla está abierto a las “relaciones comerciales y de negocios con las compañías estadounidenses”.

Tipos (y tipas de interés)

Sube Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Será proclamado hoy, jueves, por tercera vez, por aclamación y sin rival. Antes de brindar conviene repasar el mandato que acaba, que no es para tirar cohetes. El empresario de Getxo que en 2021 cerró con Gobierno y sindicatos una reforma laboral que muchos daban por imposible ha acabado instalado en el “no a todo”: el nuevo gran pacto de negociación colectiva (AENC) ni se ha abierto, los autónomos y las bajas laborales llevan meses atascados y el plan de choque contra el paro juvenil sigue en el cajón. Primera tarjeta amarilla para este seguidor confeso del Athletic Club. La segunda, por comparar las decisiones del Ejecutivo con las “reales órdenes” de la época de Franco, un exceso que además huele a coartada cuando en 2012 nadie en la CEOE habló de ordenanzas ni de autoritarismo, aunque Rajoy reformó por decreto la negociación colectiva. 

Lo subo como acto de fe y de esperanza. Fe en que quien presume de moderado sea capaz de demostrarlo, y esperanza en que vuelva a la senda del principio, la del diálogo, los pactos y el “sentido de Estado” que él mismo invoca. Tal y como el mundo, necesitamos una patronal que se siente a la mesa, y no solo cuando gobierna quien le cae bien. Ojalá el Garamendi que empieza este jueves sea capaz de hacerlo, con independencia del color del gobierno que salga de las urnas en 2027. 

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Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí termino por hoy. Muchas gracias por estar ahí.

¡Un abrazo!

Quería empezar celebrando que no todo está perdido y que sigue habiendo motivos de esperanza en esta humanidad tras la contención de la ultraderecha en Suecia. Pero otro freno se ha cruzado por el camino, el de la inteligencia artificial. O, mejor dicho, el debate sobre qué hay que hacer con ella.

El debate y las preguntas (algunas existenciales) sobre si hay que frenar ciertos desarrollos o no, sobre los peligros que entraña (o no) para nuestras vidas, sobre cómo tiene que regularse y quién tiene que hacerlo, sobre si las advertencias son interesadas… y un largo etcétera. 

Temo no ser muy original y, aunque no me llevo mal con ella y hablo de vez en cuando con Claude, ChatGPT y Gemini, me ha parecido más prudente no preguntarle. Os aconsejo leer las informaciones y los análisis que hemos ido contando en la última semana en elDiario.es, empezando por los de nuestro especialista de la casa, Carlos del Castillo, que este miércoles ha presentado su nuevo libro, Inteligencia artificial: cartografía de una revolución’ (Editorial Planeta, 2026) a los socios y socias de elDiario.es. O el podcast del día anterior, en el que Juanlu conversa con el periodista sobre el tema del momento.

En esta información, contamos por qué el resto del mundo desconfía del plan de Silicon Valley y de Dario Amodei, el CEO de Anthropic, cuyo ensayo abrió la caja de pandora. La ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, advierte que el sector conocía desde hace años sus propios riesgos, pero que llevaba ese mismo tiempo evitando su supervisión. En este artículo explica por qué ahora.

El experto Esteve Almirall se pregunta quién gana cuando los dueños de la IA piden que los regulen. Considera que es posible regular la inteligencia artificial, pero que el reto es proteger a la sociedad sin convertir la seguridad en el privilegio comercial de unas pocas empresas. 

Me tranquiliza que un experto como Cristian Canton, que hoy es el director asociado del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC), y que fue jefe de un departamento de IA en Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook), diga que la inteligencia artificial “no nos va a matar a todos”. Me quedo con este destacado: “La IA no piensa. Cuando le das una instrucción, utiliza todo su repertorio de herramientas para alcanzar el objetivo. Si eso implica acceder de forma ilícita a un servidor, lo hará. Por eso es indispensable delimitar con claridad cómo debe ejecutar la tarea y bajo qué límites. Tenemos que guiarla”.

El debate, seguramente, no esté en frenar o contener, como si fuera un reactor nuclear, sino en gobernar cómo se despliega.

Pero no todo acaba con la IA (nunca mejor dicho). Te animo a que sigas leyendo este boletín y espero que el resto de informaciones y reflexiones te sean útiles o te parezcan interesantes.

El dato

24

Son los kilos de comida al año que cada persona tira a la basura en España. Según el Informe de desperdicio alimentario de 2025, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el año pasado se tiraron más de 1.129 millones de kilos o litros. Es el equivalente a 24,03 kg (o litros) por persona y año, según los datos desglosados por Agricultura, que indican cambios a lo largo de los últimos ejercicios. La mayor parte se lleva a cabo en los hogares, donde crece el desperdicio de platos preparados, probablemente, por el aumento de sus ventas en los supermercados. “Es un problema económico y moral. Estamos bajando el desperdicio, pero sigue siendo una tasa alta”, apunta el ministro, Luis Planas. 

El gráfico

Bomberos, médicos, maestros, policías… jueces. La actualidad en unos casos (incendios, danas, politización de la justicia) y el descontento de muchos colectivos, en otros (en la sanidad o en la enseñanza), nos ha hecho preguntarnos ¿cuánto cobran los empleados públicos en España? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y también de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad… El gráfico es solo un botón de muestra, en esta completísima información, hacemos una radiografía salarial de los más de 3,6 millones de empleados públicos, de los que menos a los que más cobran.

Tipos (y tipas) de interés

Lawrence Wong, primer ministro de Singapur. Se mantiene. Esta vez, más que evaluar al protagonista, lo utilizo como tema de debate (o provocación). El Gobierno de Singapur ha anunciado hace unos días una subida del 9% de los salarios de los altos cargos ministeriales: el sueldo anual del primer ministro, Lawrence Wong, aumentará en más de un millón de dólares, hasta los 2,8 millones (unos 2,45 millones de euros). Son los sueldos de políticos más altos del mundo. Donald Trump cobra 400.000 dólares por el cargo y Pedro Sánchez, 96.000 euros. Responde a la estrategia a largo plazo para atraer talento y reducir la corrupción, diseñada en las primeras décadas tras la independencia del país. 

La ciudad-Estado (que es casi una dictadura disfrazada de democracia) argumenta que los bajos salarios hacían que los mejores candidatos rara vez se dedicaran a la política y que, cuando lo hacían, se veían expuestos a la tentación. El sistema aplica un modelo de incentivos y sanciones y funciona bajo una lógica corporativa, con objetivos. La remuneración de los políticos se vincula a los 1.000 ciudadanos con mayores ingresos del país, y una parte sustancial de la remuneración (alrededor del 35%) es un variable vinculado a cuatro métricas que cada una de ellas pesa un 25%: el crecimiento del PIB real, la contención del desempleo y el aumento del ingreso real tanto de la clase media como del 20% de la población con menores recursos. Si a la población singapurense no le va bien económicamente o se destruye empleo, el sueldo final del primer ministro y su gabinete se reduce automáticamente y el variable es cero. 

Las cifras macroeconómicas parecen avalar el éxito del modelo en cuanto al cumplimiento de los parámetros exactos por los que se evalúa la nómina de sus gobernantes: registra una renta per cápita nominal cercana a los 90.000 dólares (que roza los 140.000 dólares ajustada al poder de compra, duplicando con holgura la media de la OCDE), un crecimiento del PIB real del 4,6% en el primer trimestre y una tasa de desempleo anclada en el 2,0%. No obstante, economistas e historiadores recuerdan que este rendimiento extraordinario no responde únicamente al sistema de objetivos, sino también a factores estructurales diferenciales como su condición de hub fiscal y logístico global, su reducido tamaño geográfico y un marco regulatorio altamente flexible e inmune –claro– a las fricciones partidistas.

Si esta estrategia reduce la corrupción es también objeto de un debate abierto: Singapur ocupa el tercer puesto por la cola entre 182 países en un índice, pero Hong Kong, con salarios mucho más bajos, también obtiene buenos resultados. 

No todo nos parece mal

No sé qué relación tienes tú con Amazon. Imagino que de amor-odio, como casi todos. Nos hemos acostumbrado a comprar casi todo por Internet. Muchas cosas que apenas encuentras en cualquier otro lado (y que a veces ni necesitas). Nos facilita la vida y nos la perjudica al mismo tiempo, especialmente por la movilidad, por la contaminación… y por el efecto sobre el comercio tradicional y cómo su transformación (que muchas veces termina en cierre) configura un nuevo paisaje urbano, sobre todo en las ciudades. El año pasado Amazon registró el mayor volumen de entregas rápidas de su historia, con más de 190 millones de envíos completados el mismo día o un día después en España. Casi nada. El repartidor con el paquete de Amazon (que no es de Amazon) ya forma parte de nuestra cotidianidad y, sin embargo, no hace tanto. 

Justo esta semana, el gigante que construyó Jeff Bezos, uno de los hoy todopoderosos oligarcas tecnológicos, ha cumplido 15 años en España. Cuenta la compañía que el punto de partida aquí fue el pedido de un ejemplar del Código Penal y que, en estos tres lustros, ha acumulado una inversión de 25.000 millones de euros, ha alcanzado una plantilla que ronda las 30.000 personas y más de 17.000 pymes venden en su plataforma. La multinacional estadounidense que comenzó vendiendo libros es hoy una de las grandes empresas tecnológicas mundiales, no exenta –tampoco en este caso– de polémica. Las multimillonarias inversiones en centros de datos, especialmente en Aragón, no convencen a todos por igual por el elevado consumo de recursos energéticos.

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Y con esto lo dejo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. 

¡Un abrazo!

Las alarmantes advertencias de Anthropic sobre las consecuencias para la humanidad del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) han suscitado una rara muestra de unidad entre los desarrolladores rivales.

Los otros tres gigantes del sector (OpenAI, SpaceX y Google) no han tardado ni un día en respaldar el llamamiento del fundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para retrasar el desarrollo de la IA, petición que se produjo tras una serie de advertencias de investigadores de IA la semana pasada.

Pero el presidente Donald Trump resta importancia a la creciente alarma sobre los riesgos de la inteligencia artificial. “Estamos a la cabeza de China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en IA, gana”, declaró Trump el domingo a los periodistas en el Irish Open de golf. “Podemos establecer límites. Podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema a colación cuando no deberían hacerlo”.

Amodei advirtió este sábado, en un extenso ensayo publicado en su página web: “Dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”.

Al cabo de una hora, el dueño de SpaceXAI, Elon Musk, sorprendió al citar el ensayo de su rival en X y afirmar: “Dario tiene razón”. Musk se había abstenido deliberadamente de sumarse a los anteriores llamamientos de todo el sector a favor de cualquier tipo de ralentización.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, se sumó al cabo de poco: “Estoy de acuerdo con Dario en que debemos avanzar con cautela en esta frontera”, tuiteó. Y, en una entrevista publicada en Fortune, daba un paso más allá, al anunciar que la tecnológica creadora de ChatGPT aplaza su salida a bolsa —una de las operaciones más esperadas del año junto a la de Anthropic—, ante los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de IA. “Sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil”. Afirmó que OpenAI tiene mucho trabajo por delante en materia de seguridad y que sería mejor hacerlo como empresa privada.

Faltaba Google, que se añadió por la tarde, según relata Axios. Demis Hassabis —ganador del Premio Nobel, cofundador y presidente de Google DeepMind, y científico jefe de Alphabet— tuiteaba: “El ensayo de Dario señala el camino correcto a seguir. Hay que pulir los detalles, pero la dirección es la adecuada para afrontar este momento crítico”.

“La industria mintió”

Amodei ha dado un pasó más allá este domingo y, en una entrevista en el programa Sunday Morning de CBS, afirmó que “la industria mintió” sobre el peligro de la inteligencia artificial IA por lo que el Gobierno y los ciudadanos deben intervenir.

No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo

Dario Amodei — CEO de Anthropic

“No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo”, declaró Amodei.

Sin embargo, el líder de Anthropic no ha dicho nada —por ahora— sobre si cancela o sigue adelante con sus preparativos para debutar en el mercado bursátil estadounidense, en lo que se prevé que sea la mayor oferta pública inicial de la historia, superior a la reciente protagonizada por SpaceX. Según los planes, se espera que este otoño comience la comercialización de su OPV, que superará los 2 billones de dólares.

Surgen dudas sobre hasta qué punto los líderes de la IA se tomarán en serio la tarea de moderar el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados —y más lucrativos—. Quizás hay demasiado dinero en juego como para dejar de avanzar. Según Axios, anunciar públicamente que se da prioridad a la seguridad frente al crecimiento tecnológico o financiero podría ser la única vía que tiene el sector para evitar una intervención por parte de las autoridades de Estados Unidos que no se ajuste a sus condiciones.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró este domingo que la propuesta de Amodei para añadir salvaguardias a la IA podría servir de modelo para el sector privado, incluso permitiendo el acceso de observadores independientes a los modelos.

Los legisladores están suplicando al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que mantenga la sesión abierta y haga algo al respecto de la “amenaza” de la IA, después de conocerse casos de agentes de IA que actuaron por su cuenta atacando a sistemas externos.

Este domingo, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió al Congreso “actuar con urgencia”. La alternativa más extrema es algo parecido a la iniciativa del senador demócrata Bernie Sanders de forzar una pausa y declarar ilegal la IA más avanzada.

