A Marta (26 años) el inicio de la pandemia de COVID le pilló en su segundo año de rehabilitación de su adicción a la cocaína. Asistía a dos sesiones semanales de terapia grupal en la organización Proyecto Hombre que de un día para otro pasaron a celebrarse por Skype. “Estaba en la fase final del tratamiento y en uno de los niveles en que se toca más el tema sentimental. Dejar de ver a tus compañeros y a los terapeutas en directo y encerrarme en casa con mi familia fue complicado”, explica.

Para esta joven, el cambio “fue raro” y al principio no se atrevía a hablar y participar en las reuniones online. “Fue como empezar de nuevo, no es lo mismo que estar cara a cara”. Marta recalca que la pandemia no le pilló en una etapa de consumo, y aunque ha sufrido ansiedad durante estos meses –“tenía muchos pensamientos, recuerdos...”– que le hicieron precisar terapia individual, no ha padecido ninguna nueva recaída en su adicción. “Fue complicado pero yo en mi caso ya llevaba un tiempo sin tomar, no me suponía tanto riesgo”, relata. Hace dos meses han recuperado las sesiones presenciales, con nuevas medidas como distancia y mascarillas, y la joven espera terminar su terapia en el primer trimestre de 2021.

Otros compañeros no han salido tan bien parados. Una de las características que afectan a los drogodependientes es que en un alto porcentaje sufre problemas de salud mental, como recuerda Jesús Tamayo, presidente en Córdoba de Proyecto Hombre. Esta pandemia está afectando con virulencia a quienes sufren patologías psicológicas o psiquiátricas. “Ha habido brotes psicóticos y hemos tenido que llamar a los servicios sanitarios. Y algunos de los que han vivido crisis de ansiedad se han lanzado a la calle a por droga”, afirma. Esto ha provocado algunas recaídas en el consumo, aunque aún es pronto para tener datos más precisos de lo que ha ocurrido a este respecto. En todo caso, según Tamayo, la mayoría de las recaídas han podido reconducirse al volver a abrirse los centros, pese a que se mantienen ciertas restricciones.

Durante el confinamiento las terapias en esta organización y en otras similares como Cruz Roja pasaron a hacerse por internet, pero no todo el mundo tenía acceso a un ordenador y a una red wifi para conectarse. Cuando las personas, además de la patología de adicción, arrastran otras dificultades, como estar en la calle o en situaciones de vulnerabilidad económica, todo se complica.

Ahora están recibiendo una oleada de nuevos ingresos, la mayoría para recursos residenciales. El motivo al que aluden los terapeutas es que al quedarse en casa encerrados con su familia durante dos meses, muchos drogodependientes han evidenciado todas sus dificultades y conflictos de un modo más claro y han salido a la luz adicciones ocultas.

“Cuando una persona acude a un centro de tratamiento siente que está tocando fondo y en un momento de desesperación tiene que tomar decisiones. También puede ser por una presión externa, de su empleo o de su entorno familiar”, recalca el responsable de Proyecto Hombre. Personas que no habían llegado aún a ese punto se han visto metidos en su núcleo familiar todo el día, sin los espacios en los que mantenían con menores dificultades su adicción. “Ha habido más tensiones y una aceleración en el proceso”. Esto ha conllevado que, por decisión propia o por presiones familiares, algunos dependientes se hayan decidido ahora a intentar desintoxicarse, describe. Además, estos meses se han ralentizado los ingresos hospitalarios y en pisos de apoyo a la desintoxicación, lo que motivaría que ahora se esté produciendo una acumulación de demanda.

Aún con un conocimiento incompleto de cómo ha afectado la pandemia al consumo de drogas, recientemente el delegado el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí compartía su impresión de que ha habido y hay una mayor demanda de acceso a tratamiento por parte de dependientes que ha chocado con la precariedad del trabajo en los centros debido a la pandemia (personal enfermo, teletrabajando, etcétera), una realidad no superada por completo.

Fases más agudas de la adicción

Lo que sí está claro es que el confinamiento y las restricciones debidas a la COVID han afectado de manera distinta a las personas toxicómanas en función de en qué fase de su patología se encontraran. Así, como explica Juan Jesús Hernández, responsable del Plan de Salud y del Programa de Intervención en Adicciones de Cruz Roja Española, quienes aún tenían un enganche grave han sufrido síndromes de abstinencia más problemáticos, mientras que los que estaban en un proceso de seguimiento de su patología sin haber logrado dejar estas sustancias han tenido también una peor evolución, al pasar a tener menos consultas y no ser presenciales. Las personas en fases adelantadas, con mayor motivación al cambio, como es el caso de Marta, han sufrido en general menos las consecuencias de la COVID en su patología.

En los meses de encierro, “se volvió a demostrar que hay adictos de primera y de segunda: quien necesitaba alcohol y tabaco durante el confinamiento obtuvo con regularidad su dosis. Pero si eras adicto a una sustancia ilegal, había muchas dificultades para conseguirla, por movilidad y acceso a los vendedores”, opina Hernández.

Explicar a la policía que era necesario salir a la calle para comprar droga o para acudir a un centro de venopunción no era siempre tarea sencilla. En aquellos meses los precios de la droga subieron, las sustancias estaban más adulteradas y era más complicado conseguir dinero para su adquisición. Entre otras razones, el parón de los viajes por la pandemia había afectado al tráfico internacional de estupefacientes, lo que produjo un cambio de los patrones de consumo.

Ya una vez terminados los meses de encierro duro, la situación ha mejorado algo para este colectivo. En los centros que gestiona Cruz Roja también se ha vuelto a prestar tratamiento, atención y asistencia a mayores de edad con cualquier tipo de adicción de manera gratuita, confidencial y sin que sea necesaria tarjeta sanitaria. En ellos se pueden encontrar profesionales de las áreas psicológica, social, médica y de enfermería, y recoger medicación o metadona. Aunque la situación sigue sin ser como antes. “Son como los centros de salud, es decir, que la realidad es que ninguno ha vuelto a la normalidad. Se prioriza la asistencia por teléfono cuando es posible, y la recogida de medicación lo más espaciada en el tiempo y las citas para evitar aglomeraciones”, subraya.

Pocos contagios incluso en las situaciones más extremas

Las organizaciones consultadas para este artículo coinciden en que les ha sorprendido la sensación de escasa prevalencia de la enfermedad en el colectivo de toxicómanos. Uno de los motivos que se barajan es el aislamiento en el que viven muchas de estas personas, a menudo víctimas del rechazo social, lo que les condenaría a una distancia ya previa y no deseada. La manera en la que les ha afectado la pandemia tiene más que ver con los cierres, el aislamiento, las nuevas dificultades para “buscarse la vida” en la calle.

Es lo que cuenta Aura Roig Forteza, directora de Metzineres, un “programa integral de reducción de daños” que ofrece “entornos de cobijo para mujeres que usan drogas sobreviviendo violencias”, y que tienen su sede en Barcelona. “La precariedad de las mujeres que acompañamos ha ido a mucho más. Muchas trabajan con turistas, pidiendo en la calle, con trabajo sexual, y la economía sumergida de la que dependían ha venido muy a menos”. 

La epidemia de la COVID ha afectado mucho a estas mujeres de este modo indirecto, tanto por el confinamiento como por la reducción o incluso cierre de los servicios sociales. Sin embargo inicialmente fue complicado que una población tocada por múltiples factores le diera importancia a la pandemia, para empezar porque no suelen tener mucho acceso a la información de actualidad. “En la primera época no entendían muy bien qué estaba pasando”, relata Roig. 

En el local de Metzineres, en el barrio barcelonés de El Raval, entre treinta y cuarenta mujeres al día acuden a buscar cobijo en un lugar seguro. “Tienen una especie de lugar de descanso, ya que muchas trabajan por la noche”. Allí pueden dejar sus pertenencias en taquillas, tratarse en enfermería si lo necesitan y entrar con sus perros, que es algo que la mayoría de los albergues de este tipo tiene vetado. Pero a menudo las mujeres que viven en la calle se sienten más protegidas si tienen un animal que les acompañe.

La asociación asegura que prefiere hacer activismo antes que asistencialismo: “Nos dedicamos mucho a los servicios básicos: alimentación, talleres de autocuidado, apoyo mutuo, solidaridad, sentimiento de pertenencia…”. Durante el confinamiento, como el suyo se consideró un servicio esencial, el local permaneció abierto, e incluso amplió su horario a sábados y domingos, aunque después los problemas presupuestarios les hicieron cerrar este segundo día. 

“Ya venían de realidades muy precarizadas que ahora se han agravado, con más situaciones de violencia por ejemplo en los llamados narcopisos o pisos de consumo”, asegura. Por otra parte, muchas de estas mujeres, sobre todo las más mayores, son supervivientes de otra epidemia, la del VIH. “Murieron sus compañeros y compañeras, ellas enfermaron y nadie se movió tanto por esas muertes, debidas a un virus también. Esto les hace sentirse de nuevo rechazadas”. 

Es pronto para tener una fotografía más nítida y basada en datos de cómo ha afectado y está afectando ahora la COVID–19 a las personas toxicómanas, pero una certeza es que como cualquier otro paciente crónico con patologías distintas al coronavirus, su realidad también se ha complicado, mucho más cuanto mayor es su situación de vulnerabilidad, precariedad y soledad. “No hay una gran diferencia en cómo se ha visto afectada una persona adicta –reflexiona el doctor Hernández– en el fondo hablamos de una enfermedad crónica”. Es posible que ello haya impulsado a algunos a tratar de superar cuanto antes la fase de consumo.

Las comunidades autónomas ya han administrado 139.339 vacunas, 56.505 dosis más que ayer lunes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad. Asturias sigue en cabeza, con un 54,5% sobre las entregadas. Este desfase respecto al porcentaje del 80% que anunciaban hasta ahora se debe a que ya han recibido más dosis y a que se contabiliza ya la segunda remesa de sueros.

Al otro lado se siguen encontrando Cantabria y Madrid, que siguen por debajo del 6% de las vacunas entregadas (5,1% y 5,4% respectivamente).

En total se han entregado a las autoridades sanitarias autonómicas 743.925 dosis de vacuna contra la COVID, de las que se ha administrado, de forma global, un 18,7%.

Tras Asturias, las comunidades que más han aplicado la vacuna son Castilla y León y Galicia (32% cada una). Andalucía alcanza un 28,7% y Navarra un 22,4%.

En el otro extremo, no llegan al 10%, aparte de las mencionadas Cantabria y Madrid, Extremadura (8,3%), Catalunya (9,3) y La Rioja (9,9%).

Por su parte, la ciudad autónoma de Ceuta ha administrado un 51,4% y la de Melilla un 33,9%.

Los datos ofrecidos por Sanidad en un primer momento generaron algunas protestas entre las autonomías, ya que daban porcentajes de vacunación respecto a dos remesas, cuando hasta ayer lunes no les había sido entregada la segunda. Las autonomías iban contando lo que habían administrado respecto a lo que les correspondió de las 360.000 inicialmente repartidas.

Todos los indicadores epidemiológicos auguran una tercera ola de COVID-19. El virus acelera su transmisión y con ella, llega la presión a los centros sanitarios que tienen que lidiar con el aumento de enfermos. “El objetivo no es ser alarmistas, pero la situación es muy preocupante”. Es el sentir de los sanitarios consultados que resume Javier Millán, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en Valencia. El temor también se ha extendido entre los profesionales que deberán enfrentarse al repunte de la pandemia que ven cómo vuelven a llenarse sus salas.

Este miércoles, víspera de Nochevieja, España registró el peor dato de contagios diario en mes y medio. 16.716 nuevos casos de COVID-19 que nos retrotraen a mediados de noviembre, cuando la segunda ola de la pandemia alcanzó su pico de transmisión, multiplicando por dos la media de octubre. Ahora, con una tercera ola a las puertas y las reuniones navideñas de por medio, los expertos auguran un enero complicado que empaña la euforia por la vacunación.

Los datos ofrecidos el miércoles por Sanidad, dos días después del inicio de la campaña de inmunización masiva, no presentan un escenario halagüeño. La incidencia acumulada en 14 días es de 265 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de los 193 que registró España hace dos semanas y que hizo pensar que por fin se había conseguido doblegar la curva. El problema es que esa incidencia media no representa a todas las comunidades, en especial a las más disparadas, que son Extremadura, con 460, y Baleares, que alcanza los 529 casos. Les siguen la Comunitat Valenciana y Madrid, con 377 y 371 respectivamente.

Además, hay otros indicadores que han hecho saltar las alarmas de los epidemiólogos. La positividad de las pruebas diagnósticas, que no debe superar el 5% según los criterios epidemiológicos, fue del 9% en la última revisión. Extremadura y la Comunitat Valenciana oscilan entre el 14% y el 18%, bastante por encima de la media. 

Por su parte, el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias y de UCI ha aumentado dos puntos en cuatro días. Preocupa la presión asistencial de cuidados intensivos en Catalunya (con un 34% de ocupación), en Baleares (el 31,5%) y en Valencia (29,3%). Les siguen de cerca Castilla y León, Melilla y Madrid, muy lejos del 20% que los expertos han fijado como umbral de riesgo.

Por todo ello, los profesionales sanitarios están viviendo estas navidades con mucho temor. Javier Millán insisté en que “no sé si llamarlo tercera ola o es todavía la segunda, de la que pensábamos que nos habíamos recuperado, pero no”. 

