Imagina dos candidatos para un puesto de trabajo con un perfil prácticamente idéntico. Tienen una experiencia similar, competencias equivalentes y una trayectoria profesional comparable. Solo hay una diferencia: uno ha escrito su currículum por su cuenta y el otro lo ha filtrado con una herramienta de inteligencia artificial (IA) antes de entregarlo.

Ahora supongamos que el primer filtro de selección tampoco lo realiza una persona, sino otra IA.

¿Quién avanzará en el proceso?

Es la pregunta que se plantea el observatorio Future for Work Institute en su último análisis sobre sesgos algorítmicos en la contratación, y la respuesta que han encontrado es algo fastidiosa.

La respuesta debería depender únicamente del mérito de cada aspirante. Sin embargo, una investigación apunta a que, en algunos casos, existe otro factor: que el currículum esté redactado en un lenguaje que resulte más familiar para el sistema de inteligencia artificial encargado de evaluarlo.

Los algoritmos prefieren los textos que se alinean con sus propios patrones lingüísticos. En Galicia usan la expresión “xente con xente” para apelar a la afinidad, el origen común y la semejanza entre las personas. La IA hace lo mismo: busca a los suyos, y a los suyos, de momento, los reconoce por el estilo, no por el talento.

¿Puede un candidato tener más opciones de ser preseleccionado no porque sea mejor, sino porque ha utilizado el mismo modelo de IA o uno parecido al que después evaluará su candidatura? Absolutamente. Una investigación de la Universidad de California, con una base de 2.245 currículums humanos reescritos por modelos como GPT-4o, LLaMA o DeepSeek, comprobó que los evaluadores algorítmicos prefieren sistemáticamente el texto “hecho por máquina”, con un sesgo de entre el 67% y el 82% en varios de los sistemas analizados.

Paradoja: los modelos de IA prefieren textos humanos, pero no siempre lo saben, tan listos no son. Un trabajo del Centro de Humanidades Digitales de Princeton concluye que los modelos de IA eligen texto sintético casi en el 50% de los casos, un comportamiento muy similar al de las personas. Pero cuando se les indica “esto lo ha escrito una persona”, los modelos muestran un sesgo de unos 34 puntos porcentuales a favor de la autoría personal, mucho mayor que el de los evaluadores de carne y hueso (alrededor de 13,7 puntos). Es decir, ¡las IA son 2,5 veces más sensibles a la etiqueta “humano” que las personas! Lo cual debería inquietarnos doblemente: ni siquiera la propia máquina tiene claro qué prefiere hasta que alguien se lo dice, y aun así decide con más contundencia que nosotros. Elegimos delegar el filtro en un sistema que ni siquiera es consistente consigo mismo.

Más allá de si las IA crean sus propios sesgos fruto de la propia interacción entre ellas —que no es poca cosa—, el estudio anterior introduce una nueva brecha en el mercado laboral. Si hasta ahora hablábamos de desigualdades asociadas a la formación, la experiencia o las redes de contactos, ahora podría añadirse otra relacionada con saber utilizar la herramienta adecuada para producir una candidatura atractiva para otra herramienta.

Lo que llegaba para democratizar puede convertirse en todo lo contrario si no se dominan las reglas de juego. Esas reglas se juegan ya en las aulas, antes incluso de enfrentarse a una entrevista de trabajo, y los estudiantes empiezan a darse cuenta. Los abucheos a la IA que se vieron en algunas graduaciones esta primavera en San Francisco reflejaban una ansiedad real sobre el futuro laboral, pero no cuentan toda la historia: la mayoría del alumnado no rehúye la tecnología, sino que reclama que se le enseñe a usarla bien. Según una investigación de la Kogod School of Business, de la American University, el porcentaje de estudiantes de negocios que utilizan IA con regularidad ha aumentado del 6,2% al 29% en los últimos tres años.

La presión no viene solo de las aulas, sino del mercado laboral: la proporción de entrevistas de trabajo que incluyen preguntas sobre IA se ha disparado del 11,6% al 42,6% en tres años, lo que explica que los estudiantes la vean cada vez más como una competencia profesional imprescindible. Puede que a los jóvenes no les encante el futuro marcado por la IA que les espera, pero saben que deben prepararse para él.

Esa ansiedad no es solo anímica: empieza a verse en las cifras. Según el último análisis del Banco Central Europeo, la tasa de paro juvenil en la zona euro ha subido al 15,1% en el primer trimestre de 2026, mientras el desempleo general baja al 6,3%. El propio BCE pide cautela y evita atribuir el deterioro a la IA de forma directa —lo enmarca, en parte, como un reequilibrio normal tras el boom de contrataciones de 2022-2023—, pero señala una excepción que incomoda: el empleo joven en el sector tecnológico ha caído un 18,6% desde 2023, muy por encima de lo que explicaría la simple desaceleración económica.

Es imperativo que los gobiernos y los centros educativos ajusten la formación para que nadie se quede atrás, en un momento en que la IA avanza a toda velocidad. La Kogod, por ejemplo, ya está enseñando a los estudiantes cómo usar la IA de forma responsable. Su decana interina, Casey Evans, cuenta en Axios que, si al principio, cuando apareció ChatGPT, la prioridad era blindar los exámenes contra el “tramposeo”, ahora han aceptado que es algo que los estudiantes usarán, así que los profesores están reevaluando por completo su papel en la clase y cómo se ve el aula.

La IA se está imponiendo como intermediaria de decisiones que afectan a nuestras vidas, así que no nos queda otra que aprender a convivir críticamente con ella. Volviendo al reclutamiento de personal, la Unión Europea acaba de poner coto a la contratación por algoritmos. La AI Act, que entró en vigor hace una semana, obliga a las empresas —grandes y pequeñas— a garantizar transparencia, trazabilidad y mecanismos para detectar sesgos en la filtración de currículums, evaluación de competencias y priorización de candidatos cuando intervengan sistemas de IA. La norma no prohíbe estas herramientas, ojo, pero sí impone un límite claro: ninguna decisión relevante en un proceso de selección podrá tomarse sin supervisión humana. Los candidatos, además, tendrán derecho a saber si una IA interviene en su proceso y qué papel juega exactamente.

La cuarta pata son las empresas, que los departamentos de personas se pongan las pilas. La digitalización en las áreas de recursos humanos avanza más rápido que la formación de quienes la gestionan: según la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays, el 90% de los profesionales del sector quiere formarse en IA, pero solo el 27% ha recibido formación de su empresa.

De ellos depende, en gran parte, que las decisiones se tomen con sentido humano. Pero conviene no engañarse: la ley obliga a supervisar, no a repartir el poder. Las reglas del juego (qué currículum entra, qué modelo lo evalúa, qué estilo “suena bien” a una máquina) las siguen decidiendo quienes venden la tecnología y quienes la compran para ahorrar costes. Mientras tanto, el candidato que no sabe qué IA usa la empresa, el estudiante que no tiene acceso a formación de calidad o el trabajador cuya empresa no invierte en explicarle cómo funciona el sistema que le evalúa: esos son los que se quedan fuera.

Cuando hablamos de élites solemos pensar en grandes fortunas, consejos de administración o reuniones discretas entre personas poderosas. Andrés Villena (Elche, 1980) invita a mirar más allá. Este profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid sostiene que no funcionan como una conspiración, sino a través de redes estables de confianza e influencia tejidas durante décadas entre grandes empresas, Administración, judicatura, universidades, fundaciones y medios de comunicación que sobreviven a gobiernos, crisis y cambios políticos. En el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO), dibuja cómo se construyen esas relaciones y, en esta conversación, analiza por qué esas estructuras han cambiado mucho menos de lo que parece desde el franquismo, cómo condicionan la política y la economía, y hasta qué punto la meritocracia y el ascensor social son más una excepción que la norma. Villena escribe en la sección de opinión de elDiario.es.

¿Por qué las élites tienen hoy una connotación tan negativa?

Elites viene de “elegidos”, para dirigir el mundo o, por ejemplo, para dirigir un país. En este contexto, en el que tenemos crisis financieras recurrentes, pandemias y un escenario de incremento de las desigualdades absolutamente disfuncional, buscamos culpables.

Hay economistas que defienden que son necesarias para que una sociedad prospere. Argumentan que, en un determinado momento, crean valor. Figuras como Rockefeller, Stanford o Carnegie industrializaron Estados Unidos con el petróleo, el ferrocarril o el acero. O, más recientemente, todo el ecosistema que ha creado Tesla es muy interesante, más allá del personaje de Elon Musk. ¿Cree que las élites crean valor también para la sociedad o que son puramente extractivas?

Habría que hacer esa diferencia entre lo extractivo y lo funcional. Todos necesitamos liderazgo e imágenes que imitar. Cuando surge un presidente negro como Barack Obama está dando un mensaje importante, o cuando surge un tenista en España como Rafael Nadal o un tipo como Miguel Induráin. Son personas extraordinarias que sobresalen, bien por genética, bien por el contexto en el que se han formado. El problema es cuando ese liderazgo se estanca y, por ejemplo, en el caso español, nuestra economía financiera dedica más tiempo a ganar dinero que a producir valor. A partir de ese momento, las élites se convierten en extractivas y en un freno para el progreso. Pero es imposible vivir sin élites. En el propio 15-M se formaron liderazgos. No podemos aspirar a una sociedad sin diferencias, pero tenemos que cuidar la igualdad de oportunidades.

En nuestro país seguimos siendo diferentes y hablamos de unas élites absolutamente irresponsables. Siempre hemos tenido élites, pero ¿hasta qué punto son élites patrióticas? Durante el franquismo, en el año 56, apareció un tipo como Falciani. El caso Falciani ya se dio en el año 56 o 57 con otro suizo que se llamaba Laurent Rivara, un agente de la actual UBS, que vino a España con una carpeta con centenares de familias defraudadoras que ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Y, bueno, los apellidos son los de siempre. Los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera, o bien lo habían sacado durante la guerra y no lo habían metido. Las propias élites económicas no se creían el país y tenían ese carácter claramente extractivo. Es curioso porque años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias. Eso indica que, además, la cosa no cambia demasiado.

En nuestro país las élites son absolutamente irresponsables. Ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Los apellidos son los de siempre: los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera. (...) Años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias

Quizá el problema no es que existan, sino su falta de renovación. Volviendo al caso de Estados Unidos, esos tres apellidos que decía antes son muy importantes, pero ahora, por ejemplo, los apellidos de las élites son otros: Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg... En España, en cambio, son los mismos desde hace décadas. ¿Por qué desde 1939 las instituciones que sostienen el poder económico han cambiado mucho menos de lo que parece? ¿A qué atribuyes este gatopardismo?

En España las familias y los apellidos siguen siendo muy importantes. Puede ser un carácter particular del capitalismo español, a diferencia del norteamericano, que es un capitalismo que nace y progresa sin aristocracia. Por eso los J. P. Morgan se llamaban Morgan I, Morgan II, porque no eran apellidos nobles. La nobleza tira a través de redes educativas, de pactos, de matrimonios, y eso les permite mantenerse. Fíjate, por ejemplo, en el matrimonio del alcalde de Madrid. ¡Qué casualidad! Un abogado del Estado, de una familia que está entrecruzada con la monarquía, se casa con una Urquijo veinte años menor. Nadie puede decir que eso sea un matrimonio planificado, pero socialmente sí está mediado. Este tipo de cruces o de parejas ocurren en todos los puntos de la élite, porque todos se conocen en clubes y en lugares exclusivos. Y eso contribuye a mantener el poder político y el poder económico. A lo mejor en Estados Unidos hay una capilaridad más fuerte y una cultura de la inmigración diferente. Pero, bueno, aquí entra Blackstone, que es un fondo de inversión que compra muchos pisos, y el delegado en España es Claudio Boada, hijo del que fue presidente del Instituto Nacional de Industria con Franco.

¿Qué es lo que cohesiona a las élites en España? ¿No funciona entonces el ascensor social ni la meritocracia?

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces. Luego hay otros elementos de cohesión sobre los que a veces se pasa por encima, como son las fundaciones y las patronales empresariales. Son lugares para coordinar estrategias o para ayudar de forma caritativa, pero también para conocerse. Y cuando te vas al patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción te encuentras a Isidro Fainé, a Florentino Pérez... Ese tipo de articulaciones de la élite no es casual.

Entonces, ¿funciona el ascensor social y la meritocracia en España? Difícilmente. No sé si esto se debe al carácter relativamente atrasado del capitalismo español en relación con otros países, a los cuarenta años de autoritarismo, a la influencia de la Iglesia... Es verdad que en otros países también hay familias que están donde tienen que estar, como en Inglaterra o en Francia; hay dinámicas parecidas. Pero en España parece que se mantienen en mayor medida porque aquí no tuvieron que convertirse a las democracias occidentales en 1945. Al final, allí también esas élites tuvieron que aceptar una cierta redistribución de la riqueza. Eso, sumado, por ejemplo, al comportamiento que tiene ahora mismo el aparato judicial, que responde a unas políticas con las que no está de acuerdo —territoriales o sociales—, sí que nos hace pensar que estas élites tienen una cierta continuidad.

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces

¿Crees que hay lawfare?

No sé si podría contestar como un experto. No me parece igual el caso de Ábalos, por ejemplo, que el caso de Begoña o el de David Sánchez, que es un músico de San Petersburgo. Me parecen casos marcadamente distintos. Pero sí que, si te vas a cuando Aznar dijo aquello de “el que pueda hacer, que haga”, unos días después hubo una nota de prensa, una declaración de los altos funcionarios del Estado, a través de una federación que se llama FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, en la que decían que el Estado de derecho, tal y como se entendía, estaba en peligro. La política, el alto funcionariado, incluyendo no solo jueces, sino también directores de la Policía, altos mandos de la Guardia Civil, abogados del Estado, técnicos comerciales..., se movilizaron en julio de 2023, cuando supieron que Sánchez pactaba con Junts. Y en esa nota de prensa, cuando ves los pronunciamientos de los líderes de las asociaciones funcionariales, ves a una líder de los inspectores de Hacienda que se apellida Piñar; ves a un líder de los interventores de ayuntamientos que se apellida Queipo de Llano.

Entonces, eso de “el que pueda hacer, que haga” es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean.

El que pueda hacer, que haga” [de Aznar] es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean

¿Qué papel juegan los casos de corrupción, tanto de corruptos como de corruptores, que han salpicado históricamente a los dos grandes partidos del poder en España en este mapa que tú dibujas? Desde el caso Filesa, el caso Gürtel, la Kitchen o Ábalos...

El caso Filesa, de la etapa de Felipe González, que ahora parece que defiende absolutamente la limpieza democrática, es un caso curioso porque González llega al poder con siete bancos muy potentes y pacta con ellos. Intercambia personal, de los bancos al Estado y del Estado a los bancos; renuncia a las nacionalizaciones e intercambia consejeros. Era una forma de matrimonio con el poder financiero, el verdadero poder de entonces. Y Filesa no era más que una trama de financiación irregular del partido en la que participaban buena parte de los bancos: el Central Hispano, el Santander, el Bilbao, el Vizcaya..., que ahora forman el oligopolio.

El poder político se organiza siempre pensando en el económico. Buena parte de las tramas que se le están echando encima al Partido Socialista ahora mismo tienen detrás a la SEPI. La SEPI es la palanca financiera estatal en las empresas públicas. Sánchez ha sido mucho más agresivo que Zapatero a la hora de penetrar en las empresas públicas. En Telefónica ha entrado con un 10%; estaba intentando una fusión entre Indra y otra empresa... No es raro que haya una relación entre esos intentos de controlar el aparato público y este tipo de tramas. Aznar metió la mano mucho más rápido en las empresas públicas porque vendió los últimos paquetes y nombró a los presidentes. No hay poder que se organice al margen de la élite corporativa y, mientras puedan, van a intentarlo. La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez. Ahí tenemos territorio, capital y Gobierno. Aunque organizarte no quiere decir que te vayas a corromper. En la etapa de González, durante catorce años, ese tipo de articulaciones les llevó a hacer auténticas barbaridades, que dejan a las actuales como una broma. Filesa fue solo una más. También está el caso Ibercorp. El Banco de España era la élite intelectual de González, que se había puesto a especular con información privilegiada. Es uno de los casos más notorios.

La tentación de pensar que controlas todo el poder puede estar muy relacionada con la comisión de delitos. Lo que sorprende es el caso Ábalos, que parecía una cosa montada casi desde el principio, y sorprende.

La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez

Dices en tu libro: “La narrativa dominante oculta la irracionalidad de las principales operaciones económicas y medidas políticas en España, provocando un expolio de recursos y una especialización productiva perjudicial”. También hablas de déficit democrático. ¿Puedes poner algún ejemplo?

En el momento en que se produce la crisis financiera, en 2008, cuando ya se les pasa a los gobernantes la idea de que el sistema financiero español es el más fuerte del mundo y el más saneado, se empieza a pensar que las cajas de ahorro ya no se sostienen, que hay que darles una serie de avales. Los niveles de deuda pública son excesivos, hay que poner en marcha planes de austeridad, pero, detrás de todo eso, la banca y las cajas, o la banca al final, de manera indirecta, recibieron mucho dinero barato. Buena parte del cual no han devuelto. A eso me refiero con el expolio. Se pueden comprobar casos continuos en los que la narrativa sirve para que no nos rebelemos, para que haya cosas que veamos como naturales, pero, cuando las estudias profundamente, no lo son. La explotación de gas de Castor, por ejemplo, de Florentino Pérez, fue una forma de ganar dinero de manera subvencionada. Se le podía dar una narrativa: convenía la innovación, pero al final son formas de expolio discretas, bien hechas.

En 1977, que era un momento en el que la lucha capital-trabajo se estaba decantando por el factor trabajo, con sindicatos cada vez más fuertes y con niveles que todavía rozaban el pleno empleo, había que llegar a unos pactos de moderación salarial porque, si no, la inflación se nos iba. Siempre hay algún problema racional: la inflación no se puede disparar, no se puede subir a determinados niveles porque, si no, España se convierte en Argentina... Lo que había detrás era un propósito de moderación salarial que pudo salir bien, pero al final es una cesión que obedece a una narrativa de que no queremos entrar en hiperinflación.

En la etapa de la crisis de la deuda pública no queríamos quebrar. En la etapa en la que surge la nueva política con Podemos, en la mayoría de los ayuntamientos, no podemos precipitarnos a otra guerra civil, a romper con los pactos constitucionales... Siempre hay detrás unos intereses que no se pueden trascender, que no se pueden tocar. No sé qué intereses ha tocado el Gobierno actual para que esté la cosa tan mal, que se le acusa hasta de ser un dictador venezolano.

Ahora, por ejemplo, identificas una tendencia creciente hacia la privatización de ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones. ¿Existe una estrategia deliberada y un trabajo activo de estas élites para avanzar en este sentido?

Le quiero dedicar el próximo libro a eso. Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración de ese proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid, en la medida en que tú favoreces la entrada de un público que es diferente... Se están construyendo hospitales exclusivamente privados para ese tipo de personas, pero es que, además, como dice el profesor Arenas, el Estado es un cofre de dinero para estos sectores, que ganan dinero sin riesgo. El caso de Quirón, por ejemplo. Al final te vas al número dos de la Fundación Quirón y te das cuenta de que es Mauricio Casals. No hay una conspiración en ningún caso, pero hay una conformación que los lleva a estar de acuerdo en muchas de las cosas que pasan. Entonces, sí que hay un dinero seguro, a través de la Administración, para las élites privadas y yo creo que en España sí que se han acostumbrado mucho al subsidio, a lo que ellos llaman “la paguita”.

En Estados Unidos, el rescate de los grandes bancos que estaban a punto de quebrar en 2008 se hizo a cuenta de unos préstamos que ya se han devuelto. El capitalismo allí, a lo mejor, funciona y aquí está visto como muy ligado al concepto de subvención. En la Comunidad de Madrid, el capitalismo clientelar de favores juega con un nuevo modelo de vivienda, de educación y de sanidad que marcha con el cambio de preferencias en el electorado.

Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración del proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia, sobre todo, en la Comunidad de Madrid

Has citado a Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia y La Razón, del Grupo Planeta. En todo este entramado que describes, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Actúan como un actor independiente o como una herramienta de agenda para proteger determinados intereses?

En todos los medios de comunicación hay redacciones de periodistas que creen en su profesión y prefieren ser sancionados o despedidos antes que dejar de contar una historia que consideran cierta. Los medios de comunicación no están habitados por zombis que obedecen a la propiedad al cien por cien. Pero es verdad que, si esos medios reciben unos niveles de publicidad institucional elevados y la retirada de esa publicidad institucional puede suponer la desaparición de puestos de trabajo, se ven muy presionados. La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. Cuanto más precario es tu contrato, más dependencia tienes de lo que te pidan, porque más miedo tienes. Prisa tiene una deuda muy grande y esa deuda la tiene que amortizar, por ejemplo. O el caso de Planeta y los acuerdos implícitos que parece tener con el Partido Popular por la universidad que tiene en la Comunidad de Madrid [UNIE Universidad], con los que habrá también una cierta convergencia ideológica, más allá de lo económico.

Desde hace mucho tiempo, los presentadores de los principales medios tienen a Pedro Sánchez casi como un líder autoritario. Ahí puede haber también convencimiento por parte de los creadores de opinión. Y luego está toda esa red de publicidad institucional, que es muy difícil de demostrar, porque no es que la Comunidad de Madrid te meta dinero a ti. Eso sí se puede ver. Otra cosa es cómo la Comunidad de Madrid habla con una gran empresa para que esa empresa te meta dinero a ti. Eso es incomprobable. Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con esa cultura del subsidio y de la ayuda.

La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. (...) Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con la cultura del subsidio y de la ayuda

¿Tu caso forma parte de esto? Tu libro estaba programado para salir con el Grupo Planeta, pero al final no fue así. ¿Se debe a que cruzaste alguna línea roja?

Yo no tuve problemas con la gente que trabajaba conmigo. El problema creo que trascendía a la Editorial Ariel y que debió de ser alguien del Grupo Planeta, efectivamente. Pero, como no quisieron dar ninguna explicación, la imaginación es libre. Es un grupo tan posicionado ahora mismo que este tipo de mensajes, a lo mejor, no les interesaba, pero trabajamos quince meses juntos. Ya podían haber dicho algo.

Me ha llamado la atención tu tesis de que la tecnocracia económica se reproduce de forma idéntica, incluso en los gobiernos de izquierdas. Y trazas una línea sobre Carlos Cuerpo. Dices que emana de Nadia Calviño, que viene de Pedro Solbes, discípulo de Alberto Ullastres, tecnócrata del Opus Dei en el franquismo. ¿De verdad no hay diferencias? ¿Están los ministerios de Economía y de Hacienda blindados en este sentido para que no haya diferencias en la aplicación de políticas distintas?

Sí, hay diferencias. Ullastres, por cierto, era discípulo de un catedrático de Economía que había sido nazi, se había salido del partido, había emigrado a España y le habían dado una cátedra en la facultad. Carlos Cuerpo y Nadia Calviño responden a las demandas de un electorado diferente, a un Gobierno diferente, porque ahí hay unos ministros de Podemos y Sumar que están presionando, unas circunstancias como la pandemia y la inflación, en las que la Unión Europea ha dicho que la pandemia no es la crisis anterior y que hay que hacer política fiscal y monetaria expansiva. Eso, durante buena parte de la crisis financiera, no pasó. Y al Gobierno de Sánchez se le permite porque, además, es como la oveja negra europea que se mete con Trump y compañía. Ha tenido muchos grados de libertad.