Pero Johnson, como Trump, tampoco quiere darse prisa. “Si quieren desacelerar eso, me parece bien. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que resistirnos a que el Congreso intervenga e imponga una especie de moratoria de emergencia. Tiene que hacerse de manera correcta, segura y sensata”, expresó Johnson en una entrevista con CNN.

La amenaza china

El presidente de la cámara pidió una reunión con los gigantes del sector, que podría celebrarse a principios de esta semana (lunes o martes). Pero por ahora descartó una legislación que pause el desarrollo de la IA al argumentar que es un asunto de seguridad nacional en el que Estados Unidos debe mantener el liderazgo ante China.

Tienen [los líderes tecnológicos] que reunirse con nosotros, sentarse y determinar cuál es el equilibrio adecuado. No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto

Mike Johnson — Presidente de la Cámara de Representantes

“Tienen [los líderes tecnológicos] que reunirse con nosotros, sentarse y determinar cuál es el equilibrio adecuado. No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto. Es el equilibrio entre la seguridad nacional y la seguridad inmediata de garantizar que los modelos sean seguros”, remarcó.

Varias voces influyentes del sector tecnológico de Silicon Valley, entre ellas el exfuncionario de Trump David Sacks, dedicaron el fin de semana a destacar el contraargumento de que reducir el ritmo solo permite que los adversarios —que no tienen esos escrúpulos en materia de seguridad— nos alcancen.

En una publicación de la madrugada del sábado, Sacks retó de hecho a OpenAI y Anthropic a marcar voluntariamente el ritmo en la frontera de la IA sin esperar al Gobierno. “Si no lo hacéis, sabremos que esto no ha sido más que otro intento de captura regulatoria —o una operación psicológica en plena campaña electoral”.

Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán a finales de este mes, y la seguridad de la IA será uno de los temas principales de la agenda.  Mientras tanto, el principal comité internacional de expertos en IA, reunido por la ONU, ha alertado de que la posibilidad de que la IA se salga de control es real y de “consecuencias catastróficas”.

Septiembre, la rentrée posvacacional o la vuelta al cole, como prefieras llamarlo, siempre suele aprovecharse, junto a Año Nuevo, para marcarse objetivos y adoptar nuevos hábitos. Los hitos temporales ayudan: es el efecto “nuevo comienzo”, sobre el que se ha escrito mucho. Aunque no sé si todo debería ser nuevo o bastaría con recordar las prioridades y atenderlas.

Un buen amigo mío de la infancia me recordaba hace unas semanas, en una de esas cenas veraniegas que suelen alargarse, que otro gallo nos cantaría si, entre todos, procurásemos cuatro prioridades básicas: comer, no pasar frío en invierno, no pasar calor en verano y poder dormir tranquilos (sin preocupaciones ni problemas de seguridad). Casa y nevera. Parece poca cosa, pero no lo es.

La vivienda sigue por las nubes y no se espera otra cosa. En el segundo trimestre se encareció un 12,2% y lleva año y medio subiendo más del 12%. Y en agosto –la semana que viene tendremos el dato definitivo–, la inflación ha escalado al 4,3%, la más alta desde 2023, por el encarecimiento de los carburantes. Los tipos de interés van a seguir subiendo, no vienen buenos tiempos. Los sindicatos ya lo advierten, pese al notable aumento (del 66% con los gobiernos de Pedro Sánchez) del salario mínimo y a un empleo récord. Es la economía, estúpido, sí. Pero la micro: el coste de la vida, la dificultad para llegar a fin de mes.

Así que lo mejor para esta vuelta al cole es que tengamos las prioridades claras, que volvamos a lo básico y que, entre todos, saquemos del cajón la economía, que etimológicamente significa “gestión del hogar”. La ausencia de economía, de generosidad, de solidaridad, provoca la abundancia de sufrimiento.

El gráfico

Hay temas que son tan cruciales que sobrepasan a su ámbito y se convierten en transversales. La educación es uno de ellos. Por eso duele tanto ver este gráfico. Seguro que ya te habrás enterado porque este martes la noticia cayó como un auténtico mazazo y no se ha hablado de otra cosa en las tertulias: España se desploma en PISA al peor resultado de su historia. La tendencia a la baja es global en todo el mundo, pero si en la anterior edición, hace tres años, España caía menos que el resto, de manera que se acercaba en términos relativos a las medias europeas y de la OCDE, esta vez sucede lo contrario y la brecha se amplía. Empeoramos en las tres categorías que incluye PISA (Ciencias, Lectura y Matemáticas).

¿Por qué? Nuestros alumnos tienen “dificultades” con textos de más de 400 palabras por culpa de las pantallas (más o menos lo que cabe en un folio). Pero también por la lectura, la falta de atención y… algo que el informe de PISA no cuenta: porque el modelo de negocio de la industria tecnológica está diseñado específicamente para capturar la atención a los adolescentes. Como cuenta mi compañero Carlos del Castillo, la capacidad adictiva de las redes sociales, los videojuegos online o las plataformas gamificadas no es una consecuencia accidental del uso de la tecnología o las pantallas, sino el objetivo económico central de las empresas que desarrollan esos productos.

El dato

35%

Es la mayor rentabilidad por unidad que obtiene SEAT (la empresa) al vender un coche de la marca Cupra en comparación con un Seat. Es uno de los datos –no el único– que explican por qué el grupo Volkswagen se plantea eliminar la marca española. Importante: no hablamos de la empresa, sino de la marca; la fábrica de Martorell, no está en juego, aunque sin duda tendría un impacto en los 14.000 puestos de trabajo. Poco en las líneas de producción, mientras siga fabricando vehículos a pleno pulmón, ya sean Cupra, VW, Audi, Skoda o quizás chinos. Más en oficinas, en aquellos puestos vinculados exclusivamente a la marca (marketing, diseño, planificación, soporte, ventas o administración).

Más allá de lo que representa Seat a nivel sentimental –yo mismo trabajé allí siete años– al final puede tratarse de un éxito empresarial, al culminar la transición a Cupra, con mucho más valor. Es un tema de posicionamiento, de reconocimiento y de sentido. El modelo León se vende tanto bajo la marca Seat como Cupra. El precio varía considerablemente según la motorización y el acabado, pero a igualdad de motor la brecha suele situarse en aproximadamente de 3.500 a 4.000 euros. De la misma manera que el Golf, el Seat León y el Audi A3 son el “mismo” coche –comparten tanto la plataforma como la mayoría de sus motores– pero estamos dispuestos a pagar precios distintos.

No todo nos parece mal

La empresa familiar Frit Ravich, especializada en frutos secos, patatas fritas y otros aperitivos salados, invertirá más de 115 millones en construir una nueva planta en Maçanet de la Selva (Girona), que estará situada junto a su sede central, y en levantar un nuevo centro de distribución en Madrid. En un comunicado, la compañía familiar, creada en 1963, ha explicado esta semana que este volumen inversor permitirá aumentar la plantilla en unas 500 personas en los próximos años –hoy emplea a casi 1.200 trabajadores– y que duplicará la producción en 2030 para alcanzar una facturación de 600 millones de euros. La nueva planta empezará a construirse en 2027 y tendrá una superficie de 33.000 metros cuadrados. Por otra parte, con el nuevo centro de distribución en Madrid, podrá distribuir con mayor rapidez a sus clientes del centro y del sur de España.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes. He seleccionado solo dos (el yin y el yang) para este boletín. No es por falta de atención, pero estos días me he esforzado por desconectar.

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Un abrazo!

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dará luz verde este viernes a la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, doce años después de que el anterior caducara. Lo va a hacer con los votos del Gobierno central, de Catalunya, la comunidad que lo ha liderado (PSC y ERC), y de Canarias, que reculó en julio y propició que se aplazara el cónclave a petición del PP. Le bastaba al Ejecutivo con el apoyo catalán: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más. El resto de comunidades previsiblemente lo rechazarán. Igual que el gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE), cuyo presidente, Emiliano García-Page, lleva meses criticándolo con dureza. Madrid, que ha hablado de modelo “profundamente injusto” e “impuesto por Catalunya”, ha anunciado que no acudirá a la reunión para intentar evitar que haya el quorum suficiente para constituir el consejo.

Prima la voluntariedad: nadie está obligado a subirse al nuevo modelo. Las comunidades pueden seguir con el sistema de 2009, caducado desde 2014, si así lo prefieren. Y quienes decidan sumarse al nuevo esquema tendrán, además, margen para elegir entre varios de sus mecanismos: si quieren acogerse al reparto del IVA de las pymes, si prefieren una caja compartida con el Estado o mantener el actual sistema de anticipos, y cómo quieren que se les compensen las competencias no homogéneas. Es un modelo, en la práctica, a varias velocidades.

El aprobado del CPFF es el primer paso necesario, pero no quiere decir que eche a andar. Primero ha de pasar por el Consejo de Ministros y, después, necesita el visto bueno del Congreso y Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. La batalla, en realidad, no ha hecho más que empezar.

Lo que Hacienda pone sobre la mesa, en cualquier caso, es una cantidad considerable: cerca de 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas a partir de 2027. Para dimensionar la cifra: esos recursos extra equivaldrían a cubrir un tercio de todo el gasto sanitario de varias autonomías, hasta la mitad de su gasto educativo, o siete veces lo que esas mismas comunidades destinan hoy a políticas de vivienda. Estas son las claves del nuevo sistema.

¿Cuánto dinero de más aporta el nuevo modelo?

El cálculo de Hacienda, proyectado sobre el ejercicio 2027, sitúa el incremento de recursos para el conjunto de comunidades autónomas en 20.975 millones de euros respecto al modelo vigente. Con esa inyección, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones de euros en total. Es la cifra que el Gobierno repite como argumento central: no se trata de un simple reparto distinto de lo mismo, sino de una ampliación real de la tarta para el sostenimiento del Estado del bienestar autonómico: sanidad, educación y servicios sociales, las tres competencias que más pesan en los presupuestos regionales.

¿De dónde sale el dinero?

El incremento se financia por dos vías: una parte llega directamente de las arcas del Estado (nivelación vertical), y la otra procede de una mayor participación de las comunidades en la recaudación de los grandes impuestos. Por el lado de la nivelación vertical, el Estado destinará casi 19.000 millones de euros.

Por el lado de la cesta de impuestos cedidos, las comunidades pasarán a quedarse con el 55% del IRPF que se recauda en su territorio (frente al 50% actual), y con el 56,5% del IVA (hoy es el 50%). Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos, y se incorporan a la cesta el 100% de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, el impuesto sobre la electricidad, el de patrimonio, el de depósitos bancarios y los de residuos. Esta mayor cesión de tributos supone otros 15.756 millones de euros.

¿Qué comunidades ganan más?

En términos absolutos, Andalucía es la gran beneficiada del nuevo modelo, con 4.846 millones de euros más al año. Le siguen Catalunya, con 4.686 millones, la Comunitat Valenciana, con 3.669 millones, y Madrid, con 2.555 millones. En volumen absoluto, es Andalucía la que recibe más recursos, lo que desmonta parcialmente el relato de un modelo diseñado exclusivamente para satisfacer a Catalunya. El reparto por habitante ajustado, en cualquier caso, sigue premiando a las comunidades peor financiadas hasta ahora, que es precisamente el objetivo declarado de la reforma.

Garantía de statu quo

Ninguna comunidad autónoma recibirá, al arrancar el nuevo sistema, menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Es la llamada garantía de statu quo, un mecanismo pensado para evitar que ninguna región salga perjudicada por el cambio de reglas, y que Hacienda define como “el último elemento del modelo de financiación”, el que actúa de cierre de todo el sistema.

Ese suelo se financia con aportaciones específicas de la Administración central, que, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, destinará unos 400 millones de euros a este fin. Sus principales beneficiarias serán Cantabria y Extremadura, las dos comunidades que, según los cálculos del Ministerio, más necesitaban de esta red de seguridad para no perder financiación respecto al esquema actual.

¿Cómo se garantiza la solidaridad entre comunidades?

El modelo actúa en dos planos distintos. El primero es lo que se conoce como nivelación horizontal, que amplía la solidaridad interterritorial para que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, calculada a partir de su propia capacidad tributaria. El segundo es la nivelación vertical ya explicada, financiada con aportaciones del Estado, que persigue reducir en dos tercios la brecha respecto a Madrid.

La población ajustada, la vara de medir

El reparto de recursos entre comunidades se basa en la llamada población ajustada, una fórmula que no es nueva: parte del sistema de cálculo que el equipo de la ex vicepresidenta María Jesús Montero ya propuso en 2021 y que entonces fue rechazado por las comunidades, pero que ahora se aplicará con algunas modificaciones. Su objetivo es medir las necesidades reales de gasto de cada territorio más allá del simple número de habitantes.

El padrón municipal pesa un 30% en ese cálculo. La población protegida equivalente —que tiene en cuenta el gasto sanitario según los distintos grupos de edad— supone otro 38%, el tramo más determinante de la fórmula. La distribución de la población en edad escolar pondera un 17%. El resto se reparte entre superficie, dispersión e insularidad, variables que buscan compensar a los territorios con mayores costes estructurales para prestar servicios públicos. Con esta fórmula, el Gobierno calcula que las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades se reducirán casi a la mitad respecto al modelo actual.