Calcula que a pesar de que las cifras ya invitan al pesimismo, todavía realmente no reflejan los contagios de que se están produciendo en navidades. A su juicio, a partir del 7-10 de enero se empezará a ver el impacto real de los encuentros de estos días festivos. Y recalca que es lógico pensar que la nueva variante del virus, proveniente de Reino Unido, va a aumentar las transmisiones. 

Las urgencias, frente a la significativa reducción en la atención en los meses de marzo a mayo por el miedo de los ciudadanos, ahora sí están ocupadas a un 90-95%, aparte de los propios casos de COVID que también llegan cada vez con más frecuencia. “A veces las urgencias son el único punto de acceso al sistema sanitario, sobre todo con los problemas y restricciones actuales”, señala Millán. 

También el portavoz del sindicato MATS y enfermero de Urgencias en el Hospital La Paz de Madrid, Guillem del Barrio, explica que se está detectando “mucho movimiento” en las zonas sin COVID, mientras que las destinadas a los infectados por el virus están llenándose de nuevo. En invierno siempre aumentan los pacientes, recuerda.

Un panorama sombrío y sin refuerzos

“Por lo que vamos viendo, sabemos que después de la Navidad va a ser terrible”, lamenta por su parte María José García, portavoz del sindicato de enfermería SATSE. Este panorama, cuando aún no había terminado la segunda ola, va a encontrar a los sanitarios sin recuperarse ni física ni psicológicamente, advierte, aunque hayan tenido unos meses de relativa calma en comparación con el inicio de la pandemia. “Estamos volviendo a lo mismo y emocionalmente es agotador. Quizá el resto de la humanidad se pueda acostumbrar a las cifras de ingresos y fallecidos, pero para nosotros es imposible, influye en nuestra fuerza y resistencia”, señala García con aprensión. 

En cuanto a los refuerzos de personal, hay ciertas comunidades que están renovando contratos hechos en la primera ola, pero no se ha resuelto la carencia de enfermeras, entre otras especialidades, que ya existía antes de empezar la pandemia. Según datos de la OCDE, con una tasa de 274.633 enfermeros en 2018 (5,87 por cada mil habitantes), España se sitúa en el decimonoveno lugar entre las naciones de la OCDE y que es tres veces inferior a la de los primeros clasificados: Noruega (17,74), Suiza (17,59) e Islandia (14,67).

Respecto a los médicos, los últimos datos disponibles indican que en 2018 había 186.166 médicos en ejercicio, lo que equivale a 4,02 facultativos por cada mil habitantes. Esa proporción situaba a España en el octavo lugar de los países de la OCDE, en una clasificación liderada por Austria (5,24), Noruega (4,81) y Lituania (4,6). Hace solo dos años, el Foro de Médicos de Atención Primaria cifraba el déficit de medicina de familia en 2.700 puestos.

Unas carencias imposibles de resolver en unos pocos meses de pandemia. El doctor Lorenzo Armenteros, de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), señala que “la Atención Primaria está igual que estaba, no se ha reforzado”, un “hecho consumado” ya que “no es posible recuperar en meses lo perdido en años” de recortes sanitarios. Por ello, cree que deberían haberse tomado medidas para que los médicos de familia se pudieran dedicar totalmente a la atención de los casos más graves y de los enfermos crónicos, así como a la medicina preventiva, no solo de la COVID. Recuerda la cantidad de enfermos de diabetes, hipertensos, o mayores pluripatológicos y plurimedicados que es necesario controlar. 

Frente a ello, denuncia, se han visto sobrecargados con tareas burocráticas que a su juicio podrían haberse aliviado con decisiones políticas, junto a la labor de rastreadores de casos de COVID, realización de pruebas diagnósticas incluidas, y campaña antigripal. “Se ha hecho un esfuerzo máximo y no sentimos que se nos reconozca”, dice.

Asegura que asumen este papel “con resignación y enfado y afrontamos lo que nos pidan”, como será la campaña de vacunación masiva y extensa que se avecina. “Estamos viendo que las principales medidas de restricción son las que se tomaron con la gripe española hace un siglo: quedarse en casa y no tener contacto”. Frente a ello, reivindica el papel de la medicina comunitaria y preventiva. “No es una crítica para España, es un problema mundial. Han faltado mecanismos de control de la enfermedad y una mayor inversión en educar en prevención a los profesionales y a la propia población”, sostiene. Algunas de las imágenes que se están viendo estas Navidades y la asunción de que a partir de enero va a haber un repunte importante de contagios, ingresos y fallecimientos a consecuencia de la relajación social de las festividades indican que hay camino por recorrer hasta lograr una conciencia social masiva frente a las enfermedades infecciosas.

España ha llegado al último día del año superando una incidencia de 250 casos por 100.000 habitantes, cifra que marca el nivel considerado de riesgo extremo, y con todo los indicadores apuntando hacia una posible tercera ola de la pandemia. Los ejecutivos autonómicos han decidido endurecer los planes iniciales que tenían previstos para las festividades de Navidad en un intento de hacer frente a este incremento de casos: algunas, como la Comunitat Valenciana, no permitirá entrar a familiares y allegados, al menos, hasta el próximo 15 de enero; otras han optado por reducir el número de comensales a la mesa de diez a seis, como la Comunidad de Madrid.

Estas son las iniciativas que ya han anunciado las comunidades autónomas para Navidad:

Andalucía: Aunque lo barajó, la Junta ha descartado de momento endurecer las restricciones ya previstas ante el repunte de contagios a las puertas de Navidad. Incluirá finalmente a los allegados en las reuniones que se puedan realizar estas fiestas “por imposición de Sanidad”. El número máximo de participantes será de diez personas.

En paralelo, entre el viernes 18 de diciembre y el 10 de enero, se permitirá la movilidad entre provincias y se ampliará el horario de apertura de bares y restaurantes, con dos turnos: desde por la mañana hasta las 18.00 horas y por la tarde entre las 20.00 horas y las 22:30. Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se recomiendan celebraciones que puedan garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, tales como cabalgatas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso.

Aragón: El Gobierno aragonés mantiene el cierre perimetral de las provincias y de la comunidad hasta el próximo 12 de enero. El toque de queda, de 23.00 a 6.00, también se mantendrá en ese periodo. Se podrá viajar entre las tres provincias y acceder a la comunidad para juntarse exclusivamente con familiares del 30 de diciembre al 2 de enero. No se permitirá la salida de la comunidad para visitar a allegados y se ha habilitado una declaración responsable para justificar los desplazamientos. Por su parte, los allegados no pueden entrar en la comunidad ni moverse entre las provincias.

Asturias: El Principado ha limitado a seis personas las reuniones, las cuales sólo podrán estar compuestas por dos núcleos familiares, tanto en espacios públicos como privados. Además, en Nochevieja, el toque de queda se establece a las 00.30 horas, con la finalidad exclusiva de facilitar el regreso a los domicilios. El resto de días, el toque de queda va desde las 23.00h hasta las 6.00h. La comunidad queda cerrada durante las fiestas, pero se permite la entrada y salida hacia otros territorios para visitar a familiares.

Baleares: Mallorca sigue en “situación de riesgo extremo” y el Govern ha endurecido las restricciones. Los bares y restaurantes deberán cerrar sus terrazas a las 18:00h, con un aforo del 75%, mientras que los interiores permanecerán cerrados, al menos hasta el 11 de enero. Los establecimientos comerciales tienen que cerrar a las 20h y las grandes superficies no abren los sábados, domingos y festivos.

Los días 31 de diciembre y 1 de enero, las reuniones están limitadas a 6 personas en Mallorca y a 10 personas en Menorca, Formentera e Ibiza (con un máximo de dos núcleos de convivencia). Durante esas noches, el toque de queda varía en función de las islas: de 22h a 6h en Mallorca y de 1.30h a 6h en el resto. Es posible consultar el nivel de alerta por islas y las medidas asociadas en esta web del Govern.

Además, los turistas nacionales que viajen a Baleares deben presentar una PCR negativa, igual que ocurre ya con los viajeros internacionales desde el 23 de noviembre. El Govern balear ofrece la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica gratuita a los residentes que retornen a las islas.

Canarias: En los encuentros para celebrar las comidas y cenas navideñas de los días 31 de diciembre y 1 de enero no se debe superar el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes, ni el número máximo de dos unidades de convivencia (los menores de 0 a 6 años quedan excluidos). El toque de queda en Canarias será de la 01:00 a las 06:00, desde el 23 de diciembre y hasta el 10 de enero, a excepción de la noche del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021, cuando se ampliará a la 01:30.

El Gobierno de la comunidad también ha anunciado el cierre de Tenerife, ya que la isla cuenta con una incidencia acumulada superior al conjunto de todo el país, aunque permitirá las reuniones de no convivientes en bares, terrazas y restaurantes. Se limita en la isla de Tenerife la libertad de circulación de las personas en horario nocturno de las 22.00 a las 6.00 todos los días, excepto para la Nochevieja, en que se retrasa el inicio de esta limitación a las 00.30, exclusivamente para el retorno al domicilio habitual.

Además, los residentes canarios que están en la península, sean estudiantes o no, podrán hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa antes de regresar a las islas por Navidad, una prueba que costeará el ejecutivo canario.

El Gobierno canario ha decidido también cambiar el día de vuelta a las aulas, que en un principio estaba previsto para el 8 de enero y se ha atrasado hasta el día 11 debido a la situación epidemiológica.

Cantabria: La comunidad ha reducido a seis las reuniones familiares en Nochevieja y ha adelantado el toque de queda a las 00:30 horas. Este endurecimiento de las medidas llega tras haber permitido reuniones de hasta un máximo de 10 personas en las cenas de Nochebuena. “El comportamiento ha sido ejemplar en Nochebuena”, ha reconocido el líder del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Revilla, pero defiende que es mejor “prevenir para no estropear”. Además, exigirá a los residentes de centros de ancianos que salgan a sus domicilios en Navidad que estén un mínimo de siete días fuera y que a su retorno se realicen una prueba PCR. El cierre perimetral de Cantabria estará vigente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, pero se facilitará que familiares y allegados puedan entrar a la comunidad durante estos días. Sin embargo, desde el día 7, y al menos hasta el 16 de enero -aunque previsiblemente se prorrogará-, la autonomía volverá a prohibir las entradas no justificadas. 

El cierre al público del interior de los locales de hostelería y restauración está vigente, al menos, hasta el 15 de enero. Además, continuarán cerrados durante ese período los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas. Puedes consultar aquí todas las medidas.

Castilla–La Mancha: Se permitirá la entrada y salida de la región entre el 23 de diciembre y el 6 de enero para permitir las reuniones familiares y con allegados, una “apertura parcial del confinamiento perimetral”. El Gobierno regional ha decidido adelantar el toque de queda a las 0.30 horas en Nochevieja exclusivamente para regresar a casa (en el resto de días sigue siendo a las 00.00 horas). Las reuniones quedan limitadas a 10 personas en Nochevieja. En esta guía puedes leer todas las restricciones.

Castilla y León: Se cierra la comunidad a los allegados y solo permitirá entrar y salir de su territorio a familiares. Las reuniones seguirán limitadas a un máximo de diez personas, con un tope de dos unidades de convivencia distinta. Los desplazamientos a Castilla y León se limitarán a los días 23, 24, 25, 26 y 31 de diciembre y al 1 y 2 de enero. No se podrá viajar el 5 y 6 de ese mes. En cuanto al toque de queda, se mantiene la ampliación ya anunciada en Nochevieja, hasta la 1.30 de la madrugada, mientras que el resto de días seguirá el tope de las 22.00 horas. Todas las restricciones, aquí.

Catalunya: Las reuniones vuelven a ser de un máximo de 6 personas, menos los días de Nochevieja y Reyes, cuando se permitirán hasta 10 personas de dos burbujas diferentes. En cuanto a la movilidad, el ámbito continuará siendo comarcal en el interior de Catalunya, pero se permitirán las salidas y entradas para ver a familiares, para las reuniones de las fechas de Navidad, y también a segundas residencias.

Además, el Govern ha cerrado perimetralmente por 15 días, hasta Reyes, las comarcas de la Cerdanya y el Ripollès, situadas en el norte de la comunidad. Durante este tiempo solo se podrá entrar y salir de estas dos comarcas por motivos laborales y la restauración y las instalaciones deportivas interiores también permanecerán cerradas.

También habrá nuevas restricciones horarias en la hostelería: se podrá abrir al público para servir desayunos y comidas, con el límite de las 15:30 horas de la tarde. A partir de este momento, los bares y restaurantes podrán servir a domicilio, hasta las 11 de la noche. Se mantienen las terrazas abiertas y los aforos interiores en el 30%. Según las medidas anunciadas este viernes, se mantiene la flexibilización del toque de queda los días señalados, que se alarga hasta la 1 de la madrugada, y el día de Reyes, que llegará a las 11 de la noche.

Las nuevas restricciones se mantendrán al menos hasta el próximo 11 de enero. Además, se ha decidido retrasar la vuelta del curso escolar a ese lunes día 11 para ganar unos días de margen entre los posibles encuentros familiares durante las fiestas y el regreso a las aulas. Puedes leer las restricciones aquí.

Comunitat Valenciana: Ha sido una de las comunidades con las restricciones más duras. El Ejecutivo autonómico prolonga el confinamiento perimetral y no permitirá entrar a familiares y allegados, al menos, hasta el próximo 15 de enero. Únicamente los residentes con motivos laborales o académicos podrán ingresar en el territorio. Se adelanta, también, el toque de queda a las 23.00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre, que se mantendrá hasta la media noche.