Entonces, Cuerpo, y Calviño también, seguramente por presiones electorales, han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, no dejan de ser un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía, un enfoque económico que los lleva a ser austeros, como austeros eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes. Si el tecnócrata es inteligente, se va a saber adaptar. Y tiene que responder a los intereses electorales del Gobierno en el que está. No puede ser tan sumamente rígido. Las cosas cambian, y a ese cambio lo llamamos democracia, que consiste en gobernar para grupos de gente cambiantes. Creo que Cuerpo tiene una cosa buena. Nadia Calviño es hija de un antiguo presidente de Radiotelevisión Española, un hombre con mucha influencia en el PSOE. Pero Cuerpo es nieto de un minero. Eso indica que hay cambios en esa élite burocrática y que empieza a entrar gente normal. Pero no deja de ser gente que está sometida o ligada a un cuerpo burocrático que tiene una lógica interna, que quiere hacer carrera europea. Yo no me imagino a Cuerpo como vicepresidente de Endesa. Me lo imagino con el sueño de ser consejero del Banco Central Europeo. O sea, un tipo con un compromiso con el sector público bastante fuerte. Igual que Calviño.

Cuerpo, y Calviño también han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía que les lleva a ser austeros como lo eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes

El fracaso de movimientos que surgieron hace más de una década, algunos al calor del 15M, como Podemos, o en su momento Ciudadanos, que salieron para alterar el statu quo, ¿es un éxito de las élites?

No sé si se podría llamar fracaso. Si es verdad que el objetivo era asaltar los cielos, desde luego han fracasado. Iglesias acabó siendo vicepresidente de las ayudas sociales de un sistema que quería asaltar. Creo que toda élite o toda estructura de poder tiene que absorber al rival. Hay un libro en México que estudia que el PRI gobernó durante setenta y cinco años seguidos porque iba absorbiendo a los movimientos indígenas, les iba dando una secretaría de Estado. Y Sánchez, cuando pacta con Podemos, el partido ya estaba muy mermado porque le habían caído ochenta mil bombas estatales, mediáticas, etcétera. Pero le dio una serie de ministerios de carácter social, con poco presupuesto. Darle el Ministerio de Consumo a un comunista parece una ironía. En cierto modo, pudieron quedar bastante neutralizados. No obstante, le echaron valor para hacer política por primera vez. Iglesias es un empresario de la comunicación política, que solo dejó de ser empresario durante dos años. Pero el Estado es muy pesado; las reuniones y las jornadas son muy largas... Intentaron hacer algo, pero quedaron absorbidos. Y, claro, cuando te pagan un puesto de trabajo, la profesionalización cambia tu política; al revolucionario lo modera. Y además crea unas situaciones de asesores, de diputados que están a sueldo... El sistema es sabio y te absorbe. No quiero decir que ellos traicionen, pero es un aparato burocrático muy complejo. ¿Cómo hacen para vencerlo? A través de asambleas o, peor, vídeos cortos o tuits. Se lo han echado en cara a Rufián recientemente. Y es verdad que Rufián es muy brillante para algunas cosas, pero habría que verlo dentro de la Administración. Esto es muy complicado.

¿A dónde encasillas a Vox?

Es un regreso del viejo Estado. Cuando tú ves el apellido de Espinosa de los Monteros, estos iban a las monterías con el rey para protegerle, para que no le pasara nada. Son familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía, del viejo Estado. El tío bisabuelo de Espinosa de los Monteros era el asesor de Franco en el encuentro con la Alemania nazi en Hendaya, aunque luego lo defenestraron porque se enfrentó a Serrano Suñer. Yo creo que, ante la amenaza territorial, que les preocupa mucho, ha surgido una nueva fuerza que, de alguna manera, se ha hecho con el espacio que ocupaba temporalmente Ciudadanos. Y que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”, sin saber muy bien cuál era ese pasado, en realidad. Pero, paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema. No deja de ser el conservadurismo católico de toda la vida, donde hay altos funcionarios, jueces, abogados del Estado...

También están viviendo un proceso de purga, como en Podemos. El desgaste ha hecho que Abascal se vaya cargando distintas facciones del movimiento, como la de Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Un grupo de leales está viviendo ese desgaste de otra manera, pero lo están viviendo también.

Vox es un regreso del viejo Estado, familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía (...) que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”. Paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema

A pesar de todo lo que relatas en el libro, concluyes con una nota de optimismo, recordando que la Transición no fue solo cosa de despachos, sino también de la presión vecinal, feminista y sindical. ¿Tienes alguna receta o sugerencia para cambiar ahora estas estructuras reales de poder que has dibujado?

Si llegamos a tener en el pasado un ministro como Ernest Lluch, que universalizó la sanidad, eso quiere decir que había una serie de fuerzas y de personajes que se atrevieron, en etapas como los setenta, pero también en los cuarenta y los cincuenta, cuando salir a protestar podía suponer tu muerte o torturas recurrentes, una ficha policial que te arruinara la carrera... Esa organización y esa energía las seguimos teniendo. Que el 15M no lograra una subversión total del sistema no quiere decir que no se pueda. Pero yo creo que, si prestamos atención no solo a quien domina, sino también a las personas que jugaron su papel en la Transición y en etapas previas, que eran incluso más difíciles para cambiar las cosas, encontraríamos grandes inspiraciones. Un ejemplo es el movimiento feminista, o las políticas públicas del PSOE en los noventa para concienciar a la gente. Recuerdo un anuncio en el que había un hombre que ayudaba a una mujer con las bolsas. Eso ahora mismo es casi una coña: el movimiento feminista ha llegado a tal punto que ha provocado una reacción violenta del sistema, pero es porque, cuando la gente se organiza y toma conciencia, lo personal pasa a ser político.

De hecho, buena parte de esta reacción autoritaria responde al miedo que tienen al cambio. Y, si hay algo que tienen las élites, es miedo a perder lo que tienen. Yo creo que esa esperanza está ahí. Lo que pasa es que quizá estamos en una etapa en la que es difícil verla, porque casi todas las noticias son muy negativas.

Los cacareados informes de los exprimer ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi identifican un conjunto específico de sectores estratégicos y palancas industriales en los que la Unión Europea debe unificar políticas de forma urgente para garantizar su soberanía económica y tecnológica para competir con Estados Unidos y China. Uno de los problemas del Viejo Continente es que no tiene grandes campeones en el ámbito tecnológico, frente a les big tech estadounidense y a las feroces startups chinas de inteligencia artificial (IA).

En este contexto, la empresa tecnológica Openchip ha dado a conocer este jueves que ha culminado el desarrollo de BER10, un chip soberano europeo, gestado en España en un plazo de dos años y medio.

En un comunicado, recogido por varias agencias, Openchip lo ha descrito como “un chip soberano diseñado para proporcionar a los sectores más críticos de Europa el control sobre la tecnología sobre la que se ejecutan sus datos más sensibles”.

La empresa ha precisado que se trata de un chip basado en arquitectura abierta RISC-V, el primer prototipo avanzado de esta empresa. Se trata de una pieza física de silicio y ya está preparado para que empresas y centros de computación puedan probarlo y usarlo en sus proyectos.

Fabricado con tecnología Gate-All-Around (GAA) de menos de 2 nanómetros, BER10 es un procesador de 64 bits capaz de ejecutar el sistema operativo Linux.

Un procesador basado en estándares abiertos

Openchip ha subrayado que la arquitectura RISC-V es un estándar abierto que no pertenece a ninguna empresa ni a ningún país y que permite a Europa diseñar y desarrollar sus propios procesadores sin depender de licencias de terceros.

La empresa sostiene que esta capacidad resulta especialmente relevante para garantizar que los datos sensibles de ciudadanos, empresas e instituciones puedan procesarse sobre una infraestructura tecnológica desarrollada y verificable en Europa.

El nuevo chip incorpora cuatro núcleos de alto rendimiento capaces de ejecutar instrucciones fuera de orden y en paralelo, además de una unidad de procesamiento vectorial diseñada para acelerar cálculos propios de aplicaciones de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes y computación científica.

El procesador también integra memoria rápida multicanal y conexiones de alta velocidad PCIe y AXI, habituales en servidores y centros de datos.

Primer paso hacia nuevos aceleradores

El consejero delegado de Openchip, Cesc Guim, ha asegurado que el objetivo de la compañía no era únicamente desarrollar un chip, sino demostrar que Europa puede diseñar silicio de primer nivel “basado en estándares abiertos y en sus propios términos”.

Según ha explicado, BER10 constituye la base sobre la que la empresa desarrollará su próxima generación de aceleradores RISC-V destinados a supercomputación e inteligencia artificial para centros de datos.

Openchip, fundada por el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y GTD Software Engineering, ha recibido inyecciones de capital en los últimos meses tanto del Estado como de la Generalitat para desarrollar sus proyectos.

Tecnología española en la carrera de la IA

Openchip, junto a la startup vasca Multiverse Computing, han recibido más de 400 millones de euros públicos y atraen la atención de inversores internacionales por su potencial para hacer más sostenibles los centros de datos. ACS está en conversaciones para convertirse en su accionista mayoritario, en el marco del concurso de la gigafactoría europea. Es uno uno de los socios mayoritarios del proyecto de la candidatura española junto a Telefónica y Banco Santander.

La arquitectura abierta para diseñar chips de Openchip que podría reducir la dependencia europea de Intel o Nvidia. Nació en 2021 como una iniciativa impulsada por el BSC junto a la ingeniería GTD para trasladar ese conocimiento al mercado.

Hoy es una de las apuestas más ambiciosas para desarrollar una industria europea de semiconductores avanzados orientados a la inteligencia artificial y la supercomputación. Ha recibido unos 261 millones de euros de apoyo público: unos 111 millones del PERTE chip (financiado con fondos europeos); 35 millones de la Generalitat de Catalunya, que posee un 5% de su capital; y otros 115 millones de la SETT, conocida como la SEPI digital, que cuenta con aproximadamente un 16%.

“Con una plantilla de 300 empleados, las unidades de procesamiento de chips que desarrolla, basadas en código abierto (RISC-V), tienen una eficiencia energética superior a otras soluciones. Por tanto, permite reducir el consumo de energía de los centros de datos que las usen”, explicó el Ministerio para la Transformación Digital en junio, cuando se confirmó esta última inversión.

El Gobierno ha decidido, finalmente, suspender la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que iba a tratarse el sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda ha atendido la demanda de las comunidades autónomas del PP y ha decidido posponerlo al 4 de septiembre.

El Ejecutivo “nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo”, han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda, que señala que “lleva meses ofreciendo vías de diálogo”. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación.

“Por ello --destacan las mismas fuentes-- ”resulta sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes“.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP “antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova”.

Le bastaba al Ejecutivo sólo con el voto de Catalunya, al que este lunes se sumó Canarias: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más.

El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, anunció este lunes que respaldaría en el Consejo el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades” y que le reportarán 1.300 millones más al año a sus servicios esenciales.

Para el presidente catalán, Salador Illa, el gesto de Canarias “es la prueba” de que es un buen modelo.

La reforma propuesta por el Gobierno permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

La propuesta, que Hacienda mandó en julio a las comunidades, no solo disgusta al PP. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que su Ejecutivo no va a tolerar la propuesta lanzada por los independentistas con “agosticidad”, pues, a su juicio, “rompe con el principio de igualdad”.

“Hay que tener descaro para intentar, cuando todo el mundo está haciendo las maletas, los que puedan, porque realmente los que están con los incendios no pueden, aprobar casi una infame propuesta de financiación que rompe por completo y de raíz el principio de igualdad”, ha denunciado el titular del Ejecutivo castellanomanchego, según Europa Press.

El objetivo del Gobierno con el CPFF de este miércoles era llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.

La gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.

El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio.

Por su parte, ERC ha mostrado su desconfirmidad por la suspensión de la reunión porque, según ha dicho el líder de los republicanos, Oriol Junqueras supone aplazar “a petición del PP” “recursos para toda la ciudadanía” en materia de saniad, educación o servicions públicos. “Catalunya no puede continuar atrapada en un sistema del 2009”, ha manifestado.

Por ello, desde ERC han exigido al Gobierno que convoque el próximo encuentro “lo antes posible” y que “acelere” toda la tramitación del nuevo modelo de financiación para que se apruebe antes de que acabe el año.

Hola.

Deseo que estés bien.

Escucho cada vez con más frecuencia que parte del malestar de los jóvenes —y de la ansiedad que en algunos casos deriva en problemas de salud mental— tiene que ver también con el peso del impacto social y ambiental de su simple paso por el mundo. Por ejemplo, cuanta más información circula sobre las consecuencias de lo que compramos, más parece recaer sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de arreglar, a base de decisiones en el supermercado, un sistema que no hemos construido solos. El problema es que esa exigencia no es fácil de cumplir, ni siquiera para quien más se esfuerza.

Los datos confirman esa brecha entre preocupación y capacidad real de actuar. Según un informe de Bain & Company, ocho de cada diez ciudadanos dicen preocuparse por el medioambiente, pero los precios caros, la información confusa y la escasa disponibilidad de alternativas actúan como barreras que bloquean ese deseo. La periodista Ana M. Longo lo resumía así hace poco: pedir a cada consumidor que rastree el origen de cada producto (de dónde viene el pescado, en qué condiciones se cosió la ropa) pasa por alto que buena parte de esas cadenas son opacas por diseño, no por falta de voluntad de quien compra. El consumo ético, escribía, es un privilegio que depende de tener tiempo, recursos y nivel educativo.

Y aunque se tenga ese tiempo y esos recursos, tampoco está garantizado acertar. La evidencia reciente sobre comportamiento climático, recogida por la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, muestra que la gente sobreestima gestos de bajo impacto (reciclar, cambiar una bombilla) y subestima los que de verdad tienen un impacto significativo: volar menos, comer menos carne, pasarse a electricidad renovable. A eso se suma un dato incómodo para el discurso de la responsabilidad individual homogénea: el 10% de la población que más consume concentra una parte desproporcionada del daño ambiental, lo que deja claro que no todos partimos del mismo punto de exigencia moral.

Por eso el debate ha ido cambiando de sitio. No solo valen las llamadas morales al cambio de hábitos. Ya no se trata de si el individuo debe actuar o no, sino de cómo se reparte la responsabilidad entre consumidores, empresas y Estado.

En el momento actual, donde se dibuja una nueva arquitectura planetaria, los periodos de asueto quizás sean buenos para reflexionar y recordarnos que la realidad también se transforma desde dentro. Alberto Garzón lo planteaba en una entrevista reciente con este medio al hablar de un sistema que oprime el tiempo y la capacidad de las personas para pensar más allá del día a día; la salida no pasa por cargar aún más ese tiempo con exigencias imposibles, sino por tomar conciencia de dónde está atrapado uno y de qué depende realmente el cambio.

Ahí encaja la idea que deslizaba Xavi Pont en otra entrevista con elDiario.es hace unos meses: lo primero que tenemos que hacer —decía— es relajarnos, porque todos somos imperfectos y no tiene sentido obsesionarse con ser super sostenible cuando la vida ya es compleja de por sí. Pont hablaba de preguntarse dónde genera cada uno más impacto según su talento y su trabajo, y entender que ahí (no solo en el súper de turno) está la palanca principal. Comprar ecológico o cambiar el coche por uno eléctrico ayuda, pero es secundario frente a lo que uno hace en su día a día profesional. Puede que ese sea el punto de partida más honesto: menos culpa individual y más presión colectiva sobre quienes de verdad tienen la capacidad de cambiar las reglas del juego.

Seguro que gran parte de eso anda detrás de que muchos jóvenes no quieran ser jefes y que sus prioridades frente al mundo laboral estén cambiando respecto a generaciones anteriores, desplazando el foco desde el salario y el ascenso jerárquico hacia el equilibrio vida–trabajo, el bienestar mental, el propósito y el aprendizaje continuo. No estamos tan mal.

El dato

10%

Es el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que toma medicamentos para adelgazar que contienen GLP-1, la hormona natural que produce el intestino después de comer. Su función principal es regular el metabolismo, controlar los niveles de azúcar en la sangre y enviar señales de saciedad al cerebro. La elevada inflación y el auge de estos medicamentos están revolucionando el sector alimentario: como estos fármacos pueden atenuar el sentido del gusto en algunos usuarios, los chefs están recurriendo a platos más picantes y sabrosos. Las farmacéuticas que producen tales medicamentos quieren sacar la mayor tajada y están intensificando su particular guerra. La danesa Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, ha presentado una demanda contra la estadounidense Eli Lilly este martes en Nueva Jersey, al alegar que utiliza publicidad engañosa para inducir a error a los consumidores. La acusa de emplear estudios desactualizados para promocionar en Estados Unidos sus medicamentos Mounjaro y Zepbound, que afirman que ayuda a los consumidores a perder, en promedio, una cantidad de peso significativamente mayor que los suyos.

El gráfico

La inversión que lleva a cabo el Estado en las comunidades es uno de los puntos más calientes del debate autonómico en España, junto con el de la financiación autonómica y, como colofón, el de las balanzas fiscales. Los tres son primos hermanos y están muy relacionados. Estos días el Gobierno ha entregado a las Cortes Generales el detalle de las inversiones estatales por comunidades autónomas. La cifra superó los 15.300 millones de euros en 2025 (2.000 millones más que el año anterior), pero, una vez más, arroja grandes diferencias una vez se reparte por población. Así, una persona de Murcia o de Galicia recibió casi seis veces más en inversiones que un habitante de las Islas Canarias, por ejemplo.

Pero si nos fijamos en los dos grandes ejes económicos del país, Madrid y Catalunya, vemos como la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso percibió cerca del 21% de la inversión total, por encima de su peso en la economía nacional (19,8%) y mucho más de lo que correspondería en función de su población (14,5%). Todo esto sin tener en cuenta que gran parte de las inversiones en servicios centrales tienen su sede en la capital. Catalunya, con el 19% del PIB, apenas recibe un 8,6% de la inversión total, la mitad de lo que le correspondería en función de su población (16,5% del total).

A nadie se le escapa el momento especialmente delicado para la política territorial y el debate financiero: pendientes de la votación sobre la condonación de parte de la deuda de las comunidades y del nuevo modelo de financiación autonómica.

La inversión territorializada y sus diferencias constituyen, desde hace años, uno de los principales argumentos del independentismo catalán, que denuncia una infra ejecución crónica del Estado en Catalunya.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Marius Vărzaru, consejero delegado de Digi en España. Hace una semana hizo sonar la campana de la Bolsa de Madrid para sacar a cotizar la filial española de Digi, cerrando una operación que llevaba dos intentos fallidos por la inestabilidad geopolítica. Rumano de nacimiento y español de adopción, Marius Vărzaru (Bucarest, 1979) lleva casi dos décadas al frente de Digi España, la operadora que aterrizó en 2008 vendiendo tarjetas SIM en locutorios a la diáspora rumana y que hoy es el cuarto operador del país, con 11,4 millones de clientes. Formado en la prestigiosa Academia de Estudios Económicos de Bucarest y curtido en KPMG, Vărzaru, que cultiva una imagen de discreción, aprendió español nada más aterrizar en España y se vende como un gestor cercano que escucha a su plantilla.

La primera semana en el parqué ha ido a trompicones: la acción cayó un 8% el primer día, muy lejos de los 2.000 millones de valoración que se manejaban meses antes, y tuvo que conformarse con 1.662 millones. Este miércoles cerró en 5,5 euros (un 2,6% menos que los 5,65 euros del precio de salida)- Mientras tanto, el propio Vărzaru se ha reservado un bonus de hasta 400.000 acciones (valorados en 2,24 millones de euros al inicio) dentro de un reparto de 5 millones entre la cúpula directiva, aprobado por “sus extraordinarias contribuciones”. Digi, que no prevé repartir dividendos hasta al menos 2030 porque quiere reinvertirlo todo en desplegar fibra y red móvil propia, pide ahora paciencia a los pequeños inversores mientras sus directivos ya cobran. El reto de Vărzaru será demostrar que ese modelo de crecimiento acelerado y bajo coste aguanta la presión de los mercados sin renunciar a lo que hizo grande a la compañía: precios bajos y fijos, frente a gigantes con mucho más músculo financiero.

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Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí termino. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos en septiembre.

¡Feliz verano!

Hola.

¿Cómo llevas el calor? Llevo unos días en Barcelona y la humedad es insoportable.

Hay un género literario que, como todas las consultoras y bancos de inversión, Goldman Sachs domina como nadie: el informe optimista que, si lo lees con atención, es en realidad una lista de advertencias edulcoradas. Su último documento, Harnessing AI for the Real Economy, calcula que solo los cinco grandes “hiperescaladores” (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle) invertirán 5,8 billones de dólares en infraestructura de IA hasta 2030. Solo en lo que va de año, han recaudado casi 200.000 millones de dólares a través de ventas de bonos corporativos.

Si se suma también la energía y los centros de datos de todo el sector, la cifra total del despliegue entre 2026 y 2031 supera los 7 billones de dólares: más de lo que se invirtió en construir la infraestructura de internet durante toda la burbuja puntocom. Para ponerlo en perspectiva: es más que el PIB conjunto de Alemania, Reino Unido y Francia. El propio banco reconoce que para financiar semejante cifra hará falta recurrir a, ¡tachán!, “estructuras de capital que aún no se han inventado”.

Algunas de esas fórmulas ya han empezado a aparecer, y dan una idea de hasta qué punto se está llegando. Una es usar como aval, para pedir crédito, contratos de alquiler de centros de datos que ni siquiera existen todavía: la matriz de una empresa como Google garantiza que pagará el alquiler de un centro de datos en construcción, y esa promesa —no el edificio, que aún no está en pie— es lo que respalda miles de millones en bonos. Otro caso: utilizar como garantía las propias GPUs de Nvidia, los chips que mueven la inteligencia artificial, pese a que se quedan obsoletos en un par de años; es un poco como pedir una hipoteca a treinta años poniendo como aval un ordenador portátil.

Según Bloomberg, la deuda ligada a la IA se ha colado, en apenas un año, en el corazón del mercado de bonos considerados 'seguros' en Estados Unidos (investment grade): ha pasado de representar poco más de un 6% de ese mercado a rozar el 20%. Es decir, casi uno de cada cinco dólares de deuda 'de máxima confianza' en EEUU depende ya, directa o indirectamente, de que la fiebre de la IA no se enfríe. La pregunta es: ¿se está prestando suficiente atención a los términos de los préstamos o existe una falta de escrutinio sobre los detalles de cada proyecto?

He contado en esta newsletter que la burbuja de la IA lleva año y medio siendo, de momento, una profecía autoincumplida: todo el mundo la señala, pero sigue sin estallar. Pero eso no significa que todos los cimientos sean sólidos. Conviene no confundir “todavía no ha pasado nada” con “no hay ningún riesgo”. De hecho, varios fondos de inversión destacados en China están comenzando a reducir sus posiciones en acciones vinculadas a la inteligencia artificial. La advertencia general que lanzan es que el repunte reciente ha sido “demasiado rápido y excesivo”, lo que podría volverlo insostenible a corto plazo.

Así que cuando el banco que vive de vender deuda admite que necesita inventar instrumentos financieros para que la fiesta siga, es mejor prestar atención. ¿Es la misma miopía que precedió a la crisis de las hipotecas subprime de 2008?