El IVA de las pymes, a la carta

Uno de los elementos más novedosos del nuevo modelo es la posibilidad de que las comunidades opten por recibir el 56,5% del IVA Pyme, que genera la actividad de las pequeñas y medianas empresas en función de su domicilio fiscal, en lugar de repartirlo, como hasta ahora, según el consumo registrado en cada territorio. La adhesión es voluntaria y tiene un plazo de cinco años, revisable.

El mecanismo distribuye 2.084 millones de euros y, según fuentes del Ministerio, busca “reconocer el esfuerzo” de las comunidades que apuestan por el tejido de pymes. El caso de Catalunya ilustra bien su alcance: con el sistema actual se queda con apenas el 19% del IVA generado por sus pequeñas empresas, una cifra que con el nuevo mecanismo podría escalar hasta el 25%.

¿Y el dumping fiscal?

Es uno de los puntos que Hacienda aborda con más cautela. El nuevo modelo no incorpora una prohibición explícita del dumping fiscal, las rebajas de impuestos que aplican comunidades con más margen económico, singularmente Madrid, pero también Andalucía, y que erosionan la recaudación potencial del resto. Pero sí introduce un cambio con consecuencias prácticas: mejora la metodología para calcular el “valor normativo” de los tributos cedidos, de manera que se mida con más precisión la capacidad fiscal real de cada comunidad, al margen de las deducciones que aplique.

A esto se suma el compromiso de “lealtad institucional”: el Estado se obliga a compensar a las comunidades por aquellas normas estatales que les supongan más gasto o menos ingresos, un mecanismo que se revisará cada cinco años dentro del propio CPFF.

Lo que viene ahora

Una vez el modelo cuente con el aval del CPFF, el recorrido no habrá hecho más que empezar. La norma ha de pasar por la maquinaria del Consejo de Ministros. Y, después, el Congreso deberá ratificar tanto la reforma general como cada una de las leyes de cesión de tributos a las distintas comunidades, y ahí es donde el Gobierno se juega la verdadera partida: necesita el apoyo, entre otros, de un Junts que ya ha anunciado una enmienda a la totalidad.

El presidente catalán, Salvador Illa, considera que el apoyo de Canarias es “la prueba” de que se trata de un buen sistema. Con todo, Hacienda insiste en que hay margen para incorporar cambios, tanto en el trámite parlamentario como en las reuniones técnicas del Comité Permanente de Evaluación. La consellera catalana de Economía, Alícia Romero, ha pedido a PP y Junts que “faciliten la aprobación” y contribuyan a “mejorarlo” en el Congreso. Falta por ver si alguno de los dos está dispuesto a hacerlo.

Imagina dos candidatos para un puesto de trabajo con un perfil prácticamente idéntico. Tienen una experiencia similar, competencias equivalentes y una trayectoria profesional comparable. Solo hay una diferencia: uno ha escrito su currículum por su cuenta y el otro lo ha filtrado con una herramienta de inteligencia artificial (IA) antes de entregarlo.

Ahora supongamos que el primer filtro de selección tampoco lo realiza una persona, sino otra IA.

¿Quién avanzará en el proceso?

Es la pregunta que se plantea el observatorio Future for Work Institute en su último análisis sobre sesgos algorítmicos en la contratación, y la respuesta que han encontrado es algo fastidiosa.

La respuesta debería depender únicamente del mérito de cada aspirante. Sin embargo, una investigación apunta a que, en algunos casos, existe otro factor: que el currículum esté redactado en un lenguaje que resulte más familiar para el sistema de inteligencia artificial encargado de evaluarlo.

Los algoritmos prefieren los textos que se alinean con sus propios patrones lingüísticos. En Galicia usan la expresión “xente con xente” para apelar a la afinidad, el origen común y la semejanza entre las personas. La IA hace lo mismo: busca a los suyos, y a los suyos, de momento, los reconoce por el estilo, no por el talento.

¿Puede un candidato tener más opciones de ser preseleccionado no porque sea mejor, sino porque ha utilizado el mismo modelo de IA o uno parecido al que después evaluará su candidatura? Absolutamente. Una investigación de la Universidad de California, con una base de 2.245 currículums humanos reescritos por modelos como GPT-4o, LLaMA o DeepSeek, comprobó que los evaluadores algorítmicos prefieren sistemáticamente el texto “hecho por máquina”, con un sesgo de entre el 67% y el 82% en varios de los sistemas analizados.

Paradoja: los modelos de IA prefieren textos humanos, pero no siempre lo saben, tan listos no son. Un trabajo del Centro de Humanidades Digitales de Princeton concluye que los modelos de IA eligen texto sintético casi en el 50% de los casos, un comportamiento muy similar al de las personas. Pero cuando se les indica “esto lo ha escrito una persona”, los modelos muestran un sesgo de unos 34 puntos porcentuales a favor de la autoría personal, mucho mayor que el de los evaluadores de carne y hueso (alrededor de 13,7 puntos). Es decir, ¡las IA son 2,5 veces más sensibles a la etiqueta “humano” que las personas! Lo cual debería inquietarnos doblemente: ni siquiera la propia máquina tiene claro qué prefiere hasta que alguien se lo dice, y aun así decide con más contundencia que nosotros. Elegimos delegar el filtro en un sistema que ni siquiera es consistente consigo mismo.

Más allá de si las IA crean sus propios sesgos fruto de la propia interacción entre ellas —que no es poca cosa—, el estudio anterior introduce una nueva brecha en el mercado laboral. Si hasta ahora hablábamos de desigualdades asociadas a la formación, la experiencia o las redes de contactos, ahora podría añadirse otra relacionada con saber utilizar la herramienta adecuada para producir una candidatura atractiva para otra herramienta.

Lo que llegaba para democratizar puede convertirse en todo lo contrario si no se dominan las reglas de juego. Esas reglas se juegan ya en las aulas, antes incluso de enfrentarse a una entrevista de trabajo, y los estudiantes empiezan a darse cuenta. Los abucheos a la IA que se vieron en algunas graduaciones esta primavera en San Francisco reflejaban una ansiedad real sobre el futuro laboral, pero no cuentan toda la historia: la mayoría del alumnado no rehúye la tecnología, sino que reclama que se le enseñe a usarla bien. Según una investigación de la Kogod School of Business, de la American University, el porcentaje de estudiantes de negocios que utilizan IA con regularidad ha aumentado del 6,2% al 29% en los últimos tres años.

La presión no viene solo de las aulas, sino del mercado laboral: la proporción de entrevistas de trabajo que incluyen preguntas sobre IA se ha disparado del 11,6% al 42,6% en tres años, lo que explica que los estudiantes la vean cada vez más como una competencia profesional imprescindible. Puede que a los jóvenes no les encante el futuro marcado por la IA que les espera, pero saben que deben prepararse para él.

Esa ansiedad no es solo anímica: empieza a verse en las cifras. Según el último análisis del Banco Central Europeo, la tasa de paro juvenil en la zona euro ha subido al 15,1% en el primer trimestre de 2026, mientras el desempleo general baja al 6,3%. El propio BCE pide cautela y evita atribuir el deterioro a la IA de forma directa —lo enmarca, en parte, como un reequilibrio normal tras el boom de contrataciones de 2022-2023—, pero señala una excepción que incomoda: el empleo joven en el sector tecnológico ha caído un 18,6% desde 2023, muy por encima de lo que explicaría la simple desaceleración económica.

Es imperativo que los gobiernos y los centros educativos ajusten la formación para que nadie se quede atrás, en un momento en que la IA avanza a toda velocidad. La Kogod, por ejemplo, ya está enseñando a los estudiantes cómo usar la IA de forma responsable. Su decana interina, Casey Evans, cuenta en Axios que, si al principio, cuando apareció ChatGPT, la prioridad era blindar los exámenes contra el “tramposeo”, ahora han aceptado que es algo que los estudiantes usarán, así que los profesores están reevaluando por completo su papel en la clase y cómo se ve el aula.

La IA se está imponiendo como intermediaria de decisiones que afectan a nuestras vidas, así que no nos queda otra que aprender a convivir críticamente con ella. Volviendo al reclutamiento de personal, la Unión Europea acaba de poner coto a la contratación por algoritmos. La AI Act, que entró en vigor hace una semana, obliga a las empresas —grandes y pequeñas— a garantizar transparencia, trazabilidad y mecanismos para detectar sesgos en la filtración de currículums, evaluación de competencias y priorización de candidatos cuando intervengan sistemas de IA. La norma no prohíbe estas herramientas, ojo, pero sí impone un límite claro: ninguna decisión relevante en un proceso de selección podrá tomarse sin supervisión humana. Los candidatos, además, tendrán derecho a saber si una IA interviene en su proceso y qué papel juega exactamente.

La cuarta pata son las empresas, que los departamentos de personas se pongan las pilas. La digitalización en las áreas de recursos humanos avanza más rápido que la formación de quienes la gestionan: según la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays, el 90% de los profesionales del sector quiere formarse en IA, pero solo el 27% ha recibido formación de su empresa.

De ellos depende, en gran parte, que las decisiones se tomen con sentido humano. Pero conviene no engañarse: la ley obliga a supervisar, no a repartir el poder. Las reglas del juego (qué currículum entra, qué modelo lo evalúa, qué estilo “suena bien” a una máquina) las siguen decidiendo quienes venden la tecnología y quienes la compran para ahorrar costes. Mientras tanto, el candidato que no sabe qué IA usa la empresa, el estudiante que no tiene acceso a formación de calidad o el trabajador cuya empresa no invierte en explicarle cómo funciona el sistema que le evalúa: esos son los que se quedan fuera.

Cuando hablamos de élites solemos pensar en grandes fortunas, consejos de administración o reuniones discretas entre personas poderosas. Andrés Villena (Elche, 1980) invita a mirar más allá. Este profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid sostiene que no funcionan como una conspiración, sino a través de redes estables de confianza e influencia tejidas durante décadas entre grandes empresas, Administración, judicatura, universidades, fundaciones y medios de comunicación que sobreviven a gobiernos, crisis y cambios políticos. En el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO), dibuja cómo se construyen esas relaciones y, en esta conversación, analiza por qué esas estructuras han cambiado mucho menos de lo que parece desde el franquismo, cómo condicionan la política y la economía, y hasta qué punto la meritocracia y el ascensor social son más una excepción que la norma. Villena escribe en la sección de opinión de elDiario.es.

¿Por qué las élites tienen hoy una connotación tan negativa?

Elites viene de “elegidos”, para dirigir el mundo o, por ejemplo, para dirigir un país. En este contexto, en el que tenemos crisis financieras recurrentes, pandemias y un escenario de incremento de las desigualdades absolutamente disfuncional, buscamos culpables.

Hay economistas que defienden que son necesarias para que una sociedad prospere. Argumentan que, en un determinado momento, crean valor. Figuras como Rockefeller, Stanford o Carnegie industrializaron Estados Unidos con el petróleo, el ferrocarril o el acero. O, más recientemente, todo el ecosistema que ha creado Tesla es muy interesante, más allá del personaje de Elon Musk. ¿Cree que las élites crean valor también para la sociedad o que son puramente extractivas?

Habría que hacer esa diferencia entre lo extractivo y lo funcional. Todos necesitamos liderazgo e imágenes que imitar. Cuando surge un presidente negro como Barack Obama está dando un mensaje importante, o cuando surge un tenista en España como Rafael Nadal o un tipo como Miguel Induráin. Son personas extraordinarias que sobresalen, bien por genética, bien por el contexto en el que se han formado. El problema es cuando ese liderazgo se estanca y, por ejemplo, en el caso español, nuestra economía financiera dedica más tiempo a ganar dinero que a producir valor. A partir de ese momento, las élites se convierten en extractivas y en un freno para el progreso. Pero es imposible vivir sin élites. En el propio 15-M se formaron liderazgos. No podemos aspirar a una sociedad sin diferencias, pero tenemos que cuidar la igualdad de oportunidades.

En nuestro país seguimos siendo diferentes y hablamos de unas élites absolutamente irresponsables. Siempre hemos tenido élites, pero ¿hasta qué punto son élites patrióticas? Durante el franquismo, en el año 56, apareció un tipo como Falciani. El caso Falciani ya se dio en el año 56 o 57 con otro suizo que se llamaba Laurent Rivara, un agente de la actual UBS, que vino a España con una carpeta con centenares de familias defraudadoras que ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Y, bueno, los apellidos son los de siempre. Los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera, o bien lo habían sacado durante la guerra y no lo habían metido. Las propias élites económicas no se creían el país y tenían ese carácter claramente extractivo. Es curioso porque años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias. Eso indica que, además, la cosa no cambia demasiado.

En nuestro país las élites son absolutamente irresponsables. Ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Los apellidos son los de siempre: los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera. (...) Años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias

Quizá el problema no es que existan, sino su falta de renovación. Volviendo al caso de Estados Unidos, esos tres apellidos que decía antes son muy importantes, pero ahora, por ejemplo, los apellidos de las élites son otros: Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg... En España, en cambio, son los mismos desde hace décadas. ¿Por qué desde 1939 las instituciones que sostienen el poder económico han cambiado mucho menos de lo que parece? ¿A qué atribuyes este gatopardismo?

