El infierno fiscal sí; el infierno del alquiler, no tanto

Cuesta escribir un boletín económico el mismo día que otro trágico accidente ferroviario –uno más– acaba con la vida de decenas de personas. Ocurrió lo mismo a finales de enero, en Adamuz. Todo el pésame y consuelo para las víctimas y mucho ánimo.

Cuando esta semana se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que dejaron un nuevo récord de empleo, con 22,8 millones de trabajadores, pero también un aumento del paro de 95.900 personas durante el verano, más elevado de lo habitual en esta época, las patronales advirtieron de la desaparición de empresas.

La CEOE atribuyó la desaceleración del empleo al “incremento de los costes laborales en los últimos años” y alertó de la pérdida de tejido productivo que refleja el descenso del trabajo por cuenta propia. “Este descenso viene explicado por la pérdida de empresarios autónomos, ya que los asalariados del sector privado se mantuvieron prácticamente estancados”, señaló la patronal. En la misma línea, Cepyme, integrada en la gran patronal, advirtió de un contexto de tensiones de costes que amenaza la rentabilidad de numerosos negocios e incluso la continuidad de su actividad.

Imagino que entre esos costes figuran las rentas que muchos empresarios deben pagar para mantener abiertos sus negocios. Sin embargo, las patronales —tampoco Pimec— no han situado en el centro de sus quejas los elevados precios de los alquileres comerciales ni a los propietarios de los locales. Aunque reconocen que el encarecimiento de los costes afecta gravemente a la viabilidad de los pequeños negocios, sus reclamaciones públicas se dirigen prioritariamente contra las políticas del Gobierno, la presión fiscal y los costes laborales. Las quejas sobre los alquileres proceden más bien de patronales y asociaciones del comercio, la restauración y los autónomos. Parece que la crisis de la vivienda, en todas sus dimensiones, no vaya con los empresarios. Y no debería ser así.

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, reconocía recientemente que los pequeños empresarios son también “ciudadanos” que sufren los problemas de acceso a la vivienda que padece el conjunto de la población. Que muchos autónomos y pequeños empresarios tienen ingresos “por debajo de los 2.000 euros al mes”, pero sostiene: “No tenemos la llave para solucionar” el problema de la vivienda. Añade que “un pequeño taller de Lorca, un panadero de Villanueva de la Serena o un productor de Padrón no tienen ninguna competencia sobre la vivienda ni ninguna solución que podamos ayudar a resolver”.

Es cierto que un pequeño negocio no puede solucionar por sí solo una crisis de alcance estructural. Pero sí hay instrumentos de presión colectiva. La huelga es uno, aunque entiendo que la patronal no la asuma. Basta con señalar el problema de vez en cuando, igual que se denuncian los costes laborales, la elevada burocracia, la “asfixia financiera” o el “infierno fiscal”.

Un informe de CCOO publicado hace una semana, en el que se puso el foco en que el precio de compra de una vivienda ha crecido 3,6 veces más que los salarios desde 2013, también aborda los efectos del rentismo sobre la actividad productiva. El sindicato advierte de que el encarecimiento de los locales comerciales perjudica a las empresas: los alquileres aumentaron un 5,8% en 2021, un 8,3% en 2022 y un 4,5% en 2023. Estas subidas reducen la rentabilidad de las pequeñas empresas y de las actividades económicas de los autónomos, además de dificultar tanto la puesta en marcha como la continuidad de nuevos negocios.

La rentabilidad inmobiliaria acaba así condicionando la supervivencia de actividades comerciales, especialmente la de quienes emprenden y tienen que firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Seguro que conoces negocios de tu barrio que han tenido que cerrar.

El dato

7%

Es el porcentaje sobre sus beneficios contables que tributan las grandes empresas, aquellas que cuentan con más de 5.000 trabajadores, según las cuentas anuales consolidadas del impuesto sobre sociedades del año 2024, que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Las mayores empresas, ya sea por volumen de empleados o por facturación, son las que pagan menos impuestos, tanto sobre la base imponible como sobre su beneficio. La diferencia radica en que el beneficio contable es el resultado de tu negocio según las normas de contabilidad, lo que aparece en las cuentas anuales, mientras que la base imponible es ese mismo beneficio tras aplicar las correcciones y normas que exige la ley fiscal. Si nos fijamos en el volumen de ingresos, las empresas más grandes (con una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros al año) tributan por el 8,9% de los que ganan. 