[P.D. Goldman Sachs fue uno de los bancos que entre 2005 y 2007, diseñó, empaquetó y vendió productos financieros en masa respaldados por hipotecas de alto riesgo y, al percatarse de la debilidad del mercado inmobiliario, apostó agresivamente en contra de ellos para obtener ganancias récord mientras el mercado colapsaba]

El dato

3.600

Son los euros que cobran, al mes, varios jóvenes suecos por su primer trabajo remunerado durante las vacaciones. Es el caso de Elton Björkholm (17 años). Trabaja en medio de la naturaleza, construyendo casas para pájaros, necesarias para la cría de los polluelos por la tala masiva de árboles por la industria maderera. Su salario es de 40.000 coronas suecas, unos 3.600 euros (el salario medio para los jóvenes menores de 24 años en ese país).

Elton forma parte del proyecto Jóvenes Guardianes del Planeta (YPS, por sus siglas en inglés), una iniciativa pionera en Europa en trabajo juvenil de verano. La organización ambiental Upplandsbygd, financiada por cinco municipios y por la UE, hace de nexo entre aquellos jóvenes con necesidad de empleo e instituciones locales sin muchos recursos para, por ejemplo, fomentar la reproducción de las aves. Suecia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la UE. Casi el 25% de los suecos de entre 16 y 24 años no tiene empleo. Combatir el desempleo juvenil con proyectos para ayudar a revertir la crisis ecológica.

El gráfico

Cada noche, medio millón de personas se alojan en un piso turístico en España reservado a través de las principales plataformas de economía colaborativa. Una cifra que continúa subiendo y que no parece tener techo a pesar del descontento social, la saturación y los nuevos controles a la actividad. En 2025, el país vivió un nuevo récord de reservas en viviendas vacacionales a través de Booking, Airbnb y Expedia. Las reservas se han multiplicado por dos --de las 94 millones hasta las 189 millones de pernoctaciones– desde 2018. Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana y Catalunya aparecen entre las 10 regiones europeas con más reservas en viviendas vacacionales. Si quieres ver el mapa de toda Europa, pincha en esta completísima información elaborada, a partir de datos, analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, una red de periodistas de la que forma parte este medio.

No todo nos parece mal

Hoy un poco de autobombo. En 2025, elDiario.es ingresó 17.348.226 euros (+un 11,8% más que en 2024) y gastó 15.864.233 euros (frente a los 14 del año pasado). El superávit fue de 1.483.993 euros, una cifra muy similar a la del año anterior (1.531.477 euros en 2024). Un año más, seguimos sin deudas. Ni un solo crédito. Es una de las claves de nuestra independencia. Nuestro principal gasto son los sueldos de los periodistas y demás trabajadores de elDiario.es. Pero lo que más aumenta es la aportación de nuestros 121.000 socios y socias: un 21,5%. En el boletín de esta semana del director, Ignacio Escolar detalla todas las cuentas y la evolución del periódico.

Nos gusta la competencia

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Aquí lo dejo por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias.

¡Un abrazo!

Hola.

¿Cómo llevas la semana?

Quería escribir hoy sobre Alemania. Sobre cómo la monumental crisis que azota a Volkswagen –cuyo consejo de administración debate hoy el despido de 100.000 trabajadores en todo el mundo y el cierre de cuatro fábricas— es sintomática de los problemas estructurales que sufre la otrora locomotora europea y la UE en general. Pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, me ha hecho cambiar de opinión.

Es una ventaja que la derecha diga en voz alta lo que quiere hacer. Varios ministros lo han resumido este miércoles: Feijóo dice lo que piensa, y lo que piensa es en recortes sociales, en sacar la motosierra.

El detonante ha sido el absentismo laboral. Ya te habrás enterado, pero, por si acaso, te lo resume: ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados, un truco de estadística de primero de carrera. Laura Olias explica en este artículo cómo funcionan las bajas laborales y por qué no existen las faltas “sin justificación” como dice Feijóo. Y también contamos los datos del aumento de bajas que desmienten el “fraude” masivo del “absentismo”.

No es la primera vez que el PP hace suya, casi al pie de la letra, una reivindicación empresarial: es el sello de la política económica del político gallego desde que llegó a Génova. El propio despido por absentismo que ahora vuelve a sobrevolar ya existió con Rajoy en 2012, igual que el recorte del sueldo a los funcionarios de baja. La motosierra, en el PP, tiene precedentes.

Y no se detiene ahí. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. En pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC; aún recordamos los recortes de 2013 bajo el gobierno de Rajoy. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio.

Nada de esto es gradualismo inocente, como recuerda Alberto Garzón. Es método: primero se asfixia la sanidad pública, después se dice que sobran bajas médicas. Que Feijóo lo diga tan claro, en realidad, nos hace un favor. Si algún día llega a la Moncloa, que nadie diga que no lo vio venir.

El dato

12

Reactores nucleares son el equivalente a los activos de energías renovables que han vendido las grandes energéticas españolas en los últimos cinco años en todo el mundo. Hablamos de una potencia de más de 12 gigavatios (GW) en fotovoltaica, eólica e hidráulica. Estas operaciones, calculadas por el compañero Antonio M. Vélez a partir de datos de las propias compañías, ya superan los 15.000 millones de euros. Lejos de reflejar un repliegue de la transición energética, estas desinversiones responden a una estrategia financiera: reducir deuda, liberar capital y compartir riesgos en un momento en que la caída de los precios de la electricidad está lastrando la rentabilidad de muchas plantas. El sector reorienta además sus inversiones hacia las redes eléctricas y el almacenamiento, considerados los grandes cuellos de botella para la electrificación de la economía. Reflexión: la transición energética requiere no solo instalar más potencia limpia, sino adaptar el conjunto del sistema eléctrico para que esa inversión siga siendo viable.

El gráfico

Esta trabajadísima información de los compañeros del departamento de Datos Ainhoa Díez y Raúl Sánchez explica muy bien la gran transferencia que se produce en España entre los que pagan el alquiler y los que lo reciben. En 2025, casi 28.000 millones de euros pasaron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB. ¿Desde dónde se mueve el dinero y hacia dónde va? La mayor parte del dinero viene de los inquilinos más jóvenes: más de la mitad procede de menores de 45 años. Pero no es tanto una brecha generacional, sino de clase. Aunque todos los grupos de renta aportan una cifra similar --principalmente, porque los más ricos tienen alquileres más caros--, la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos. El 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el CSIC presentado esta semana sostiene también que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros.

No todo nos parece mal

A veces conviene la mirada de alguien de fuera para ver con mayor claridad lo que ocurre dentro. La insoportable toxicidad que destila el clima político en España parece no afectar a la economía. El mayor inversor del planeta coloca a España como su gran apuesta mundial. BlackRock, destaca del país que presenta una fotografía muy sólida desde el punto de vista macroeconómico. “Es el gran protagonista de Europa en lo que a crecimiento económico se refiere; su superávit por cuenta corriente en torno al 2%; una inflación controlada; y donde el mercado laboral está mejor”. BlackRock tiene alrededor de 104.000 millones de euros en invertidos en España. La mayor parte de esa cantidad, el 50%, está en Bolsa española. Es el mayor inversor privado del Ibex 35 y es el mayor accionista de muchas de las grandes compañías que lo componen.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Rafael Ruiz, presidente de Ebro Motors Group. Hace cinco años era un consultor técnico al frente de Btech, una firma poco conocida fuera del sector del automóvil. Hoy es el primer accionista de Ebro, tras liderar la operación que devolvió la actividad a la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. El proyecto, que parecía casi quijotesco cuando arrancó, ha ido ganando tracción: la planta ya emplea a unos 2.000 trabajadores de forma directa (y hasta 4.000 si se cuenta el empleo indirecto) y produce alrededor de 250 vehículos diarios, con capacidad instalada para superar las 100.000 unidades anuales.

Ruiz reivindica además haber sido pionero en un modelo que otros fabricantes europeos empiezan ahora a imitar: aliarse con un socio chino, en su caso Chery, para reindustrializar plantas que el capital occidental había dado por perdidas. Prevé fabricar su primer modelo 100% eléctrico entre finales de este año y 2027.

El olfato inversor de Ruiz no se queda en Ebro. A través de su sociedad Focus On Next Frontier, acaba de meter cuatro millones de euros a título personal en Wallbox, el fabricante catalán de cargadores para vehículos eléctricos que atraviesa un delicado proceso de refinanciación de su deuda. La apuesta de Ruiz por la electrificación del automóvil no tiene fisuras.

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Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Eso es todo por esta semana. Espero que este boletín te haya sido útil.

¡Hasta la próxima!

Carlos Cuerpo se muestra orgulloso de las cifras macroeconómicas: “Estamos consiguiendo darle la vuelta a España”. El vicepresidente y ministro de Economía defiende que los buenos datos en el empleo o el PIB, muy por encima de la media europea, suponen “una mejora en el día a día de los ciudadanos”. En esta entrevista con elDiario.es, Cuerpo también reclama la colaboración de partidos y administraciones para atajar el problema de la vivienda: “Las competencias son compartidas”. En ese frente, apunta a impulsar la construcción de alquiler asequible con el Fondo España Crece, cambiar la fiscalidad de los pisos turísticos y crear cuentas de inversión que ofrezcan a los ahorradores alternativas a la inversión en vivienda.

¿Confía en que este año se logren aprobar los Presupuestos?

Ese es nuestro escenario central. Estamos ya dando los pasos, con la presentación del cuadro macroeconómico que sirve de base para el informe de situación económica. Y ya anunció el ministro de Hacienda que este lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto. El propósito es cumplir con el calendario ordinario para presentar los Presupuestos a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.

Llevamos tres años sin ellos por falta de un acuerdo político con los socios de Gobierno en el Parlamento. ¿Por qué este año sí que pueden salir?

Se trata de plasmar un escenario de políticas económicas que se traducen en líneas presupuestarias y, por lo tanto, es un aterrizaje del proyecto de la mayoría parlamentaria para seguir avanzando. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta legislatura es la gestión económica, el crecimiento y un crecimiento que además está suponiendo una mejora en el día a día de los ciudadanos.

Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de las prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda

¿Qué han supuesto estos tres años con las cuentas públicas prorrogadas? ¿Qué consecuencias ha tenido y qué ha perdido la sociedad española por tener que estar prorrogando un año tras año las cuentas públicas?

Consecuencias en términos prácticos no ha tenido ninguna. Hemos sido capaces de llevar adelante todos los grandes objetivos en materia de inversiones y de reformas que teníamos, incluyendo también los asociados al plan de recuperación. Y esto se traduce, lo vemos perfectamente en las cifras de crecimiento, en la creación de empleo, en atracción de inversión... Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de estas prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda.

El Gobierno acaba de mejorar sus previsiones económicas en el nuevo cuadro macroeconómico. Confían en que el PIB seguirá creciendo un 2,6% este año y que hasta 2029 estará por encima más o menos del 2%. ¿Por qué creen que vamos a crecer tanto? ¿Qué es lo que va a tirar de la economía española?

Llevamos creciendo estos últimos años no solo por encima de nuestra media histórica, sino por encima de las principales economías, europeas y mundiales. España es líder en crecimiento, pese a los shocks que hemos sufrido y pese a este contexto de incertidumbre internacional. Normalmente, ante este tipo de circunstancias la economía española solía resentirse más que sus principales socios. Y este no está siendo el caso, estamos consiguiendo darle la vuelta a España. Yo creo que nos hemos acostumbrado, aunque sea difícil decirlo, a que nuestra economía sigue dando sorpresas positivas de manera continua. Lo hemos visto en estos últimos años y en este primer semestre ya cerrado, donde se mantiene el pulso de actividad. Miramos las ventas de grandes empresas, las afiliaciones, los indicadores más coyunturales y nos dicen que la actividad sigue tirando.

Además, hemos visto que han funcionado bien las medidas que pusimos en marcha el 20 de marzo tras el inicio de la guerra de Irán. Han conseguido contener de media en un punto la inflación.

En cuanto a los factores que la van a impulsar, es la demanda interna, esencialmente el consumo privado y la inversión, sobre la base de un mercado de trabajo que está muy fuerte, con un efecto positivo del proceso de regularización.

La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. (...) Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución

¿Qué impacto va a tener en la economía la regularización de más de un millón de inmigrantes? ¿Supone un problema para los servicios públicos, como critica la derecha?

Conviene insistir en que el impacto de la inmigración en nuestra economía es positivo: el dinamismo de nuestro mercado laboral atrae población extranjera por el éxito de nuestra economía y la demanda de nuestras empresas, algo que reconocen la mayoría de las instituciones. El Banco de España señala que la inmigración aportó, en términos per cápita, teniendo en cuenta el aumento de la población, hasta una cuarta parte del aumento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

La regularización es un proceso necesario de reconocimiento de derechos y obligaciones que responde a las necesidades de nuestra economía. Lejos de suponer un problema para los servicios públicos, tendrá una aportación presupuestaria positiva, ya visible en el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. Los inmigrantes regularizados ya estaban aquí, en muchos casos trabajando en empleos de cualificación inferior a su formación o experiencia porque son los que pueden ocupar a trabajadores irregulares. Permitirles acceder a empleos más acordes con sus habilidades supondrá una ganancia neta para nuestra economía.

Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución.

Por último, se desplegará un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, con más de 500 millones de euros de dotación inicial, que actuará sobre empleo, educación, vivienda, sanidad y convivencia para mejorar barrios, escuelas y servicios públicos allí donde hoy se concentran más tensiones.

Los indicadores macroeconómicos son envidiables, sin duda, pero al mismo tiempo muchas familias pasan apuros. El poder adquisitivo de los sueldos no mejora e incluso retrocede, especialmente para los que viven de alquiler. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para que este crecimiento no llegue a todos?

El crecimiento y las buenas cifras macroeconómicas son una condición necesaria para que pueda acabar llegando al día a día de las familias. Y, cuando miramos cómo este crecimiento se está traduciendo en una mejora, hay distintos elementos que tenemos que considerar. Primero, el mercado de trabajo, que es el primer indicador de evolución y de reducción de desigualdad de nuestro país. Vemos que cada vez hay más gente empleada: el número de familias o de hogares con todos los adultos empleados está en máximos históricos. Vemos también las mejoras que ha habido relacionadas sobre todo con la subida del salario mínimo en aquellos segmentos de menores rentas. Además, se han producido mejoras salariales en su conjunto, entre otras cosas a través de la creación de empleo en sectores de mayor valor añadido. De los empleos que se han generado en los últimos dos años y medio, la mitad han ido a las cinco ramas de mayores salarios.

Hay un cambio, una modernización de nuestra economía que está llevando a que tengamos empresas más productivas que atraen a trabajadores más cualificados porque pueden permitirse mayores salarios. Evidentemente, hemos pasado en los últimos años el mayor shock de precios de los últimos 50, con una inflación que llegó en 2022 a estar por encima de los dos dígitos. Y esto afecta, sin lugar a dudas, a los ciudadanos. Y a ello se le suma otro elemento esencial en su carga mensual, como es la subida del alquiler. Pero en este escenario, hemos apoyado a las familias en todo este proceso inflacionario, como las medidas para reducir el impacto del shock energético por Irán. Si miramos los combustibles, el INE nos señala que, en ausencia de medidas, los precios tenían que haber subido un 28% en gasolinera y subieron apenas un 12 o 13%. Cuando miramos, el salario real ha evolucionado positivamente. El crecimiento estaba en torno a un 3,6% entre 2018 y 2025 y, cuando le quitamos el impacto del IRPF, había subido un 2,3%, más del doble de lo que lo hizo en el periodo 2014-2018. Somos conscientes de las dificultades, pero este esfuerzo por que el crecimiento llegue al día a día está en el frontispicio de la política económica. Y eso lo podemos ver cuando miramos el número de hogares que pasan dificultades para llegar a final de mes: el porcentaje se ha reducido del 26 al 20%, que sigue siendo elevado. Seguimos teniendo todavía demasiados hogares que tienen dificultades, pero vamos en la buena dirección.

¿Qué es lo que más le preocupa de la economía española ahora mismo?

Conseguir que ese crecimiento no se frene, seguir ampliando la tarta para poder tener un reparto más justo. Y remover cuellos de botella de este crecimiento. Con la finalización de los fondos europeos del plan de recuperación, tenemos que ser capaces de que no se pierda el impulso de la economía y, sobre todo, que sea un crecimiento transformador. Es decir, seguir creciendo y modernizando nuestra economía y además que ese crecimiento siga revirtiendo.

El Banco de España dice que el déficit de vivienda ha alcanzado las 750.000 casas entre el 21 y el 25. Y el gobernador Escrivá dijo el otro día que no entiende por qué esto no es una gran prioridad nacional. ¿Cómo atajamos este problema?

Para nosotros esta es la gran prioridad de la política económica. No hay una bala de plata para resolver la situación actual de falta de acceso asequible a la vivienda de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes. Por eso la solución viene por un conjunto de políticas que estamos llevando a cabo. Hay una parte esencial que tiene que ver con la recuperación de la oferta. Durante la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba un 13% del PIB, hoy está apenas en torno a 6%. Este es el efecto que tuvo la contracción del sector y, en este caso, de escasez. En cuanto a la nueva inversión, le falta oferta desde el punto de vista del parque público. Sabemos que esto lleva tiempo, pero el impulso en materia de inversión pública para recomponerlo está ahí, en gran parte con fondos europeos. Hablábamos antes de darle continuidad al crecimiento, incluso una vez finalizados los fondos. Hemos puesto en marcha el Fondo España Crece, que dedicará gran parte de su actividad también a seguir fomentando la construcción de viviendas para alquiler asequible. En el ámbito del sector turístico, ya hemos hecho el esfuerzo por hacer un filtrado de todas aquellas viviendas que estuvieran incumpliendo.

Que no haya pisos turísticos ilegales.

Exacto. Queremos hacer un esfuerzo adicional también por realinear la carga impositiva para que haya un mayor incentivo a poner esos pisos en un alquiler de medio y largo plazo con elementos de seguridad para los propietarios. Medidas que intenten cubrir los fallos de mercado que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas. Por ejemplo, un fallo de mercado que detectamos afecta a los jóvenes, que con sus sueldos actuales podrían permitirse pagar una cuota de una hipoteca, pero, sin embargo, no pueden conseguir ahorros suficientes porque están en lo que se denomina la trampa del alquiler: el alquiler supone demasiado esfuerzo mensual y no les permite ahorrar. El ICO está entrando para avalar hasta el 25% del coste y acabamos de renovar las condiciones de estos avales para subir los umbrales de renta por encima de los 60.000 euros en aquellas zonas más tensionadas. En las próximas semanas volveremos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para seguir reforzando nuestra actuación en materia de política de vivienda, siendo conscientes de que hay competencias compartidas.

¿Es usted partidario de intervenir el mercado de la vivienda para evitar operaciones especulativas, como ya se plantea el Gobierno en la Generalitat catalana?

Es importante tener en cuenta lo que ha pasado en las últimas décadas. La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizar ese ahorro. Hay que trabajar también para que ese ahorro pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros. Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas.

¿Tiene el Gobierno herramientas para entrar de verdad a solucionar el problema de la vivienda? Porque las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías, y los planes urbanísticos y los permisos de construcción dependen en gran medida de los ayuntamientos.

Vamos a llevar adelante medidas importantes para contribuir a que este problema se resuelva. Pero necesitamos la colaboración del resto de partidos políticos. Es un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria y, por lo tanto, las medidas tienen que pasar por esa mayoría del Congreso, como por ejemplo la ley del suelo. Las competencias son compartidas y necesitamos esa colaboración.

Todas las comunidades autónomas son conscientes de que la nueva propuesta de financiación mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa?

El Gobierno ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de agosto. ¿Creen que pueden sacar adelante la nueva financiación autonómica a pesar del rechazo de todas las comunidades, excepto Catalunya?

Ha habido también conversaciones con aquellas comunidades autónomas que han querido hablar del sistema de financiación. Pero lo que para mí es más importante es que todas son conscientes de que esta propuesta mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa? Llevamos más de diez años retrasando este debate. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta y queremos avanzar en un debate que sabemos que es complejo porque es imposible repartir una cantidad fija de tal forma que sea beneficioso para todo el mundo, que consiga alcanzar los objetivos de máximos de todas las comunidades autónomas. Pero el Gobierno hace el esfuerzo de ceder 20.000 millones a las comunidades para poder conseguir que en términos absolutos todas mejoren. En términos relativos todas querrían ser la que más mejora, pero esta propuesta reduce la distancia entre autonomías. Todas van a tener más financiación de la que tenían, todas van a ganar, igual que con la propuesta de condonación de deuda.

Van a mantener las rebajas a las gasolinas para amortiguar los efectos del conflicto de Oriente Medio, a pesar de que el precio del petróleo y de la gasolina en España ya están por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Irán. ¿Por qué lo hacen?

Queremos seguir ayudando, acompañando a las familias para que noten lo menos posible el conflicto. En gasolinas estamos ya por debajo del nivel preguerra, y en gasoil, ligeramente por encima, pero muy cerca. Pero estos precios siguen teniendo el apoyo del Gobierno a través de la reducción de impuestos. Queremos que esa retirada se haga en paralelo a la bajada de los precios de los carburantes a nivel internacional. Es un apoyo temporal y proporcional al impacto de la guerra.

Pero antes de estas rebajas, España ya era el país de Europa occidental que menos impuestos cobra por el gasóleo y por la gasolina. ¿No sería mejor gastar este dinero en subvencionar la transición ecológica?

Lo que estamos haciendo con las medidas para reducir el impacto de la guerra es también avanzar en la electrificación, en el apoyo a las renovables. El presidente Sánchez ha dicho en numerosas ocasiones que, en el año 2019, el 75% de las horas al día del precio de la electricidad lo determinaba el precio del gas. Hoy día estamos en torno al 9 o 10%. Esto ha supuesto que mientras los precios de los carburantes subían un 12%, el precio de la electricidad en el mes de mayo estaba cayendo un 4%. Queremos seguir impactando como lo estamos haciendo, por ejemplo, con medidas estructurales como la eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica. Este 7% que vamos a ir reduciendo hasta su eliminación en el año 2028 es una señal muy potente.

¿Cuándo se aprobará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el registro de la jornada laboral? ¿Va a entrar en vigor este año?

Ya tenemos el informe por parte del Consejo de Estado, y ahora mismo estamos trabajando internamente para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Es un proyecto importante que tiene que ver con el proyecto de reducción de la jornada. Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas.

¿Es partidario de seguir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación como se ha hecho a lo largo de los últimos años desde el Gobierno?

Es importante contextualizar. El salario mínimo en España estaba muy lejos de la referencia que había marcado la Comisión Europea, que era el 60% del salario medio. Había que cerrar esta brecha y es lo que hemos hecho estos últimos años pese a que había en origen algunas dudas sin impacto significativo en el mercado laboral.

Alrededor de un tercio del aumento de los ingresos públicos desde la pandemia, según algunos estudios, viene de no haber ajustado el IRPF con la inflación. ¿Se plantean actualizar el IRPF con estos nuevos Presupuestos a la subida de la inflación anterior, como le pide la oposición?

La AIReF señala que en los últimos años el 80% del aumento de los ingresos procede de la buena evolución de la economía. La modernización de nuestra economía se traduce también en unos mayores ingresos de manera estructural. Un mercado laboral más pujante se traduce en mayores ingresos. La regularización de inmigrantes se traducirá también, estructuralmente, en unos mayores ingresos. Son políticas que mejoran nuestro crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. A partir de ahí, las medidas concretas que vayan a entrar en los Presupuestos Generales del Estado las veremos en la presentación y en la posterior negociación. Por otro lado, del efecto de la deflactación el IRPF, la mitad corresponde a no deflactar la tarifa autonómica por parte de las comunidades autónomas.