En España las familias y los apellidos siguen siendo muy importantes. Puede ser un carácter particular del capitalismo español, a diferencia del norteamericano, que es un capitalismo que nace y progresa sin aristocracia. Por eso los J. P. Morgan se llamaban Morgan I, Morgan II, porque no eran apellidos nobles. La nobleza tira a través de redes educativas, de pactos, de matrimonios, y eso les permite mantenerse. Fíjate, por ejemplo, en el matrimonio del alcalde de Madrid. ¡Qué casualidad! Un abogado del Estado, de una familia que está entrecruzada con la monarquía, se casa con una Urquijo veinte años menor. Nadie puede decir que eso sea un matrimonio planificado, pero socialmente sí está mediado. Este tipo de cruces o de parejas ocurren en todos los puntos de la élite, porque todos se conocen en clubes y en lugares exclusivos. Y eso contribuye a mantener el poder político y el poder económico. A lo mejor en Estados Unidos hay una capilaridad más fuerte y una cultura de la inmigración diferente. Pero, bueno, aquí entra Blackstone, que es un fondo de inversión que compra muchos pisos, y el delegado en España es Claudio Boada, hijo del que fue presidente del Instituto Nacional de Industria con Franco.

¿Qué es lo que cohesiona a las élites en España? ¿No funciona entonces el ascensor social ni la meritocracia?

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces. Luego hay otros elementos de cohesión sobre los que a veces se pasa por encima, como son las fundaciones y las patronales empresariales. Son lugares para coordinar estrategias o para ayudar de forma caritativa, pero también para conocerse. Y cuando te vas al patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción te encuentras a Isidro Fainé, a Florentino Pérez... Ese tipo de articulaciones de la élite no es casual.

Entonces, ¿funciona el ascensor social y la meritocracia en España? Difícilmente. No sé si esto se debe al carácter relativamente atrasado del capitalismo español en relación con otros países, a los cuarenta años de autoritarismo, a la influencia de la Iglesia... Es verdad que en otros países también hay familias que están donde tienen que estar, como en Inglaterra o en Francia; hay dinámicas parecidas. Pero en España parece que se mantienen en mayor medida porque aquí no tuvieron que convertirse a las democracias occidentales en 1945. Al final, allí también esas élites tuvieron que aceptar una cierta redistribución de la riqueza. Eso, sumado, por ejemplo, al comportamiento que tiene ahora mismo el aparato judicial, que responde a unas políticas con las que no está de acuerdo —territoriales o sociales—, sí que nos hace pensar que estas élites tienen una cierta continuidad.

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces

¿Crees que hay lawfare?

No sé si podría contestar como un experto. No me parece igual el caso de Ábalos, por ejemplo, que el caso de Begoña o el de David Sánchez, que es un músico de San Petersburgo. Me parecen casos marcadamente distintos. Pero sí que, si te vas a cuando Aznar dijo aquello de “el que pueda hacer, que haga”, unos días después hubo una nota de prensa, una declaración de los altos funcionarios del Estado, a través de una federación que se llama FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, en la que decían que el Estado de derecho, tal y como se entendía, estaba en peligro. La política, el alto funcionariado, incluyendo no solo jueces, sino también directores de la Policía, altos mandos de la Guardia Civil, abogados del Estado, técnicos comerciales..., se movilizaron en julio de 2023, cuando supieron que Sánchez pactaba con Junts. Y en esa nota de prensa, cuando ves los pronunciamientos de los líderes de las asociaciones funcionariales, ves a una líder de los inspectores de Hacienda que se apellida Piñar; ves a un líder de los interventores de ayuntamientos que se apellida Queipo de Llano.

Entonces, eso de “el que pueda hacer, que haga” es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean.

El que pueda hacer, que haga” [de Aznar] es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean

¿Qué papel juegan los casos de corrupción, tanto de corruptos como de corruptores, que han salpicado históricamente a los dos grandes partidos del poder en España en este mapa que tú dibujas? Desde el caso Filesa, el caso Gürtel, la Kitchen o Ábalos...

El caso Filesa, de la etapa de Felipe González, que ahora parece que defiende absolutamente la limpieza democrática, es un caso curioso porque González llega al poder con siete bancos muy potentes y pacta con ellos. Intercambia personal, de los bancos al Estado y del Estado a los bancos; renuncia a las nacionalizaciones e intercambia consejeros. Era una forma de matrimonio con el poder financiero, el verdadero poder de entonces. Y Filesa no era más que una trama de financiación irregular del partido en la que participaban buena parte de los bancos: el Central Hispano, el Santander, el Bilbao, el Vizcaya..., que ahora forman el oligopolio.

El poder político se organiza siempre pensando en el económico. Buena parte de las tramas que se le están echando encima al Partido Socialista ahora mismo tienen detrás a la SEPI. La SEPI es la palanca financiera estatal en las empresas públicas. Sánchez ha sido mucho más agresivo que Zapatero a la hora de penetrar en las empresas públicas. En Telefónica ha entrado con un 10%; estaba intentando una fusión entre Indra y otra empresa... No es raro que haya una relación entre esos intentos de controlar el aparato público y este tipo de tramas. Aznar metió la mano mucho más rápido en las empresas públicas porque vendió los últimos paquetes y nombró a los presidentes. No hay poder que se organice al margen de la élite corporativa y, mientras puedan, van a intentarlo. La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez. Ahí tenemos territorio, capital y Gobierno. Aunque organizarte no quiere decir que te vayas a corromper. En la etapa de González, durante catorce años, ese tipo de articulaciones les llevó a hacer auténticas barbaridades, que dejan a las actuales como una broma. Filesa fue solo una más. También está el caso Ibercorp. El Banco de España era la élite intelectual de González, que se había puesto a especular con información privilegiada. Es uno de los casos más notorios.

La tentación de pensar que controlas todo el poder puede estar muy relacionada con la comisión de delitos. Lo que sorprende es el caso Ábalos, que parecía una cosa montada casi desde el principio, y sorprende.

La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez

Dices en tu libro: “La narrativa dominante oculta la irracionalidad de las principales operaciones económicas y medidas políticas en España, provocando un expolio de recursos y una especialización productiva perjudicial”. También hablas de déficit democrático. ¿Puedes poner algún ejemplo?

En el momento en que se produce la crisis financiera, en 2008, cuando ya se les pasa a los gobernantes la idea de que el sistema financiero español es el más fuerte del mundo y el más saneado, se empieza a pensar que las cajas de ahorro ya no se sostienen, que hay que darles una serie de avales. Los niveles de deuda pública son excesivos, hay que poner en marcha planes de austeridad, pero, detrás de todo eso, la banca y las cajas, o la banca al final, de manera indirecta, recibieron mucho dinero barato. Buena parte del cual no han devuelto. A eso me refiero con el expolio. Se pueden comprobar casos continuos en los que la narrativa sirve para que no nos rebelemos, para que haya cosas que veamos como naturales, pero, cuando las estudias profundamente, no lo son. La explotación de gas de Castor, por ejemplo, de Florentino Pérez, fue una forma de ganar dinero de manera subvencionada. Se le podía dar una narrativa: convenía la innovación, pero al final son formas de expolio discretas, bien hechas.

En 1977, que era un momento en el que la lucha capital-trabajo se estaba decantando por el factor trabajo, con sindicatos cada vez más fuertes y con niveles que todavía rozaban el pleno empleo, había que llegar a unos pactos de moderación salarial porque, si no, la inflación se nos iba. Siempre hay algún problema racional: la inflación no se puede disparar, no se puede subir a determinados niveles porque, si no, España se convierte en Argentina... Lo que había detrás era un propósito de moderación salarial que pudo salir bien, pero al final es una cesión que obedece a una narrativa de que no queremos entrar en hiperinflación.

En la etapa de la crisis de la deuda pública no queríamos quebrar. En la etapa en la que surge la nueva política con Podemos, en la mayoría de los ayuntamientos, no podemos precipitarnos a otra guerra civil, a romper con los pactos constitucionales... Siempre hay detrás unos intereses que no se pueden trascender, que no se pueden tocar. No sé qué intereses ha tocado el Gobierno actual para que esté la cosa tan mal, que se le acusa hasta de ser un dictador venezolano.

Ahora, por ejemplo, identificas una tendencia creciente hacia la privatización de ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones. ¿Existe una estrategia deliberada y un trabajo activo de estas élites para avanzar en este sentido?

Le quiero dedicar el próximo libro a eso. Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración de ese proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid, en la medida en que tú favoreces la entrada de un público que es diferente... Se están construyendo hospitales exclusivamente privados para ese tipo de personas, pero es que, además, como dice el profesor Arenas, el Estado es un cofre de dinero para estos sectores, que ganan dinero sin riesgo. El caso de Quirón, por ejemplo. Al final te vas al número dos de la Fundación Quirón y te das cuenta de que es Mauricio Casals. No hay una conspiración en ningún caso, pero hay una conformación que los lleva a estar de acuerdo en muchas de las cosas que pasan. Entonces, sí que hay un dinero seguro, a través de la Administración, para las élites privadas y yo creo que en España sí que se han acostumbrado mucho al subsidio, a lo que ellos llaman “la paguita”.

En Estados Unidos, el rescate de los grandes bancos que estaban a punto de quebrar en 2008 se hizo a cuenta de unos préstamos que ya se han devuelto. El capitalismo allí, a lo mejor, funciona y aquí está visto como muy ligado al concepto de subvención. En la Comunidad de Madrid, el capitalismo clientelar de favores juega con un nuevo modelo de vivienda, de educación y de sanidad que marcha con el cambio de preferencias en el electorado.

Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración del proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia, sobre todo, en la Comunidad de Madrid

Has citado a Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia y La Razón, del Grupo Planeta. En todo este entramado que describes, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Actúan como un actor independiente o como una herramienta de agenda para proteger determinados intereses?

En todos los medios de comunicación hay redacciones de periodistas que creen en su profesión y prefieren ser sancionados o despedidos antes que dejar de contar una historia que consideran cierta. Los medios de comunicación no están habitados por zombis que obedecen a la propiedad al cien por cien. Pero es verdad que, si esos medios reciben unos niveles de publicidad institucional elevados y la retirada de esa publicidad institucional puede suponer la desaparición de puestos de trabajo, se ven muy presionados. La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. Cuanto más precario es tu contrato, más dependencia tienes de lo que te pidan, porque más miedo tienes. Prisa tiene una deuda muy grande y esa deuda la tiene que amortizar, por ejemplo. O el caso de Planeta y los acuerdos implícitos que parece tener con el Partido Popular por la universidad que tiene en la Comunidad de Madrid [UNIE Universidad], con los que habrá también una cierta convergencia ideológica, más allá de lo económico.

Desde hace mucho tiempo, los presentadores de los principales medios tienen a Pedro Sánchez casi como un líder autoritario. Ahí puede haber también convencimiento por parte de los creadores de opinión. Y luego está toda esa red de publicidad institucional, que es muy difícil de demostrar, porque no es que la Comunidad de Madrid te meta dinero a ti. Eso sí se puede ver. Otra cosa es cómo la Comunidad de Madrid habla con una gran empresa para que esa empresa te meta dinero a ti. Eso es incomprobable. Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con esa cultura del subsidio y de la ayuda.

La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. (...) Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con la cultura del subsidio y de la ayuda

¿Tu caso forma parte de esto? Tu libro estaba programado para salir con el Grupo Planeta, pero al final no fue así. ¿Se debe a que cruzaste alguna línea roja?

Yo no tuve problemas con la gente que trabajaba conmigo. El problema creo que trascendía a la Editorial Ariel y que debió de ser alguien del Grupo Planeta, efectivamente. Pero, como no quisieron dar ninguna explicación, la imaginación es libre. Es un grupo tan posicionado ahora mismo que este tipo de mensajes, a lo mejor, no les interesaba, pero trabajamos quince meses juntos. Ya podían haber dicho algo.

Me ha llamado la atención tu tesis de que la tecnocracia económica se reproduce de forma idéntica, incluso en los gobiernos de izquierdas. Y trazas una línea sobre Carlos Cuerpo. Dices que emana de Nadia Calviño, que viene de Pedro Solbes, discípulo de Alberto Ullastres, tecnócrata del Opus Dei en el franquismo. ¿De verdad no hay diferencias? ¿Están los ministerios de Economía y de Hacienda blindados en este sentido para que no haya diferencias en la aplicación de políticas distintas?

Sí, hay diferencias. Ullastres, por cierto, era discípulo de un catedrático de Economía que había sido nazi, se había salido del partido, había emigrado a España y le habían dado una cátedra en la facultad. Carlos Cuerpo y Nadia Calviño responden a las demandas de un electorado diferente, a un Gobierno diferente, porque ahí hay unos ministros de Podemos y Sumar que están presionando, unas circunstancias como la pandemia y la inflación, en las que la Unión Europea ha dicho que la pandemia no es la crisis anterior y que hay que hacer política fiscal y monetaria expansiva. Eso, durante buena parte de la crisis financiera, no pasó. Y al Gobierno de Sánchez se le permite porque, además, es como la oveja negra europea que se mete con Trump y compañía. Ha tenido muchos grados de libertad.