Las reuniones mantienen una limitación de seis personas tanto en espacios públicos como privados, incluyendo los días 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero. La Generalitat anima a que los encuentros navideños sean dentro del mismo grupo de convivencia y, aunque inicialmente estableció un máximo permitido de dos grupos, finalmente lo mantendrá como recomendación.

Para evitar la 'Tardevieja', la Conselleria de Sanidad ha prohibido las actuaciones de disc-jockeys en establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno hasta el 15 de enero de 2021, afectando a las reuniones y servicios que se presten durante Nochevieja.

Las autoridades sanitarias valencianas están muy preocupadas por la evolución de la situación epidemiológica en las últimas semanas y se estudia la posibilidad de endurecer las actuales medidas de seguridad frente a la COVID-19 que, en todo caso, en estos momentos no pasarían por un retraso en la vuelta a las aulas tras las fiestas navideñas.

Euskadi: El confinamiento perimetral se levantará del 31 de diciembre al 1 de enero de 2021 para permitir la entrada de familiares y allegados. Los locales comerciales y la hostelería deberán cerrar los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero a las 18.00 horas para evitar aglomeraciones. Del mismo modo, los comercios hosteleros tienen prohibido abrir antes de las 9.00 horas 1 y 6 de enero. Desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero se permitirán visitas y salidas de mayores: “dos familiares en una misma visita”, al menos dos veces por semana y con una hora de duración.

El toque de queda se ha fijado a las 00.30 horas en Nochevieja. Estos días, las reuniones familiares también tendrán que limitarse. El Gobierno vasco ha establecido un máximo de 6 personas el 31 de diciembre.

Extremadura: Al filo de las celebraciones de Nochevieja, Extremadura ha decretado que a partir del 1 de enero se adelantará el toque de queda a las 22 horas durante un plazo de 14 días revisable. También se reduce el tamaño de las reuniones sociales en la hostelería, que pasa de seis a cuatro personas, tanto en interior como en exterior.

Ese medida se suma al cierre de la hostelería de 18:00 a 20:00 horas, vigente en Nochevieja y los días 1, 2, 5 y 6 de enero de 2021. Otra de las medidas tomadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura es la reducción del aforo de los locales comerciales a un 30%.

Además, y en concreto, en Cáceres y debido a la altísima incidencia del virus, el Gobierno Regional ha acordado adoptar otras tres medidas, que estarán vigentes durante los próximos siete días con el objetivo de reducir esta incidencia en un 50%. La primera de ellas la limitación del aforo de todos los locales comerciales, bares y locales de hostelería al 30%, la segunda el cierre de estos últimos de 18:00 a 20:00 horas, y por último, la prohibición de las competiciones deportivas en la ciudad.

Galicia: Las reuniones sólo pueden ser de un máximo de 6 adultos y, de manera excepcional, puede haber hasta 4 niños más (siempre que sean menores de 10 años). Es decir, como máximo, pueden reunirse 6 adultos y 4 niños. La comunidad estará cerrada perimetralmente del 23 al 6 de enero, salvo para las excepciones, como la reagrupación familiar. Durante todas la Navidades el toque de queda seguirá vigente entre las 23 y las 6 horas con la excepción de Nochevieja, cuando se extiende hasta la una y media de la madrugada.

De este modo, durante las 00,00 horas de este miércoles hasta las 23,00 horas del 1 de enero estará permitida la movilidad para aquellas personas que acudan a visitar a familiares, procedan o acudan a una localidad que esté bajo cierre perimetral. Además, el toque de queda se amplía el día de Nochevieja hasta las 1,30 horas de la madrugada para facilitar el regreso a casa después de la cena.

Las limitaciones para hostelería cambian en los niveles de restricción medio alto y alto, de manera que se podrá cerrar a las 18,00 horas en lugar de las 17,00 horas del límite actual. El día de Año Nuevo, además, las cafeterías tienen el horario de apertura a las 11,00 horas.

19 ayuntamientos gallegos acabarán el año sometidos a límites perimetrales y con niveles de restricción entre medio alto y máximo. Afecta a los vecinos de Viveiro (Lugo), Verín, Monterrei, Castrelo do Val, Cualedro (Ourense), Noia y Lousame (A Coruña). La Xunta, además, aumenta el control sobre otras 12 localidades que pasan directamente del nivel básico al medio-alto o sobre las que se ha decidido aplicar una vigilancia especial. Estas últimas son: Barro (Pontevedra), Xinzo de Limia (Ourense), Carral, Xove, Muros, Outes, Porto do Son e A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Madrid: Isabel Díaz Ayuso ha decidido reducir de 10 a 6 personas todas las reuniones durante las fiestas navideñas, incluidos los días festivos, ante el repunte de contagios en la región la última semana. La presidenta regional ha confirmado que no va a impedir “que los ciudadanos entren o salgan” de la autonomía para visitar a sus familiares ni tampoco cerrará los comercios y la hostelería.

Están cerradas perimetralmente diez zonas básicas de salud: Aravaca, General Moscardó, Andrés Mellado y Sanchinarro (las cuatro en la ciudad de Madrid), Reyes Católicos y Quinto Centenario (en San Sebastián de los Reyes), La Moraleja (Alcobendas), Felipe II y Alcalde Bartolome González (Móstoles) y Getafe Norte (Getafe). Los vecinos sí podrán salir en los festivos claves de Navidad.

La Comunidad ha distribuido un certificado con el que se podrá entrar y salir para visitar a familiares durante las Navidades.

Lee aquí todas las medidas.

Murcia: En la Región el toque de queda está fijado entre las 23 y las 6 horas. Existe confinamiento perimetral de la comunidad, pero no entre los municipios. La Región de Murcia impide la entrada de “allegados” al territorio de la comunidad los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero.

Navarra: El cierre perimetral se mantendrá hasta, al menos, el 14 de enero. Finalmente, no se flexibilizará en fin de año las medidas de prevención para contener el COVID-19 ante la evolución epidemiológica de los últimos días, con lo cual no se levantará el cierre perimetral de la comunidad foral, los encuentros familiares en los hogares serán de un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales y el toque de queda se mantendrá a las 23.00 horas en Nochevieja.

Este endurecimiento de las medidas inicialmente previstas tendrá su reflejo en un Decreto Foral de la Presidenta que se publicará este lunes en el Boletín Oficial de Navarra. Por su parte, la normativa relativa a aforos y limitaciones en sectores como la hostelería, el comercio, los espectáculos, las residencias o la práctica deportiva se mantendrá, por el momento.

La Rioja: Se autorizan los desplazamientos fuera de la comunidad del 30 al 2 de enero –Nochevieja y Año Nuevo– para reunirse con familiares y allegados con motivo de las fiestas navideñas. Salvo estas excepciones, se amplía al 15 de enero la restricción de movimientos de entrada y salida de la comunidad riojana, informa EFE.

Podrán reunirse un máximo de diez personas durante las celebraciones navideñas y, preferiblemente, pertenecientes a un máximo de dos unidades de convivencia, siempre bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los bares y cafeterías de La Rioja –no el conjunto de la hostelería– cerrarán a las 20 horas, salvo para el reparto y recogida de comida a domicilio.

Además, para los desplazamientos fuera del territorio de La Rioja entre el 30 de diciembre y el 2 de enero será precisa una declaración responsable, que puede ser pedida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta no permitirá que los allegados se sumen a las celebraciones navideñas, que están restringidas a diez personas. Por su parte, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla permitirá que desde el 23 de diciembre al 6 de enero se pueda salir de la ciudad o entrar para pasar las fiestas con familiares o allegados. El horario de restricciones nocturnas se extiende de las 23:00 horas hasta las 6:00 de la mañana, excepto la noche del 31 de diciembre de 2020 al día 1 de enero de 2021, en las que el toque de queda comenzará a la 1:00 horas y durará hasta las 6:00 horas.

Los habitantes de Galapagar (Madrid), Caravaca de la Cruz (Murcia) y Torrevieja (Alicante) son los más pobres de España en inversión social cuyos ayuntamientos destinan poco más de 20 euros a satisfacer las necesidades básicas de sus vecinos en materias como dependencia, vivienda, familia e infancia o exclusión social. La inversión social de sus gobiernos locales, como la de otros 43 municipios españoles de más de 20.000 habitantes está clasificada como “pobre” o en el análisis del presupuesto liquidado por el Ministerio de Hacienda realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales por cuarto año consecutivo.

El número de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes considerados “pobres” en su inversión en servicios sociales creció en 2019 hasta los 45, siete más que en el ejercicio anterior. Cinco capitales entran en esta categoría: Toledo, Guadalajara, Badajoz, Cáceres y Pontevedra. Todos ellos invierten menos de 45 euros por habitante y año a servicios sociales, menos del 60% de la mediana de gasto del conjunto de las ciudades analizadas (76 euros).

Por contra, 34 municipios alcanzaron el nivel de excelencia en esta materia. Las siete capitales incluidas son Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Jaén y A Coruña. El análisis muestra una mejora respecto al año anterior de esta inversión social: seis ayuntamientos excelentes más y quince precarios menos, aunque se suman en la lista de pobres siete más. Destaca que el esfuerzo inversor de los ayuntamientos también contempla las transferencias que reciben de las comunidad autónomas, “por lo que, en buena medida, estas también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los ayuntamientos de su territorio”.

El estudio está elaborado con datos de 384 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (de los 421 que hay en España) cuya inversión social global ascendió a 3.157 millones, un 10% más que en el ejercicio anterior.

Excelencia en el gasto social

La comunidad con mayor número de ayuntamientos “excelentes” en su gasto social es Andalucía, con 14 municipios, seguida de Cataluña con 7, País Vasco con 3 y Aragón con 2; Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja no cuentan con algún municipio que atienda a estos criterios de excelencia, informa EFE.

Para obtener esta etiqueta es necesario tener un gasto acreditado en “Servicios Sociales y Promoción Social” superior a 100 euros habitante/año, no haber reducido el presupuesto en 2020 respecto a la liquidación de 2019, que dicho gasto suponga al menos un 10% del presupuesto total no financiero del ayuntamiento y que se pueda cotejar en el Portal de Transparencia de la web municipal.

Encabeza la lista de inversión social Alcalá la Real (Jaén), con 237 euros por habitante al año; seguida de Barcelona y Esparraguera (Barcelona), con 196 euros.

Gasto de menos de 45 euros por persona: la Comunidad de Madrid a la cabeza

En el otro lado, los más pobres en inversión social de España son Galapagar (Madrid) -20,5 euros-, Caravaca de la Cruz (Murcia) -21,7- y Torrevieja (Alicante) -24,1-. En esta lista, tres capitales se incluyen por la precariedad de sus servicios y se etiquetan como pobres: Toledo -43,7 euros-, Guadalajara -44,1- y Badajoz -44,8-.

Para la clasificación de “pobre” se tiene en cuenta que el gasto social es inferior a 45 euros, es decir, por debajo del 60% de la media de gasto por habitante/año.

De nuevo, este año la Comunidad de Madrid es la que aporta un mayor número de ayuntamientos pobres en servicios sociales, con 15 municipios (dos más que el ejercicio anterior) y más de un tercio del total del país. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 10 (cuatro más que el ejercicio anterior); Andalucía con 4 (uno menos que el año anterior); Extremadura y Castilla-La Mancha con 3; Baleares y Canarias con 2 cada una; Cantabria, Cataluña y Galicia con uno.

Casi dos de cada tres ayuntamientos pobres en 2019 lo fueron también en 2018 (64,4 %), una reincidencia que es “un lamentable ejemplo de persistencia de las corporaciones en mantener a los servicios sociales de sus poblaciones en esta categoría y consecuentemente a sus vecinos privados de unos derechos sociales que legítimamente les corresponden”, lamenta el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Casi una veintena de ayuntamientos en precario

Además, hay 19 municipios de más de 20.000 habitantes con un gasto entre los 45 y los 50 euros por habitante y año, es decir, no llegan a ser “pobres” pero casi. Dicha clasificación afecta a algo más de un millón de ciudadanos “que sufren la insensibilidad de sus regidores municipales”, señala el responsable de la organización.

Como dato positivo, ha habido una reducción en los últimos dos años de los ayuntamientos en este tramo, ya que en 2019 afectaba a 4 millones de personas y el anterior a 6,7 millones. Pero el 60% de los ayuntamientos precarios en 2018 vuelve a repetir.

Figuran en la lista de ayuntamientos precarios, entre otros, Cáceres -46 euros-, Campello (Alicante) -46,1-, Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) -46,3-, Pontevedra -46- y Altea (Alicante) -46,3-.

Alí (este no es su verdadero nombre) tiene 19 años y es solicitante de asilo LGTBI en España. En la actualidad reside en el centro de acogida del Ayuntamiento de Madrid “Las Caracolas”, en el barrio de Vallecas. El pasado 22 de diciembre, este joven marroquí se encontraba en un parque de ese distrito, cerca del centro de salud al que había acudido al médico, cuando un hombre se le acercó, le preguntó si era “maricón” y le agredió, incluyendo una puñalada en el brazo por la que tuvo que recibir cinco puntos de sutura, como se puede ver en el siguiente tuit:

Acompañado por la asociación Kifkif, que entre otras tareas acoge y atiende a migrantes y demandantes de asilo por motivos de orientación sexual, Alí interpuso una denuncia ante la Policía. En esta organización, además de encontrar apoyo legal y administrativo, el joven ha conocido a otros compañeros en una situación parecida a la suya, dentro del grupo “Ahbab” (familia, en árabe), en el que unas treinta personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Oriente Próximo y África del Norte socializan e intercambian experiencias y estrategias para salir adelante.