Una de las últimas polémicas o largo de estos años ha sido la medición del PIB por parte del INE, que ha tenido que revisar al alza en varias ocasiones su medición. ¿Sigue habiendo un PIB infraestimado en España?

Todos los institutos de estadística de Europa han tenido que ir revisando las cifras de crecimiento posteriores a la pandemia, ha sido un proceso generalizado. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad de la economía? Yo creo que hay muchos aspectos donde hay que seguir avanzando y ahí el INE está haciendo un esfuerzo por intentar modernizar teniendo en cuenta también las mejoras que ya están disponibles en cuanto a datos diarios, a los registros que tenemos más allá de las encuestas. Y tenemos que hacerlo alineados con Eurostat, ya que las estadísticas del INE tienen que llevar el visto bueno de Eurostat para asegurar que hay una cierta homogeneidad en términos de Europa.

¿Se plantea el Estado salir de CaixaBank?

Hace unos meses tomamos la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank. En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente. Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial.

¿Y entrar en más empresas estratégicas, como ocurrió con Telefónica?

En la mayor parte de los países de nuestro entorno, los Estados tienen una presencia en las grandes empresas de telecomunicaciones. Es un sector clave dentro de los que se señala en el informe Draghi de importancia estratégica para la competitividad de nuestro continente. Y somos todos conscientes que, en el contexto de política industrial actual, el rol de los Estados como apoyo a estas grandes empresas es un elemento consustancial a estas políticas de seguridad económica y de autonomía estratégica. El apoyo a las empresas se puede hacer de muchas maneras, desde la presencia del Estado en su capital, como es el caso de Telefónica, pero también a través del resto de instrumentos como apoyar su financiación, como el ICO o la SETT [la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica].

¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena presidenta de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuenta con el apoyo del Gobierno?

Por supuesto. Si decide presentarse a este puesto, la apoyaremos en todo lo que podamos.

Vuelve la lucha de la vieja Europa por el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 entre países frugales frente a amigos de la cohesión, como se les llama ahora. ¿Teme una ola de austeridad y de endurecimiento de las reglas fiscales en Europa?

Tenemos que ser conscientes de que el contexto actual no es el que teníamos hace 10 o 15 años, e intentar superar estas discusiones que yo creo que ya tendrían que haber quedado obsoletas. Todos estamos de acuerdo con el informe Draghi y su hoja de ruta: habla de unos 800.000 millones de inversión al año para ser capaces de mantener el paso con Estados Unidos. Luego se ha actualizado a 1,2 billones. Y ese dinero tiene que venir del sector privado en su mayor parte, pero también con un impulso del sector público y del sector público nacional doméstico. Necesitamos un presupuesto europeo a la altura de las ambiciones que nos estamos dando en los otros grandes objetivos de seguridad y defensa, donde yo creo que ahí sí que se ha roto esta discusión tradicional entre frugales y no frugales. Hay muchos elementos de bienes públicos donde tenemos que reforzar a través de una aproximación genuinamente europea. Por ejemplo, nosotros estamos abogando por el incremento de los mercados de deuda europeos en euros. Dar liquidez a la emisión conjunta de deuda de tal forma que haya un beneficio muy claro, porque ahora mismo la Comisión no obtiene los beneficios que debería por ser un triple A. De hecho, España ahora mismo se financia más barato en muchos plazos que la Comisión Europea.

El Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos con la mayor pena de un ministro en democracia, 24 años de prisión. ¿Qué responsabilidad política cree que tiene el Gobierno por haber confiado en él durante tantos años?

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: hay un elemento esencial que tiene que derivarse de estos casos que estamos conociendo, que es la tolerancia cero en cualquier circunstancia frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley. Y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias tanto en el ámbito político, como ya sucedió hace tiempo con el señor Ábalos, como en el ámbito judicial. En segundo lugar, hay que ayudar y fomentar que no exista impunidad en estas situaciones. ¿Cómo? Reforzando el Poder Judicial y a la Policía para que existan suficientes unidades como para perseguir este tipo de situaciones.

¿Usted confía en la inocencia de Zapatero, como ha asegurado el presidente del Gobierno?

Todos tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Y en este caso, como en otros, yo creo que se están haciendo muchos juicios paralelos. Y es importante respetar la evolución de estos procesos, deberíamos todos de intentar ceñirnos a este elemento. Es comprensible que los tiempos políticos vayan más rápido de que lo que puedan ir los tiempos de la justicia, pero a mí me gusta mantener siempre un punto de prudencia y de respeto a estos procedimientos.

Desde que está en el Gobierno, ¿usted ha recibido regalos caros? ¿Qué ha hecho con ellos?

Los regalos que recibo pasan siempre a formar parte del patrimonio del Ministerio. Yo he recibido alguna moneda conmemorativa o incluso, a veces, algunos bienes perecederos, como chocolates, que al final se acaban repartiéndolos entre los colaboradores. Nada exótico.

Usted es un independiente del Gobierno, no tiene carné del PSOE. ¿Qué papel va a jugar en las próximas elecciones? ¿Se ve haciendo campaña?

En todo lo que pueda ayudar. En primer lugar, ahora, con mi gestión. Estoy convencido de que la actuación del Gobierno en estas dos legislaturas está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos y siento que es un privilegio poder formar parte de ello; que en mi día a día, el trabajo que hago pueda hacer que los ciudadanos estén mejor de lo que estaban cuando llegamos. Eso es lo que mueve mi actuación y lo que pueda contribuir a que este proyecto siga desde luego que lo haré.

Entrevista Completa

Hola.

¿A punto para las vacaciones o las haces en agosto? Imagino que a estas horas ya tendrás destino.

El Ayuntamiento de Venecia, bajo la iniciativa de su nuevo alcalde conservador Simone Venturini, está estudiando una propuesta para endurecer drásticamente la tasa de acceso a la ciudad, elevándola hasta los 50 euros para los visitantes de un solo día en las jornadas de máxima afluencia. Esta medida busca reforzar el efecto disuasorio frente al turismo de masas de corta duración, el cual se proyecta que continuará creciendo en las próximas décadas. 

No sé si has visitado alguna vez Venecia. Yo estuve una Navidad hace ya más de diez años y sí, me pareció que éramos muchos. No es muy distinto a un paseo por los lugares más emblemáticos de Barcelona (Sagrada Família, Las Ramblas), el centro de Madrid, la Alhambra de Granada, Mallorca… la lista es larga.

En Barcelona se acordó duplicar progresivamente el importe actual para que en 2029 se sitúe entre los 10 y 15 euros por persona y noche. En Baleares, que aplica su denominada ecotasa desde 2016, la tarifa oscila entre 1 y 4 euros por persona y noche en temporada alta. Toledo recauda entre 1 y 1,5 euros por turista a través de los autobuses que llegan y en Euskadi entrará en vigor el 1 de enero de 2027 con una horquilla de entre 0,50 y 7 euros en función del tipo de alojamiento. Incluso el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha abogado abiertamente por “monetizar” Las Fallas valencianas, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante la semana.

Venecia cobra hoy entre 5 y 10 euros con numerosas exenciones. La propuesta de subir la tasa hasta 50 euros ha desatado un intenso debate político y social entre quienes defienden la tasa y quienes la consideran ineficaz. Un poco como aquí, y la verdad es que no entiendo a los detractores.

El modelo turístico actual, enfocado exclusivamente en hacer caja y crecer en volumen, está destruyendo la calidad de vida en destinos abarrotados como Baleares, Barcelona o Venecia, advierten varios expertos. No solo es un sector subvencionado —con un IVA reducido del 10% y uso de recursos públicos que no costea—, sino que además su crecimiento desorbitado se traduce en graves problemas de acceso a la vivienda (con residentes viviendo en caravanas), saturación en los servicios sanitarios, colapso en las infraestructuras de transporte y degradación del entorno. 

Guillem López-Casanovas lo resumía hace unos días, en un debate sobre el impacto del turismo de masas y el origen de la turismofobia, de esta manera tan gráfica: “El turismo de marcharse el fin de semana a comer una pizza a Florencia es un disparate”. Un reciente informe de Funcas examina cómo los impuestos turísticos pueden actuar como una herramienta estratégica para gestionar la saturación turística. El autor, Aleix Calveras, argumenta que, lejos de perjudicar la competitividad, una tasa bien diseñada mejora la calidad del destino al atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y reducir los impactos negativos sobre los residentes. Mediante el análisis del caso de las Islas Baleares, sugiere que los gravámenes actuales son insuficientes y concluye que sería necesario un incremento sustancial en el importe del impuesto –de entre 15 y 20 euros– para lograr una reducción real de la presión turística. 

El único “pero” que veo a todo esto es si no estamos favoreciendo que sólo puedan darse determinados caprichos los más pudientes. Algunos economistas reconocen que, ante la imposibilidad de ahorrar para comprar una vivienda, los jóvenes consumen estos viajes baratos como su único bien de lujo accesible.

El dato

12.000

Son los empleos directos que se prevé que se crearán cuando estén en marcha las cuatro grandes fábricas de baterías que se están construyendo de forma simultánea en Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Euskadi. Además de miles de puestos adicionales en proveedores, logística, construcción y servicios auxiliares. Estos proyectos han situado a España entre los principales polos europeos de producción de celdas de almacenamiento de electricidad. Las inversiones que empujan esta transformación superan los 13.000 millones de euros.

El gráfico

El sector tecnológico global está experimentando un notable trasvase de capital y protagonismo en los mercados financieros, impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial. Mientras que las grandes big tech, que ahora se agrupan bajo el acrónimo de MANGOS, empiezan a sufrir la impaciencia de los inversores —quienes exigen ver rentabilidad real tras las milmillonarias inversiones en infraestructuras de IA—, los fabricantes de hardware, semiconductores y chips han tomado el testigo como los grandes beneficiarios del ecosistema. Se han convertido en el motor indispensable de esta transición, absorbiendo gran parte del flujo de inversión ante la insaciable necesidad global de potencia de cálculo de la IA, como muestra este gráfico de The Wall Street Journal, sobre la evolución en lo que va de año de la cotización de las empresas del “club de los billones de dólares”.

Sin embargo, este cambio reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sector y el fantasma de una burbuja financiera. Aunque los fabricantes de chips registran ingresos récord gracias a la venta anticipada de sus componentes, analistas y expertos advierten de que esta bonanza depende directamente de que los gigantes tecnológicos mantengan sus ritmos de gasto. Otra gran amenaza para la bonanza de los fabricantes de memoria radica paradójicamente en la propia innovación tecnológica de sus clientes. Gigantes como Apple, Alphabet, Nvidia y Qualcomm están empezando a desarrollar alternativas estratégicas y algoritmos de compresión para optimizar el uso del hardware y mitigar la dependencia de estos componentes de memoria tan costosos y limitados. 

Tipos (y tipas) de interés

Bajan Ramón y Agustín Olivares Garrigos, empresarios. Son el mejor ejemplo de cómo algunos vencedores del boom inmobiliario acabaron convertidos en el mayor símbolo de sus excesos. Construyeron uno de esos imperios empresariales tan característicos de la España del ladrillo: una red de sociedades que combinaba la promoción de viviendas con bodegas, fincas rústicas y cotos de caza. Naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), llegaron a controlar más de una decena de empresas, con Grupo Oligarry Construcción como buque insignia, levantando promociones residenciales y rehabilitando edificios históricos como el Palacio del Infante Don Juan Manuel, en Belmonte. En plena expansión defendían una filosofía empresarial basada en la “construcción con compromiso” y sostenían que la calidad y el cumplimiento de la palabra eran la auténtica “receta del éxito”. Tres décadas después, ambos encabezan la lista de mayores morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda conjunta de 73,6 millones de euros (36,8 millones cada uno), según la lista publicada esta semana por Hacienda.

El estallido de la burbuja inmobiliaria dinamitó ese modelo de negocio. Oligarry pasó de los beneficios a las pérdidas, buena parte de sus sociedades quedaron inactivas y un posterior intento de expansión en Panamá también terminó fracasando. La deuda tributaria derivada del colapso acabó trasladándose a su patrimonio personal, un mecanismo previsto por la legislación cuando Hacienda aprecia responsabilidad de los administradores en el impago. Dos décadas después del auge del ladrillo, los hermanos Olivares Garrigos siguen encabezando el listado de grandes deudores y representan uno de los legados más persistentes de aquella burbuja: fortunas construidas al calor de la expansión inmobiliaria que terminaron convertidas en millonarias deudas con el fisco.

Si quieres más información sobre quién (tanto particulares como empresas) debe al fisco, pincha en esta información y si quieres consultar todos los nombres, puedes usar nuestro buscador.

No todo nos parece mal

El Gobierno ha aprobado una inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la ubicación de una “gigafactoría de IA” en España. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría y otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA. Se trata de una infraestructura de inteligencia artificial que funcionará con normas y valores europeos, para que Europa no dependa de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una. 

La candidatura española se basa en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según ha avanzado la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno. El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. 

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Aquí termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias. 

¡Un abrazo!

Antón Costas (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) preside el Consejo Económico y Social de España (CES) desde abril de 2021. Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, su tesis doctoral fue dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch. Autor de numerosos libros y artículos, sus publicaciones e intervenciones más recientes apuntan hacia la necesidad de un nuevo contrato social que permita la prosperidad de los más necesitados, antes del papel redistribuidor del Estado. Es un defensor a ultranza de la formación dual como herramienta para crear más y mejor empleo, y del Pacto de Toledo para acompasar las pensiones a la realidad económica.

Pese a la resiliencia de la economía española, que en su momento llegó a calificar de “primavera económica”, alertaba hace unas semanas de que el puente del bienestar social se ha roto; es decir que ya no vale solo con crecer. ¿Cómo lo hacemos para que el crecimiento se traslade a los hogares?

Hay dos pilares de ese puente que se han debilitado mucho. Uno es la vivienda, que es un agujero negro que se traga una buena parte de las mejoras que para los hogares han significado el aumento de empleo y también una cierta recuperación de los salarios reales. Y el otro es el coste de la vida. Aquí siempre hay el riesgo de confundir inflación con precios. Inflación es la subida de los precios de un año a otro, pero la inflación puede bajar, como ha sucedido; sin embargo, los precios quedan colgados arriba. Y esto yo creo que ha impactado bastante, especialmente en los hogares más débiles. 

¿Qué propone en el terreno de la vivienda? 

En el corto plazo y medio plazo se debe intentar aliviar el acceso y el coste para la vivienda de alquiler social. Habría que sacar enseñanzas de una experiencia muy interesante, poco conocida, que es cómo Sareb, que en muy poco tiempo, en escasamente tres años, cuando salió ya toda la banca y pasó a ser únicamente pública, creó una división de vivienda de alquiler social. Hoy tiene alrededor de unas 17.000 familias en alquiler social en viviendas que han sido recuperadas y rehabilitadas. Ahora hay que trasladar esta experiencia a Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]. Hay que hacer una distinción muy importante en España: no es lo mismo gestionar vivienda social que gestionar vivienda asequible. En segundo lugar, fortalecer operadores de este tipo en las comunidades autónomas. Y en el largo plazo no hay otra salida que aumentar la construcción y el stock de vivienda asequible. Y ahí las comunidades autónomas y especialmente los municipios tienen una competencia y una responsabilidad importante. Porque o se reduce toda la tramitación administrativa, que significa suelo edificable y licencia de construcción, o es muy difícil. 

¿Y en cuanto a precios?

Antes decía que los precios han quedado colgados arriba. Tenemos dos opciones: una es pensar que van a subir los salarios hasta que se equilibren estos precios. Otra opción es, por el contrario, sacarle a las familias una serie de gastos que tienen en la parte de abajo de su cesta de la compra, que están dificultando muchísimo llevar una vida digna. En el CES defendimos el coste del transporte: es un coste muy importante en las familias medias españolas y más cuando el problema de la vivienda obliga a las personas a tener que alejar su residencia del trabajo. Otro tipo de coste que se puede sacar a las familias son los productos de higiene femenina para gente joven u hogares con pocos ingresos. Esto puede parecer un poco raro, pero lo hicimos en 1977 con los Pactos de la Moncloa: los sindicatos aceptaron moderar los salarios a cambio de introducir como bienes públicos una serie de gastos sociales: la educación, la sanidad, el desempleo. Mejoró las condiciones de vida de las personas.

El nuevo contrato social tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas

Esto forma parte de lo que usted viene reclamando últimamente como nuevo contrato social, que no descanse tanto en la redistribución como en los buenos empleos y en la predistribución: ¿menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades?

Sí, es un elemento. Probablemente, el contrato social del siglo XXI tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas, pero también sería insoportable si pretendiésemos transferir toda la carga de cuidados futura al Estado. Tenemos que buscar un equilibrio, un contrato entre las familias, las empresas, la economía social y el propio Estado. Pero sí que es un elemento del contrato social que no descanse tanto todo en la redistribución sino en la predistribución. Es un cambio de fondo. 

La prestación universal de crianza para combatir la pobreza infantil en España, de las más elevadas de la UE, que propone va por ahí, también.

El argumento que hay detrás de esta idea es que la desigualdad en nuestro país no viene fundamentalmente por un mal funcionamiento de la redistribución. La redistribución son los programas sociales, de bienestar general o el ingreso mínimo vital. Todo eso es necesario. El ingreso mínimo vital fue una gran iniciativa que, sin embargo, se puede mejorar. Pero, ¿cuál es mi idea? Que no es posible pretender corregir la desigualdad y la carencia de ingresos de una gran parte de la sociedad española solo a través de un mayor gasto social.

¿Por qué? 

Porque la desigualdad viene del mal funcionamiento que hay no en la redistribución, sino en la distribución. Es decir, en la existencia de buenos empleos con buenos salarios. Si no logramos esto, la presión sobre la redistribución creo que acabaría rompiendo el Estado liberal, tal como lo entendemos. Por eso soy mucho más partidario de focalizar el esfuerzo que tiene que hacer nuestra sociedad en todo aquello que favorezca los buenos empleos. La formación dual, por ejemplo, es una gran celestina capaz de emparejar dos necesidades: las de las personas de tener un buen empleo y las de las empresas de disponer de trabajadores con capacidades adecuadas.

En su opinión, España está protagonizando una “transformación silenciosa del modelo productivo”, más resiliente e inclusivo, que se encuentra tanto en el tejido empresarial –con un aumento del tamaño de las empresas, más productivas– como en el lado del empleo, con un mayor peso de trabajos de alta cualificación, mayor valor añadido y mejores condiciones laborales. ¿Por qué no suben entonces los sueldos que permiten recomponer el puente, utilizando su metáfora?

En esa transformación silenciosa hay mejoras salariales importantes. Pero tenemos una especie de bipolaridad. Nuestra economía también tiene una parte importante de actividad económica y de empleos que no llamaría buenos empleos. Pero a mí me gusta poner en valor lo que va bien, miro la botella medio llena porque creo que esa es la vía para mejorar las cosas. Pero las dos son ciertas.

Cuando hablamos de nuevas prestaciones, como esta de crianza, por ejemplo, o como usted comentaba al principio, de recortar gastos a las familias, indudablemente pensamos en esto cómo se financia. ¿Vivimos en un infierno fiscal?

Yo no utilizaría ese adjetivo. Creo, porque así lo ha dicho además la comisión que se creó en su momento para la reforma fiscal, que hay margen, e importante, para un rediseño de algunos de los instrumentos fiscales para mejorar su capacidad recaudatoria. Vamos a ver: si la economía crece, como es así, y crece también el empleo, eso significa que crecen también proporcionalmente los ingresos públicos. ¿Hacia dónde orientamos ese aumento de ingresos fiscales? Hacia estas necesidades, eso es posible en una situación de crecimiento de la economía. Y creo que además la economía española va a seguir creciendo. 

La reducción de la jornada laboral era una medida prioritaria del Ministerio de Trabajo, que de momento no ha tenido los apoyos para salir adelante. ¿La economía española es lo suficientemente productiva para ir a una reducción horaria como la que se plantea el Gobierno? 

El debate que ha habido alrededor de la reducción de la jornada es muy ilustrativo para nuestro país y que abre camino. Fíjese que desde el ámbito empresarial nunca se negó la posibilidad y hasta hoy la necesidad de ir hacia una reducción de la jornada con un objetivo social deseable. Lo que se decía desde el ámbito empresarial es que eso había que ir lográndolo en todos los sectores que estaban aún con 40 horas a través de la negociación colectiva, pero no se negó nunca el objetivo. Y creo que es muy ilustrativo lo que ha sucedido en esta casa. El Gobierno envió un anteproyecto de ley que venía sin el apoyo de las organizaciones empresariales, representadas en el CES. Aquí debatimos con las organizaciones empresariales y el dictamen del CES fue aprobado prácticamente por unanimidad. Creo que hubiese tenido una gran influencia si el anteproyecto de ley hubiese seguido su recorrido parlamentario. 

¿Qué dice? 

Establece un principio general y después tres criterios, aceptados por todos. El principio general es que la reducción de jornada laboral de una forma homogénea en la economía española es un objetivo deseable, pero que tiene que buscar un equilibrio entre, por un lado, el interés de los trabajadores por reducir la jornada laboral y el interés de las empresas en mantener también sus condiciones de trabajo. Primer criterio, gradualidad. No puedes introducir, dice el dictamen, por ley, una medida de este tipo que entre en vigor de hoy para mañana. Segundo, flexibilidad. No puedes aplicar una medida de este tipo general de forma simultánea a todos los sectores de la economía porque los sectores son de una diversidad extraordinaria. Y tercero, que tiene que haber elementos de compensación, no necesariamente solo en términos financieros. Creo que ese va a ser el camino futuro. 

¿Le preocupan los efectos de la IA sobre el empleo y el mercado de trabajo?

Sí, me preocupan en dos dimensiones. En el ámbito laboral y en el ámbito, diría, civilizatorio, entendiendo por civilizatorio los valores y los principios de una civilización liberal, donde creemos en la privacidad y en nuestra capacidad para orientar nuestras vidas. En la vertiente laboral creo que estamos en un momento de ambigüedad extraordinario, porque, por un lado, hay muchos pronósticos o predicciones de que vendrá una especie de apocalipsis laboral, por parte incluso de medios de comunicación tan prestigiosos como The Economist. Pero, por otro lado, cuando vas a ver los datos, tanto aquí como en otras economías, nunca antes de ahora las economías han tenido tanto empleo como en este momento. 

¿Cree que está llegando el momento en que la tesis de Keynes, que en 1930 predijo que para 2030 solo necesitaríamos trabajar 15 horas semanales para cubrir nuestras necesidades materiales, se hará realidad?