Entonces, Cuerpo, y Calviño también, seguramente por presiones electorales, han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, no dejan de ser un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía, un enfoque económico que los lleva a ser austeros, como austeros eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes. Si el tecnócrata es inteligente, se va a saber adaptar. Y tiene que responder a los intereses electorales del Gobierno en el que está. No puede ser tan sumamente rígido. Las cosas cambian, y a ese cambio lo llamamos democracia, que consiste en gobernar para grupos de gente cambiantes. Creo que Cuerpo tiene una cosa buena. Nadia Calviño es hija de un antiguo presidente de Radiotelevisión Española, un hombre con mucha influencia en el PSOE. Pero Cuerpo es nieto de un minero. Eso indica que hay cambios en esa élite burocrática y que empieza a entrar gente normal. Pero no deja de ser gente que está sometida o ligada a un cuerpo burocrático que tiene una lógica interna, que quiere hacer carrera europea. Yo no me imagino a Cuerpo como vicepresidente de Endesa. Me lo imagino con el sueño de ser consejero del Banco Central Europeo. O sea, un tipo con un compromiso con el sector público bastante fuerte. Igual que Calviño.

Cuerpo, y Calviño también han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía que les lleva a ser austeros como lo eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes

El fracaso de movimientos que surgieron hace más de una década, algunos al calor del 15M, como Podemos, o en su momento Ciudadanos, que salieron para alterar el statu quo, ¿es un éxito de las élites?

No sé si se podría llamar fracaso. Si es verdad que el objetivo era asaltar los cielos, desde luego han fracasado. Iglesias acabó siendo vicepresidente de las ayudas sociales de un sistema que quería asaltar. Creo que toda élite o toda estructura de poder tiene que absorber al rival. Hay un libro en México que estudia que el PRI gobernó durante setenta y cinco años seguidos porque iba absorbiendo a los movimientos indígenas, les iba dando una secretaría de Estado. Y Sánchez, cuando pacta con Podemos, el partido ya estaba muy mermado porque le habían caído ochenta mil bombas estatales, mediáticas, etcétera. Pero le dio una serie de ministerios de carácter social, con poco presupuesto. Darle el Ministerio de Consumo a un comunista parece una ironía. En cierto modo, pudieron quedar bastante neutralizados. No obstante, le echaron valor para hacer política por primera vez. Iglesias es un empresario de la comunicación política, que solo dejó de ser empresario durante dos años. Pero el Estado es muy pesado; las reuniones y las jornadas son muy largas... Intentaron hacer algo, pero quedaron absorbidos. Y, claro, cuando te pagan un puesto de trabajo, la profesionalización cambia tu política; al revolucionario lo modera. Y además crea unas situaciones de asesores, de diputados que están a sueldo... El sistema es sabio y te absorbe. No quiero decir que ellos traicionen, pero es un aparato burocrático muy complejo. ¿Cómo hacen para vencerlo? A través de asambleas o, peor, vídeos cortos o tuits. Se lo han echado en cara a Rufián recientemente. Y es verdad que Rufián es muy brillante para algunas cosas, pero habría que verlo dentro de la Administración. Esto es muy complicado.

¿A dónde encasillas a Vox?

Es un regreso del viejo Estado. Cuando tú ves el apellido de Espinosa de los Monteros, estos iban a las monterías con el rey para protegerle, para que no le pasara nada. Son familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía, del viejo Estado. El tío bisabuelo de Espinosa de los Monteros era el asesor de Franco en el encuentro con la Alemania nazi en Hendaya, aunque luego lo defenestraron porque se enfrentó a Serrano Suñer. Yo creo que, ante la amenaza territorial, que les preocupa mucho, ha surgido una nueva fuerza que, de alguna manera, se ha hecho con el espacio que ocupaba temporalmente Ciudadanos. Y que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”, sin saber muy bien cuál era ese pasado, en realidad. Pero, paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema. No deja de ser el conservadurismo católico de toda la vida, donde hay altos funcionarios, jueces, abogados del Estado...

También están viviendo un proceso de purga, como en Podemos. El desgaste ha hecho que Abascal se vaya cargando distintas facciones del movimiento, como la de Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Un grupo de leales está viviendo ese desgaste de otra manera, pero lo están viviendo también.

Vox es un regreso del viejo Estado, familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía (...) que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”. Paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema

A pesar de todo lo que relatas en el libro, concluyes con una nota de optimismo, recordando que la Transición no fue solo cosa de despachos, sino también de la presión vecinal, feminista y sindical. ¿Tienes alguna receta o sugerencia para cambiar ahora estas estructuras reales de poder que has dibujado?

Si llegamos a tener en el pasado un ministro como Ernest Lluch, que universalizó la sanidad, eso quiere decir que había una serie de fuerzas y de personajes que se atrevieron, en etapas como los setenta, pero también en los cuarenta y los cincuenta, cuando salir a protestar podía suponer tu muerte o torturas recurrentes, una ficha policial que te arruinara la carrera... Esa organización y esa energía las seguimos teniendo. Que el 15M no lograra una subversión total del sistema no quiere decir que no se pueda. Pero yo creo que, si prestamos atención no solo a quien domina, sino también a las personas que jugaron su papel en la Transición y en etapas previas, que eran incluso más difíciles para cambiar las cosas, encontraríamos grandes inspiraciones. Un ejemplo es el movimiento feminista, o las políticas públicas del PSOE en los noventa para concienciar a la gente. Recuerdo un anuncio en el que había un hombre que ayudaba a una mujer con las bolsas. Eso ahora mismo es casi una coña: el movimiento feminista ha llegado a tal punto que ha provocado una reacción violenta del sistema, pero es porque, cuando la gente se organiza y toma conciencia, lo personal pasa a ser político.

De hecho, buena parte de esta reacción autoritaria responde al miedo que tienen al cambio. Y, si hay algo que tienen las élites, es miedo a perder lo que tienen. Yo creo que esa esperanza está ahí. Lo que pasa es que quizá estamos en una etapa en la que es difícil verla, porque casi todas las noticias son muy negativas.

Los cacareados informes de los exprimer ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi identifican un conjunto específico de sectores estratégicos y palancas industriales en los que la Unión Europea debe unificar políticas de forma urgente para garantizar su soberanía económica y tecnológica para competir con Estados Unidos y China. Uno de los problemas del Viejo Continente es que no tiene grandes campeones en el ámbito tecnológico, frente a les big tech estadounidense y a las feroces startups chinas de inteligencia artificial (IA).

En este contexto, la empresa tecnológica Openchip ha dado a conocer este jueves que ha culminado el desarrollo de BER10, un chip soberano europeo, gestado en España en un plazo de dos años y medio.

En un comunicado, recogido por varias agencias, Openchip lo ha descrito como “un chip soberano diseñado para proporcionar a los sectores más críticos de Europa el control sobre la tecnología sobre la que se ejecutan sus datos más sensibles”.

La empresa ha precisado que se trata de un chip basado en arquitectura abierta RISC-V, el primer prototipo avanzado de esta empresa. Se trata de una pieza física de silicio y ya está preparado para que empresas y centros de computación puedan probarlo y usarlo en sus proyectos.

Fabricado con tecnología Gate-All-Around (GAA) de menos de 2 nanómetros, BER10 es un procesador de 64 bits capaz de ejecutar el sistema operativo Linux.

Un procesador basado en estándares abiertos

Openchip ha subrayado que la arquitectura RISC-V es un estándar abierto que no pertenece a ninguna empresa ni a ningún país y que permite a Europa diseñar y desarrollar sus propios procesadores sin depender de licencias de terceros.

La empresa sostiene que esta capacidad resulta especialmente relevante para garantizar que los datos sensibles de ciudadanos, empresas e instituciones puedan procesarse sobre una infraestructura tecnológica desarrollada y verificable en Europa.

El nuevo chip incorpora cuatro núcleos de alto rendimiento capaces de ejecutar instrucciones fuera de orden y en paralelo, además de una unidad de procesamiento vectorial diseñada para acelerar cálculos propios de aplicaciones de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes y computación científica.

El procesador también integra memoria rápida multicanal y conexiones de alta velocidad PCIe y AXI, habituales en servidores y centros de datos.

Primer paso hacia nuevos aceleradores

El consejero delegado de Openchip, Cesc Guim, ha asegurado que el objetivo de la compañía no era únicamente desarrollar un chip, sino demostrar que Europa puede diseñar silicio de primer nivel “basado en estándares abiertos y en sus propios términos”.

Según ha explicado, BER10 constituye la base sobre la que la empresa desarrollará su próxima generación de aceleradores RISC-V destinados a supercomputación e inteligencia artificial para centros de datos.

Openchip, fundada por el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y GTD Software Engineering, ha recibido inyecciones de capital en los últimos meses tanto del Estado como de la Generalitat para desarrollar sus proyectos.

Tecnología española en la carrera de la IA

Openchip, junto a la startup vasca Multiverse Computing, han recibido más de 400 millones de euros públicos y atraen la atención de inversores internacionales por su potencial para hacer más sostenibles los centros de datos. ACS está en conversaciones para convertirse en su accionista mayoritario, en el marco del concurso de la gigafactoría europea. Es uno uno de los socios mayoritarios del proyecto de la candidatura española junto a Telefónica y Banco Santander.

La arquitectura abierta para diseñar chips de Openchip que podría reducir la dependencia europea de Intel o Nvidia. Nació en 2021 como una iniciativa impulsada por el BSC junto a la ingeniería GTD para trasladar ese conocimiento al mercado.

Hoy es una de las apuestas más ambiciosas para desarrollar una industria europea de semiconductores avanzados orientados a la inteligencia artificial y la supercomputación. Ha recibido unos 261 millones de euros de apoyo público: unos 111 millones del PERTE chip (financiado con fondos europeos); 35 millones de la Generalitat de Catalunya, que posee un 5% de su capital; y otros 115 millones de la SETT, conocida como la SEPI digital, que cuenta con aproximadamente un 16%.

“Con una plantilla de 300 empleados, las unidades de procesamiento de chips que desarrolla, basadas en código abierto (RISC-V), tienen una eficiencia energética superior a otras soluciones. Por tanto, permite reducir el consumo de energía de los centros de datos que las usen”, explicó el Ministerio para la Transformación Digital en junio, cuando se confirmó esta última inversión.

El Gobierno ha decidido, finalmente, suspender la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que iba a tratarse el sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda ha atendido la demanda de las comunidades autónomas del PP y ha decidido posponerlo al 4 de septiembre.

El Ejecutivo “nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo”, han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda, que señala que “lleva meses ofreciendo vías de diálogo”. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación.

“Por ello --destacan las mismas fuentes-- ”resulta sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes“.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP “antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova”.

Le bastaba al Ejecutivo sólo con el voto de Catalunya, al que este lunes se sumó Canarias: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más.

El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, anunció este lunes que respaldaría en el Consejo el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades” y que le reportarán 1.300 millones más al año a sus servicios esenciales.

Para el presidente catalán, Salador Illa, el gesto de Canarias “es la prueba” de que es un buen modelo.

La reforma propuesta por el Gobierno permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

La propuesta, que Hacienda mandó en julio a las comunidades, no solo disgusta al PP. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que su Ejecutivo no va a tolerar la propuesta lanzada por los independentistas con “agosticidad”, pues, a su juicio, “rompe con el principio de igualdad”.

“Hay que tener descaro para intentar, cuando todo el mundo está haciendo las maletas, los que puedan, porque realmente los que están con los incendios no pueden, aprobar casi una infame propuesta de financiación que rompe por completo y de raíz el principio de igualdad”, ha denunciado el titular del Ejecutivo castellanomanchego, según Europa Press.

El objetivo del Gobierno con el CPFF de este miércoles era llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.

La gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.

El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio.

Por su parte, ERC ha mostrado su desconfirmidad por la suspensión de la reunión porque, según ha dicho el líder de los republicanos, Oriol Junqueras supone aplazar “a petición del PP” “recursos para toda la ciudadanía” en materia de saniad, educación o servicions públicos. “Catalunya no puede continuar atrapada en un sistema del 2009”, ha manifestado.

Por ello, desde ERC han exigido al Gobierno que convoque el próximo encuentro “lo antes posible” y que “acelere” toda la tramitación del nuevo modelo de financiación para que se apruebe antes de que acabe el año.

Hola.

Deseo que estés bien.

Escucho cada vez con más frecuencia que parte del malestar de los jóvenes —y de la ansiedad que en algunos casos deriva en problemas de salud mental— tiene que ver también con el peso del impacto social y ambiental de su simple paso por el mundo. Por ejemplo, cuanta más información circula sobre las consecuencias de lo que compramos, más parece recaer sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de arreglar, a base de decisiones en el supermercado, un sistema que no hemos construido solos. El problema es que esa exigencia no es fácil de cumplir, ni siquiera para quien más se esfuerza.

Los datos confirman esa brecha entre preocupación y capacidad real de actuar. Según un informe de Bain & Company, ocho de cada diez ciudadanos dicen preocuparse por el medioambiente, pero los precios caros, la información confusa y la escasa disponibilidad de alternativas actúan como barreras que bloquean ese deseo. La periodista Ana M. Longo lo resumía así hace poco: pedir a cada consumidor que rastree el origen de cada producto (de dónde viene el pescado, en qué condiciones se cosió la ropa) pasa por alto que buena parte de esas cadenas son opacas por diseño, no por falta de voluntad de quien compra. El consumo ético, escribía, es un privilegio que depende de tener tiempo, recursos y nivel educativo.