Las compañías con mayor músculo financiero tienen más capacidad para reducir el impuesto que soportan sobre sus ganancias. Lo que tributan las pequeñas y medianas empresas (pymes) se mueve en una horquilla de entre el 15% y el 18%. El mundo al revés, como ocurre con las grandes fortunas.

El gráfico

Funcas aporta un nuevo dato al debate, tanto académico como público, sobre en qué medida la expansión de la economía se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida y en una reducción de la pobreza. En su última nota sobre privación material y social severa, a partir de datos de Eurostat, concluye que el crecimiento económico y del empleo en los últimos años apenas han reducido el peso relativo de la población con mayores carencias en España, es decir aquella que más dificultades económicas atraviesa en su vida, siendo peor la situación de los hogares con menores de 16 años. Y que la posición relativa de España entre los países de la UE de los 27 ha empeorado. Somos uno de los pocos países en los que la carencia material y social severa ha tendido a crecer o a permanecer estable en la última década. Dicho indicador incluye limitaciones económicas para reunirse con familiares o amigos, realizar actividades de ocio, tener una pequeña cantidad de dinero para gastos propios o reemplazar ropa y calzado. 

Tipos (y tipas) de interés

Baja Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta. La empresa de redes sociales está creando una nueva categoría de acciones que permite a su fundador y consejero delegado vender metaacciones sin perder el control absoluto y ahorrarse impuestos. La empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp planea introducir nuevas acciones sin derecho a voto, lo que sugiere que probablemente recurrirá en gran medida a la venta de nuevas acciones para financiar su expansión en el ámbito de la inteligencia artificial sin diluir el control de su fundador. Algunos medios, como el suizo NZZ, no han dudado en subrayar que Zuckerberg asegura su posición como dictador vitalicio en Meta.

Asimismo, la emisión de nuevas acciones sin derecho a voto le permite evitar el pago de miles de millones de dólares en impuestos. Meta ha señalado que Zuckerberg podría vender inmediatamente el 20% de sus nuevas acciones, lo que podrá ayudarle a pagar un nuevo impuesto sobre el patrimonio que se someterá a votación en California el próximo 3 de noviembre. 

Se trata de la Proposición 40, conocida como el “impuesto sobre la riqueza de California”, que plantea imponer a los multimillonarios del estado un gravamen único del 5%. El estado alberga a unos 250 multimillonarios, cuya riqueza conjunta supera los 2 billones de dólares.

Mark Zuckerberg amenazó con vender su casa y abandonar Silicon Valley, por lo que el consejo de administración de Meta ha modificado su estructura accionarial para facilitarle el pago del impuesto, en caso de que los votantes lo aprueben. Zuckerberg es la sexta persona más rica del mundo según Forbes, con un patrimonio neto de aproximadamente 240.000 millones de dólares. Cuanta codicia.

Meta ha obtenido un beneficio acumulado de 52.481 millones de dólares (46.763 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un aumento del 39% respecto al mismo tramo del año anterior. Unos 20.000 millones de dólares más que en 2025, pese a que Meta se ha apuntado en estas cuentas un pago de 10.000 millones por el acuerdo extrajudicial alcanzado con 52 fiscales generales de EEUU para enterrar la macrodemanda por los daños que el diseño adictivo de sus redes ha provocado a los menores. 

No todo nos parece mal

Europa no puede aspirar a una verdadera autonomía estratégica si depende de empresas estadounidenses para almacenar y gestionar sus datos más sensibles. La posible alianza entre Telefónica e Indra para desarrollar y ofrecer servicios de computación en la nube soberana gestionados con tecnología e infraestructura mayoritariamente europea permitiría tener los datos bajo jurisdicción europea y una menor dependencia de proveedores como Amazon o Google. No es una cuestión de proteccionismo, sino de seguridad. 

Que el Estado participe en ambas compañías a través de la SEPI (28% en Indra y 10% en Telefónica) puede facilitar una apuesta de política industrial en un ámbito tan sumamente estratégico como este. Ahora bien, las conversaciones son preliminares, el proyecto está en una fase exploratoria y Europa seguiría dependiendo del exterior para componentes clave como los chips gráficos especializados. 

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

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