Si lo gestionásemos bien, con seguridad que sí. Ocurre con la demografía, que estamos preocupados por la caída de la natalidad y a la vez estamos preocupados por que la inteligencia artificial reduzca el empleo. O nos preocupamos por la natalidad o nos preocupamos por el efecto de la inteligencia artificial en la reducción del empleo. Por las dos cosas a la vez no porque van en un mismo camino. Si la natalidad disminuye habrá menos personas en las próximas décadas con necesidad de buscar trabajo, pero a la vez la inteligencia artificial habrá reducido también, al parecer, la necesidad de trabajadores. Ahí hay como una especie de convergencia futura que te puede llevar a lo que Keynes deseaba. Es más actual que nunca este punto de Keynes. Dependerá de la gestión que hagamos y aquí hay que hacer una advertencia: todo el mundo, hasta el Nobel Aghion, habla de que la inteligencia artificial va a traer una mejora de productividad extraordinaria. Y a la vez, otros premios Nobeles de economía también muy prestigiosos, como Krugman, entre otros, dicen que no habrá un aumento espectacular de productividad. En cualquier caso, sea grande o pequeño, la cuestión de la productividad es cómo la repartes. La mejora de productividad puede ir solo a una parte o hacia los dos lados, ya sea reduciendo el tiempo de trabajo o mejora de salarios. Pero es un problema de gestión. 

Muchas empresas me transmiten que no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan

¿Cómo explica que teniendo algo menos de 2,4 millones de parados, según los datos de afiliación de la Seguridad Social, sigan creciendo las vacantes de empleo y determinados sectores se quejen de que no encuentran personal?. ¿Es un problema de salarios? ¿De formación? ¿Falla la intermediación?

Mi impresión es que hay un porcentaje, que no sé decir, de personas que no están ya en situación de poder trabajar, pero que, sin embargo, para poder cobrar una prestación tienen que estar registradas en el desempleo. Probablemente, ahí necesitamos en algún momento proceder a algún tipo de aclaración. En segundo lugar, aún no tenemos un indicador aceptado de forma común en el mundo empresarial ni en el mundo sindical acerca de las vacantes. Y, en tercer lugar, y esta es una opinión ya más personal que institucional, muchas empresas, y a mí me lo transmiten también estos empresarios y directivos, no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan. Y hacen un poco una crítica al sistema educativo porque no es capaz de suministrar. En un momento de la historia, donde la tecnología avanza con una rapidez endiablada que te hace cambiar las necesidades de competencias profesionales, tienes que comprometerte a crear aquellas competencias, que se necesitan. Nuestro informe de formación dual está ahí y es un legado que yo quiero dejar cuando me marche. Escogimos a todos los chicos y chicas que hicieron formación dual en el curso 2016-17. Hemos seguido a todos ellos con microdatos su trayectoria laboral, comparándolo con aquellos que no habían hecho formación dual. El resultado es una epifanía: todo mejora en la capacidad de encontrar buenos empleos de estas personas si han hecho formación dual.

Las patronales señalan el aumento de bajas laborales como una de sus prioridades, pero mantienen muchas diferencias con los sindicatos sobre su enfoque. ¿Cómo ve este problema? ¿Qué medidas cree que se podrían tomar ante este auge de las bajas por enfermedad? 

El aumento es un hecho objetivo cierto e importante. No hay aún un lenguaje común en el mundo empresarial y en el sindical. En el mundo sindical se cuestiona que hay absentismo, lo que dicen es que hay bajas laborales con un parte médico detrás y para ellos eso no es absentismo. Absentismo es no presentarse al trabajo. Necesitamos establecer un lenguaje común. Y necesitamos también un diálogo que no sea a machetazos, un análisis fino para ver qué hay detrás de cada una de esas bajas laborales. Lo que no puede ser es que este aumento tan importante a partir básicamente de la covid, que ha ocurrido también en otros países, sea como consecuencia de que los trabajadores o una gran parte de los trabajadores se han hecho vagos. 

Más allá de esta necesidad de compartir lenguaje, ¿a qué piensa usted que se debe? 

Como es un fenómeno más general, aunque en el caso español el volumen es mayor, tiene que haber una causa más general y yo creo que entre los factores que hay que analizar es la satisfacción en el trabajo. ¿Por qué motivo para muchas personas el trabajo no es motivo de satisfacción y de realización personal? Conviene analizarlo desde el propio ámbito de la empresa porque las empresas tienen departamentos importantes de recursos humanos y tienen un margen para mejorar desde ese lado. También lo hay en la mejora de los procesos de altas de la incapacidad laboral, pero en este sentido sindicatos y empresas están hablando para ver cómo las mutuas pueden también tener un papel riguroso. Si tuviese que hacerme yo una pregunta, es ¿por qué ha descendido la satisfacción laboral con el trabajo en los últimos tiempos? Creo que si no abordamos esta cuestión, tanto desde la empresa como desde el ámbito social, no avanzaremos en la respuesta adecuada a esta realidad.

¿Tiene respuesta? 

No, creo que sí ha habido una disminución de la satisfacción laboral. Por qué motivo no lo sé. 

Usted ha dicho que los sistemas públicos de pensiones han actuado como un pegamento entre el capitalismo y la justicia social. Muchas veces el debate gira en torno a las pensiones a una confrontación entre generaciones. ¿Cree que es necesario un trasvase de gasto hacia los más jóvenes? ¿Le preocupa el creciente aumento del gasto en pensiones con relación al PIB, como alertan varios economistas? 

No pondría en relación el gasto en pensiones con la necesidad de invertir más en los jóvenes. En segundo lugar, no soy capaz de ver cómo puede funcionar el capitalismo democrático sin un gran sistema de pensiones. No soy capaz, y soy un defensor del capitalismo democrático. Creo que el capitalismo necesita un sistema de pensiones, no solo por legitimidad social del capitalismo, que de eso viene el sistema de pensiones, sino por un elemento nuevo de macroeconomía. Hoy las pensiones constituyen un componente de la demanda agregada del capitalismo democrático que no soy capaz de ver cómo podría funcionar el capitalismo solo con la riqueza de los ricos. Y en tercer lugar, que no lo tenemos en cuenta, es que nuestro país tiene un mecanismo espectacular, fabuloso, de adaptación de las pensiones a la evolución de la economía. El Pacto de Toledo es un mecanismo que no hay en ningún otro país que ha funcionado más que razonablemente a lo largo del tiempo, adaptando el sistema de pensiones a la realidad económica del país. Y es además un mecanismo maravilloso porque incorpora dos planos: el plano del diálogo y el acuerdo político en la comisión parlamentaria y el plano del acuerdo en la negociación colectiva. Lo que no podremos es, a mi juicio sería un error fatal, hacer reformas en el sistema de pensiones apoyándose únicamente en proyecciones demográficas a largo plazo. Los grandes economistas y filósofos nos han advertido de que hacer proyecciones es muy peligroso. Si no somos capaces de acertar el PIB a un año, ¿vamos a ser capaces de acertar la evolución de la economía a 30 años al año 2050? Imposible. Si haces reformas basadas únicamente en proyecciones futuras, lo que estás haciendo es introducir un riesgo moral que tienes que explicar por qué lo haces.

¿En qué consiste ese riesgo moral? 

Consiste en que basándote en una proyección futura vas a introducir ahora un daño cierto a generaciones actuales justificándose en un beneficio futuro que es hipotético, que no puedes asegurar. Dicho esto, ¿estoy diciendo que no hay que hacer nada? No. Lo que hay que hacer es mantener muy activo ese mecanismo de diálogo y de acuerdo en el ámbito de las pensiones que es la comisión para el Pacto de Toledo.

Hola.

¿Cómo llevas la semana? 

La vida te da sorpresas, cantaba Rubén Blades. Hay semanas en que la actualidad económica produce el tipo de paradoja que ningún manual de teoría económica sabe bien cómo clasificar. Cuba ha aprobado en apenas siete días el mayor paquete de reformas económicas de los últimos quince años: 176 medidas que pasan por la autorización de la banca privada, la inversión extranjera directa de la diáspora cubana, la creación de pymes agrícolas por primera vez en la historia del país y el fin gradual de los subsidios universales de la libreta de abastecimiento.

A miles de kilómetros, en el Reino Unido, Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro, defiende exactamente lo contrario: recuperar el control público del agua, la energía, el transporte y la vivienda, bajo lo que él llama “manchesterismo”, una apuesta por deshacer cuatro décadas de privatizaciones thatcheristas, según avanzaba The Guardian. La isla comunista mira hacia el mercado y la cuna del capitalismo industrial reclama más Estado.

Las motivaciones de cada movimiento son tan distintas como sus puntos de partida, aunque el diagnóstico de fondo comparte un hilo conductor: el modelo vigente ha fallado a la gente corriente. En Cuba, el presidente Díaz-Canel ha reconocido ante la Asamblea Nacional que el país “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”.  El día previo, el Granma —el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC)— destacaba el espaldarazo del gran camarada Raúl Castro a los cambios: “No solo resistir, también avanzar y desarrollarnos”.

La presión es doble: el deterioro económico interno acumulado durante seis años y el bloqueo petrolero de la Administración Trump, que ha dejado a regiones enteras de la isla con apenas dos horas de electricidad cada tres días. En el caso británico, el ensayo The Productive State, publicado por el think tank Common Wealth como marco teórico del “manchesterismo”, argumenta que los ciudadanos pagan una especie de “prima de privatización”, un impuesto regresivo oculto en las facturas cotidianas que transfiere riqueza de los hogares a los inversores, mientras el Estado se ve obligado a subvencionar con ayudas sociales los costes inflados por la gestión privada de los servicios esenciales.

La gran pregunta, en ambos casos, es si las reformas llegarán a buen puerto. En el Reino Unido, el anuncio de que Burnham podría llegar a Downing Street ya ha puesto nerviosos a los mercados financieros, que han elevado el coste de la deuda pública británica. En Cuba, el escepticismo tiene raíces más profundas: desde la era de Raúl Castro, el Gobierno cubano ha hecho reiterados anuncios reformistas que luego no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron atrapados en una maraña burocrática. Y sobre todo esto planea la sombra del bloqueo estadounidense, que amenaza con asfixiar cualquier apertura antes de que pueda generar los frutos que promete.

El dato

7.239

Son los millones de euros que el Gobierno destinará a la dependencia en 2027. Se trata de la mayor inyección financiera a la dependencia de la historia…y de un movimiento con claro aroma a precampaña que busca refundar el maltrecho “cuarto pilar” del Estado del Bienestar.  El Ejecutivo sumará 2.218 millones de euros en 2026 y movilizará 6.200 millones extra hasta 2027 respecto a los últimos Presupuestos, logrando la pirueta de duplicar la inversión de 2025 sin nuevas cuentas públicas y multiplicando por cinco los fondos desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Este manguerazo de millones busca revertir el colapso de un sistema infrafinanciado desde los recortes de la era Rajoy, que ha provocado que miles de dependientes mueran sin recibir sus ayudas.

Desde el 1 de julio, las comunidades recibirán más recursos por cada persona atendida: la cuantía mensual para la gran dependencia pasará de 290 a 660 euros; para la dependencia severa, de 130 a 260; y para la moderada, de 76 a 90. El objetivo urgente es reducir una lista de espera que asfixia a más de 265.000 personas, potenciar la atención domiciliaria y dignificar un sector muy precarizado. No obstante, el decreto deberá superar ahora el examen de un Congreso hostil para convalidarse, mientras se tramita en paralelo una reforma legal más profunda que pretende cambiar el modelo actual hacia cuidados menos centrados en residencias tradicionales.

Por cierto, fue el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero el que aprobó en 2006 la ley de la Dependencia como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

 Tipos (y tipas) de interés

Sube Juan José Ganuza, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El elegio por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para relevar a Cani Fernández es un perfil marcadamente académico y técnico. Ganuza es licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, doctor en Economía por la Carlos III, catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra y, desde 2014, responsable de la división de regulación y competencia de Funcas. El perfil acredita solvencia técnica fuera de toda duda. La ironía es que el propio Ganuza fue uno de los académicos que en su día criticó con dureza el diseño del superregulador que ahora presidirá, alertando de que un mal diseño institucional podía perjudicar la reputación de cualquier experto que aceptara el cargo. Trece años después, el destino lo coloca ante su propio espejo.

El primer frente que le espera es el digital, y no tiene tiempo que perder. España ha designado a la CNMC como autoridad competente para hacer cumplir la regulación de mercados digitales de la UE, pero el organismo arrastra un vacío operativo de envergadura: el bloqueo parlamentario de la legislatura ha impedido que las Cortes aprueben las reformas legales necesarias para dotarlo de herramientas sancionadoras reales. Vigilar algoritmos, frenar abusos de las grandes plataformas y regular la nube es hoy, literalmente, imposible con la estructura actual.

A eso se suma un tablero empresarial tensionado por la reconversión energética, con las propuestas de las redes de gas de distribución y transporte o los 66 expedientes sancionadores incoados en relación con el apagón. También la investigación sobre los precios de las hipotecas que se anunció recientemente y que ha caído como una bomba en el sector bancario.

Tiene otro reto que es político. Ganuza no llega solo: el Consejo de Ministros ha propuesto también a Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño y técnica comercial del Estado; al exdiputado de ERC Joan Capdevila; y a la catedrática Marina Echebarría, a propuesta de Sumar, lo que deja al Partido Popular sin representación en esta renovación. La oposición ya habla de “blindaje progresista” y el ruido amenaza con contaminar la credibilidad del supervisor antes de que dicte su primera resolución. Así que el gran desafío de Ganuza no será solo técnico, que pocos lo discuten, sino de resistencia institucional: demostrar, con resoluciones incontestables, que el criterio de la CNMC está por encima de las cuotas.

No todo nos parece mal

El grupo Roca ha logrado enderezar el rumbo financiero tras dejar atrás el doloroso peaje de su salida de Rusia. La multinacional catalana de sanitarios, fundada en 1917, cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 43 millones de euros, una cifra que contrasta con los 61 millones de pérdidas registrados el año anterior debido al proceso de desinversión en el mercado ruso. Emplea a 20.000 trabajadores.

Este regreso a los números negros se ha conseguido en un contexto de estancamiento de la construcción en Occidente y un notable parón en las reformas del hogar, ya que el consumidor postpandemia prefiere gastar en servicios y experiencias antes que en cambiar los azulejos.

Aun así, la facturación resistió el golpe situándose en los 1.960 millones de euros el último año, un 3,8 % más a tipos de cambio constantes, si bien el aumento final de las ventas fue del 0,6 % tras la depreciación de algunas de las monedas en las que opera la compañía, ha señalado la compañía en un comunicado.

La estrategia de Roca pasa por abrir el grifo de la inversión y mirar hacia arriba: destinó 126 millones de euros en 2025 a automatizar sus plantas con fábricas robotizadas, avanzar en sostenibilidad y explorar la integración de la inteligencia artificial aplicada a la salud en el baño. Pero el verdadero giro de guion es corporativo: reforzó su apuesta por los segmentos 'premium' y de lujo con la adquisición de la mayoría del fabricante italiano Antonio Lupi Design, especializado en equipamiento de baño de alta gama, y de la australiana Phoenix Industries, dedicada a la grifería de gama alta.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Ya sabes que si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Un abrazo!

Hola

¿Cómo llevas el calor? 

La economía también está que arde. Apenas unos días después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera elevar los tipos de interés hasta el 2,25%, el principal argumento que justificaba su endurecimiento monetario empieza a desinflarse. La escalada del precio de la energía –especialmente del petróleo— y que amenazó con reavivar una nueva ola inflacionista, se ha moderado tras el acuerdo provisional alcanzado entre los gobiernos de EEUU e Irán. El barril de Brent ha vuelto a caer por debajo de los 80 dólares y se aleja de los temidos 110 dólares que llegaron a contemplarse en los momentos de máxima tensión. ¿Ha reaccionado el BCE con más reflejos que análisis?

La cuestión no es negar el repunte de los precios. La inflación existe. En Europa subió en mayo hasta el 3,2%, la tasa más alta desde septiembre de 2023. El objetivo de la institución que preside la francesa Christine Lagarde la ubica en el 2%. Pero también importa su origen, como ya contamos en este mismo espacio cuando estalló la guerra, y los efectos sobre la débil economía de la eurozona, que este año se espera que crezca un raquítico 0,8%: más dificultades para las familias y las empresas a la hora de pagar sus deudas, ya que las hipotecas y los créditos van a ser más caros.

La Reserva Federal (Fed) ha jugado con ventaja. El recién nombrado presidente, Kevin Warsh, se acaba de estrenar en el cargo manteniendo los tipos en el rango actual de entre el 3,5 y el 3,75%, pese a que los precios escalaron en mayo un 4,2%, el mayor nivel en tres años. Warsh, que es el candidato de Trump, sostiene que hay que fijarse en la inflación subyacente (la que excluye del cálculo los elementos más volátiles como la energía y los alimentos), esta subió dos décimas en mayo, hasta el 2,9%, por encima del mandato de la Fed, también del 2%.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el objetivo de inflación del 2%? Te cuento: no nació de una fórmula matemática compleja, sino de un comentario improvisado en televisión en Nueva Zelanda en 1988. A fines de la década de 1980, Nueva Zelanda sufría una inflación muy alta (en torno al 15%). Durante una entrevista televisiva, el entonces ministro de Finanzas, Roger Douglas, fue presionado sobre si el gobierno estaba conforme con la bajada de la inflación al 10%. Respondió de manera informal que su objetivo ideal sería una tasa de entre el 0% y el 1%. Un poco así, a boleo. Para respaldar la declaración pública de su ministro, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tuvo que idear un objetivo formal. Calcularon que la medición estadística del coste de vida solía tener un sesgo al alza de aproximadamente un punto debido a las mejoras de calidad en los productos. Redondearon la cifra y establecieron un rango formal de 0% a 2% en 1989.

Debido al éxito que tuvo Nueva Zelanda para estabilizar su economía, el número se convirtió rápidamente en un dogma financiero global. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el BCE lo adoptaron. Finalmente, la Fed lo oficializó en enero de 2012 bajo el mandato de Ben Bernanke. Este es el consenso institucional, el que considera que el 2% es el lubricante perfecto para la economía.

Pero a raíz de las recientes crisis globales (como la pandemia, las tensiones geopolíticas y los shocks energéticos), economistas de enorme prestigio mundial como Olivier Blanchard (execonomista jefe del FMI) o Laurence Ball han defendido elevar el objetivo óptimo a un rango de entre el 3% y el 4%. Su argumento es que, en un mundo propenso a sufrir crisis de suministro, un objetivo del 2% obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés de forma agresiva, ahogando el crecimiento económico. Un nivel óptimo del 3% daría más flexibilidad a la economía, permitiría mantener tipos de interés reales más estables y evitaría recesiones y pérdidas de empleo a cambio de tolerar una subida de precios ligeramente.

Y también representaría un poco de desahogo para los que tiran de hipoteca para tener techo bajo el que vivir. Lo de la vivienda es un drama, como te venimos contando en este periódico. Por eso este viernes estrenamos un nuevo boletín semanal dedicado íntegramente a la crisis habitacional. Se llama Una casa para vivir y lo va a escribir el compañero de la sección de Economía Germán Aranda. Puedes suscribirte pinchando en este enlace.

Tipos (y tipas) de interés

Baja Ángel Nicolás, presidente de CECAM. El líder de la patronal castellanomanchega ha llamado “memos” a los jóvenes que solicitan una baja médica por salud mental porque “les ha dejado la novia” y no “porque exista un maltrato o un acoso laboral de la empresa” en la que trabajen. Lo manifestó este martes durante su intervención en unas jornadas sobre absentismo organizadas por CEOE-Cepyme en Madrid. Al día siguiente no le quedó otra que pedir disculpas, a través de un comunicado.

Nicolás es, además, director gerente de la mutua Solimat. Ha añadido que en España “se va al médico a por la baja” y los médicos de Atención Primaria están dando bajas por salud mental a pacientes “cuando ni siquiera les ve un especialista, un psicólogo, o un psiquiatra”, mientras “desde las mutuas estamos pagando esa contingencia común”, ha argumentado. “Nosotros nos inflamos”, decía en alusión de las mutuas, a proponer altas médicas.

El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha distanciado de las palabras del dirigente empresarial castellanomanchego. Ha subrayado la existencia real de un problema de salud mental entre los jóvenes, que se materializa en los casos más dramáticos con intentos de suicidios.

El gráfico

La semana en que Suiza ha rechazado en referéndum limitar la inmigración y el asilo para frenar el crecimiento de su población, me ha llamado la atención este gráfico de The Economist que habla de otra emigración: la de los ricos para buscar el mejor acomodo para sus fortunas por la vía del ahorro de impuestos. Un sector de asesores en pleno auge les está facilitando el proceso. Fuga de capitales, se titula.

La inestabilidad geopolítica ha disparado la migración de grandes patrimonios a hasta un récord histórico, estimando que 165.000 millonarios cambien de residencia este año en un mercado de asesoría que ya mueve 40.000 millones de dólares, según la revista británica. Aunque destinos tradicionales como Dubai pierden fuerza por los conflictos regionales, el interés por emigrar ha crecido con fuerza entre los ricos occidentales; los británicos y europeos huyen de la presión fiscal, convirtiendo a Francia, Alemania y España –por primera vez-- en emisores netos de ricos por primera vez, mientras que los estadounidenses buscan alternativas en Europa ante la deriva política de su país.

Esta huida masiva de patrimonios coincide con un cambio de ciclo político que está cerrando la alfombra roja al dinero fácil: varios países están endureciendo las condiciones de sus programas de inversión o cancelándolos directamente, como hizo España con su Golden Visa o Portugal al duplicar el tiempo de espera para el pasaporte, debido a la presión de la Unión Europea y a la exigencia de un mayor control sobre el origen y los antecedentes de las fortunas entrantes.

El dato

159.785

Es el número de vacantes de empleo en España durante el primer trimestre de este año, la mayor cifra desde que comenzó la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013. Son 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados este martes en la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL), el 86,6 % de estas vacantes, 138.379, se encontraba en el sector servicios, como suele ser habitual, ya que aglutina el mayor porcentaje de empleo. Es sorprendente cuando tenemos algo menos de 2,4 millones de parados, según los datos de afiliación de la Seguridad Social. ¿Es un problema de salarios? ¿De formación? ¿Falla la intermediación?

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Ponte a la sombra y en remojo y nos vemos el jueves que viene.

¡Un abrazo!

Hola.

¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? 

Hay una escena en 2001: Una odisea del espacio en la que HAL 9000, la inteligencia artificial de la nave, decide que los humanos son el problema. No lo hace con malicia, sino con lógica fría. Kubrick rodó esa película en 1968. Casi seis décadas después, Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, acaba de advertir que algo parecido podría estar más cerca de lo que pensamos. La compañía publicó la semana pasada un llamamiento para frenar o pausar el desarrollo de la IA, alegando que sus modelos ya son capaces de diseñar y desarrollar de forma autónoma a sus propios sucesores. Claude, según reconoce la propia empresa, escribe ya el 80% del código de Anthropic, propone líneas de investigación y resuelve problemas abiertos. La “automejora recursiva”, ese bucle en el que la IA se perfecciona a sí misma sin intervención humana ya no es ciencia ficción. O al menos eso dice la empresa de San Francisco.

La advertencia llega en un momento particularmente llamativo: cuando Wall Street especula con valoraciones estratosféricas para las grandes firmas de inteligencia artificial y justo unos días antes de que SpaceX protagonice –este viernes– la OPV más esperada del año. Anthropic se prepara para una salida a bolsa que podría valorarla en cerca de 900.000 millones de dólares y OpenAI otro tanto. Resulta difícil no apreciar cierta paradoja: quienes más dinero pueden ganar con esta revolución tecnológica son también quienes más insisten en alertar de sus riesgos.