Con la ayuda uno de los miembros de esta asociación, que hace de traductor, Alí, que no quiere ser reconocido, responde a las preguntas de elDiario.es y relata los episodios de discriminación que le empujaron a huir de su país. En España, las entidades del sector recogieron en 2017 un total de 623 incidentes de odio contra personas en base a su orientación sexual o identidad de género, según el informe de la FELGTB La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI. 

¿Qué te ocurrió exactamente? ¿Cómo fue la agresión?

Ocurrió sin más, yo estaba sentado en un banco cerca del centro de salud y esta persona que yo no conocía se acercó sin ningún tipo de contacto previo. Me preguntó si yo era maricón de forma despectiva y ahí empezó todo. Creo que esta persona tiene un problema.

¿Cómo te sientes después del ataque?

Me siento realmente mal y en shock, porque huir de este tipo de agresiones es lo que me trajo a España para solicitar asilo. Que estas cosas me ocurran en España es algo traumático porque me hace revivir las situaciones que vivía en Marruecos y sentir en un contexto inseguro.

¿Por qué huiste de tu país?

En Marruecos estuve encarcelado en aplicación de la ley que penaliza a las personas homosexuales seis meses. Viví muchos episodios de discriminación social, familiar, y demás. Yo vine literalmente huyendo para tener una vida segura en un sitio donde ser gay no sea problemático. Lo que ha pasado me preocupa y me recuerda a esos episodios.

¿Cómo era tu vida en Marruecos?

Mi padre falleció cuando yo era muy pequeño, y mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir con mi abuelo. Era un contexto muy conservador y religioso. Yo desde pequeño tengo mucha pluma, se me nota que soy gay. Eso me dio muchos problemas, me encerraban en una habitación, no me dejaban salir en días. Mi madre me intentaba proteger pero en una sociedad tan machista poco podía hacer, la pobre. El incidente que más me traumatizó fue cuando un familiar muy próximo quiso tener relaciones sexuales conmigo de forma no consentida. 

¿Desde cuándo vives en España y en qué situación legal te encuentras?

Llegué en mayo de 2019 a España y soy solicitante de protección internacional de asilo por motivos de orientación sexual.

¿Te resultó difícil entrar en el país?

Hice varios intentos de llegar. El primero, que no resultó, fue entrar por Melilla. Al final vine en una patera. Tuve que pagar 3.000 euros. Estuvimos tres días en la patera, fue un viaje muy complicado. Cuando llegué a Algeciras me metieron en un centro donde sufrí también discriminación por parte de mis compañeros. Me fui de ese centro y solicité asilo.

¿Qué esperas encontrar en España?

Lo que sueño es que se resuelvan mis papeles, encontrar un trabajo, que nadie me discrimine y volver a ver a mi madre, no la veo desde enero de 2019.

¿En qué te gustaría trabajar? 

Solo tengo estudios de Secundaria en Marruecos, porque sufría bullying en la escuela y en el instituto. Lo que más me gustaría, y me encanta hacerlo, es trabajar de peluquero. 

La campaña de inmunización contra la COVID–19 comienza el 27 de diciembre en España. La vacuna que llegará es la de Pfizer, desarrollada con la tecnología de ARN mensajero (ARNm), que significa “ácido ribonucleico mensajero”, una técnica novedosa en su uso masivo en humanos que ha generado una serie de bulos sobre sus posibles efectos secundarios o sobre su modo de fabricación. Uno de los últimos ha sido el del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha dicho que la vacuna de Pfizer podría hacer que los humanos se conviertan “en mono o en cocodrilo”, añadiendo además que “sería un problema suyo”, ya que el contrato con el laboratorio establece que no se hacen responsables de ningún efecto secundario.

En qué consiste el ARNm

Como señalan los investigadores Jose M. Jimenez Guardeño y Ana María Ortega-Prieto (King's College of London) en este artículo en The Conversation, las vacunas de ARN mensajero se diferencian de las tradicionales en que que no se inocula ningún patógeno ni fragmentos del mismo. “En su lugar, los científicos crean un ARN [que es material genético] mensajero sintético en el laboratorio, el cual contiene una copia de parte del código genético viral. Este ARN mensajero se introducirá en nuestras células y permitirá a la maquinaria celular poder fabricar la proteína viral directamente, la cual se presentará en la membrana celular y estimulará al sistema inmune”.

Como explica en este otro artículo el experto en vacunas Adam Finn, una vez inyectado el ARNm de la vacuna se traduce en una proteína viral, que nuestro sistema inmunitario detecta. “El cuerpo genera una respuesta inmune en reacción a estas proteínas virales, que no pueden por sí mismas causar enfermedades, y esto proporciona protección contra el desarrollo de la enfermedad”.

Así que lo que se inocula en las personas es ese “mensajero” que distribuye por las células una especie de señuelo para que el cuerpo aprenda a distinguir y cómo defenderse de ese patógeno sin riesgo a que la enfermedad pueda desarrollarse. Y esta es la tecnología que han aplicado las vacunas de Pfizer/Biontech y Moderna. La parte menos positiva es que el suero es poco estable con la tempertura. De ahí que precise mucho frío. En el caso de Pfizer un frío casi extremo de -80 grados. Moderna ha conseguido crear un producto menos exigente y, por tanto, con una logística más sencilla. Pero la fórmula para que actúen es la misma: el ARN mensajero.

Ni siquiera se encuentra con el ADN, es decir, los genes humanos

Los científicos del King’s College enumeran hasta siete razones por las cuales consideran falso que este tipo de vacuna pueda modificar el genoma humano o ADN, con el que ni llega a encontrarse físicamente, y por ende provocar posteriores enfermedades genéticas, que es una de las tergiversaciones que se están leyendo en las redes estas semanas. 

Entre los motivos que explican, en primer lugar señalan que cuando el virus infecta nuestras células ya produce millones de ARN mensajeros que no tienen ningún efecto sobre nuestro ADN. Además, es una molécula extremadamente frágil (de ahí lo del frío para conservar) y tras producir la proteína del virus (que estimulará el sistema inmune contra el mismo) desaparecerá. 

Aún en el caso de que el ARN llegara a encontrarse con el ADN, lo que no llega a ocurrir,  la secuencia de ARN mensajero usada en la vacuna no puede integrarse en el genoma. Pero incluso si llegara a integrarse, continúan, “lo que con más probabilidad pasaría es que tendríamos una célula que empezaría a producir la proteína del SARS-CoV-2 utilizada como antígeno por lo que sería reconocida por el sistema inmune y destruida inmediatamente”.

Como señala Finn, “en las células humanas, mientras que el ADN se transcribe regularmente en ARN, no ocurre lo contrario: el ARN no puede convertirse en ADN y alterar nuestros genes. De hecho, fabricar ADN a partir de ARN –la llamada transcripción inversa– es algo que solo un cierto tipo de virus, como el VIH, puede hacer”. 

Los cultivos celulares para producir vacunas desde 1960

Otro de los bulos que han acompañado a la vacuna de ARNm (que usan tanto Pfizer como Moderna) es el que ayudó a extender el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en una homilía el pasado mes de junio. Afirmó el eclesiástico sobre estos sueros que “el demonio existe en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas”, y que “una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados”.

Para desarrollar una vacuna hay que mantener vivos los virus que se quieren neutralizar. Y esos virus solo se pueden mantener vivos dentro de células. Para conseguir esas células se realizan cultivos celulares. 

Existen dos líneas celulares inmortalizadas que provienen de células extraídas durante el análisis de dos fetos resultado de dos abortos por motivos médicos en 1961 y 1966, como explica el portal Maldita Ciencia. Esas células (que nunca han formado parte de los fetos originales) se han utilizado en investigaciones para vacunas contra la polio, la rubeola o la varicela entre otras. 

El Centro Nacional Católico de Bioética estadounidense ha pedido sustituir estas vacunas por opciones alternativas siempre que sea posible. Pero también señalan que en caso de no haber alternativas debe ponerse la importancia de vacunarse para preservar la salud pública y el bienestar infantil por encima del posible conflicto con el origen de esas vacunas.

La vacuna de BioNTech y Pfizer podría recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el 21 de diciembre, una vez que el organismo ha aceptado adelantar su cita para emitir su dictamen prevista en principio para el 29 de diciembre. La farmacéutica hizo llegar este lunes una documentación adicional solicitada por la EMA. Esto podría adelantar el calendario de plazos para la llegada de los sueros a España. La Comisión Europea ha dicho que precisa unas 72 horas para formalizar la autorización. Eso nos colocaría en el día de nochebuena.

Hasta ahora, basándose en la fecha del 29 de diciembre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, situaba en el 4 o 5 de enero la llegada de las primeras dosis a España. Este martes, el Gobierno ha admitido que pueden avanzarse las fechas si el plácet europeo es más temprano del barajado hasta ahora. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha subrayado que el ministro Illa y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas pueden revisar el plan este mismo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud.

La directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, explicaba en una entrevista con este periódico cómo va a desarrollarse el plan una vez obtenida la autorización de esta primera vacuna: expedido el permiso de comercialización, en unas 48 horas “empezaría la distribución a las comunidades autónomas”. Está por ver cómo afectará a estas previsiones el adelanto de una semana en el dictamen de la EMA y si, a su vez, se traducirá en un anticipo para el resto de las instituciones concernidas antes de que empiece la campaña que pretende frenar la epidemia de coronavirus. En el hipotético escenario de una aprobación por parte de la Comisión Europea el 24 de diciembre y teniendo en cuenta un margen de unas 48 horas, la distribución a las autonomías podría empezar entre el 26 y el 27.

Llegada progresiva de dosis

En todo caso, las dosis van a ir llegando progresivamente a España. Aunque Illa ha asegurado que “sobrarán vacunas” y que el objetivo final es cubrir a toda la población española (más de 47 millones de habitantes), no todas van a llegar de golpe en la primera remesa sino “de forma progresiva y conforme se vayan fabricando”.

En esto ha abundado el responsable del Centro de Emergencias Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón: “Hasta ahora lo que se ha hecho público son estimaciones, hasta que no sepamos cuántas dosis nos van a llegar semana a semana no podremos hacer un desglose definitivo”.

El Ministerio asegura que se encuentra a la espera de saber las “dosis reales” y que están esforzándose en cerrar el plan de vacunación, que comenzará a finales de año o principios de enero de 2021. “Es un proceso escalonado que permitirá una adaptación a los aspectos no previstos inicialmente. El objetivo es que todas las comunidades autónomas vacunen al mismo tiempo y estén preparadas para hacerlo al mismo tiempo”.

El futuro reparto de vacunas ya ha generado un primer roce. La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de haber rebajado las vacunas disponibles para ellos, de 630.000 a 207.000. En varias ocasiones Simón ha negado la acusación. Según Sanidad, la estrategia de reparto “está en proceso de determinarse”, ya que los diferentes acuerdos marco con la Unión Europea “son muy genéricos” y están sujetos a los procesos de fabricación.

Arrancar con cita y por grupos destinatarios

Aunque aún se mantienen incógnitas, como cuál será la primera cantidad de vacunas que llegará a España, o el orden exacto de los grupos de vacunación que se han establecido, sí hay un marco general. En total se espera recibir 140 millones de dosis de vacunas en 2021, con los que se cubriría con creces a los 47 millones de personas que viven en España –si bien hay que tener en cuenta que se necesitan dos dosis de la mayoría de sueros–.

La administración de las vacunas se realizará inicialmente con cita confirmada para evitar el desperdicio de dosis y siguiendo los protocolos de seguridad. Las dosis de vacunas administradas se incluirán en los sistemas de registro y en la historia clínica de la persona vacunada se incluirán la fecha y los datos de la vacuna recibida.

“Todas las personas vacunadas recibirán información adecuada sobre la vacuna administrada y una tarjeta de vacunación, o similar, en la que constará el tipo de vacuna administrada y el número de lote, la fecha de vacunación y la fecha para la administración de la segunda dosis, si procede, así como la manera de proceder ante cualquier sospecha de reacción adversa”, señalan las líneas maestras de la estrategia de vacunación aprobadas por el Gobierno con representantes de comunidades autónomas y distintos expertos en materias como la vacunología y la ética.

Tres etapas

Habrá tres etapas para conseguir la inmunidad poblacional: en una primera, los destinatarios serán sanitarios y usuarios de residencias de ancianos, y grandes dependientes no institucionalizados. Serían alrededor de 2,5 millones de personas. Aproximadamente entre marzo y junio será la segunda etapa, durante la cual se podrá incrementar “progresivamente” las dosis. Más adelante llegará la tercera, cuando alcancen al resto de la población. Los grupos son en total 15, sin que por el momento esté establecido el orden exacto en el que se producirá la inmunización:

75% para asegurar la inmumidad de grupo

El objetivo es vacunar de manera gratuita y a largo plazo al menos al 75% de la población para obtener la llamada inmunidad de grupo. Si se consigue y todo funciona del mejor modo posible, es decir, si no surgen imprevistos y si las vacunas además de inmunizar a quienes la reciben evitan eventuales contagios de posibles asintomáticos (algo que todavía está por demostrarse), para finales de verano o principios de otoño de 2021 se podría vislumbrar cierta normalidad pre–COVID, según varios expertos y el propio ministro Illa.