Y aunque se tenga ese tiempo y esos recursos, tampoco está garantizado acertar. La evidencia reciente sobre comportamiento climático, recogida por la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, muestra que la gente sobreestima gestos de bajo impacto (reciclar, cambiar una bombilla) y subestima los que de verdad tienen un impacto significativo: volar menos, comer menos carne, pasarse a electricidad renovable. A eso se suma un dato incómodo para el discurso de la responsabilidad individual homogénea: el 10% de la población que más consume concentra una parte desproporcionada del daño ambiental, lo que deja claro que no todos partimos del mismo punto de exigencia moral.

Por eso el debate ha ido cambiando de sitio. No solo valen las llamadas morales al cambio de hábitos. Ya no se trata de si el individuo debe actuar o no, sino de cómo se reparte la responsabilidad entre consumidores, empresas y Estado.

En el momento actual, donde se dibuja una nueva arquitectura planetaria, los periodos de asueto quizás sean buenos para reflexionar y recordarnos que la realidad también se transforma desde dentro. Alberto Garzón lo planteaba en una entrevista reciente con este medio al hablar de un sistema que oprime el tiempo y la capacidad de las personas para pensar más allá del día a día; la salida no pasa por cargar aún más ese tiempo con exigencias imposibles, sino por tomar conciencia de dónde está atrapado uno y de qué depende realmente el cambio.

Ahí encaja la idea que deslizaba Xavi Pont en otra entrevista con elDiario.es hace unos meses: lo primero que tenemos que hacer —decía— es relajarnos, porque todos somos imperfectos y no tiene sentido obsesionarse con ser super sostenible cuando la vida ya es compleja de por sí. Pont hablaba de preguntarse dónde genera cada uno más impacto según su talento y su trabajo, y entender que ahí (no solo en el súper de turno) está la palanca principal. Comprar ecológico o cambiar el coche por uno eléctrico ayuda, pero es secundario frente a lo que uno hace en su día a día profesional. Puede que ese sea el punto de partida más honesto: menos culpa individual y más presión colectiva sobre quienes de verdad tienen la capacidad de cambiar las reglas del juego.

Seguro que gran parte de eso anda detrás de que muchos jóvenes no quieran ser jefes y que sus prioridades frente al mundo laboral estén cambiando respecto a generaciones anteriores, desplazando el foco desde el salario y el ascenso jerárquico hacia el equilibrio vida–trabajo, el bienestar mental, el propósito y el aprendizaje continuo. No estamos tan mal.

El dato

10%

Es el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que toma medicamentos para adelgazar que contienen GLP-1, la hormona natural que produce el intestino después de comer. Su función principal es regular el metabolismo, controlar los niveles de azúcar en la sangre y enviar señales de saciedad al cerebro. La elevada inflación y el auge de estos medicamentos están revolucionando el sector alimentario: como estos fármacos pueden atenuar el sentido del gusto en algunos usuarios, los chefs están recurriendo a platos más picantes y sabrosos. Las farmacéuticas que producen tales medicamentos quieren sacar la mayor tajada y están intensificando su particular guerra. La danesa Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, ha presentado una demanda contra la estadounidense Eli Lilly este martes en Nueva Jersey, al alegar que utiliza publicidad engañosa para inducir a error a los consumidores. La acusa de emplear estudios desactualizados para promocionar en Estados Unidos sus medicamentos Mounjaro y Zepbound, que afirman que ayuda a los consumidores a perder, en promedio, una cantidad de peso significativamente mayor que los suyos.

El gráfico

La inversión que lleva a cabo el Estado en las comunidades es uno de los puntos más calientes del debate autonómico en España, junto con el de la financiación autonómica y, como colofón, el de las balanzas fiscales. Los tres son primos hermanos y están muy relacionados. Estos días el Gobierno ha entregado a las Cortes Generales el detalle de las inversiones estatales por comunidades autónomas. La cifra superó los 15.300 millones de euros en 2025 (2.000 millones más que el año anterior), pero, una vez más, arroja grandes diferencias una vez se reparte por población. Así, una persona de Murcia o de Galicia recibió casi seis veces más en inversiones que un habitante de las Islas Canarias, por ejemplo.

Pero si nos fijamos en los dos grandes ejes económicos del país, Madrid y Catalunya, vemos como la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso percibió cerca del 21% de la inversión total, por encima de su peso en la economía nacional (19,8%) y mucho más de lo que correspondería en función de su población (14,5%). Todo esto sin tener en cuenta que gran parte de las inversiones en servicios centrales tienen su sede en la capital. Catalunya, con el 19% del PIB, apenas recibe un 8,6% de la inversión total, la mitad de lo que le correspondería en función de su población (16,5% del total).

A nadie se le escapa el momento especialmente delicado para la política territorial y el debate financiero: pendientes de la votación sobre la condonación de parte de la deuda de las comunidades y del nuevo modelo de financiación autonómica.

La inversión territorializada y sus diferencias constituyen, desde hace años, uno de los principales argumentos del independentismo catalán, que denuncia una infra ejecución crónica del Estado en Catalunya.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Marius Vărzaru, consejero delegado de Digi en España. Hace una semana hizo sonar la campana de la Bolsa de Madrid para sacar a cotizar la filial española de Digi, cerrando una operación que llevaba dos intentos fallidos por la inestabilidad geopolítica. Rumano de nacimiento y español de adopción, Marius Vărzaru (Bucarest, 1979) lleva casi dos décadas al frente de Digi España, la operadora que aterrizó en 2008 vendiendo tarjetas SIM en locutorios a la diáspora rumana y que hoy es el cuarto operador del país, con 11,4 millones de clientes. Formado en la prestigiosa Academia de Estudios Económicos de Bucarest y curtido en KPMG, Vărzaru, que cultiva una imagen de discreción, aprendió español nada más aterrizar en España y se vende como un gestor cercano que escucha a su plantilla.

La primera semana en el parqué ha ido a trompicones: la acción cayó un 8% el primer día, muy lejos de los 2.000 millones de valoración que se manejaban meses antes, y tuvo que conformarse con 1.662 millones. Este miércoles cerró en 5,5 euros (un 2,6% menos que los 5,65 euros del precio de salida)- Mientras tanto, el propio Vărzaru se ha reservado un bonus de hasta 400.000 acciones (valorados en 2,24 millones de euros al inicio) dentro de un reparto de 5 millones entre la cúpula directiva, aprobado por “sus extraordinarias contribuciones”. Digi, que no prevé repartir dividendos hasta al menos 2030 porque quiere reinvertirlo todo en desplegar fibra y red móvil propia, pide ahora paciencia a los pequeños inversores mientras sus directivos ya cobran. El reto de Vărzaru será demostrar que ese modelo de crecimiento acelerado y bajo coste aguanta la presión de los mercados sin renunciar a lo que hizo grande a la compañía: precios bajos y fijos, frente a gigantes con mucho más músculo financiero.

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Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí termino. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos en septiembre.

¡Feliz verano!

Hola.

¿Cómo llevas el calor? Llevo unos días en Barcelona y la humedad es insoportable.

Hay un género literario que, como todas las consultoras y bancos de inversión, Goldman Sachs domina como nadie: el informe optimista que, si lo lees con atención, es en realidad una lista de advertencias edulcoradas. Su último documento, Harnessing AI for the Real Economy, calcula que solo los cinco grandes “hiperescaladores” (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle) invertirán 5,8 billones de dólares en infraestructura de IA hasta 2030. Solo en lo que va de año, han recaudado casi 200.000 millones de dólares a través de ventas de bonos corporativos.

Si se suma también la energía y los centros de datos de todo el sector, la cifra total del despliegue entre 2026 y 2031 supera los 7 billones de dólares: más de lo que se invirtió en construir la infraestructura de internet durante toda la burbuja puntocom. Para ponerlo en perspectiva: es más que el PIB conjunto de Alemania, Reino Unido y Francia. El propio banco reconoce que para financiar semejante cifra hará falta recurrir a, ¡tachán!, “estructuras de capital que aún no se han inventado”.

Algunas de esas fórmulas ya han empezado a aparecer, y dan una idea de hasta qué punto se está llegando. Una es usar como aval, para pedir crédito, contratos de alquiler de centros de datos que ni siquiera existen todavía: la matriz de una empresa como Google garantiza que pagará el alquiler de un centro de datos en construcción, y esa promesa —no el edificio, que aún no está en pie— es lo que respalda miles de millones en bonos. Otro caso: utilizar como garantía las propias GPUs de Nvidia, los chips que mueven la inteligencia artificial, pese a que se quedan obsoletos en un par de años; es un poco como pedir una hipoteca a treinta años poniendo como aval un ordenador portátil.

Según Bloomberg, la deuda ligada a la IA se ha colado, en apenas un año, en el corazón del mercado de bonos considerados 'seguros' en Estados Unidos (investment grade): ha pasado de representar poco más de un 6% de ese mercado a rozar el 20%. Es decir, casi uno de cada cinco dólares de deuda 'de máxima confianza' en EEUU depende ya, directa o indirectamente, de que la fiebre de la IA no se enfríe. La pregunta es: ¿se está prestando suficiente atención a los términos de los préstamos o existe una falta de escrutinio sobre los detalles de cada proyecto?

He contado en esta newsletter que la burbuja de la IA lleva año y medio siendo, de momento, una profecía autoincumplida: todo el mundo la señala, pero sigue sin estallar. Pero eso no significa que todos los cimientos sean sólidos. Conviene no confundir “todavía no ha pasado nada” con “no hay ningún riesgo”. De hecho, varios fondos de inversión destacados en China están comenzando a reducir sus posiciones en acciones vinculadas a la inteligencia artificial. La advertencia general que lanzan es que el repunte reciente ha sido “demasiado rápido y excesivo”, lo que podría volverlo insostenible a corto plazo.

Así que cuando el banco que vive de vender deuda admite que necesita inventar instrumentos financieros para que la fiesta siga, es mejor prestar atención. ¿Es la misma miopía que precedió a la crisis de las hipotecas subprime de 2008?

[P.D. Goldman Sachs fue uno de los bancos que entre 2005 y 2007, diseñó, empaquetó y vendió productos financieros en masa respaldados por hipotecas de alto riesgo y, al percatarse de la debilidad del mercado inmobiliario, apostó agresivamente en contra de ellos para obtener ganancias récord mientras el mercado colapsaba]

El dato

3.600

Son los euros que cobran, al mes, varios jóvenes suecos por su primer trabajo remunerado durante las vacaciones. Es el caso de Elton Björkholm (17 años). Trabaja en medio de la naturaleza, construyendo casas para pájaros, necesarias para la cría de los polluelos por la tala masiva de árboles por la industria maderera. Su salario es de 40.000 coronas suecas, unos 3.600 euros (el salario medio para los jóvenes menores de 24 años en ese país).

Elton forma parte del proyecto Jóvenes Guardianes del Planeta (YPS, por sus siglas en inglés), una iniciativa pionera en Europa en trabajo juvenil de verano. La organización ambiental Upplandsbygd, financiada por cinco municipios y por la UE, hace de nexo entre aquellos jóvenes con necesidad de empleo e instituciones locales sin muchos recursos para, por ejemplo, fomentar la reproducción de las aves. Suecia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la UE. Casi el 25% de los suecos de entre 16 y 24 años no tiene empleo. Combatir el desempleo juvenil con proyectos para ayudar a revertir la crisis ecológica.

El gráfico

Cada noche, medio millón de personas se alojan en un piso turístico en España reservado a través de las principales plataformas de economía colaborativa. Una cifra que continúa subiendo y que no parece tener techo a pesar del descontento social, la saturación y los nuevos controles a la actividad. En 2025, el país vivió un nuevo récord de reservas en viviendas vacacionales a través de Booking, Airbnb y Expedia. Las reservas se han multiplicado por dos --de las 94 millones hasta las 189 millones de pernoctaciones– desde 2018. Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana y Catalunya aparecen entre las 10 regiones europeas con más reservas en viviendas vacacionales. Si quieres ver el mapa de toda Europa, pincha en esta completísima información elaborada, a partir de datos, analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, una red de periodistas de la que forma parte este medio.

No todo nos parece mal

Hoy un poco de autobombo. En 2025, elDiario.es ingresó 17.348.226 euros (+un 11,8% más que en 2024) y gastó 15.864.233 euros (frente a los 14 del año pasado). El superávit fue de 1.483.993 euros, una cifra muy similar a la del año anterior (1.531.477 euros en 2024). Un año más, seguimos sin deudas. Ni un solo crédito. Es una de las claves de nuestra independencia. Nuestro principal gasto son los sueldos de los periodistas y demás trabajadores de elDiario.es. Pero lo que más aumenta es la aportación de nuestros 121.000 socios y socias: un 21,5%. En el boletín de esta semana del director, Ignacio Escolar detalla todas las cuentas y la evolución del periódico.

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Aquí lo dejo por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias.

¡Un abrazo!

Hola.