Cabe la posibilidad de que hablen completamente en serio. Muchos de los fundadores e investigadores del creador de Claude y de Mythos llevan años preocupados por la llamada alineación de la IA con los intereses humanos. Sin embargo, también es legítimo preguntarse si estas advertencias cumplen otra función. Hace apenas unos días, Anthropic participó en la encíclica del Papa León XIV sobre inteligencia artificial, con la presencia de Christopher Olah, uno de sus investigadores, en el Vaticano. The Guardian no tardó en bautizarla como popewashing, el lavado de imagen papal: una forma de asociarse a la autoridad moral de la Iglesia para proyectar una imagen de empresa responsable. De todos los grandes de la IA, nosotros somos los buenos.

No es la primera vez que el sector juega esta carta. Hace unos meses, como ya apuntamos en Contraoferta, fue OpenAI quien lanzó sus propias advertencias sobre los riesgos de la IA, en lo que parecía más una estrategia de posicionamiento que un mea culpa genuino. Ahora le toca a Anthropic. El turno de las grandes big tech para presentarse como los adultos responsables en la sala parece haberse convertido en un ritual casi obligatorio antes de cada gran ronda de financiación o salida a bolsa.

Los escépticos no faltan. David Sacks, el exzar de la IA de la administración Trump, fue directo en su respuesta: “En otras palabras, quieres que el gobierno nos salve... de ti”, recogía el New York Times. Varios analistas han señalado que Anthropic lleva tiempo convirtiendo el alarmismo en estrategia de marketing, aunque fuentes del sector aseguran a este rotativo que los ejecutivos de la empresa están genuinamente preocupados. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez.

Lo que resulta innegable es que el debate ya no es entre tecnólogos visionarios y luditas asustados. Está en el centro del tablero financiero y político. Las encuestas muestran que los ciudadanos se preocupan más por poner límites a la IA que por acelerar su desarrollo, y hasta la administración Trump ha empezado a mover ficha regulatoria. Quizá Anthropic tenga razones fundadas para preocuparse. O quizá estemos asistiendo a una sofisticada operación de posicionamiento antes de la gran batalla bursátil que se avecina. Parece el negocio más extraño del mundo: vender miedo y esperanza en el mismo prospecto de salida a bolsa. En cualquier caso, cuando quienes construyen las máquinas empiezan a advertir sobre ellas, conviene escuchar.

El dato

1.841

Es el número de ciberataques semanales que España recibió de media en mayo. En todo el mundo, la cifra es 2.055, según datos de Check Point Research, perteneciente a la empresa israelí de ciberseguridad Check Point Software. Los principales riesgos son los ataques de ransomware (un tipo de software malicioso, malware, que bloquea y secuestra el acceso a los archivos y sistemas de tu equipo y exige un rescate económico, usualmente en criptomonedas) y la exposición de datos cada vez que utilizamos cualquier herramienta de IA generativa y le preguntamos. Vayamos con cuidado. En España, los sectores más afectados fueron el Gobierno, las empresas de bienes y servicios de consumo y telecomunicaciones, entre otros.

El gráfico

Vender un récord histórico siempre viste mucho, pero conviene mirar la letra pequeña. Es cierto que la inversión pública en Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización (I+D+i+d), lo que técnicamente se llama la “política de gasto 46”, acaba de reventar el techo de las estadísticas en España con un presupuesto total disponible de 20.511 millones de euros y una ejecución histórica, del 76,4%, el nivel más alto desde 2009, lo que supone enterrar definitivamente la vergonzosa etapa de los años del austericidio, cuando España presupuestaba en ciencia lo que luego no gastaba. Sin embargo, este subidón no se debe a que el Gobierno haya tenido una revelación repentina sobre el futuro de la biomedicina o la soberanía tecnológica civil. 

La realidad, desnudada por la Fundación Cotec en su reciente informe sobre la Ejecución presupuestaria de la I+D en el sector público, es que el motor exclusivo de este hito es el boom de la industria militar: el presupuesto para investigación en defensa se ha triplicado en solo un año, disparándose de los 1.842 millones a los 6.000 millones de euros, y ya representa casi el 30% de toda la política de gasto en innovación. 

Cotec ya ha encendido las alarmas ante el riesgo evidente de que este despliegue militar termine asfixiando y fagocitando los recursos destinados a la investigación puramente civil, esa que sirve para curar enfermedades o descarbonizar la industria. Con los fondos europeos del Plan de Recuperación en retirada, son los préstamos a la industria armamentística –volviendo al viejo y cuestionado modelo precrisis de inflar las cuentas estatales con créditos en lugar de subvenciones directas– los que sostienen el récord. La pregunta que deja en el aire Cotec es si España será capaz de mantener la inversión en I+D civil cuando se cierren del todo los grifos europeos. 

No todo nos parece mal

Esta semana destaco una iniciativa nuestra, de elDiario.es. El próximo viernes, 19 de junio, estrenamos Una casa para vivir, un nuevo boletín dedicado a uno de los mayores problemas de nuestra sociedad: la vivienda. El compañero Germán Aranda, de la sección de Economía, analizará cada viernes la actualidad de la crisis habitacional y por qué la vivienda empobrece a millones de personas y enriquece a unas pocas.

Hoy en día es casi imposible quedar con alguien y que la conversación sobre la vivienda no esté presente. Queremos explicarte las claves de la problemática que domina tanto el debate público como el privado. Abordaremos tanto las estadísticas y datos que marcan el mercado, pero sin perder de vista el pulso de la calle. Y habrá un lugar para ti: seremos tu altavoz para visibilizar tus denuncias y trataremos de resolver las dudas prácticas a las que te enfrentas cada día relacionadas con la vivienda. 

Es un boletín gratuito, próximamente anunciaremos cómo apuntarse.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Aquí lo dejo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

¡Un abrazo!

A diferencia de lo que solemos asumir en Occidente, el sistema político chino cuenta con ocho partidos legales minoritarios que cooperan con el régimen bajo la dirección –y subordinación– del Partido Comunista de China (PCCh). Uno de ellos es el Liga Democrática de China, al que pertenece Jia Qingguo. Este partido enfoca su agenda principalmente en el desarrollo cultural, científico y educativo de la nación. Su base de afiliados (más de 340.000 miembros) está compuesta por académicos de alto nivel, científicos y educadores. Su propuesta principal es canalizar el conocimiento técnico y académico de este sector hacia la toma de decisiones del Estado.

Jia Qingguo (Wuzhi, Henan, 1956) es una figura destacada dentro de la Liga Democrática y, a través de esta afiliación, ocupa su influyente escaño en el Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). No es un parlamento con poder legislativo, pero sí el máximo órgano consultivo y de asesoramiento político del país. Este experto en relaciones internacionales es reconocido por haber sido el decano de la prestigiosa Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín.

En esta entrevista que concede a elDiario.es tras su participación en la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona en un debate sobre la reconfiguración del orden internacional, no rehúye a cuestiones políticas, si bien el diálogo gira principalmente en torno a cuestiones económicas. Pero reconoce las “violaciones de derechos humanos” en Xinjiang, “que China debería aprender a evitar”, y no le duelen prendas en señalar a Estados Unidos y a la UE por no reconocer el “genocidio del Gobierno de Israel en Gaza” ni en admitir que en la estrecha colaboración de China con Rusia “tiene mucho que ver EEUU”.

Europa se siente cada vez más atrapada entre Washington y Pekín. ¿Cómo cree que debería posicionarse la Unión Europea en este nuevo panorama internacional?

Europa debería desarrollar sus propias políticas en función de sus intereses y valores. Y sus intereses exigen que Europa continúe con las relaciones comerciales y económicas. Es la manera que tiene de aprovechar la ventaja comparativa en el comercio y de hacer a Europa más próspera. Europa puede vender su tecnología a China, pero también aprender y comprar tecnología de China. Debe ser un proceso bidireccional. Aprovechar la oportunidad para Europa es una decisión que los europeos tienen que tomar, pero no hay que desperdiciar esta oportunidad por la presión de EEUU.

La Comisión Europea sostiene que la actual relación comercial y de inversión con China no es sostenible. ¿Cree que Bruselas exagera?

No sé por qué dice que no es sostenible, se ha sostenido durante mucho tiempo. Comenzó cuando China era bastante débil, cuando las empresas chinas eran muy pequeñas y también atrasadas. China no la detuvo y se ha beneficiado del proceso. Las empresas chinas se han ido haciendo más grandes con el tiempo, más fuertes y más competitivas. Si las empresas chinas pudieron hacerlo cuando la situación estaba en contra de China, ¿por qué no pueden hacerlo las empresas europeas cuando están en una mejor posición que la que tenían las empresas chinas en el pasado? Decir que la relación económica no es sostenible demuestra que algunas personas no tienen confianza en las empresas europeas. En otras palabras, creen que no pueden aprender, adaptarse, ni que pueden tener éxito en el comercio y en la inversión con China.

¿Los productos Huawei no son seguros? Los teléfonos de Apple tienen vulnerabilidades demostradas por la propia inteligencia de EEUU. Es una decisión política, no de seguridad

Desde Europa se percibe una contradicción: China defiende la globalización y el libre comercio mientras mantiene importantes barreras en sectores estratégicos.

Las barreras comerciales y los aranceles de China han bajado a lo largo de los años. China tiene un acuerdo de libre comercio con los países de la ASEAN y ambas partes se han beneficiado de ello. ¿Por qué no pueden hacerlo China y Europa? Están obstaculizando su propio progreso en términos de desarrollo tecnológico. Uno de los problemas con Europa es que se preocupa mucho por la influencia estadounidense. Por ejemplo, EEUU dijo que los productos de Huawei no eran seguros. Tanto el Gobierno británico como el alemán realizaron todo tipo de pruebas en los laboratorios y no encontraron nada, y aun así siguieron su consejo. Usted habla de vulnerabilidades: el teléfono de Apple también las tiene. Hay evidencias proporcionadas de que la inteligencia de EEUU intervenía en los teléfonos de los líderes europeos. Pero en el caso de Huawei, después de tantas pruebas, todavía no confían en sus productos. Es una decisión política, no de seguridad.

China lidera la transición hacia el vehículo eléctrico, mientras Europa teme perder parte de su capacidad industrial. Los fabricantes europeos denuncian que las ayudas públicas han permitido a las empresas chinas construir una ventaja competitiva difícil de igualar.

Creo que tanto China como Europa subvencionan a sus empresas. El argumento de que las empresas chinas se han vuelto más competitivas gracias a las subvenciones es exagerado: son competitivas en general, no solo en un sector o producto. Si el Gobierno chino proporcionase subvenciones a todas las empresas para hacerlas competitivas en el mercado mundial, quebraría. El verdadero secreto es que están sometidas a mucha presión. En un inicio, había docenas de empresas de vehículos eléctricos en China enfrascadas en una competencia feroz. Todas perdían dinero, a pesar de las subvenciones. Entonces el Gobierno chino, por si no fuera suficiente, introdujo Tesla en China. Se construyó una fábrica en Shanghái enorme, lo que puso aún más nerviosas a las empresas chinas. Al final quedaron las más fuertes, como BYD o Geely. Las que intentaron mejorar y fueron capaces de ofrecer productos de mayor calidad a un precio menor. Esa es probablemente la razón por la que algunas empresas tuvieron éxito y otras quebraron.

El vicepresidente y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de dialogar con China “de igual a igual”. ¿Qué significa para usted una relación entre iguales entre Europa y China?

Durante mucho tiempo, el Gobierno ha defendido establecer una relación de igualdad y respeto mutuo hacia los países occidentales, en general, y con Europa en particular. Para China no hay ningún problema, la cuestión es cómo llevarlo a la práctica. Me pregunto, por ejemplo, ¿seríamos capaces de mantener una conversación real sobre cómo abordar cuestiones de derechos humanos o recurriríamos a la “diplomacia del megáfono” para decirlo a gritos sin llegar a un acuerdo? Creo que China, probablemente, prefiera el primer enfoque. Todos tenemos nuestras preocupaciones sobre los derechos humanos y todos podemos mejorar en esa materia. Así que es mejor que sentarnos tranquilamente a dialogar para compartir nuestras experiencias y que aprendamos mutuamente.

¿Qué otros errores está cometiendo Europa en su análisis de China?

Sobre todo en cuanto a la lectura que hay sobre su situación en materia de derechos humanos. Las decisiones de la UE en los últimos años respecto a China han estado muy condicionadas. Europa depende mucho de EEUU y le interesa mantener esa buena relación. A veces, hasta el punto de perjudicar sus propios intereses. Un ejemplo es el caso de Xinjiang. Los europeos aceptaron la narrativa estadounidense de que lo que ocurrió fue un genocidio. Para nosotros, en cambio, fue una gran campaña antiterrorista. Muchas personas fueron asesinadas y China tenía que responder. Es cierto que para combatir el terrorismo se tomaron decisiones que violaron derechos humanos. Pero si se mira el resultado final, Xinjiang se está convirtiendo en un lugar mejor y más seguro. De los medios para lograrlo hay que aprender para evitar llegar a esos extremos. Pero considerarlo un genocidio es demasiado. Un genocidio es lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza. Eso es un genocidio y, sin embargo, ni el Gobierno estadounidense ni la UE lo nombran como tal.

La lucha contra la corrupción ha sido una de las grandes prioridades del liderazgo chino en los últimos años. ¿Qué balance hace de esos esfuerzos y cuáles son los principales desafíos pendientes para fortalecer las instituciones y la confianza ciudadana?

China ha estado librando una guerra contra la corrupción y hemos derribado a muchos funcionarios que malversaron dinero público. Creo que eso muestra la determinación del Partido Comunista Chino por hacer que el Gobierno sea honesto. Pero todavía queda mucho por hacer. La pregunta de cómo hacer que el sistema sea limpio y eficiente sigue sin ser respondida completamente. Pero al menos ahora los funcionarios acatan más las normas que en ningún otro momento de la historia china. En otras palabras, ahora operan dentro de las reglas, aunque siga habiendo corrupción.

China entiende las razones de Rusia: la expansión hacia el este de la OTAN ejerció una enorme presión (...), pero China no ha respaldado las operaciones militares especiales de Rusia, en Ucrania: viola el derecho internacional

China ha evitado condenar la invasión rusa de Ucrania y mantiene una estrecha relación con Vladímir Putin. ¿Dónde sitúa Pekín los límites de esa asociación? ¿Existe algún escenario en el que China pudiera distanciarse de Rusia?

Es cierto que la relación política de China con Rusia es bastante buena. Pero eso no significa que China respalde las operaciones militares especiales de Rusia, como ellos las llaman, en Ucrania. La razón es sencilla: es una violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Pero China también entiende las razones de Rusia: la expansión hacia el este de la OTAN ejerció una enorme presión sobre su país, y Ucrania era parte de la Unión Soviética. Estas dos cosas fueron las que probablemente llevaron al presidente Putin a tomar una decisión. Pero China nunca ha respaldado las operaciones militares de Rusia en Ucrania, en su lugar adoptó una política de neutralidad. China se ha abstenido incluso de vender armas a Rusia para apoyar sus operaciones militares. Esperamos que los dos países puedan alcanzar un alto el fuego lo antes posible y que puedan abordar sus diferencias mediante la negociación, en lugar de dejar morir a su gente en los campos de batalla.

Si la guerra de Ucrania terminase mañana, ¿seguiría siendo Rusia un socio estratégico indispensable para China o la importancia de Moscú depende en gran medida de su confrontación con Occidente?

Sin duda, China y Rusia mantendrían su nivel actual de cooperación si no fuera por la cuestión de Ucrania. Creo que la cooperación entre ambos países no puede sino ampliarse y no va dirigida contra ningún otro país. Por supuesto, la razón por la que China está dispuesta, y Rusia también, a participar en este tipo de cooperación, creo que tiene mucho que ver con las presiones de EEUU sobre ambos. Pero creo que no podemos descartar la posibilidad de que, con el tiempo, China y EEUU, por un lado, y Rusia y EEUU, por el otro, mejoren su relación. Pero primero tenemos que poner fin a la guerra en Ucrania antes de poder alcanzar algún tipo de gran poder en la cima.

Hablemos de la economía doméstica de su país. Durante años se asumió que el crecimiento económico chino sería prácticamente ilimitado. Hoy el país afronta un envejecimiento acelerado de la población, una prolongada crisis inmobiliaria y una menor confianza de los consumidores. ¿Cuál considera que es el principal desafío económico de China para la próxima década?

Aunque no soy economista, creo que el nivel actual de crecimiento de China sigue siendo bastante sólido. Pero tenga en cuenta que la economía china se ha vuelto tan grande que niveles más altos de crecimiento son cada vez menos probables. Por supuesto, nos enfrentamos a muchos desafíos económicos, como los que usted cita: el problema inmobiliario, la falta de consumo interno, el problema del envejecimiento de la población. El Gobierno chino está intentando abordarlos. Lo primero es estimular, desarrollar políticas para estimular el desarrollo del sector de alta tecnología, la fabricación de alta gama, la inteligencia artificial, los robots, quizás también la maquinaria agrícola, el 6G, todas estas cosas. Y al mismo tiempo, por supuesto, el Gobierno chino ha estado diseñando políticas para ayudar a las personas que se han quedado atrás; es decir, las que están perdiendo sus puestos de trabajo y también a la población vulnerable, para garantizar que puedan llevar una vida digna. Estamos en un proceso de transición desde una economía centrada en productos de gama media y baja hacia una economía que tendrá una cuota cada vez mayor del mercado mundial en productos de fabricación de alta gama, así como en el ámbito de la ciencia y tecnología.

La IA y los robots destruyen empleo y hay que abordarlo. Se habla de recaudar impuestos a los empresas muy automatizadas para ayudar a formar a los afectados y, luego, tal vez deberíamos pensar en reducir la jornada laboral

El desempleo juvenil ha alcanzado niveles muy elevados y muchos jóvenes expresan incertidumbre sobre su futuro laboral y económico. ¿Le preocupa que este fenómeno pueda tener consecuencias sociales o políticas a largo plazo?

Bueno, sin duda es un tema al que el Gobierno chino ha prestado cada vez más atención, pero no solo al desempleo juvenil, sino también al desempleo en general, debido a la creciente aplicación de la IA. Por ejemplo, tenemos taxis robotizados, vamos a tener fábricas robotizadas, así que ¿cómo vamos a abordar la situación de desempleo que se derivará de ello? Pues estamos pensando en formas de abordarlo: una forma es ayudar a formar a la gente para que se adapte a nuevos puestos de trabajo, vale, no sé dónde estarán esos puestos, pero quizá más en el sector servicios. Hay quien habla de recaudar impuestos de los robots…

Aquí tenemos ese debate, también, aún muy embrionario

Creo que es una buena idea, pero luego resulta muy difícil de aplicar porque, en primer lugar, ¿qué es exactamente un robot? ¿Es una máquina, un robot? ¿A partir de qué nivel de automatización se puede considerar que es un robot? Quizá, con el tiempo, atacaremos a las empresas que tengan un alto grado de automatización, de modo que se graven a las que no empleen a mucha gente. Así, utilizaremos el dinero para ayudar a formar a las personas para nuevos puestos de trabajo y también para proporcionar asistencia social a las personas que no pueden encontrar trabajo. Y luego, tal vez deberíamos pensar en reducir la jornada laboral o los días de trabajo. Creo que en Europa también han estado circulando ideas similares, por lo que nos enfrentamos al mismo reto; deberíamos intercambiar opiniones, experiencias e ideas sobre cómo abordar estos problemas, ya que son retos comunes que ambas partes debemos abordar juntos.

Si tuviera que señalar una idea equivocada que hoy predomina en Europa sobre China, ¿cuál sería?

Creo que la idea de que China no se preocupa por el bienestar de la gente, desde una perspectiva de derechos humanos, y de que el Gobierno chino no responde a los intereses y demandas de la gente. Eso no es cierto. De hecho, que China haya llegado a este punto y que goce de un nivel tan alto de apoyo popular... Creo que la Universidad de Harvard realizó hace muchos años un estudio sobre el apoyo popular en China y este se mantuvo bastante alto. Hace muchos años estuve en Washington y pude comprobar como por cualquier gestión hay más colas e ineficiencias burocráticas que en China. A pesar de que nuestros líderes no son elegidos en unas elecciones competitivas son igual de receptivos, si no más, a las necesidades e intereses de la gente común. Así que tenemos que ser más comprensivos, necesitamos entendernos mejor unos a otros en lugar de descartar a la otra parte como moralmente inferior. Sí, deberíamos tratarnos de una manera más respetuosa y equitativa.

Hola

Deseo que estés bien.

La intervención de Alberto Núñez Feijóo en la reunión anual del Cercle d’Economia, celebrada esta semana en Barcelona, deja una conclusión incómoda para el líder del PP: sigue sin encontrar el lenguaje político que conecta con la élite económica catalana. Llegaba el político gallego a Barcelona en una posición aparentemente favorable, con Pedro Sánchez debilitado por la crisis política y con una parte de las élites económicas reclamando estabilidad y anticipando un posible cambio de ciclo. Sin embargo, desperdició una oportunidad evidente. 

El auditorio esperaba respuestas sobre cómo piensa construir una mayoría alternativa y qué proyecto económico ofrece para España. Encontró, en cambio, un discurso centrado en la denuncia del Gobierno y escaso en propuestas concretas. Buen diagnóstico socioeconómico de los problemas (crisis inmobiliaria, pérdida de poder adquisitivo, baja productividad) pero lugares comunes en cuanto alternativas (más viviendas, servicios públicos e inversiones y menos impuestos).

Un abismo comparado con la intervención de Pedro Sánchez, que clausuró la jornada un día después reivindicado su plan de acción sobre los pilares de la transición energética, la formación, la digitalización, la demanda interna y la solvencia fiscal. Más allá del brindis al sol del anuncio tramitación de los Presupuestos de 2027 (desde las elecciones generales de 2023 se ha comprometido cada año a presentar unas cuentas que hasta la fecha no han visto la luz). “Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexiona un directivo en esta crónica de Arturo Puente. 

El problema para Feijóo no es únicamente de contenido, sino también de comprensión del momento político catalán. Mientras buena parte del empresariado ha abrazado la normalización institucional impulsada en los últimos años, de la que tanto presume Salvador Illa, y observa con interés debates como la financiación singular o el retorno de sedes empresariales, el líder popular volvió a situarse en una lógica de confrontación. Su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación y su negativa a reconocer los cambios producidos en Catalunya chocan con la realidad. El resultado es que, cuando tenía la ocasión de presentarse como un futuro presidente capaz de integrar sensibilidades distintas, apareció más preocupado por contentar a su propio electorado.

Quizá lo más relevante del paso del presidente del PP por el Cercle no fue lo que dijo, sino lo que reveló la reacción de la sala. Hace apenas unos años, una parte significativa de las élites empresariales catalanas veía en el PP una posible herramienta para cerrar la crisis territorial. Hoy la prioridad parece otra: estabilidad, capacidad de pacto y seguridad institucional, algo que Pedro Sánchez sí se encargó de subrayar ante un auditorio con el que mantiene un idilio especial, pese a no ser santo de devoción de muchos de los asistentes.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà. Es precisamente ahí donde Núñez Feijóo continúa generando más preguntas que respuestas. En el Cercle volvió a quedar la sensación de que Feijóo puede estar más cerca de La Moncloa que nunca, pero sigue igual de lejos de conquistar la confianza de la burguesía catalana.