Para ello, además de una campaña de vacunación a gran escala con importantes retos logísticos como la conservación de vacunas, la recomendación para no dar pábulo a los reticentes es ser todo lo transparente que se pueda sobre la seguridad de los sueros, explicar detalladamente sus ventajas y tratar de responder con máxima transparencia a las posibles dudas que puedan surgir ante estos nuevos medicamentos. Las vacunas se han convertido ya en la máxima esperanza para controlar la epidemia que ha cambiado la vida en casi todos los países del mundo.

España ha notificado este lunes más de 20.000 nuevos casos de COVID-19. Es la primera vez que se llega a ese volumen de infectados en un fin de semana desde noviembre, cuando arreciaba la segunda ola de la pandemia de coronavirus. También el primer incremento de casos tras cinco fines de semana de descenso. El coordinador del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha analizado que, con estos datos, la caída de infecciones “podría estar estabilizándose y, desde luego, esta posible estabilización del descenso no es algo que nos interese en este momento”. Más contundente, pero en la misma línea, se ha mostrado el responsable del programa de vigilancia en Euskadi, Ignacio Garitano, que ha admitido este lunes que “la evolución favorable de la pandemia” ha experimentado “un estancamiento”.

Además, la mejora en la presión de los hospitales también se ha ralentizado. Tanto en la ocupación de las camas de UCI como generales: “Llevamos descensos muy lentos e incluso más lentos en los últimos días”, ha explicado Simón que ha avisado de que no hay hueco para la relajación: “No estamos ni estaremos en situación de relajarnos en las próximas semanas”. Así que el hecho de ver cómo la curva de casos empieza a quedarse plana en lugar de seguir hacia abajo ha encendido alarmas en las comunidades autónomas. El propio Garitano ha asumido que la Navidad no es una época “fácil” para controlar la expansión del virus. Hay más movilidad y aumento del contacto social, han recordado ambos epidemiólogos.

El peligro está sobrevolando y queda pendiente comprobar si el puente de la Constitución, que terminó justo hace una semana, va a conllevar un incremento de enfermos por COVID-19, como ha reconocido el propio Fernando Simón. El SARS-CoV-2 ha demostrado reiteradamente que repunta algo más de una semana después de episodios de contagio múltiple. El temor lo denota que algunos gobiernos autonómicos hayan decidido empezar a endurecer las medidas pactadas con el Ministerio de Sanidad para organizar las fiestas. Por ejemplo este mismo lunes, el Ejecutivo balear ha decretado que la isla de Mallorca entre este martes en “situación de riesgo extremo” por el coronavirus y pase a nivel 4, el máximo previsto tras registrar un incremento de casos que aún no ha podido controlarse. Con este nivel, en Nochebuena solo podrán reunirse un máximo de seis personas, menores incluidos, de dos núcleos de convivencia distintos (por ejemplo, una abuela y la familia de uno de sus hijos). Esto quiere decir que se rebaja en cuatro personas el número máximo de comensales en esos días señalados. El toque de queda se adelanta a las 22.00, incluida la nochebuena. Los bares y restaurantes van a tener que cerrar a las 18.00 los viernes, sábados y vísperas de festivos durante las próximas dos semanas.

Además, como ya estaba previsto, quienes viajen de la península a Baleares a partir del 20 de diciembre deberán además presentar una PCR negativa, igual que ocurre ya con los viajeros internacionales desde el 23 de noviembre. El Govern balear ofrecerá la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica gratuita a los residentes que retornen a las islas. Esta misma opción se ofrece a los residentes canarios que están en la península, sean estudiantes o no, que podrán hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa antes de regresar a las islas por Navidad, una prueba que costeará el ejecutivo canario.

En Catalunya, el empeoramiento de los datos obligará a la Generalitat a reevaluar su plan de desescalada. Este martes la velocidad de contagios, el indicador RT, ha superado el 1. Este era uno de los umbrales que fijó el Govern para retroceder en la de desescalada. Andalucía también se plantea pisar el freno y va a estudiar modificar las medidas de flexibilización de la movilidad y los horarios comerciales de cara a las fiestas navideñas.

Mientras, Aragón ha excluido el término “allegado” en la orden que establece las medidas tomadas para las fechas navideñas. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado en una entrevista en Aragón Radio que este término “puede inducir a error” por lo que ha optado por hablar solo de familiares. Es un movimiento restrictivo. El Gobierno aragonés cree que “allegado” es “un término muy amplio donde se puede englobar todo” y que “ha generado mucha controversia” debido a que se trata de “una cuestión puramente semántica”. “Las reuniones tienen que ser con tu familia y hemos eliminado ese término”, ha aseverado la consejera. 

La semana pasada, Andalucía aseguró que se había visto obligada por el Ministerio de Sanidad a incluir esa categoría de allegados entre las posibles relaciones de personas que van a reunirse en Navidad, si bien Aragón no ha tenido, al menos de momento, ningún problema en retirarlo de su normativa para estas fiestas. La Junta de Castilla y León ha expresado oficialmente la preocupación al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que ya vivió un confinamiento en otoño, por el aumento de casos y presión hospitalaria.

En Canarias, donde se está registrando un incremento de los casos, el número de personas para reunirse habitualmente se ha reducido a seis salvo en Tenerife, donde se limita aún más y el máximo serán cuatro al menos hasta el día 19 y a la espera del anuncio de nuevas restricciones en los próximos días tras alcanzar los peores datos de incidencia en la isla desde el inicio de la pandemia. Para Nochebuena y Nochevieja sí se adopta el límite genérico de 10 personas en el resto de islas.

De salvar a peligro

La cercanía con las fiestas de Navidad está alimentando la preocupación. Si hace algo más de un mes muchos mensajes hablaban de “salvar la campaña de Navidad”, la realidad epidemiológica ha acabado por imponerse. Entonces, desde el presidente del PP, Pablo Casado, a la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidieron reducir el estado de alarma hoy vigente con la idea de no afectar a la época comercial navideña. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid –donde en las últimas jornadas se ha registrado un todavía leve incremento de los contagios– , Ignacio Aguado, expresó a mediados de octubre que prefería un confinamiento raudo para “bajar la incidencia a 25 casos y salvar la Navidad”.

Sin embargo, la caída del número de infectados ha sido lenta. Faltan diez días para la Nochebuena y la incidencia acumulada en los últimos 14 días supera los 196 casos. “Estamos en una situación delicada porque entramos en la Navidad que es un periodo de riesgo y partiendo de un nivel inicial más alto que cuando iniciamos la segunda ola”, ha comentado Fernando Simón, al evaluar que un repunte desde esta altura de la curva trasladaría una presión al sistema sanitario mayor. “El riesgo de saturación de los sistemas asistenciales está ahí ante cualquier pequeño incremento de la incidencia”, ha concluido.

El responsable epidemiológico vasco, Ignacio Garitano, ha evidenciado que en Euskadi, se han relajado las medidas de prudencia ante la reapertura de los negocios de hostelería. “Es evitable la tercera ola. Eso quiere decir que se puede evitar. ¿Cómo? Poniéndonos unos deberes duros, difíciles, situándonos en una situación de pandemia y no de prepandemia”, ha comentado. “Que se desconfine o que un sector, como la hostelería, pueda tener un desahogo no significa que se haya acabado el problema. No quiere decir que se pueda estar en un bar como si nada. Si no se comprende que eso no implica que se dejen de tomar medidas, el problema volverá a tenerlo la hostelería”, ha rematado Fernando Simón.

Con todo esta cóctel, el Ministerio de Sanidad mantiene, de momento, el plan acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque no niega que a la luz de la evolución de la enfermedad, se pueda modificar. “La protección personal es clave. El que se pueda hacer algo no es obligatorio. Podemos reunirnos 10, pero si nos reunimos seis, mejor”, ha resumido Simón.

El consumo de alcohol durante el confinamiento por la pandemia de COVID–19 “seguramente disminuyó de manera importante” debido al cierre inicial de bares y establecimientos hosteleros, ha explicado este lunes el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí. “Es interesante, porque cuando internacionalmente se habla de regular el alcohol, disminuir la disponibilidad es uno de los aspectos que se han barajado y que algunos países han desarrollado más que otros. Por tanto es un caso de estudio que podemos tener en cuenta”, ha afirmado.

Esta importante disminución se ha dado a pesar de que el alcohol siguió estando disponible en todo momento en tiendas. “Aunque existiera acceso, la disponibilidad era mucho menor”, ha incidido, en lo que parece confirmar la importancia del consumo social de bebidas alcohólicas. La caída general de la bebida no evitó el probable crecimiento del alcohol que se ingirió en los hogares, ya que durante los meses de encierro se observó un gran aumento en la compra de productos habitualmente consumidos en bares y restaurantes, como vino, cerveza y bebidas espirituosas.

El efecto de la COVID en el consumo de la mayoría de las drogas en España ha sido relevante, según Villalbí, salvo por ejemplo en el caso del tabaco, que no ha experimentado cambios dado que los estancos han permanecido abiertos en todo momento. “Se trata de información muy incompleta y cualitativa, esperamos tener datos detallados pronto”, ha dicho.

Así, este análisis aún no ha podido ser refrendado por la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES), ya que tuvo que ser interrumpida precisamente en marzo por la pandemia. Sus resultados hasta ese momento, presentados este lunes, mostraban un mayor uso compulsivo de Internet en España.

En cuanto a las sustancias ilegales, el delegado ha recordado que el parón de los viajes por la pandemia afectó también al tráfico internacional de estupefacientes, lo que produjo un cambio de los patrones consumo. “Tenemos un conocimiento incompleto de esta realidad”, ha admitido.

La impresión transmitida por el delegado es que hubo más sustancias adulteradas circulando, y mayor demanda de acceso a tratamiento por parte de dependientes, lo que se unió a la precariedad del trabajo en los centros de tratamiento debido a la pandemia (personal enfermo, teletrabajando, etcétera).

Antes de la COVID, consumo estable de alcohol y tabaco

La encuesta bianual EDADES 2019/2020, con datos previos a la declaración del Estado de Alarma por la situación de pandemia por COVID-19, muestra que 3,7% de la población de 15 a 64 años había realizado un posible uso compulsivo de internet (2,9% en 2017/2018) y el 2,2% presentaba un posible juego problemático o trastorno del juego (2,6% en 2017/2018).

Además, desciende el consumo de tabaco diario (el 32,3% de la población 15-64 años) y el 4,2% de la población de 15 a 64 años presenta un posible consumo de riesgo de alcohol, la cifra más baja desde que se incorporó la escala AUDIT a la encuesta EDADES (2009).

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha destacado en la presentación “la tendencia ascendente en las cifras de uso compulsivo de internet” y la estabilización de los consumos de alcohol y tabaco. En este sentido, ha prometido que se seguirá “trabajando para que descienda aún más el consumo de tabaco con el objetivo de reducir su impacto en enfermedades y muertes evitables”.

El trabajo de campo de EDADES 2019–2020 se realizó desde el 7 de febrero al 13 de marzo de 2020. Los datos confirman que las sustancias más consumidas son las legales. En primer lugar, el alcohol (el 77,2% de los encuestados lo ha consumido en el último año; el 75,2% lo hacía en 2017/2018) y en segundo lugar el tabaco (el 39,4% ha fumado tabaco en el último año, respecto al 40,9% en 2017/2018).

Cannabis, droga ilegal más consumida

El cannabis es la droga ilegal más consumida (10,5% en el último año en 2019/2020 frente al 11,0% en 2017/2018) seguida de la cocaína polvo y/o base (2,5% frente al 2,2% en 2017/2018).

El resto de sustancias ilegales estudiadas tienen unas prevalencias de consumo en el último año por debajo del 1%. El éxtasis un 0,9%; las anfetaminas 0,7%; los alucinógenos un 0,6%; las setas psicodélicas un 0,4%; las metanfetaminas un 0,3% y la heroína un 0,1%, el mismo porcentaje que los inhalables volátiles. El 1,7% de los españoles entre 15 y 64 años afirman haber probado alguna vez en su vida nuevas sustancias psicoactivas.

Las edades de inicio en el consumo no presentan cambios reseñables. Las sustancias legales (alcohol y tabaco) son las que se empiezan a consumir a una edad más temprana, mientras que los hipnosedantes y los analgésicos opioides son los que se empiezan a consumir a una edad más tardía.

El consumo de cocaína de los hombres cuadruplica al de las mujeres

Respecto al sexo, los hipnosedantes sin receta y los analgésicos opioides sin receta son las únicas sustancias psicoactivas cuyo consumo es similar en ambos sexos (el 1,3% de los hombres y 1,2% de las mujeres consumieron hipnosedantes sin receta en el último año y el 0,6% de los hombres y 0,7% de las mujeres consumieron analgésicos opioides sin receta, en ese mismo periodo). En el caso del cannabis el porcentaje de hombres que lo ha consumido en el último año duplica ampliamente al de mujeres (14,6% frente a 6,3%) y en el caso de la cocaína polvo y/o base esta diferencia por sexo se cuadruplica (4,1% hombres y 1% mujeres).