¿Cómo llevas la semana?

Quería escribir hoy sobre Alemania. Sobre cómo la monumental crisis que azota a Volkswagen –cuyo consejo de administración debate hoy el despido de 100.000 trabajadores en todo el mundo y el cierre de cuatro fábricas— es sintomática de los problemas estructurales que sufre la otrora locomotora europea y la UE en general. Pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, me ha hecho cambiar de opinión.

Es una ventaja que la derecha diga en voz alta lo que quiere hacer. Varios ministros lo han resumido este miércoles: Feijóo dice lo que piensa, y lo que piensa es en recortes sociales, en sacar la motosierra.

El detonante ha sido el absentismo laboral. Ya te habrás enterado, pero, por si acaso, te lo resume: ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados, un truco de estadística de primero de carrera. Laura Olias explica en este artículo cómo funcionan las bajas laborales y por qué no existen las faltas “sin justificación” como dice Feijóo. Y también contamos los datos del aumento de bajas que desmienten el “fraude” masivo del “absentismo”.

No es la primera vez que el PP hace suya, casi al pie de la letra, una reivindicación empresarial: es el sello de la política económica del político gallego desde que llegó a Génova. El propio despido por absentismo que ahora vuelve a sobrevolar ya existió con Rajoy en 2012, igual que el recorte del sueldo a los funcionarios de baja. La motosierra, en el PP, tiene precedentes.

Y no se detiene ahí. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. En pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC; aún recordamos los recortes de 2013 bajo el gobierno de Rajoy. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio.

Nada de esto es gradualismo inocente, como recuerda Alberto Garzón. Es método: primero se asfixia la sanidad pública, después se dice que sobran bajas médicas. Que Feijóo lo diga tan claro, en realidad, nos hace un favor. Si algún día llega a la Moncloa, que nadie diga que no lo vio venir.

El dato

12

Reactores nucleares son el equivalente a los activos de energías renovables que han vendido las grandes energéticas españolas en los últimos cinco años en todo el mundo. Hablamos de una potencia de más de 12 gigavatios (GW) en fotovoltaica, eólica e hidráulica. Estas operaciones, calculadas por el compañero Antonio M. Vélez a partir de datos de las propias compañías, ya superan los 15.000 millones de euros. Lejos de reflejar un repliegue de la transición energética, estas desinversiones responden a una estrategia financiera: reducir deuda, liberar capital y compartir riesgos en un momento en que la caída de los precios de la electricidad está lastrando la rentabilidad de muchas plantas. El sector reorienta además sus inversiones hacia las redes eléctricas y el almacenamiento, considerados los grandes cuellos de botella para la electrificación de la economía. Reflexión: la transición energética requiere no solo instalar más potencia limpia, sino adaptar el conjunto del sistema eléctrico para que esa inversión siga siendo viable.

El gráfico

Esta trabajadísima información de los compañeros del departamento de Datos Ainhoa Díez y Raúl Sánchez explica muy bien la gran transferencia que se produce en España entre los que pagan el alquiler y los que lo reciben. En 2025, casi 28.000 millones de euros pasaron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB. ¿Desde dónde se mueve el dinero y hacia dónde va? La mayor parte del dinero viene de los inquilinos más jóvenes: más de la mitad procede de menores de 45 años. Pero no es tanto una brecha generacional, sino de clase. Aunque todos los grupos de renta aportan una cifra similar --principalmente, porque los más ricos tienen alquileres más caros--, la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos. El 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el CSIC presentado esta semana sostiene también que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros.

No todo nos parece mal

A veces conviene la mirada de alguien de fuera para ver con mayor claridad lo que ocurre dentro. La insoportable toxicidad que destila el clima político en España parece no afectar a la economía. El mayor inversor del planeta coloca a España como su gran apuesta mundial. BlackRock, destaca del país que presenta una fotografía muy sólida desde el punto de vista macroeconómico. “Es el gran protagonista de Europa en lo que a crecimiento económico se refiere; su superávit por cuenta corriente en torno al 2%; una inflación controlada; y donde el mercado laboral está mejor”. BlackRock tiene alrededor de 104.000 millones de euros en invertidos en España. La mayor parte de esa cantidad, el 50%, está en Bolsa española. Es el mayor inversor privado del Ibex 35 y es el mayor accionista de muchas de las grandes compañías que lo componen.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Rafael Ruiz, presidente de Ebro Motors Group. Hace cinco años era un consultor técnico al frente de Btech, una firma poco conocida fuera del sector del automóvil. Hoy es el primer accionista de Ebro, tras liderar la operación que devolvió la actividad a la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. El proyecto, que parecía casi quijotesco cuando arrancó, ha ido ganando tracción: la planta ya emplea a unos 2.000 trabajadores de forma directa (y hasta 4.000 si se cuenta el empleo indirecto) y produce alrededor de 250 vehículos diarios, con capacidad instalada para superar las 100.000 unidades anuales.

Ruiz reivindica además haber sido pionero en un modelo que otros fabricantes europeos empiezan ahora a imitar: aliarse con un socio chino, en su caso Chery, para reindustrializar plantas que el capital occidental había dado por perdidas. Prevé fabricar su primer modelo 100% eléctrico entre finales de este año y 2027.

El olfato inversor de Ruiz no se queda en Ebro. A través de su sociedad Focus On Next Frontier, acaba de meter cuatro millones de euros a título personal en Wallbox, el fabricante catalán de cargadores para vehículos eléctricos que atraviesa un delicado proceso de refinanciación de su deuda. La apuesta de Ruiz por la electrificación del automóvil no tiene fisuras.

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Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Eso es todo por esta semana. Espero que este boletín te haya sido útil.

¡Hasta la próxima!

Carlos Cuerpo se muestra orgulloso de las cifras macroeconómicas: “Estamos consiguiendo darle la vuelta a España”. El vicepresidente y ministro de Economía defiende que los buenos datos en el empleo o el PIB, muy por encima de la media europea, suponen “una mejora en el día a día de los ciudadanos”. En esta entrevista con elDiario.es, Cuerpo también reclama la colaboración de partidos y administraciones para atajar el problema de la vivienda: “Las competencias son compartidas”. En ese frente, apunta a impulsar la construcción de alquiler asequible con el Fondo España Crece, cambiar la fiscalidad de los pisos turísticos y crear cuentas de inversión que ofrezcan a los ahorradores alternativas a la inversión en vivienda.

¿Confía en que este año se logren aprobar los Presupuestos?

Ese es nuestro escenario central. Estamos ya dando los pasos, con la presentación del cuadro macroeconómico que sirve de base para el informe de situación económica. Y ya anunció el ministro de Hacienda que este lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto. El propósito es cumplir con el calendario ordinario para presentar los Presupuestos a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.

Llevamos tres años sin ellos por falta de un acuerdo político con los socios de Gobierno en el Parlamento. ¿Por qué este año sí que pueden salir?

Se trata de plasmar un escenario de políticas económicas que se traducen en líneas presupuestarias y, por lo tanto, es un aterrizaje del proyecto de la mayoría parlamentaria para seguir avanzando. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta legislatura es la gestión económica, el crecimiento y un crecimiento que además está suponiendo una mejora en el día a día de los ciudadanos.

Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de las prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda

¿Qué han supuesto estos tres años con las cuentas públicas prorrogadas? ¿Qué consecuencias ha tenido y qué ha perdido la sociedad española por tener que estar prorrogando un año tras año las cuentas públicas?

Consecuencias en términos prácticos no ha tenido ninguna. Hemos sido capaces de llevar adelante todos los grandes objetivos en materia de inversiones y de reformas que teníamos, incluyendo también los asociados al plan de recuperación. Y esto se traduce, lo vemos perfectamente en las cifras de crecimiento, en la creación de empleo, en atracción de inversión... Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de estas prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda.

El Gobierno acaba de mejorar sus previsiones económicas en el nuevo cuadro macroeconómico. Confían en que el PIB seguirá creciendo un 2,6% este año y que hasta 2029 estará por encima más o menos del 2%. ¿Por qué creen que vamos a crecer tanto? ¿Qué es lo que va a tirar de la economía española?

Llevamos creciendo estos últimos años no solo por encima de nuestra media histórica, sino por encima de las principales economías, europeas y mundiales. España es líder en crecimiento, pese a los shocks que hemos sufrido y pese a este contexto de incertidumbre internacional. Normalmente, ante este tipo de circunstancias la economía española solía resentirse más que sus principales socios. Y este no está siendo el caso, estamos consiguiendo darle la vuelta a España. Yo creo que nos hemos acostumbrado, aunque sea difícil decirlo, a que nuestra economía sigue dando sorpresas positivas de manera continua. Lo hemos visto en estos últimos años y en este primer semestre ya cerrado, donde se mantiene el pulso de actividad. Miramos las ventas de grandes empresas, las afiliaciones, los indicadores más coyunturales y nos dicen que la actividad sigue tirando.

Además, hemos visto que han funcionado bien las medidas que pusimos en marcha el 20 de marzo tras el inicio de la guerra de Irán. Han conseguido contener de media en un punto la inflación.

En cuanto a los factores que la van a impulsar, es la demanda interna, esencialmente el consumo privado y la inversión, sobre la base de un mercado de trabajo que está muy fuerte, con un efecto positivo del proceso de regularización.

La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. (...) Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución

¿Qué impacto va a tener en la economía la regularización de más de un millón de inmigrantes? ¿Supone un problema para los servicios públicos, como critica la derecha?

Conviene insistir en que el impacto de la inmigración en nuestra economía es positivo: el dinamismo de nuestro mercado laboral atrae población extranjera por el éxito de nuestra economía y la demanda de nuestras empresas, algo que reconocen la mayoría de las instituciones. El Banco de España señala que la inmigración aportó, en términos per cápita, teniendo en cuenta el aumento de la población, hasta una cuarta parte del aumento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

La regularización es un proceso necesario de reconocimiento de derechos y obligaciones que responde a las necesidades de nuestra economía. Lejos de suponer un problema para los servicios públicos, tendrá una aportación presupuestaria positiva, ya visible en el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. Los inmigrantes regularizados ya estaban aquí, en muchos casos trabajando en empleos de cualificación inferior a su formación o experiencia porque son los que pueden ocupar a trabajadores irregulares. Permitirles acceder a empleos más acordes con sus habilidades supondrá una ganancia neta para nuestra economía.

Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución.

Por último, se desplegará un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, con más de 500 millones de euros de dotación inicial, que actuará sobre empleo, educación, vivienda, sanidad y convivencia para mejorar barrios, escuelas y servicios públicos allí donde hoy se concentran más tensiones.

Los indicadores macroeconómicos son envidiables, sin duda, pero al mismo tiempo muchas familias pasan apuros. El poder adquisitivo de los sueldos no mejora e incluso retrocede, especialmente para los que viven de alquiler. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para que este crecimiento no llegue a todos?

El crecimiento y las buenas cifras macroeconómicas son una condición necesaria para que pueda acabar llegando al día a día de las familias. Y, cuando miramos cómo este crecimiento se está traduciendo en una mejora, hay distintos elementos que tenemos que considerar. Primero, el mercado de trabajo, que es el primer indicador de evolución y de reducción de desigualdad de nuestro país. Vemos que cada vez hay más gente empleada: el número de familias o de hogares con todos los adultos empleados está en máximos históricos. Vemos también las mejoras que ha habido relacionadas sobre todo con la subida del salario mínimo en aquellos segmentos de menores rentas. Además, se han producido mejoras salariales en su conjunto, entre otras cosas a través de la creación de empleo en sectores de mayor valor añadido. De los empleos que se han generado en los últimos dos años y medio, la mitad han ido a las cinco ramas de mayores salarios.

Hay un cambio, una modernización de nuestra economía que está llevando a que tengamos empresas más productivas que atraen a trabajadores más cualificados porque pueden permitirse mayores salarios. Evidentemente, hemos pasado en los últimos años el mayor shock de precios de los últimos 50, con una inflación que llegó en 2022 a estar por encima de los dos dígitos. Y esto afecta, sin lugar a dudas, a los ciudadanos. Y a ello se le suma otro elemento esencial en su carga mensual, como es la subida del alquiler. Pero en este escenario, hemos apoyado a las familias en todo este proceso inflacionario, como las medidas para reducir el impacto del shock energético por Irán. Si miramos los combustibles, el INE nos señala que, en ausencia de medidas, los precios tenían que haber subido un 28% en gasolinera y subieron apenas un 12 o 13%. Cuando miramos, el salario real ha evolucionado positivamente. El crecimiento estaba en torno a un 3,6% entre 2018 y 2025 y, cuando le quitamos el impacto del IRPF, había subido un 2,3%, más del doble de lo que lo hizo en el periodo 2014-2018. Somos conscientes de las dificultades, pero este esfuerzo por que el crecimiento llegue al día a día está en el frontispicio de la política económica. Y eso lo podemos ver cuando miramos el número de hogares que pasan dificultades para llegar a final de mes: el porcentaje se ha reducido del 26 al 20%, que sigue siendo elevado. Seguimos teniendo todavía demasiados hogares que tienen dificultades, pero vamos en la buena dirección.

¿Qué es lo que más le preocupa de la economía española ahora mismo?