El dato

30.000

Son los euros de multa que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto a la cadena de supermercados Mercadona por la “incorrecta” denominación y etiquetado de un tipo de pan especial, comercializado bajo su marca propia. Responde a una denuncia que presentó Facua “por información engañosa en sus tortillas de avena 51% y la obliga a responsabilizarse de sus productos de marca blanca”. La sanción es importante, no tanto por la cuantía, sino porque establece que las cadenas de supermercados tienen que hacerse responsables de sus productos de marca blanca. Algunas se desentienden de ellos alegando que no producen esos productos, que solo los distribuyen. Mercadona estudia el recurso.

El gráfico

El consumo de Occidente, y en este caso de la Unión Europea, genera un impacto ecológico que trasciende por completo sus fronteras. Cuando consumimos carne de cerdo, bebemos café o compramos chocolate, también consumimos una porción invisible de tierra situada a miles de kilómetros de distancia. Consumimos una extensión de tierra en el extranjero equivalente a toda la superficie agrícola de España para sostener su demanda de alimentos y biocombustibles. 

Europa exporta tierra de pasto en forma de ovejas, vacas, cabras. Bajo la apariencia de un intercambio entre iguales, este sistema de comercio transfiere de forma sistemática tierra, energía y materiales desde los países pobres hacia los ricos.

Como señalaba esta semana Alberto Garzón, este modelo evidencia una profunda contradicción económica y geopolítica: mientras Bruselas abandera la transición verde dentro del continente, externaliza la degradación ambiental, la deforestación y la sobreexplotación de recursos hídricos hacia países en desarrollo con regulaciones mucho más laxas. Se llama deslocalización ecológica. 

Tipos (y tipas) de interés

Hoy se merece este espacio Maricarmen Abascal. A sus 87 años se enfrenta a su tercer intento de desahucio en seis años, pese a vivir en el piso desde casi toda su vida, en el barrio madrileño de Retiro, desde 1956. Su calvario se inició en 2020 y, por el momento, prosigue el próximo 24 de junio. El desalojo debía producirse este miércoles, pero se ha frenado a última hora, gracias en parte a la movilización de cientos de personas.

El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento hace setenta años, pero un conflicto legal con el modelo de renta antigua permitió que Urbagestión se hiciera con la propiedad. Ahora, la empresa amaga con expulsarla. Esta lucha le ha costado la salud, que apenas puede mantenerse en pie. “Que el Gobierno compre mi casa y la ponga en alquiler social”, clama en esta entrevista de hace unos días con el compañero Germán Aranda. Se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia ante la desalmada crisis de vivienda.

La subida de precio en los nuevos contratos de alquiler asfixia a las familias inquilinas españolas. Los caseros aprovechan el cambio de contrato para subir los precios de media un 37% en 2024 en comparación a los precios de 2015 y hacer que las familias pierdan de media un 11% de poder adquisitivo, según un nuevo informe del gabinete económico de Comisiones Obreras. Esta situación está provocada por el hecho de que, entre 2015 y 2024, los salarios han subido más (un 26%) que los contratos de alquiler existentes (un 21%), pero mucho menos que los nuevos contratos, que se han disparado un 37%. 

No todo nos parece mal

Hoy un 3x1. El gigante chino SAIC Motor (dueño de marcas como MG) y la Xunta de Galicia han confirmado la construcción entre 2027 y 2028 de una fábrica de coches eléctricos que se ubicará en A Coruña, entre Ferrol y As Pontes (200 millones de inversión, 2.300 empleos y una producción de 120.000 coches al año). Dos días después, la planta de Seat & Cupra en Martorell (Barcelona), la mayor de España, ha puesto en marcha la producción de sus primeros vehículos 100% eléctricos con la fabricación del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo, los primeros modelos de la familia de eléctricos urbanos del grupo VW. El mismo día, pero cambiando de sector, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participaba en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de Grifols en Lliçà de Vall (Barcelona), 160 millones de euros de inversión. Supondrá la creación de 400 empleos directos y permitirá al gigante de la salud aumentar en tres millones de litros anuales la capacidad de fraccionamiento de plasma en Europa, el doble de la capacidad actual. Inversiones son amores. Por cierto, las dos últimas contribuyen a fortalecer la autonomía estratégica de Europa. 

Nos gusta la competencia

De las informaciones de otros medios que me han parecido interesantes, destaco esta semana dos entrevistas: una que he leído en El Periódico a Josep Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional; y otra con Diane Coyle, catedrática de Economía en Cambridge y ex vicepresidenta de la BBC, en la contra de La Vanguardia. A continuación te cuento los porqués.

Termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín.

Mientras puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Un abrazo!

Como él mismo señaló nada más subir al atril del Cercle d'Economia, Alberto Núñez Feijóo llegó a Barcelona acompañado de un enorme elefante: la duda sobre si puede articular una mayoría para una moción de censura exitosa contra Pedro Sánchez. Durante los 45 minutos que intervino, el líder del PP no dio al elefante ni un triste cacahuete, ni tampoco concedió a la audiencia empresarial una sola promesa o guiño más allá de lo estrictamente necesario. Más bien al contrario.

Feijóo dejó claro al empresariado catalán que ni cuenta con ellos para llegar a Moncloa ni les pide nada. Este no es un presidente del PP que quiera hablar en catalán en la intimidad. El tono de Feijóo tuvo este martes un matiz diferente al empleado en otras ocasiones, tanto en el mismo foro como en otros encuentros con el patriciado catalán.

El líder de la oposición solemnizó que ni cuenta con la élite empresarial catalana ni aspira a seducirla. Para rematar, sugirió que volverá al Cercle de aquí a un año, se entiende que como presidente del Gobierno, desde donde demostraría que no necesita los consejos que acostumbra a recibir en Barcelona.

“Otra oportunidad perdida”, se lamentaba el presidente de un importante despacho de abogados. “Podía haber aprovechado para apretar más al presidente del Gobierno a través de preguntas concretas para que se comprometa, pero no lo ha hecho”.

Justo hace un año, fue el propio líder del PP quien prometió a los asistentes a la reunión del Cercle un sistema de financiación que aportarse “recursos adicionales” a Catalunya. Llevaba bajo el brazo también propuestas para conectar con su audiencia, como alargar la vida de las nucleares. Unos meses después acudía a la sede de Foment, la gran patronal catalana, a la que pedía para una moción de censura “los votos de los suyos”, en referencia a Junts.

Poco de eso había en el discurso que enarboló Feijóo este martes en Barcelona. “No vengo a pedir favores, ni tampoco a regalarlos”, aseguró, dando un giro sobre sus propios pasos.

Rechazó de plano la propuesta de financiación surgida de la Moncloa y aseguró que su modelo se basaría en revisar el gasto. Tampoco hizo concesiones ante la petición de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, de pactos hacia el centro y entenderse con el PSOE. Ni mucho menos con Carles Puigdemont. “Hablemos de cosas serias”, zanjó.

El lunes, primer día de la reunión del Cercle y un día antes de la participación de Feijóo, el dirigente de una importante institución empresarial comentaba que lo mejor que podía hacer el presidente del PP era dedicar las horas previas a ir al spa de un hotel y relajarse un poco. “Ha venido más tranquilo que otras ocasiones, menos mitinero quizás, pero los aplausos han sido contenidos”, resume un directivo de una relevante empresa de infraestructuras del Ibex. Tampoco convenció.

Antes de presentarse ante el auditorio, Feijóo mantuvo una reunión privada con algunos de los más destacados empresarios catalanes. En el desayuno participaron dirigentes económicos como Marc Murtra (Telefónica), Josep Oliu (Banc Sabadell), José Creuheras (Planeta), Antonio Brufau (Repsol) o Amancio López (Hotusa).

Pese a saber los temas que se trataban en el cónclave económico y que interesan a la élite empresarial catalana, Feijóo hizo pocas concesiones y optó por hablar de su libro. “Ha recordado el momento de gran inquietud que vive el país y ha intentado no cometer errores, pero sin propuestas claras”, valoraba un dirigente patronal.

“Ya sabemos que a Feijóo le cuesta conectar con este ambiente; hace un buen diagnóstico de los problemas macroeconómicos, sí, pero no plantea alternativas concretas. Y es una pena, porque en la distancia corta gana mucho y su capacidad como gestor está fuera de dudas”, resume un veterano ejecutivo, uno de los que, antes de la intervención, participó en el desayuno que el presidente del PP mantuvo con un selecto grupo de directivos.

Las cuatro intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en la reunión anual del Cercle como presidente del PP se cuentan por decepciones y por las críticas a Pedro Sánchez. En 2022, cuando llegó tras sustituir a Pablo Casado en Génova, tuvo palabras amables y cargó contra el procés. En 2023, en vísperas de las elecciones generales, regaló los oídos al auditorio —“sois estupendos porque pagáis más impuestos que nadie”—, pero evitó mojarse sobre temas como un nuevo modelo de financiación autonómica.

En 2024 intensificó las virulentas críticas al líder socialista y pasó de puntillas por la economía. Y el año pasado, volvió a defraudar al no mojarse sobre la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell —qué lejana queda ya—, un día después de que Pedro Sánchez anunciara una sorpresiva e inaudita consulta. “Mi opinión personal es irrelevante”, dijo entonces el aspirante a La Moncloa.

En esta ocasión, también esquivó hablar de aquello que le proponía la organización, que era la autonomía estratégica de la Unión Europea. “¿No creen que España tiene alguna dificultad añadida para hablar de estos asuntos? Antes que ninguna otra cosa, España necesita lo elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capaz de defender el interés general”. Así se quitaba del medio Feijóo el debate europeo para centrarse en la política doméstica. Lo que no mencionó el líder popular es el otro elefante que tiene la derecha en su habitación, Vox.

“Feijóo ha hecho suyo el manual de resistencia de Sánchez y está en llegar vivo a 2027. Y, para eso, no puede hacer concesiones al público catalán”, valoraba una fuente empresarial que aseguraba que había visto al líder del PP “hablando para los suyos, que sabe que no están en Catalunya”. La reunión será clausurada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hola

Deseo que estés bien.

Esta temporada de graduaciones, en Estados Unidos está dejando una escena incómoda para Silicon Valley: jóvenes abucheando a los evangelistas de la inteligencia artificial (IA). No a políticos, ni a rectores, ni a empresarios tradicionales, sino a los apóstoles de la nueva economía. Eric Schmidt, exconsejero delegado de Google, fue recibido con silbidos por miles de estudiantes en Arizona cuando habló del impacto de la IA en el trabajo. Algo parecido ocurrió días antes en Florida. El contraste es revelador: la generación que debería abrazar la revolución tecnológica observa la IA con una mezcla de miedo y escepticismo. Muchos de esos graduados acumulan currículos sin respuesta mientras escuchan que deberán “aprender a colaborar con la IA”, una frase que empieza a sonar más a amenaza que a promesa de prosperidad.

Esta semana, el Papa León XIV ha advertido de que la IA puede terminar condicionando procesos democráticos y ampliando dinámicas de control social. Que puede distorsionar a la humanidad. La Iglesia, tradicionalmente lenta para reaccionar ante las disrupciones tecnológicas, percibe ya un problema político y humano detrás de la euforia empresarial.

Y, sin embargo, el dinero sigue votando justo en dirección contraria. Nvidia volvió a pulverizar expectativas con unos ingresos trimestrales disparados y quince trimestres consecutivos batiendo previsiones. Su consejero delegado, Jensen Huang, habló de la “mayor expansión de infraestructuras de la historia de la humanidad”. La frase podría parecer exagerada si no fuera porque los mercados siguen comportándose como si fuera literalmente cierta. Las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank se dispararon un 20% en Tokio ante las expectativas ligadas a la IA y a su exposición a OpenAI (la matriz de ChatGPT), de la que ostenta el 13% del capital. Mientras tanto, Google presentó nuevas herramientas capaces de automatizar tareas cada vez más complejas y Huawei asegura haber encontrado un camino alternativo para fabricar chips avanzados sin depender de la tecnología occidental vetada por Estados Unidos. La supuesta burbuja lleva demasiado tiempo resistiéndose a pinchar.

De hecho, el problema para los escépticos es que cada semana aparecen nuevos datos que dificultan sostener la tesis del colapso inminente. Anthropic ya habla de beneficios antes de lo previsto. SpaceX (de Elon Musk) prepara una salida a Bolsa (OPV) que podría convertirse en la mayor de la historia. Y OpenAI acelera sus propios planes para cotizar. Hay algo profundamente paradójico en todo esto: la sociedad expresa ansiedad creciente sobre el impacto laboral y democrático de la IA mientras los mercados siguen interpretando cualquier avance como el anuncio de una nueva edad dorada. La profecía de la burbuja incumplida empieza a parecerse a aquellas crisis anunciadas cada año que nunca terminan de llegar.

Eso no significa que no haya motivos para la prudencia. Las advertencias sobre las futuras OPV de OpenAI, Anthropic o SpaceX son significativas. Muchos pequeños inversores podrían entrar tarde en compañías cuyos primeros accionistas llevan años esperando una vía de salida. La advertencia que publicaba hace unos días Axios AI+ es directa: “solo porque puedas no significa que debas”. El exgestor de carteras Tyler Gardner afirma que nada le convencería de comprar estas OPV: hacerlo sería el mayor regalo que se puede hacer a los insiders (los directivos, consejeros o accionistas mayoritarios de una empresa que tienen acceso a información confidencial antes de que se haga pública) y a los inversores privados que llevan años esperando poder salir. Y hay otro elemento menos visible: la automatización financiera: los fondos indexados y el capital pasivo podrían inflar todavía más estas cotizaciones de forma casi mecánica, alimentando un círculo donde el precio deja de reflejar expectativas racionales y pasa a reflejar pura inercia financiera.

Quizá el dato más importante de esta semana no sea bursátil, sino cultural. La IA ya no genera únicamente fascinación; empieza a producir rechazo social visible. Y eso cambia el tablero. Durante años, Silicon Valley asumió que cualquier tecnología capaz de generar riqueza terminaría siendo aceptada por la sociedad, aunque provocara disrupciones temporales. Pero los abucheos en las universidades estadounidenses apuntan a otra cosa: una generación que sospecha que la revolución puede estar diseñada para beneficiar sobre todo a quienes ya están arriba no para repartir la prosperidad.

El dato

1.800

Son los millones de euros de ahorro anual que se lograría si se impulsara el usos de los fármacos genéricos hasta niveles europeos, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado de distribución de medicamentos en España. La patronal de los genéricos, Aeseg, asegura que en España estos medicamentos se sitúan aún lejos de la media europea, que está en torno al 65% en unidades y al 25% en valores, porcentajes que se reducen en nuestro país al 21% y 40 %, respectivamente.

Eso en cuanto al ámbito mayorista; en cuanto al minorista, la CNMC propone flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio. Dice este organismo que, si se flexibilizara la apertura de farmacias, se crearían, en una década, 20.000 nuevos establecimientos y 45.000 nuevos empleos, la mayoría cualificados. El Consejo General de Farmacéuticos rechaza esta liberalización.

El gráfico

La industria europea del automóvil atraviesa una transición que ya no gira solo alrededor de la electrificación. La batalla real se libra en otro terreno: quién controla la tecnología, las cadenas de suministro y la capacidad industrial del coche del futuro. Y ahí China ha tomado ventaja. Los fabricantes europeos, presionados por los costes y la transición verde, recurren cada vez más a fábricas chinas para producir vehículos más baratos y competitivos. Volkswagen reconoce que fabricar un eléctrico en China puede costar hasta la mitad que en Europa, mientras Bruselas teme perder no solo producción, sino también innovación y control tecnológico.

En este gráfico de Agenda Pública, puede apreciarse quién gana y quién pierde en esta nueva realidad en la última década. Se observa un cambio de peso muy significativo en la cuota de mercado de los países productores. Este cambio beneficia a China e India, cuyas cuotas en 2025 —35,8% y 6,7%, respectivamente— suponen un aumento del 32,5% y del 46,5%, respectivamente, con relación a las de 2015. Algunos países, como la propia India o México, han ganado protagonismo al actuar como polos industriales emergentes, integrándose en cadenas regionales.

Según datos recogidos por el Financial Times, China ya exporta más de siete millones de vehículos al año, frente al millón escaso de 2020. Solo en los cuatro primeros meses de 2026, las exportaciones crecieron un 61%. Basta con echar un ojo a los coches que circulan por nuestras ciudades y pueblos. Las marchas chinas crecen como la espuma.

En medio de esa sacudida, España intenta posicionarse como uno de los grandes polos europeos del coche eléctrico. La combinación de plantas ya instaladas, costes más bajos que Alemania o Francia, renovables y fondos europeos ha atraído el interés de fabricantes chinos y alianzas como la de Stellantis y Leapmotor en Zaragoza. El sector confía –como hemos contado esta semana en el diario-- en que esas inversiones permitan renovar el viejo “milagro español” de la automoción, aunque el movimiento también plantea un dilema incómodo para Europa: reindustrializarse apoyándose precisamente en la tecnología china que intenta contener.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Josep Maria Recasens, nuevo consejero delegado de Indra. ‘Reca’, como se le conoce en los despachos del sector de automoción, llega a Indra con un perfil que, sobre el papel, encaja bien en la nueva etapa de la compañía: discreto, técnico, internacional y con fama de estratega tranquilo. En Renault ha sido una de las piezas clave de Luca de Meo y uno de los ejecutivos españoles con más peso en la transformación del automóvil eléctrico europeo. No tiene experiencia directa en defensa, pero tampoco la tenían antes Marc Murtra, Ángel Simón o el propio José Vicente de los Mozos. Lo que busca ahora Indra no es un militar industrial, sino alguien capaz de ordenar una compañía atrapada durante dos años en un gran conflicto de gobernanza.

Su principal reto no será tecnológico, sino político y corporativo. Recasens aterriza en una Indra todavía marcada por la crisis provocada por la irrupción y salida de los hermanos Escribano, la frustrada operación con EM&E y la continua batalla por el control ejecutivo del grupo. Y ahí aparece la figura de Ángel Simón. Aunque el nuevo presidente proyecta un perfil institucional y no es ejecutivo, en sus dos meses en el cargo ha demostrado que manda y mucho, con la incorporación de su lugarteniente, Ciril Rozman, y la salida del predecesor de Recasens, De los Mozos.

 ‘Reca’ tendrá que gestionar ese equilibrio delicado: construir liderazgo propio sin entrar en colisión con un presidente que parece decidido a pilotar directamente la transformación del grupo.

Porque el momento de Indra es probablemente el más ambicioso —y también el más inestable— de su historia reciente. La compañía quiere convertirse en campeón nacional de defensa en plena explosión del gasto militar europeo, liderar programas estratégicos como el FCAS o el 8x8 Dragón y redefinir el mapa industrial español alrededor de la defensa y la tecnología. El problema es que esa expansión coincide con una empresa todavía tensionada internamente y bajo vigilancia política constante. Ahí es donde el estilo Recasens puede convertirse en ventaja: menos ejecutivo agresivo y más operador de consenso. Justo lo que necesita una compañía que lleva demasiado tiempo funcionando como un avispero.

No todo nos parece mal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medidas “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

Quienes, desgraciadamente, no pueden jubilarse por mucho que quieran (y lo necesiten) son las trabajadoras del hogar. Para muchas de ellas la vejez y una larga carrera laboral no dan paso a la jubilación ni al descanso. “La mayoría de compañeras siguen trabajando porque es lo único que te queda para sobrevivir tú y los tuyos. No nos queda otra”, explica Marga Martínez, empleada del hogar y de cuidados desde hace 26 años a Laura Olías en esta información. Esta realidad queda analizada en un informe de Oxfam Intermón, que pone el acento en los problemas generalizados para acceder a una pensión suficiente en este colectivo, de más de medio millón de trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres.

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La productividad y el modelo productivo se cuelan de vez en cuando –aún poco, por desgracia– en el debate económico. Alberto Garzón nos ha recordado esta semana que la economía española está experimentando una ruptura con su histórico patrón de productividad anticíclica, logrando un crecimiento sostenido de este indicador a pesar de una creación de empleo masiva tras la pandemia, y desafiando la visión convencional que culpa a los trabajadores de su estancamiento.

No es magia ni un milagro caído del cielo: es el inicio de un cambio estructural empujado por los fondos NextGenerationEU y un ascenso en la cadena de valor que nos permite mirar de tú a tú a Francia o Alemania en términos de mejora relativa. El problema nunca fue el esfuerzo del trabajador, sino una estructura productiva que prefería el ladrillo a la tecnología.

En este sentido, un estudio elaborado por un grupo de economistas catalanes de ideologías diversas, entre los que se encuentra Guillem López-Casasnovas o Jordi Galí (quien más aparece en las quinielas para el premio Nobel) nos lanza un jarro de agua fría desde Catalunya que debería hacernos reflexionar a todos, puesto que es extrapolable a la mayor parte de España. Se llama Informe Fènix y es demoledor: alerta de un modelo económico que, pese al crecimiento del PIB y del empleo, está empobreciendo a la población: en los últimos 25 años, el ciudadano catalán se ha empobrecido 12 puntos respecto a la media europea en términos de PIB per cápita.

Lo más sangrante –y polémico– es lo que el informe denomina el “salario subvencionado”. Casi el 35% de la economía se apoya en sectores cuyos sueldos son tan bajos que ni siquiera cubren el coste de los servicios públicos básicos que esos mismos trabajadores consumen (sanidad, educación, justicia), lo que supone una transferencia de recursos que empobrece al conjunto de la sociedad. Pone ejemplos concretos: hoteles de sol y playa, mataderos porcinos o plataformas de reparto. El diagnóstico apunta a un modelo económico apoyado en salarios bajos, inmigración masiva y escaso valor añadido.

Los autores rechazan que sus conclusiones puedan interpretarse como un ataque al turismo o a la inmigración; sostienen que el problema reside en un modelo de servicios basado en competir vía precios bajos y salarios insuficientes, lo que acaba incentivando actividades que solo son viables con mano de obra inmigrante precaria. El informe cifra hoy en algo menos de 30.000 euros brutos anuales el umbral mínimo para evitar esa dependencia indirecta del Estado del bienestar. Pero en esto consiste justamente el Estado del bienestar y la redistribución de la renta, ¿no?

Aunque el informe lo plantea como el gran subsidio encubierto a los negocios de baja productividad: el Estado –es decir, todos nosotros, tú, yo– termina pagando indirectamente la sanidad y la educación de familias que las empresas no quieren remunerar dignamente. Y si no pueden pagar mejores salarios, sus directivos deben replantearse el negocio.

¿Y qué hacemos? Las recetas que proponen los economistas que han hecho el informe pasan por aumentar el salario mínimo para desincentivar los empleos poco cualificados o suprimir los beneficios fiscales que hoy mantienen artificialmente a flote a actividades de baja productividad. Y, con carácter más estructural, se atreven a pisar algunos callos: transitar hacia una inmigración selectiva que responda exclusivamente a una demanda de alta cualificación, huyendo del crecimiento demográfico masivo e indiferenciado; rebajar la presión sobre las rentas del trabajo y –atención– reducir la capacidad turística.

El informe no ha gustado a nadie, ni a políticos ni a empresarios. Relata cómo hemos caído en la trampa del crecimiento extensivo: más población, más turismo de masas y más empleo precario, pero menos riqueza real por habitante. Se ha confundido crecimiento con prosperidad.

El gráfico

Hace cinco años de la liberalización ferroviaria en España. Aunque es parcial, puesto que solo afecta a algunos corredores de alta velocidad. En mayo de 2021 comenzó a operar en España Ouigo, la compañía controlada por el Estado francés. En estos cinco años también ha entrado a operar Iryo, en este caso, participada por el Estado italiano. Hay tres compañías compitiendo por viajeros, lo que se ha traducido en una bajada de precios. Desde la liberalización, los billetes se han abaratado más de un 40%, descontada la inflación, pero el número de viajeros empieza a dar síntomas de fatiga en rutas clave, como la que une Madrid y Barcelona.