El patrón de policonsumo (consumo de 3 o más sustancias psicoactivas) continúa estando muy extendido. Se concentra en hombres de 15 a 24 años e incluye muy frecuentemente (en el 90% de los casos) el consumo de alcohol, tabaco y cannabis.

Consumo en mayores de 64 años

Por primera vez en España se ha realizado una encuesta en mayores de 64 años denominada ESDAM. Los resultados principales muestran que en la población de mayores de 64 años el consumo de las sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales está menos extendido que en la población de 15 a 64 años y en todas las sustancias psicoactivas el consumo, está más extendido entre los hombres.

Respecto al consumo de bebidas alcohólicas en la población de mayores de 64 años, se observa un mayor consumo diario, más consumo de vino y menos consumos intensivos y de riesgo.

El 52,9% de la población mayor de 64 años dice haber fumado alguna vez en la vida (77,9% en hombres y 34,1% en mujeres), el 12,8% de la población mayor de 64 años ha fumado en el último año (18,8% en hombres y 8,2% en mujeres), siendo el porcentaje de fumadores diarios del 9,8% (14,3% en hombres y 6,5% en mujeres).

El 4,3% de los mayores de 64 años presentaría, según escala basada en el DSM-V, un posible trastorno por consumo de hipnosedantes (2,2% en hombres y 5,8% en mujeres).

La única sustancia psicoactiva ilegal consumida en el último año es el cannabis con una prevalencia de consumo del 0,5%.

Respecto al juego con dinero, el 68,3% ha jugado dinero de manera presencial en el último año (72,6% en hombres y 65,1% en mujeres), dato superior en 5 puntos porcentuales al de la población de 15 a 64 años. El 2,4% de la población mayor de 64 años ha jugado con dinero online en el último año, dato 4 puntos porcentuales menor que en la población de 15 a 64 años. El 1,3% de la población mayor de 64 años presentaría un posible juego problemático o trastorno por juego.

Las mascarillas desarrolladas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a partir de nanofibras, un material sesenta veces más fino que el tradicional, han empezado ya a fabricarse en grandes volúmenes, de momento unas 40.000 al día. Son mascarillas EPI, las de mayor protección (FFP2), normalmente de color blanco (los otros dos tipos son las quirúrgicas azules y las higiénicas de tela).

El spin-off del Consejo, Bioinicia, ya prepara el lanzamiento al mercado de dos modelos de mascarillas de este material con un tamaño adecuado para niños (una de 4 a 6 años y otra de 6 a 9).

“No existe la certificación de mascarillas EPI para niños (inicialmente estas protecciones estaban pensadas para trabajar con materiales peligrosos), así que realmente será una mascarilla como las normales pero más pequeña, para que encaje”, explica el investigador José María Lagarón, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC), jefe del equipo que se está encargando de esta línea de investigación y desarrollo desde el centro público. Asegura que la pretensión es que los niños tengan la cara bien aislada en los colegios en la época de mayor frío, cuando se hace más complicada la ventilación.

Lagarón es uno de los científicos que defiende que la transmisión del virus por aerosoles (las gotitas de saliva que se lanzan al aire al hablar, toser o cantar y que permanecen suspendidas a veces durante horas) harían necesario recomendar el uso de FFP en interiores. “Con quirúrgicas e higiénicas (de tela, especialmente aquellas no certificadas) en sitios cerrados no vamos a parar el virus”, advertía hace unas semanas. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, también preocupado por este modo de transmisión, opina que debería diferenciarse normativamente entre locales que puedan ventilarse o que no para frenar este tipo de contagios.

Mascarillas de distintas medidas

Además, el equipo de Lagarón está trabajando junto a un centro tecnológico en el diseño de un sistema que permita elegir mascarilla en función de la forma de la cara. Su intención es sacar modelos que representen al más amplio porcentaje posible de población: “Que la gente no se tenga que conformar con un modelo único, retorcer las gomas etcétera, porque pensamos que eso es un problema de ajuste también”, afirma.

El spin-off del organismo público tiene ya contratos con dos fábricas trabajando a pleno rendimiento (una en España y otra en Alemania) y está certificando a seis empresas adicionales (en este caso todas españolas) con las que ya han firmado: “se trabaja todos los días de la semana, 24 horas. Cuando se incorporen las nuevas empresas subiremos a millones a la semana” [la estimación inicial era fabricar a estas alturas 11 millones de mascarillas en ese periodo]. La idea es que para enero puedan tener una capacidad suficiente para proteger a la mayor cantidad de personas posibles aquí y fuera de España. Ya han contratado a una persona para iniciar el proceso de exportaciones a Latinoamérica, explica Lagarón.

El éxito de los EPIs de Bioinicia, mascarillas más ligeras y seguras contra la COVID hechas de nanofibras, fue inesperado. A los tres días de sacarlas a la venta el pasado agosto se habían hecho casi medio millón de pedidos. Contaban con material de filtro almacenado suficiente, así como con el equipamiento necesario para medir filtración y respirabilidad de los materiales, frente a otros fabricantes. Pero lo que faltaban eran empresas finales que confeccionaran la mascarilla. Todo este material sanitario se había deslocalizado a países de bajo coste, principalmente China, y las empresas con las que finalmente está trabajando este proyecto, cofinanciado por el CSIC y la Agencia Valenciana de Innovación, han tenido que ponerse al día, adquirir maquinaria, etcétera.

Mascarillas transparentes para mejorar la comunicación de las personas sordas

Otro de los frentes abiertos es el de las mascarillas homologadas y certificadas semitrasparentes, en respuesta a la reivindicación del colectivo de personas sordas, que han sufrido un importante perjuicio en su forma de comunicarse durante la pandemia de COVID, ya que desde que se generalizó la necesidad de tapar la boca para evitar contagios no pueden leer los labios de sus interlocutores.

A este respecto, Lagarón afirma que los trabajos están muy avanzados. “Ahora mismo el prototipo tiene ya un grado de opacidad muy bajo, es translúcido y con muy buen nivel de filtración. Lo que queremos es hacer un producto que sea certificable”, asegura, y distinto a las actuales mascarillas rígidas o cerradas.

En este momento, están pendientes de una serie de materiales de proveedores externos y de conseguir una línea de suministro regular. “Toda esa parte de la logística todavía no la hemos abordado. Estamos cerrando el desarrollo. Entonces podría ir muy rápido porque la vamos a certificar como higiénica o quirúrgica de entrada”, recalca.

El primer trimestre con clases presenciales en medio de la pandemia de coronavirus se da por aprobado por parte de centros, médicos, padres, sindicatos y responsables políticos en cuanto al relativo control que se ha conseguido de los contagios de coronavirus de alumnos y profesores. Todos han respirado aliviados al comprobar que la vuelta a las aulas no ha supuesto la explosión de la epidemia de COVID-19 que muchos pronosticaban y temían, pese a que los pediatras explicaban que no creían que los niños fueran a ser “supertransmisores” con la vuelta al cole.

“En los días previos a la reapertura de las aulas había pánico escénico, se temía una catástrofe y que habría que volver a cerrar los colegios porque todos los niños estarían afectados”, recuerda Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la Reapertura de la Escolarización y epidemiólogo de ISGlobal. A su juicio, de momento la experiencia deja datos “muy positivos y esperanzadores”.

Esto no significa que los espacios educativos hayan quedado exentos de la epidemia, y ha habido aulas confinadas desde principio de curso debido a casos de COVID. El 1 de diciembre este era el caso de 3.289 grupos, un 0,77% del total, según datos proporcionados a este periódico por el Ministerio de Educación. Cuando todas las comunidades autónomas habían comenzado a dar clases presenciales en todos los niveles –aunque con carácter general en Secundaria en régimen de semipresencialidad–, el 29 de septiembre, las clases confinadas eran un 0,9% del total.

A medida que la incidencia acumulada de contagios fue subiendo en el país, ocurrió lo mismo con los casos que se detectaban en los centros, y se alcanzó un pico del 1,7% de las 426.896 aulas/grupos que hay registrados en el país. Este máximo, que supuso el confinamiento de casi 7.000 clases al mismo tiempo, se produjo en la primera semana de noviembre. Esa semana (6 de noviembre) la incidencia acumulada de COVID en España (casos por 100.000 habitantes en catorce días) era de 525,74. En estos momentos, con datos del 3 de diciembre, ha caído a menos de la mitad: 240,89 casos. Actualmente hay 12 colegios cerrados por completo temporalmente por las autoridades autonómicas debido a un escenario de transmisión descontrolada.

Estos datos le son proporcionados al departamento que dirige Isabel Celáa por las comunidades autónomas. La responsable del sector de enseñanza FeSP-UGT, Maribel Loranca, lamenta la falta de homogeneidad de la información sobre la afectación real de la COVID en las aulas, sin que por ejemplo se sepa a qué nivel educativo pertenecen. “En los sindicatos nos enteramos por la prensa, y no de todos los casos, así no podemos hacer un seguimiento real”, incide.

En los centros educativos también se producen brotes (cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico) y por ejemplo la última semana se notificaron 223 brotes con 1.293 casos. En general son de pequeña magnitud (una media de 5,8 casos por brote) y suponen alrededor del 1,6% de los casos notificados en este periodo, según los datos de Sanidad.

Pero lo normal es que los casos no vayan más allá una vez detectados. Casi siempre se trata de alumnos o profesores que se infectan en otros ámbitos, y que no suelen contagiar en el centro educativo gracias a las medidas de prevención y al hecho de que al menos los niños más pequeños presentan una menor tasa de infectividad, contrariamente a lo que ocurre con otros coronavirus. Por ejemplo, en Catalunya el 87% de los casos en centros educativos no han generado otros secundarios. Esta es una de las pocas CCAA que hace pruebas PCR a todos los alumnos cuando se detecta un positivo en clase.

“Desde el principio de la epidemia en China, se vio que este virus no se comportaba como los coronavirus ya conocidos. Los niños son susceptibles, pero se infectan menos, su enfermedad es más leve y la mortalidad en ellos es muy baja”, recalca un documento del Colegio de Médicos de Madrid. Las estimaciones de que el caso primario en brotes familiares sea un niño están entre un 5% y un 10%.

Mucho trabajo para profesores y directores y falta de medios

La menor afectación de los niños por este virus, que se va incrementando a medida que cumplen años, no explica por sí sola que los casos no se hayan disparado en las aulas. Tras seis meses cerrados, desde que se desató la pandemia en marzo, los centros se han preparado con multitud de protocolos de prevención y actuación frente a casos de COVID. Se publicó una guía por parte del Ministerio de Sanidad, y las comunidades autónomas son las que han elaborado las normas. Se incluye la obligación de que los mayores de seis años porten mascarillas, controles de temperatura y reasignación de espacios, de manera que los llamados “grupos burbuja” de convivencia estable no se mezclen entre sí. Cuando se detecta un caso de COVID dentro de ellos, todo el grupo debe guardar una cuarentena preventiva de diez días.

Para el Ministerio de Educación, “las administraciones educativas y, sobre todo, los equipos directivos de los centros y el profesorado en general, han hecho un gran trabajo antes y durante el curso para mantener la escuela abierta, que era el objetivo general. Hay que destacar también el comportamiento responsable de los alumnos y alumnas, incluso los más pequeños. A esto se suma la importante inversión que hizo el Gobierno con el fondo COVID”.

La organización de este atípico curso, con normas cuya aprobación se retrasó hasta casi el comienzo de las clases en algunas comunidades, ha supuesto una carga de trabajo y de esfuerzo extraordinario en los docentes y directores de los centros.

“Ha sido muy caótico y ha faltado precisión y planificación. Llevamos una época buena pero hemos llegado a tener hasta cinco aulas confinadas a la vez”, relata a este periódico el director de un centro madrileño que prefiere permanecer en el anonimato. “El inicio de curso fue un caos y faltó homogeneidad”, coincide el responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.

El presidente del Consejo de Directores de Madrid y del colegio público Santo Domingo de Algete, Óscar Martín Centeno, recalca que la clave del éxito de la adaptación ha sido el propio comportamiento ejemplar de los alumnos, tanto de los más pequeños como de los adolescentes, aunque reconoce que en este último grupo ha habido un progresivo relajamiento de las medidas de precaución.

En cuanto a los medios de los que se ha dotado a los centros, pide que se mantengan los profesores de refuerzo que se contrataron para este curso debido a las medidas especiales, y que la Comunidad de Madrid pretende ya despedir al final de este trimestre (es la única comunidad autónoma que lo va a hacer). Se quiere prescindir de estos profesores pese a que la pandemia continúa.

Además, cuando se confina un aula los alumnos deben tomar clases por internet, al igual que en determinados cursos superiores, algo que en el caso de las familias con menos recursos se convierte en una misión casi imposible. Las comunidades autónomas están poniendo a disposición de los centros tablets y portátiles, pero en algunos casos es ahora cuando están llegando, y en otros no lo harán hasta enero, aunque hubieran sido necesarios desde principio de curso. Además, por ejemplo en el caso de la Comunidad de Madrid no se tiene en cuenta que también es necesario garantizar la conexión del alumno, para lo que no vale con una tarjeta prepago.

“Es una buena noticia que los centros educativos se mantengan abiertos, el cierre tuvo un impacto social y emocional muy fuerte. Pero no se ha garantizado la presencialidad en todos los niveles y etapas educativas”, incide la representante de UGT. La enseñanza presencial “más o menos viene funcionando hasta la Secundaria, pero a partir de ahí ha dependido de comunidades autónomas y de centros”, subraya, mientras que la semipresenciliadad tampoco está funcionando de manera adecuada en todos los centros.