Conseguir que ese crecimiento no se frene, seguir ampliando la tarta para poder tener un reparto más justo. Y remover cuellos de botella de este crecimiento. Con la finalización de los fondos europeos del plan de recuperación, tenemos que ser capaces de que no se pierda el impulso de la economía y, sobre todo, que sea un crecimiento transformador. Es decir, seguir creciendo y modernizando nuestra economía y además que ese crecimiento siga revirtiendo.

El Banco de España dice que el déficit de vivienda ha alcanzado las 750.000 casas entre el 21 y el 25. Y el gobernador Escrivá dijo el otro día que no entiende por qué esto no es una gran prioridad nacional. ¿Cómo atajamos este problema?

Para nosotros esta es la gran prioridad de la política económica. No hay una bala de plata para resolver la situación actual de falta de acceso asequible a la vivienda de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes. Por eso la solución viene por un conjunto de políticas que estamos llevando a cabo. Hay una parte esencial que tiene que ver con la recuperación de la oferta. Durante la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba un 13% del PIB, hoy está apenas en torno a 6%. Este es el efecto que tuvo la contracción del sector y, en este caso, de escasez. En cuanto a la nueva inversión, le falta oferta desde el punto de vista del parque público. Sabemos que esto lleva tiempo, pero el impulso en materia de inversión pública para recomponerlo está ahí, en gran parte con fondos europeos. Hablábamos antes de darle continuidad al crecimiento, incluso una vez finalizados los fondos. Hemos puesto en marcha el Fondo España Crece, que dedicará gran parte de su actividad también a seguir fomentando la construcción de viviendas para alquiler asequible. En el ámbito del sector turístico, ya hemos hecho el esfuerzo por hacer un filtrado de todas aquellas viviendas que estuvieran incumpliendo.

Que no haya pisos turísticos ilegales.

Exacto. Queremos hacer un esfuerzo adicional también por realinear la carga impositiva para que haya un mayor incentivo a poner esos pisos en un alquiler de medio y largo plazo con elementos de seguridad para los propietarios. Medidas que intenten cubrir los fallos de mercado que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas. Por ejemplo, un fallo de mercado que detectamos afecta a los jóvenes, que con sus sueldos actuales podrían permitirse pagar una cuota de una hipoteca, pero, sin embargo, no pueden conseguir ahorros suficientes porque están en lo que se denomina la trampa del alquiler: el alquiler supone demasiado esfuerzo mensual y no les permite ahorrar. El ICO está entrando para avalar hasta el 25% del coste y acabamos de renovar las condiciones de estos avales para subir los umbrales de renta por encima de los 60.000 euros en aquellas zonas más tensionadas. En las próximas semanas volveremos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para seguir reforzando nuestra actuación en materia de política de vivienda, siendo conscientes de que hay competencias compartidas.

¿Es usted partidario de intervenir el mercado de la vivienda para evitar operaciones especulativas, como ya se plantea el Gobierno en la Generalitat catalana?

Es importante tener en cuenta lo que ha pasado en las últimas décadas. La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizar ese ahorro. Hay que trabajar también para que ese ahorro pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros. Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas.

¿Tiene el Gobierno herramientas para entrar de verdad a solucionar el problema de la vivienda? Porque las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías, y los planes urbanísticos y los permisos de construcción dependen en gran medida de los ayuntamientos.

Vamos a llevar adelante medidas importantes para contribuir a que este problema se resuelva. Pero necesitamos la colaboración del resto de partidos políticos. Es un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria y, por lo tanto, las medidas tienen que pasar por esa mayoría del Congreso, como por ejemplo la ley del suelo. Las competencias son compartidas y necesitamos esa colaboración.

Todas las comunidades autónomas son conscientes de que la nueva propuesta de financiación mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa?

El Gobierno ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de agosto. ¿Creen que pueden sacar adelante la nueva financiación autonómica a pesar del rechazo de todas las comunidades, excepto Catalunya?

Ha habido también conversaciones con aquellas comunidades autónomas que han querido hablar del sistema de financiación. Pero lo que para mí es más importante es que todas son conscientes de que esta propuesta mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa? Llevamos más de diez años retrasando este debate. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta y queremos avanzar en un debate que sabemos que es complejo porque es imposible repartir una cantidad fija de tal forma que sea beneficioso para todo el mundo, que consiga alcanzar los objetivos de máximos de todas las comunidades autónomas. Pero el Gobierno hace el esfuerzo de ceder 20.000 millones a las comunidades para poder conseguir que en términos absolutos todas mejoren. En términos relativos todas querrían ser la que más mejora, pero esta propuesta reduce la distancia entre autonomías. Todas van a tener más financiación de la que tenían, todas van a ganar, igual que con la propuesta de condonación de deuda.

Van a mantener las rebajas a las gasolinas para amortiguar los efectos del conflicto de Oriente Medio, a pesar de que el precio del petróleo y de la gasolina en España ya están por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Irán. ¿Por qué lo hacen?

Queremos seguir ayudando, acompañando a las familias para que noten lo menos posible el conflicto. En gasolinas estamos ya por debajo del nivel preguerra, y en gasoil, ligeramente por encima, pero muy cerca. Pero estos precios siguen teniendo el apoyo del Gobierno a través de la reducción de impuestos. Queremos que esa retirada se haga en paralelo a la bajada de los precios de los carburantes a nivel internacional. Es un apoyo temporal y proporcional al impacto de la guerra.

Pero antes de estas rebajas, España ya era el país de Europa occidental que menos impuestos cobra por el gasóleo y por la gasolina. ¿No sería mejor gastar este dinero en subvencionar la transición ecológica?

Lo que estamos haciendo con las medidas para reducir el impacto de la guerra es también avanzar en la electrificación, en el apoyo a las renovables. El presidente Sánchez ha dicho en numerosas ocasiones que, en el año 2019, el 75% de las horas al día del precio de la electricidad lo determinaba el precio del gas. Hoy día estamos en torno al 9 o 10%. Esto ha supuesto que mientras los precios de los carburantes subían un 12%, el precio de la electricidad en el mes de mayo estaba cayendo un 4%. Queremos seguir impactando como lo estamos haciendo, por ejemplo, con medidas estructurales como la eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica. Este 7% que vamos a ir reduciendo hasta su eliminación en el año 2028 es una señal muy potente.

¿Cuándo se aprobará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el registro de la jornada laboral? ¿Va a entrar en vigor este año?

Ya tenemos el informe por parte del Consejo de Estado, y ahora mismo estamos trabajando internamente para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Es un proyecto importante que tiene que ver con el proyecto de reducción de la jornada. Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas.

¿Es partidario de seguir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación como se ha hecho a lo largo de los últimos años desde el Gobierno?

Es importante contextualizar. El salario mínimo en España estaba muy lejos de la referencia que había marcado la Comisión Europea, que era el 60% del salario medio. Había que cerrar esta brecha y es lo que hemos hecho estos últimos años pese a que había en origen algunas dudas sin impacto significativo en el mercado laboral.

Alrededor de un tercio del aumento de los ingresos públicos desde la pandemia, según algunos estudios, viene de no haber ajustado el IRPF con la inflación. ¿Se plantean actualizar el IRPF con estos nuevos Presupuestos a la subida de la inflación anterior, como le pide la oposición?

La AIReF señala que en los últimos años el 80% del aumento de los ingresos procede de la buena evolución de la economía. La modernización de nuestra economía se traduce también en unos mayores ingresos de manera estructural. Un mercado laboral más pujante se traduce en mayores ingresos. La regularización de inmigrantes se traducirá también, estructuralmente, en unos mayores ingresos. Son políticas que mejoran nuestro crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. A partir de ahí, las medidas concretas que vayan a entrar en los Presupuestos Generales del Estado las veremos en la presentación y en la posterior negociación. Por otro lado, del efecto de la deflactación el IRPF, la mitad corresponde a no deflactar la tarifa autonómica por parte de las comunidades autónomas.

Una de las últimas polémicas o largo de estos años ha sido la medición del PIB por parte del INE, que ha tenido que revisar al alza en varias ocasiones su medición. ¿Sigue habiendo un PIB infraestimado en España?

Todos los institutos de estadística de Europa han tenido que ir revisando las cifras de crecimiento posteriores a la pandemia, ha sido un proceso generalizado. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad de la economía? Yo creo que hay muchos aspectos donde hay que seguir avanzando y ahí el INE está haciendo un esfuerzo por intentar modernizar teniendo en cuenta también las mejoras que ya están disponibles en cuanto a datos diarios, a los registros que tenemos más allá de las encuestas. Y tenemos que hacerlo alineados con Eurostat, ya que las estadísticas del INE tienen que llevar el visto bueno de Eurostat para asegurar que hay una cierta homogeneidad en términos de Europa.

¿Se plantea el Estado salir de CaixaBank?

Hace unos meses tomamos la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank. En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente. Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial.

¿Y entrar en más empresas estratégicas, como ocurrió con Telefónica?

En la mayor parte de los países de nuestro entorno, los Estados tienen una presencia en las grandes empresas de telecomunicaciones. Es un sector clave dentro de los que se señala en el informe Draghi de importancia estratégica para la competitividad de nuestro continente. Y somos todos conscientes que, en el contexto de política industrial actual, el rol de los Estados como apoyo a estas grandes empresas es un elemento consustancial a estas políticas de seguridad económica y de autonomía estratégica. El apoyo a las empresas se puede hacer de muchas maneras, desde la presencia del Estado en su capital, como es el caso de Telefónica, pero también a través del resto de instrumentos como apoyar su financiación, como el ICO o la SETT [la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica].

¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena presidenta de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuenta con el apoyo del Gobierno?

Por supuesto. Si decide presentarse a este puesto, la apoyaremos en todo lo que podamos.

Vuelve la lucha de la vieja Europa por el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 entre países frugales frente a amigos de la cohesión, como se les llama ahora. ¿Teme una ola de austeridad y de endurecimiento de las reglas fiscales en Europa?

Tenemos que ser conscientes de que el contexto actual no es el que teníamos hace 10 o 15 años, e intentar superar estas discusiones que yo creo que ya tendrían que haber quedado obsoletas. Todos estamos de acuerdo con el informe Draghi y su hoja de ruta: habla de unos 800.000 millones de inversión al año para ser capaces de mantener el paso con Estados Unidos. Luego se ha actualizado a 1,2 billones. Y ese dinero tiene que venir del sector privado en su mayor parte, pero también con un impulso del sector público y del sector público nacional doméstico. Necesitamos un presupuesto europeo a la altura de las ambiciones que nos estamos dando en los otros grandes objetivos de seguridad y defensa, donde yo creo que ahí sí que se ha roto esta discusión tradicional entre frugales y no frugales. Hay muchos elementos de bienes públicos donde tenemos que reforzar a través de una aproximación genuinamente europea. Por ejemplo, nosotros estamos abogando por el incremento de los mercados de deuda europeos en euros. Dar liquidez a la emisión conjunta de deuda de tal forma que haya un beneficio muy claro, porque ahora mismo la Comisión no obtiene los beneficios que debería por ser un triple A. De hecho, España ahora mismo se financia más barato en muchos plazos que la Comisión Europea.

El Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos con la mayor pena de un ministro en democracia, 24 años de prisión. ¿Qué responsabilidad política cree que tiene el Gobierno por haber confiado en él durante tantos años?

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: hay un elemento esencial que tiene que derivarse de estos casos que estamos conociendo, que es la tolerancia cero en cualquier circunstancia frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley. Y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias tanto en el ámbito político, como ya sucedió hace tiempo con el señor Ábalos, como en el ámbito judicial. En segundo lugar, hay que ayudar y fomentar que no exista impunidad en estas situaciones. ¿Cómo? Reforzando el Poder Judicial y a la Policía para que existan suficientes unidades como para perseguir este tipo de situaciones.

¿Usted confía en la inocencia de Zapatero, como ha asegurado el presidente del Gobierno?

Todos tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Y en este caso, como en otros, yo creo que se están haciendo muchos juicios paralelos. Y es importante respetar la evolución de estos procesos, deberíamos todos de intentar ceñirnos a este elemento. Es comprensible que los tiempos políticos vayan más rápido de que lo que puedan ir los tiempos de la justicia, pero a mí me gusta mantener siempre un punto de prudencia y de respeto a estos procedimientos.

Desde que está en el Gobierno, ¿usted ha recibido regalos caros? ¿Qué ha hecho con ellos?

Los regalos que recibo pasan siempre a formar parte del patrimonio del Ministerio. Yo he recibido alguna moneda conmemorativa o incluso, a veces, algunos bienes perecederos, como chocolates, que al final se acaban repartiéndolos entre los colaboradores. Nada exótico.

Usted es un independiente del Gobierno, no tiene carné del PSOE. ¿Qué papel va a jugar en las próximas elecciones? ¿Se ve haciendo campaña?

En todo lo que pueda ayudar. En primer lugar, ahora, con mi gestión. Estoy convencido de que la actuación del Gobierno en estas dos legislaturas está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos y siento que es un privilegio poder formar parte de ello; que en mi día a día, el trabajo que hago pueda hacer que los ciudadanos estén mejor de lo que estaban cuando llegamos. Eso es lo que mueve mi actuación y lo que pueda contribuir a que este proyecto siga desde luego que lo haré.

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