La bajada de precios es la principal baza que se esgrime a la hora de hablar de los beneficios que ha producido la liberalización de la alta velocidad ferroviaria. A finales del pasado año, la CNMC publicó un informe donde aseguraba que, “entre 2019 y 2024, los ingresos medios por viajero en las principales rutas con competencia” —es decir, los precios— “bajaron un 33%” entre esos dos ejercicios. Un 44% si se ajusta la bajada a la inflación, matizó. “Si en 2023, tras la implementación prácticamente completa del plan de transporte de Iryo, los ingresos medios bajaron un 23% respecto a 2022; en 2024, estabilizada la oferta, la reducción fue más suave”, admitió. La otra cara de la moneda es que la mayor actividad ha tensionado las infraestructuras. Si quieres más detalles de la liberalización pincha aquí.

El dato

8.000

Son los puestos de trabajo que planea recortar Standard Chartered (StanChart), el quinto mayor banco británico, que ha explicado que va a situar la inteligencia artificial en el centro de una nueva estrategia. Se trata de alrededor del 15% de la plantilla.  El banco está focalizado en Asia, pero tiene sede en Londres y durante los últimos nueve años ha estado presidido por el español José Viñals.  Su consejero delegado, Will Binders, lo ha dicho muy claro esta semana: el banco quiere lograr una rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE) superior al 15 % en 2028 y alcanzar el 18 % en 2030, reducir la ratio de costes sobre ingresos y aumentar los ingresos por empleado. ¿Cómo? Recortando personal en funciones corporativas y con más automatización.

Es un ejemplo llamativo de cómo la IA amenaza con transformar las plantillas en el sector de los servicios financieros. El caso de StanChart nos puede resultar lejos, pero cuando las barbas de tu vecino veas cortar….

Según las previsiones de Morgan Stanley, más de 200.000 puestos de trabajo en el sector bancario europeo están en peligro durante los próximos cinco años, a medida que las entidades financieras adoptan la inteligencia artificial y trasladan más operaciones al ámbito digital.

A ello se suma el nuevo escenario económico que está asomando tras el conflicto en Oriente Próximo. La inflación y la previsión de próximas subidas de tipos de interés están aumentando los costes de financiación. Los bancos están empezando a cubrirse, hay que estar atentos.

No todo nos parece mal

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha elaborado el primer protocolo para facilitar el acompañamiento de las empresas a los trabajadores con cáncer, desde el diagnóstico hasta la reincorporación al trabajo tras el alta médica. En España 110.000 personas en edad laboral reciben un diagnóstico de cáncer cada año. Almudena Escudero ha vuelto a trabajar, pero está aún “con tres tratamientos”. “Yo me fui del trabajo de una manera y he vuelto de otra. Eso hay que contarlo, porque no lo saben. Creen que, porque te crece el pelo, vuelves a trabajar o tienes una alta médica, ya eres la misma persona que te fuiste. Pero eso no es así. Vuelve una persona diferente, con unas prioridades diferentes. Tu cuerpo no es el mismo, no puedes hacer lo mismo”, ha destacado la trabajadora este martes en el acto de presentación del protocolo en las oficinas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSST), en Madrid.

La iniciativa de este protocolo laboral surgió hace algo más de dos años en la Asociación Española Contra el Cáncer debido a las dificultades que les expresaban los pacientes oncológicos en el ámbito laboral y económico, así como por el continuo aumento de personas enfermas de cáncer en edad laboral. Que se explica principalmente por tres motivos, ha resumido Isabel Orbe, directora AECC: porque nos jubilamos cada vez más tarde, porque se detecta cáncer en personas más jóvenes (un proceso en estudio y que se explica también por la detección cada vez más precoz) y porque también porque hay más supervivencia.

Cada vez más trabajadores y trabajadoras se enfrentan a un diagnóstico de cáncer durante su carrera profesional, cuando aún necesitan un empleo para vivir, pagar las facturas, el alquiler, la hipoteca y otros gastos. Según las estimaciones de la asociación, en total en España hay “más de 800.000 supervivientes de cáncer en edad laboral”.

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La semana pasada falté a nuestra cita por culpa de la espalda. Es uno de mis puntos débiles. Hay que ejercitar el cuerpo, o se oxida. La izquierda lleva tiempo sin ejercitar su relación con los jóvenes. Y este domingo, en Andalucía, puede pasarle factura. Más de un millón de jóvenes están llamados a las urnas.Para 368.853 de ellos será la primera vez. Es la comunidad de España con más población, lo que allí acabe sucediendo será un buen termómetro.

El voto joven se considera “decisivo” en estos comicios, ya que varios sondeos indican que podría determinar la mayoría absoluta en provincias clave como Málaga o Sevilla. 

Según varias encuestas, el PP de Juanma Moreno logra una importante fidelización del voto joven (aunque en este segmento la abstención domina y hay mucha volatilidad) mientras que el PSOE que abandera María Jesús Montero tiene serias dificultades para conectar con los menores de 30 años, marcando mínimos históricos de intención de voto en este segmento. Adelante Andalucía está logrando captar el voto de “protesta” y el apoyo de estudiantes y jóvenes desempleados de forma más eficaz que Por Andalucía. 

En cualquier caso, la derecha y la ultraderecha parten con ventaja entre los jóvenes. Uno de los partidos que más los seduce es Vox, especialmente entre los electores de 18 a 24 años. Según el CIS, uno de cada cuatro jóvenes piensa votarles en las próximas elecciones generales. El partido de Santiago Abascal basa su fuerza en el discurso sobre inmigración y bajos salarios; esto es, en economía. Los inmigrantes te dificultan el acceso a la vivienda y como vienen en masa presionan a la baja los sueldos (la ley de oferta y demanda) y las condiciones laborales.

 Los jóvenes no se arriman a la derecha por adhesión, sino porque no ven que la izquierda les ofrezca soluciones a su malestar económico, a sus problemas vitales archiconocidos y sobre los que hablamos cada semana. No alcanzan para vivir, por mucho que determinados sectores “progresistas” miren hacia otro lado. La izquierda y su superioridad moral, como recuerda Judith Butler, quien reclama más autocrítica y soluciones. No, no pretendo ninguna división generacional. No son los boomers: es el capitalismo. Pero es una generación castigada por dos crisis, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad estructural; no se trata de ninguna cantinela.

Un estudio de Fedea de hace un par de años propone una norma fiscal para ayudar y “reorientar” hacia los jóvenes el gasto que hoy se dirige principalmente a personas mayores (pensiones, sanidad o dependencia). La finalidad de este documento es, por un lado, propiciar que los jóvenes tengan más peso en los procesos electorales y, por otro lado, evitar que la política “se centre en el cortoplacismo” si solo se escucha la voz de los más mayores.

No, tampoco hablo de recortar las pensiones. El estudio de este think tank, uno de cuyos autores es José Ignacio Conde-Ruiz, propone una regla fiscal intergeneracional en favor de la equidad intergeneracional como, por ejemplo, que por cada euro público adicional que se gaste, uno debería asignarse a programas de gasto público dirigidos a los jóvenes. La propuesta de Fedea tiene el mérito de recordar que sin políticas activas orientadas a los jóvenes, el malestar seguirá ahí. Y ese malestar tiene dirección de voto. La izquierda puede seguir mirando hacia otro lado. Pero las urnas no. 

El dato

59%

Es el porcentaje de las horas de trabajo en España que son técnicamente automatizables con la tecnología existente, según el informe “Agentes, robots y nosotros: Cómo la IA rediseña el trabajo y las competencias en Europa”, elaborado por McKinsey Global Institute (MGI). De ese porcentaje, el 44% corresponde a tareas que podrían asumir agentes (software diseñado para ejecutar funciones cognitivas), en tanto que el 15% lo podrían ejecutar robots, orientados a tareas físicas.

Hay quien lleva algo más de tres años esperando una avalancha de despidos que no termina de llegar. Los temores sobre la destrucción de empleos debido a la IA están cobrando fuerza tras varios anuncios de recortes en tecnológicas, como explicamos en esta completa información hace unos días. Aunque no parece ser la tendencia general por ahora y hay quien duda incluso de los motivos de estos ajustes.

El informe de MGI se centra más en las oportunidades. Analiza cómo las tecnologías existentes están transformando el mercado laboral en diez economías europeas y sitúa a España ante una ocasión histórica de aumentar su productividad si logra gestionar la transición hacia un modelo colaborativo entre humanos y máquinas. Dice que España podría obtener casi 142.000 millones de euros de ganancias gracias a la adopción de tecnologías de automatización de aquí a 2030, sobre todo en los sectores del comercio, la industria y el sector público. 

Desde 2023, el mercado español está experimentando una transformación en cuanto a las competencias que requiere, con una demanda cuatro veces superior de perfiles con fluidez en IA, es decir, capacidad práctica para utilizar y supervisar esta tecnología en el trabajo diario. 

Pese al elevado despliegue de tecnologías, el estudio subraya que el 85% de las habilidades humanas actuales seguirán siendo necesarias en el nuevo entorno laboral. “Para España, el desafío no reside en la desaparición del empleo, sino en su transformación”, deja claro el estudio.

El gráfico

No solo el rifirrafe arancelario será el tema central de la visita a China esta semana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Resumiendo mucho: Beijing pide la apertura de Ormuz y le encantaría que la Casa Blanca cambiase su posición sobre Taiwán, cosa difícil dado todo el arsenal que EEUU vende a la isla. Trump, por su parte, necesita exhibir acuerdos comerciales que complazcan a su electorado ante las próximas elecciones de medio mandato (midterm elections) de noviembre…y a sus tecnoempresarios.

Las tierras raras son el nuevo maná de la nueva geoestrategia global. Y China controla tanto el suministro como el procesamiento, como ilustra el gráfico que acompañaba el análisis económico de Alberto Garzón esta semana. Beijing incorporó las tierras raras a su contraofensiva comercial a comienzos de abril del año pasado, cuando anunció restricciones a nivel global a la exportación de samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, siete de los 17 elementos del grupo, además de imanes derivados, en plena escalada arancelaria con Washington.

El régimen de licencias afectó a insumos esenciales para sectores como defensa, aeronáutica, automoción, energías limpias o semiconductores; provocó cuellos de botella en cadenas de suministro y llevó meses después a nuevas tensiones, cuando el gobierno de Xi Jinping amplió el pasado octubre los controles a tecnologías relacionadas con la minería, fundición, separación y reciclaje de estos materiales. Estados Unidos, que, como recuerda Garzón, fue hegemónica en la era de los combustibles fósiles, teme ahora perder esa posición privilegiada.

Tipos (y tipas) de interés

Kevin Warsh, futuro presidente de la Reserva Federal. Se mantiene. Tomará posesión este 15 de mayo, que es la fecha en la que expira oficialmente el mandato de Jerome Powell como presidente de la institución. Aunque suelo subir a los recién nombrados, su alineamiento con Donald Trump me hace dudar. De momento lo dejamos en cuarentena, quizás nos acaba sorprendiendo.

¿De dónde surgen las dudas? ¿Quién es Kevin Warsh? Nacido en Albany (Nueva York) en 1970, llega a la presidencia de la Reserva Federal con un perfil que, sobre el papel, genera pocas objeciones: asesor económico de la Casa Blanca con George Bush, exdirectivo de Morgan Stanley, gobernador de la Fed entre 2006 y 2011 —fue mano derecha del entonces presidente Ben Bernanke— y pieza clave en la gestión de la crisis financiera de 2008. Pero Warsh no llega en un contexto normal. El que durante años fue conocido como un defensor a ultranza de la lucha contra la inflación, un halcón, se alineó públicamente con Trump para reclamar la bajada de tipos, justo lo que la Casa Blanca quería escuchar. La pregunta que se hacen los mercados es si ese giro fue táctico o definitivo.

La vista de confirmación ante el Senado ofreció respuestas inquietantes. Warsh arrancó con una proclama rotunda sobre la independencia del banco central, pero las palabras duraron lo que tardó la senadora demócrata Elizabeth Warren en preguntarle si Trump había perdido las elecciones de 2020. Su respuesta fue una pirueta verbal que los analistas interpretaron como una capitulación ante el test de lealtad trumpista. Con todo, también dejó claro que nunca se comprometió con ninguna decisión concreta sobre tipos de interés, y que tampoco lo habría aceptado. Un equilibrio difícil de sostener cuando Trump declaró en la CNBC que se sentiría decepcionado si Warsh no recortaba tipos de inmediato.

Los retos internos son tan complejos como los externos. El Departamento de Justicia llegó a abrir una investigación criminal contra Powell, a quien el propio presidente de la Fed acusó de ser un ataque político de la Casa Blanca motivado por sus decisiones sobre tipos de interés. Dentro de la institución monetaria estadounidense la tensión es máxima: en la última reunión, el gobernador Miran votó a favor de bajar tipos mientras tres presidentes regionales se oponían por el impacto inflacionista de los aranceles y el choque del petróleo iraní. El riesgo real no es que Warsh convierta la Fed en un apéndice de la Casa Blanca, sino que, incapaz de entregar lo que Trump exige, opte por atacar a sus propios colegas para protegerse. Tendríamos por primera vez a un presidente de EEUU y al jefe de la Fed disparando juntos contra la institución que uno dirige. Y la credibilidad de la misma por los suelos.

No todo nos parece mal

La competencia china puede verse como una amenaza o como un aliado. Leapmotor rescata la fábrica de Madrid de Stellantis (dueño de Fiat, Citroën u Opel, entre otras marcas) y refuerza la de Figueruelas (Zaragoza). El histórico emplazamiento de Villaverde estaba pendiente de conocer qué ocurriría cuando dejara de fabricarse el Citroën C4. El grupo Stellantis ha desvelado sus planes para las factorías españolas. Pasan por nueva producción de coches eléctricos en Figueruelas y por traspasar a la enseña de origen chino Leapmotor su factoría madrileña. Sobre Figueruelas, Stellantis ha anunciado que producirá un nuevo modelo, el Opel C-SUV con batería eléctrica, que podría comenzar en 2028. Se sumaría al modelo que Leapmotor tiene previsto ensamblar este mismo 2026. En la planta aragonesa se producen hoy el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon.

Stellantis y Leapmotor tienen una empresa conjunta y aseguran que tienen intención de llevar su asociación estratégica “al siguiente nivel”. De momento, la adjudicación de un nuevo vehículo Leapmotor a la planta de Madrid, en Villaverde, supone un balón de oxígeno ante el fin previsto de la producción del Citroën C4 allí. Pero el acuerdo apunta también a la posible transferencia de la propiedad de la planta. Su producción se quedó en 2025 por debajo de las 100.000 unidades. La factoría, puesta en marcha por Eduardo Barreiros en 1951, ha pasado por varias manos hasta acabar en Peugeot, posteriormente en PSA y Stellantis, y ha ensamblado algunos modelos icónicos de las últimas décadas como el Simca 1000, Talbot, Peugeot 207 y Citroën C3.

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Cuando la agenda social se desborda (vivienda, salarios, pobreza infantil…) priorizar un objetivo es más complicado. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, piden convertir este Primero de Mayo en un clamor del “no a la guerra” y por el derecho a la vivienda. Las centrales de trabajadores han elegido esta reclamación por los efectos que los conflictos internacionales tienen también en el bolsillo de la población en España. “Esto va de empobrecimiento”, resumen, y recuerdan que la crisis de la vivienda es el gran coladero por el que se van gran parte de los salarios y que ya han hecho pública su propuesta de subida de remuneraciones para los próximos tres años, del 4% y hasta el 7% para los salarios bajos. Bien. Pero, entonces, ¿por qué no poner los salarios en el centro del debate?  Ahí es donde se juega, en última instancia, la capacidad de negociación colectiva, que exige de un sindicalismo fuerte. Efectivamente, sin músculo salarial, todo lo demás flojea.

El diagnóstico es incómodo, pero real. La economía española crece, crea empleo y mejora la productividad por hora trabajada —algo poco habitual en ciclos expansivos recientes—, pero los salarios siguen sin acompañar. Los sueldos reales acumulan prácticamente un cuarto de siglo de estancamiento, sin una mejora clara del poder adquisitivo. En España tenemos un problema de bajo nivel de remuneración que afecta a sectores amplios de la población asalariada.

Los salarios son un reflejo de la productividad. Vale. Pero parece algunos datos empiezan a mostrar que hay una brecha histórica en la evolución de la productividad y de los salarios que no se ha cerrado, es decir, que las ganancias de productividad se han repartido más a favor del factor capital que factor trabajo). Los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, elaborado por la Agencia Tributaria y el Banco de España, muestran que en 2025 la productividad real por asalariado crece en torno a un 9% respecto a 2019, mientras la remuneración media apenas avanza un 2%. En paralelo, el margen bruto empresarial por trabajador se dispara un 17%. El fenómeno se extiende a la mayoría de los sectores, desde la energía hasta la hostelería o las finanzas. No es una anomalía puntual: es un cambio en el reparto del valor añadido, donde el capital gana peso frente al trabajo.

Por eso el debate sobre salarios no debería girar en torno a la cuña fiscal –esto es, lo que se abona en concepto de IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresa y empleado–, como ha hecho estos días la OCDE, sino a la distribución primaria de la renta, como sostiene Natalia Arias, economista del gabinete de estudios de CCOO. Mientras ese desequilibrio no se corrija, el crecimiento seguirá siendo, para muchos, una estadística ajena.

Y en el horizonte asoma un riesgo adicional. La evidencia apunta a que la automatización y la inteligencia artificial tienden a ampliar la desigualdad salarial, golpeando especialmente a los jóvenes con menor formación, según un reciente estudio elaborado por economistas de la Universidad Complutense de Madrid y la London School of Economics. Un aviso para navegantes ante la gigantesca ola tecnológica que apenas empieza a asomar.

El gráfico

Un ejemplo de lo comentado anteriormente es este gráfico. Más de un tercio de los jóvenes de 18 a 36 años que quieren irse de casa no lo pueden hacer porque no pueden permitirse comprar ni alquilar una vivienda. Así lo muestran los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). De los más de seis millones de jóvenes que no pueden abandonar el hogar familiar, el 35% expone como principal motivo la imposibilidad de alquilar (28,3%) y comprar una vivienda por sus propios medios (7,6%). Pero si subimos la edad a los 26 años, la cifra se eleva hasta casi la mitad, el 47,3%.

A menor renta o formación, menos independencia. Por nivel de renta del joven, el porcentaje de personas de 26 a 34 años que convivían con sus padres se situó en el 29,4% entre aquellos con rentas superiores a los 24.000 euros netos anuales, frente al 55,5% de los que tenían rentas inferiores a 6.000 euros anuales. Por nivel de formación, el porcentaje de jóvenes que vivían con sus padres fue ligeramente superior entre quienes no tenían estudios universitarios (45,2%) que entre quienes sí los tenían (43,6%). Sin embargo, sí se observan diferencias más acusadas en la distribución de las razones principales de convivencia: en jóvenes con estudios universitarios fue más frecuente declarar el ahorro como motivo principal, mientras que en los jóvenes sin estudios universitarios destacaron en mayor medida las dificultades económicas para acceder a una vivienda. Tienes mucha más información en este artículo del equipo de Datos de elDiario.es

El dato

23

Son los millones de dólares por minuto que las grandes petroleras ingresan en ayudas y subsidios públicos.  Mientras las familias de medio mundo hacen equilibrios para cuadrar sus presupuestos ante la volatilidad energética, la industria de los combustibles fósiles opera bajo un sistema de respiración asistida financiado con dinero público. Según el reciente informe Out of Pocket de 350.org, las petroleras y gasistas reciben una transferencia total de 12 billones de dólares anuales, lo que equivale a la astronómica cifra de 23 millones de dólares por minuto. Este flujo masivo de capital, que triplica la financiación climática global, supone que cada habitante del planeta aporta, de media, unos 1.400 dólares al año para sostener un modelo que enriquece a unas pocas corporaciones mientras drena las arcas de los estados y los ahorros domésticos.

El origen de este subsidio masivo no se limita a las ayudas directas en el surtidor, sino que procede –según el informe– de una arquitectura financiera de tres niveles que carga los costes sobre el ciudadano. En primer lugar, los Gobiernos destinan fondos directos y exenciones fiscales que benefician mayoritariamente a los hogares más ricos, dejando apenas 8 centavos de cada dólar invertido para el 20% más pobre. Segundo, a través de las facturas, por la volatilidad de precios. Es decir, cada vez que hay una guerra, un embargo o una interrupción en el suministro, los precios del petróleo y el gas se disparan. Los hogares que dependen de las importaciones absorben este golpe no solo en el combustible, sino también en el precio de los alimentos y el transporte. Sin embargo, la mayor parte de esta cifra (unos 9,3 billones de dólares) procede de lo que los economistas llaman externalidades: incluye el coste de desastres como inundaciones, sequías y olas de calor, así como las muertes prematuras por contaminación atmosférica que la industria genera y por los que no abona prácticamente nada.

No todo nos parece mal

El grupo cervecero Damm celebró este domingo su 150 aniversario con una gala que reunió en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a la crema política y empresarial del país. Más de 1.500 personas. Tras el acto, organizó una cena con una propuesta gastronómica elaborada por destacados chefs en el Mercado de la Boqueria. No es habitual un hito así, que una empresa cumpla 150 años. Es una historia de éxito que creo que se merece estas cuatro pinceladas.

El origen de Damm no sería hoy una “prioridad nacional” para el tándem PP-Vox. Lo protagonizaron dos inmigrantes alsacianos, los primos August Kuentzmann Damm y Joseph Damm, que tuvieron que emigrar huyendo de la guerra franco-prusiana. Se instalaron en Barcelona y en 1876 fundaron una pequeña fábrica artesanal para producir cerveza adaptada al paladar y al clima del Mediterráneo que en 1910 se convirtió en una sociedad anónima.

El gran salto de escala y diversificación se produjo bajo la gestión de Demetrio Carceller (el actual presidente ejecutivo, cuya familia tiene el 49% del capital), desde mediados de los noventa. En los últimos 35 años, la facturación del grupo ha pasado de 200 a 2.000 millones de euros, con un beneficio neto de 175 millones de euros en 2024 (último dato conocido). En 1999 entró en el negocio de las aguas con Veri, en 2008 inició su internacionalización productiva comprando la fábrica de Santarém en Portugal y en 2011 se hizo con el control de Cacaolat. En 2022 consolidó la expansión internacional en el Reino Unido con la adquisición de la planta de Eagle Brewery en Bedford.

Con 16 fábricas y una producción anual de 21 millones de hectolitros, el gigante cervecero se apoya en una plantilla de 5.423 empleados, el 97% con contrato indefinido, enfatiza la compañía. Damm cuenta también con casi 200 establecimientos de restauración. Entre sus marcas se encuentran Rodilla, Hamburguesa Nostra, Jamaica, Café de Indias y A Padaria Portuguesa, además de comercializar Cafés Garriga.

La presencia de los descendientes fundadores es hoy más institucional que decisiva en el capital de Damm. Ramon Agenjo –casi 50 años en la empresa– es consejero y secretario del consejo de administración. Es bisnieto de Joseph Damm. Su familia retiene el 5% de la cervecera.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejamos por hoy.

Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

¡Un abrazo!