La llegada del frío

La propagación del virus en centros educativos hasta ahora ha sido menos importante que lo que se llegó a temer. Pero una de las claves para evitar contagios es la ventilación de los espacios cerrados, y la llegada del verdadero frío del invierno, que comienza el 21 de diciembre, supone un reto adicional.

“Ahora que viene el frío hay que extremar las precauciones, los protocolos deben revisarse y pensar cómo se organizan los centros de cara al invierno”, remarca Francisco García, responsable de Educación de CCOO.

Este sindicato está elaborando una guía con recomendaciones de seguridad y salud frente a la COVID en centros educativos. De cara al invierno recomienda “sacrificar el confort térmico para salvar vidas” y siempre que las circunstancias lo permitan, realizar actividades académicas en el exterior. Para interiores, se aconseja el uso de medidores de CO2 para conocer el estado del aire, y en los casos en que sea necesario, apoyar la ventilación con elementos técnicos como purificadores.

Además, exigen que se suministren medios adicionales de protección como mascarillas EPI (FPP, las de máxima eficacia) a los trabajadores que trabajen en educación infantil, enseñanzas artísticas o talleres de Formación Profesional. Estos y otros medios de prevención, recalcan, “deben ser suministrados por la empresa a los trabajadores y en su caso también al alumnado”.

La “antigua normalidad”, la vida que conocíamos antes de que llegara la COVID en marzo de 2020, no podrá volver hasta que un porcentaje significativo de la población esté inmunizado, algo que como mínimo no ocurrirá en España hasta finales de verano o principios de otoño de 2021. Los expertos señalan una tasa del 70% de vacunados como necesaria para reducir significativamente los brotes de una enfermedad que ha saturado el sistema sanitario de los países occidentales en proporciones desconocidas en las últimas décadas. Este porcentaje implica una gran campaña de vacunaciones en la que deben implicarse voluntariamente más de 30 millones de personas.

Las primeras dosis contra el coronavirus parecen estar a punto de llegar, y el Consejo de Ministros ha firmado este martes la compra de 73 millones de ellas para empezar a aplicarlas en enero de forma gratuita. Para que esto ocurra, la UE deberá cumplir su previsión de autorizar el 29 de diciembre y el 12 de enero los sueros contra la COVID de Pfizer y Moderna, los dos laboratorios que van más adelantados en esta carrera científico-comercial. Primero tienen que recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, un requisito que según médicos y científicos garantiza la seguridad de su administración tanto como la de cualquier otro fármaco que se suministre en Europa. Sin embargo, casi la mitad de los españoles, según la última encuesta del CIS al respecto, no estaría dispuesto a inocularse el suero inmediatamente. El Gobierno ha dispuesto 15 grupos de vacunación sucesivos y descarta por el momento hacer obligatoria la medida.

Las previsiones más halagüeñas, que implican que las vacunaciones comiencen en enero para sanitarios, usuarios de residencias y grandes dependientes, suponen que el próximo verano el proceso estaría completado, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Tendremos un verano que se acercará mucho a la normalidad, vamos a ver cómo va todo”, dijo el ministro en un programa de televisión emitido este lunes en el que calculaba que “en mayo, junio, podríamos tener 15-20 millones [de personas] inmunizadas”.

Algunos científicos son más cautos, y vaticinan que hasta finales de esa estación o principios de otoño, como mínimo, no será posible relajar las medidas de precaución contra los contagios, algunas de las cuales, como el uso de mascarilla, se podrían quedar entre nosotros mucho tiempo, incluso de forma voluntaria en ciertas ocasiones.

“Siendo muy optimistas y pensando que todo va a ir muy bien, probablemente hasta después del verano del año que viene no podrá haber una inmunidad lo suficientemente alta como para que podamos cambiar de forma significativa las prácticas de protección que estamos teniendo ahora”, afirma el doctor Luis Enjuanes, que dirige uno de los grupos españoles que está buscando una vacuna.

Su colega Vicente Larraga, que dirige otro laboratorio del CSIC con este mismo objetivo, coincide: “Se puede suponer que la gran vacunación, al menos en el mundo occidental, será entre el verano y el otoño de 2021”. A partir de ese momento “se prevé que haya un porcentaje bastante razonable de personas vacunadas, pero tiene que empezar y que no haya problemas”, afirmó en un debate esta semana en la Fundación Alternativas. A su juicio, “hasta que el sistema esté rodado va a pasar un tiempo”. 

El proceso de vacunaciones sin duda va a suponer una carga adicional para la Atención Primaria, que ya pide refuerzos y planificación para la campaña. El sistema está sobrecargado a pesar de que la actual tendencia de los contagios es lentamente descendente tras un preocupante final del mes de octubre. El 4 de noviembre se llegaron a notificar 20.400 nuevos casos, y el primer día de diciembre han sido 8.257. La incidencia acumulada se sitúa este martes en 265,76 casos por cada 100.000 habitantes, y hace un mes (30 de octubre) era de 485,28. Pero la velocidad es lenta y los niveles de incidencia siguen situando a nuestro país en un nivel de “riesgo extremo”, según el semáforo de Sanidad. Estamos a un mes de que comiencen las fiestas navideñas y los expertos advierten del peligro de un rebrote aún más explosivo que el que sucedió a la relajación del verano pasado. Ha habido 1.636.465 casos confirmados de COVID en España desde que empezó la pandemia y 45.511 muertos con coronavirus. En lo que llevamos de año, el “exceso de muertes” respecto a otros años, por COVID y otras causas, es de 63.345, según el Instituto Carlos III.

Control de la enfermedad o de los contagios

Para la viróloga Margarita del Val hay otro aspecto que debe tenerse en cuenta para poder dar plazos de “vuelta la normalidad”: que las vacunas protejan o no del contagio, es decir, que no se limiten a reducir o a eliminar los efectos de este virus en quien se vacune, sino que además impida que esa persona, en caso de portarlo, lo pueda transmitir. “Que proteja del contagio o no es determinante para saber si esto se va a ir solucionando o si beneficia en exclusiva a las personas vacunadas”. Es posible que las personas vacunadas puedan infectarse y seguir siendo infecciosas para otras, aunque no experimenten síntomas, y esto es algo que por ejemplo en los ensayos de Pfizer, que habla de un 90% de eficacia, no queda claro, ya que no se somete periódicamente a los voluntarios a pruebas PCR para saber si están infectados o no por el virus SARS-CoV-2.

En todo caso, para Del Val “el objetivo no debe ser volver a la normalidad anterior, debe ser ir a una situación mejor”. Por ejemplo, espera que evolucionemos hacia costumbres como que si experimentamos síntomas de enfermedades infecciosas, “aunque nadie nos obligue, nos pongamos voluntariamente una mascarilla para no toser al resto en la cara, ahora que ya sabemos el impacto que tiene”.

Pero además, otra de las grandes incógnitas de esta gran campaña de vacunación es el porcentaje de población que tiene dudas por la rapidez inusual con la que se han desarrollado los sueros. Los tiempos de elaboración de una vacuna se acortan por varios motivos. En primer lugar, porque las compañías desarrollan en paralelo varias fases que normalmente se realizarían de manera secuencial. En segundo lugar, porque las farmacéuticas empiezan a fabricar “a riesgo” –apoyados por los pagos anticipados de los acuerdos de compra– de forma que pueden disponer de dosis desde el mismo momento en que son autorizadas. Por último, porque para agilizar el proceso de evaluación en una situación de emergencia sanitaria como esta, la Agencia Europea del Medicamento revisa los datos según estén disponibles, en un examen continuado que permite evaluar con rapidez las solicitudes y, al mismo tiempo, garantizar dictámenes científicos sólidos. “De este modo, se acelera en gran medida el proceso de evaluación de la vacuna sin comprometer en ningún momento las condiciones de seguridad para su autorización”, incide el Ministerio de Sanidad.

El Gobierno dice confiar en que el alto porcentaje de otras vacunaciones sea preludio de lo que finalmente pasará con la de la COVID, aunque en muchos casos tiene más que ver con inmunizaciones infantiles que de adultos. Por ejemplo, apenas un 53% de los mayores de 65 se vacuna de la gripe a pesar de ser un grupo de riesgo con esta enfermedad, al igual que los profesionales sanitarios, de los que solo lo hace un 35%. Estos grupos son, precisamente, los primeros en la estrategia de vacunación que se está diseñando.

La epidemióloga Victoria Zunzunegui cree que para llegar a un 70% de cobertura en vacunación “debes tener un sistema de salud pública muy fuerte, del que carecemos”. Recuerda que la Ley General de Salud Pública de 2011 preveía la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública con competencias como la vigilancia y promoción de la salud en todo el territorio, algo que aún no existe.

“Hasta que no alcancemos al menos un 70% de inmunidad la probabilidad de brotes no disminuirá drásticamente”, asegura, tal y como se ha demostrado en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid que monitoriza a través del grupo ActuarCovid. Estos centros residenciales, en toda España, serán los primeros a los que lleguen las primeras vacunas en enero si no hay contratiempos. Junto a ellos se ha definido como prioritaria la vacunación de sanitarios y grandes dependientes. A continuación, y en los siguientes meses, la campaña se irá dirigiendo sucesivamente a la población general mayor de 64 años; personas con patologías; trabajadores en entornos cerrados; vulnerables por su situación socioeconómica; trabajadores esenciales; docentes; niños; adolescentes; adultos y a quien esté previamente inmunizado por haber pasado ya la enfermedad. Una campaña inédita que durará gran parte del año y cuyos resultados podrían suponer el fin de las restricciones para evitar los contagios de COVID que han cambiado la vida cotidiana de prácticamente todo el planeta.

Tres de los principales proyectos españoles para una vacuna contra la COVID-19 están dirigidos por investigadores ad honorem ya jubilados. Mariano Esteban (76 años) Luis Enjuanes (75) y Vicente Larraga (72) encabezan las iniciativas más punteras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero no cobran ni un euro por este trabajo y sus ingresos son las prestaciones de la Seguridad Social que les corresponden. Es una situación que no es infrecuente y, por ejemplo, también la socióloga María Ángeles Durán (78 años) sigue investigando en estas condiciones. La científica Margarita Salas trabajó prácticamente hasta el final de su vida, a los 80 años.

“Somos científicos y consideramos que seguimos en primera línea: tenemos proyectos, formamos a estudiantes, becarios, obtenemos financiación externa, no solo nacional, también internacional. Seguimos publicando y desarrollando procedimientos que consideramos importantes”, remarca Mariano Esteban. En su caso, dirige el equipo que busca una vacuna en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Su plataforma “se basa en una variante muy atenuada de la vacuna que se utilizó en el programa de erradicación de la viruela, y que se llama virus vaccinia modificado de Ankara [MVA], al que se le han incorporado genes codificantes de proteínas del SARS-CoV-2 con la finalidad de inducir respuestas inmunitarias amplias y duraderas contra la COVID-19”. El virólogo detalla que “al ser un virus ADN no relacionado con el coronavirus, pero que confiere una potente activación del sistema inmunitario después de la vacunación, tiene todos los indicadores para proteger frente al SARS-CoV-2”. Están elaborando el dossier para obtener autorización e iniciar la fase clínica de ensayos con unos cien voluntarios en el primer trimestre de 2021, y más adelante con entre 500 y 600 para la fase II. Si no hay contratiempos, podrían iniciar la fase III en el tercer trimestre, con miles de voluntarios. 

“¿Que podríamos estar jugando al golf, comprando el pan y la leche?, pues sí, pero después de cincuenta años en la virología, ha llegado un momento en que me siento con la obligación moral de apoyar a mi propio país”, subraya en conversación con elDiario.es. Reconoce que “la posición más fácil sería dejarlo todo y no hacer nada”, pero entonces tendría que suprimir todos los puestos de trabajo que genera con el personal que trabaja en el centro y terminarían las ayudas que ese equipo concreto, de 12 científicos además de él, recibe.

Preparaba el cierre de su laboratorio cuando llegó la pandemia

En el caso de Vicente Larraga, su idea era retirarse la primavera pasada. “Yo estaba cerrando mi laboratorio”, explica, cuando estalló la pandemia de la COVID-19. El último proyecto con el que estaba trabajando junto a su equipo, también de doce personas además de él mismo, es la vacuna veterinaria contra la enfermedad de la leishmaniasis, ya en última fase antes de su comercialización. Este fue precisamente el motivo por el que le contactaron desde la Agencia Española del Medicamento para pedirle que tratara de aplicar estos conocimientos a un posible suero contra el coronavirus. “Me preguntaron si creía que el vehículo de la vacuna de ADN sintético también se podría utilizar en este caso. Yo lo pensé y al día siguiente cuando me llamaron acepté quedarme”. En siete u ocho meses han hecho el trabajo que normalmente tarda dos años, remarca.

“Somos jubilados [Esteban, Enjuanes y él mismo], cobramos de la Seguridad Social, no un sueldo como investigadores ni ninguna gratificación. Lo hacemos porque creemos que había que enfrentarse al problema y trabajar y eso es lo que estamos haciendo. Llevamos treinta años trabajando en vacunas”, nos explica. Su reflexión es que “no puede ser que teniendo capacidad técnica y tecnológica para que España tenga sus propias vacunas no las haya. No podemos estar dependiendo de otras empresas que tienen una política y harán su política. Creo que ese ha sido el motivo principal para que nos pusiéramos a trabajar”.

Una vacuna española como en las que están trabajando estos científicos proporcionaría independencia a la hora de diseñar estrategias propias de inmunización. Más aún en un contexto en el que se ha desatado una carrera entre potencias internacionales y grandes farmacéuticas para aprovechar el nuevo mercado abierto con la inmunización ante el SARS-CoV-2. A los anuncios sucesivos por parte de las empresas y consorcios nacionales sobre la efectividad de sus productos han ido adheridos los compromisos públicos de varios países sobre contratos de compra y acuerdos con terceros para distribuir los sueros de sus compañías.

Así, el acaparamiento de vacunas como los de Pfizer o Moderna (que aseguran superar el 90% de efectividad) por parte de los países ricos, que en algunos casos se han garantizado el suministro de hasta cinco dosis por habitante, ha abierto el camino para la expansión de los proyectos de China y Rusia en los estados en desarrollo. EEUU, la Unión Europea, Gran Bretaña o Japón están copando la producción de los laboratorios estadounidenses. La vacuna rusa Sputnik V está encontrando acomodo en Suramérica, México o India. Algunos sueros chinos ya en fase III de investigación tienen comprometida la distribución en Emiratos Árabes Unidos, Perú, Pakistán, Serbia, Turquía, Bangladesh, Tailandia, Laos, Vietnam, Myanmar, Camboya, Filipinas o Marruecos. Sinovac, una de las empresas chinas con su producto más avanzado, ha asegurado tener acordado el envío de 60 millones de dosis en el estado de Sao Paulo (Brasil) y otros 40 millones en Indonesia.

La precariedad de la ciencia en España

Aunque estos científicos desligan su decisión de seguir trabajando cuando ya han sobrepasado la edad de jubilación de la situación de precariedad de los investigadores –sobre todo jóvenes– en España, son críticos con el estado de la política científica: “Espero que esta pandemia nos obligue a todos a replantearnos dónde queremos que España esté en los próximos 10 a 20 años. Hay gente muy buena, podríamos estar mucho más avanzados si tuviéramos los condicionantes, la infraestructura y los apoyos para construir los edificios que hacen falta en la ciencia”, defiende Mariano Esteban.

Como ejemplo, relata cómo recientemente ha participado en un tribunal para conceder una plaza a la que se presentaron 13 científicos de alto nivel. “Pero tienes que dejar a 12 fuera, entre ellos gente que puede ser profesora en las mejores universidades de otros países. Sin embargo, aquí los tiramos”, lamenta. Y advierte de que “si los jóvenes no pueden desarrollar aquí su carrera y creatividad la desarrollarán en otros países”. 

La carrera entre las vacunas españolas y las de las empresas multinacionales que pueden llegar antes a España no es ni mucho menos entre iguales, pero no por una cuestión de capacidad científica, sino de medios. Como ha puesto de manifiesto Enjuanes en un debate en la Fundación Alternativas, algunos de estos laboratorios tienen hasta a 650 científicos de alto nivel buscando la vacuna, frente a la docena que trabaja en los laboratorios que la buscan España. Además, si AstraZeneca o Pfizer han recibido de media 2.000 millones de dólares, en España se han destinado entre uno y dos millones de euros. “Pero lo que más me preocupa es la infraestructura”, ha explicado, ya que aún en el caso de que llegara una inyección de 20 millones a su proyecto “nos vendrían muy bien, pero nuestros centros están saturados y es dificilísimo que te dupliquen el espacio”. “Necesitamos consorcios nacionales, internacionales e inversores, y la colaboración de empresas potentes”, ha afirmado.

Todo es una cuestión económica: “Si en los Presupuestos Generales del Estado no apoyas la I+D+i tendrás problemas”, dice Mariano Esteban. En los del año próximo se espera un importante incremento del 59,4%, con respecto a 2020, hasta alcanzar los 3.232 millones de euros. “Ahora todo son incrementos, a ver lo que duran. Si luego volvemos a la precariedad, no levantaremos cabeza”, advierte. Este año el presupuesto de Ciencia, como el resto, se beneficia de los ingentes fondos europeos para la recuperación, de 140.000 millones de euros para tres años. De los 27 investigadores que trabajan en el desarrollo de vacunas frente a la COVID-19 en el CSIC, 19 (un 70%) tienen contratos temporales, según el portal de información para médicos y sanitarios isanidad.

Como destacaba Mariano Barbacid, jefe del grupo de oncología experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en un debate celebrado este lunes en el que han participado estos investigadores, hay además otra enseñanza en su ejemplo. Frente a la tendencia a “apartar” a las personas a partir de determinada edad, “seguir produciendo, ser activos y seguir contribuyendo a la sociedad, tengas 30, 40 o 70 años, también transmite un mensaje”, afirmaba el reconocido oncólogo, que se encuadra en este mismo grupo al haber cumplido 71 años y seguir trabajando.

El estado norteamericano de Florida prohibió el pasado mes de julio a las compañías de seguros de vida utilizar información genética de sus clientes para elevar sus pólizas, salvo que ésta vaya acompañada del diagnóstico de una afección médica. Ya en el año 2016, el Consejo de Europa, que agrupa a 47 países europeos, entre ellos España, aprobó el primer instrumento legal internacional en esta materia, instando a los gobiernos a “garantizar que nadie sea discriminado en base a sus características genéticas” para hacerse un seguro. Por el momento, la normativa sobre este tipo de test en Europa, un negocio multimillonario para determinadas empresas privadas, está fragmentada, aunque se quiere armonizar.

Los test genéticos analizan el ADN de una persona con objetivos diversos. Las pruebas son capaces de señalar genes que pueden incrementar el riesgo de padecer una enfermedad en el futuro. Algunas empresas llegan incluso a ofrecer análisis de genes para saber qué dieta o programa de entrenamiento puede ayudar mejor a adelgazar, con una muestra de saliva tomada en casa y enviada por correo.

“El boom de la genética se ha dado básicamente en los últimos años, cuando la revolución técnica ha permitido que la secuenciación de los genomas pueda realizarse de manera completa, mucho más rápida y mucho más económica. Se habla de una revolución genómica, porque lo que antes podía suponer meses o años, ahora básicamente se puede hacer en unas semanas o días. De hecho, el ejemplo más claro lo tenemos ahora con los análisis de la PCR de la COVID”, nos explica en una entrevista Rosa García-Verdugo, doctora en Neurobiología por el Instituto Max Planck en Múnich (Alemania).

Escritora y bioquímica, ha publicado el libro Genética eres tú: Un repaso por el ayer, el hoy y el mañana del estudio de los genes (Paidós), en el que analiza los usos más comunes de la genética y sus expectativas, como una medicina personalizada o la curación de enfermedades raras, pero también sus aplicaciones más controvertidas, como los citados test genéticos y los problemas de privacidad sobre sus resultados. “Esa información puede estar al alcance de cualquiera. Por mucho que tú deniegues el acceso, nunca se sabe para qué se pueden utilizar”, resalta, poniendo énfasis en la necesidad de que lleguen a buen puerto las reflexiones éticas y científicas sobre la seguridad y el tráfico de datos genéticos, como el proyecto Variación Genética Europea en la Enfermedad (Geuvadis por sus siglas en inglés).

Se trata de evitar casos como el de la la empresa de test genéticos caseros FamilyTreeDNA, que hace dos años reconoció que cede los datos de sus clientes al FBI para ayudar en investigaciones criminales. Otra popular empresa, 23andMe, vendió su base de datos a una farmacéutica por 300 millones de dólares. Existen ahora iniciativas que tratan los datos genéticos con tecnología de cifrado blockchain para preservar su privacidad. Hasta donde se conoce, estas filtraciones de datos genéticos no se han producido hasta ahora en España. La ley que regula estos supuestos data de 2007, y solo contempla las pruebas genéticas con fines médicos, bajo supervisión médica y en centros especializados, por lo que estos datos estarán protegidos como cualquier información relativa a la salud. Pero sí es posible a través de internet realizar análisis caseros desde España con empresas como las antes citadas, que aseguran no obstante que van a cumplir con todos los requisitos de confidencialidad.

Pero además de estos problemas, existen otras circunstancias en este tipo de análisis que pueden plantear dilemas éticos, como el modo en el que los pacientes reciben y manejan la información sobre qué enfermedades pueden llegar a padecer, y que según algunos estudios citados en el libro puede contener hasta un 40% de diagnósticos erróneos.

“La información es poder. Pero hay que tener en cuenta que debe ser bien interpretada. La información genética no es un diagnóstico ni para hoy ni para dentro de 15 años. No es un testamento. Que tú tengas una predisposición del 70% a tener Alzheimer no significa que vayas a tener Alzheimer ni que te vayas a morir de Alzheimer”, asegura García-Verdugo.

La científica diferencia las pruebas genéticas específicas realizadas en un hospital bajo supervisión de un especialista a una persona con antecedentes familiares de determinados tipos de cáncer, como el de mama, en el que puede recibir información relevante sobre la predisposición y la necesidad de mantener una vigilancia estrecha sobre el propio estado de salud.

Pero “hacerte un test genético general significa que van a aparecer 800 variantes de 800 posibles enfermedades diferentes: puedes tener predisposición para diabetes, obesidad, Alzheimer, esquizofrenia, cáncer de colon ¿qué haces?”, se pregunta. “Esta información puede significarlo todo o puede significar nada”.

Por eso, García-Verdugo opina que “una persona normal no está preparada para lidiar con esta información porque no es capaz de interpretarla”. Recalca que en Alemania, donde reside, los pacientes que se hacen test genéticos pueden retractarse del derecho a conocer los resultados y pedir que se destruyan antes de recibirlos.

Curación para enfermedades raras

Pero junto a estas circunstancias, el potencial positivo de la información genética es enorme: aprender más sobre la historia de la raza humana y los cambios evolutivos y adaptaciones que hayan tenido lugar entre diferentes grupos; incrementar la precisión de las herramientas de predicción de riesgo basadas en marcadores genéticos, el desarrollo de marcadores genéticos para enfermedades conocidas y, más adelante, estrategias farmacológicas y terapéuticas más personalizadas.

“Ese es el objetivo de la terapia génica y de la medicina personalizada. Es el futuro de la medicina. Hay enfermedades que tienen un componente claramente genético o que son directamente genéticas. Casi todas las enfermedades raras lo son, se deben a mutaciones en genes determinados. Para este tipo de enfermedades, la mayoría sin cura, lo ideal sería una terapia génica dirigida a corregir el defecto que hay en ese gen. Ese es el uso más claro de la ingeniería genética en positivo”, destaca la neurobióloga. Uno de los obstáculos con los que se enfrenta esta investigación es que el escaso número de pacientes afectados por este tipo de dolencias hace menos atractivo comercialmente encontrar un remedio para su enfermedad.

COVID y genética

El libro estaba escrito antes de que el pasado mes de marzo la pandemia de la COVID se extendiera por el mundo, explica su autora. Se ha añadido un capítulo que da cuenta de la genética del SARS-CoV-2. Entre otras cosas se señalan las investigaciones sobre las diferencias genéticas hacen que unos pacientes desarrollen la llamada tormenta de citoquinas (potencialmente mortal) y otros no. “Se habla de que ciertos genes relacionados con la respuesta inmune puedan hacer que unas personas sean más susceptibles a que se produzca una respuesta inflamatoria excesiva”, remarca. Algunas investigaciones señalan a un gen específicamente asociado al cromosoma X, lo que también explicaría por qué los hombres parecen ser más susceptibles a la enfermedad.

También se busca una explicación genética al hecho de que los niños padezcan menos este coronavirus. “Parece ser que hay ciertos genes que se expresan más en unas edades que en otras a lo largo de una vida. Y el receptor que utiliza la COVID para anclarse en las células, sobre todo de las vías respiratorias, no se expresa tanto en el niños pequeños y va aumentando con la edad. Por eso dicen que los adolescentes ya empiezan casi a infectarse tanto como los adultos”.

El desarrollo de la genética es imparable. Según explica el libro, se espera que para finales de 2020 se hayan secuenciado los genomas de unos 500 millones de personas. Una de las limitaciones de esta enorme muestra es que el 80% son de ascendencia europea, lo que le resta valor. “Queda mucho camino por recorrer hasta incluir al resto de la población”, subraya García-Verdugo. A su juicio, es necesario exigir el cumplimiento de unos mínimos compromisos éticos a toda la innovación científica, pero no bloquear el avance de la ciencia en su nombre, como cuando la Iglesia prohibió la disección de cadáveres y frenó el progreso médico durante siglos, ejemplifica.

En medio de los anuncios en cascada de grandes farmacéuticas sobre sus avances en la vacuna contra la COVID-19, varios grupos científicos españoles prosiguen sus investigaciones para conseguir un suero eficaz contra la epidemia en el que no se dependa del exterior.

Con medios seguramente más modestos que los de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi y Johnson & Johnson (por citar las cuatro farmacéuticas con las que la UE tiene contratos firmados), algunos de los equipos de investigación más avanzados actúan en España bajo el paraguas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Si todo va bien, a finales del año 2021 o principios del 2022 algunas de estas vacunas podrían estar listas para su comercialización.

Es el caso del equipo del doctor Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB–CSIC), que está elaborando el dossier para obtener autorización de la Agencia Europea del Medicamento y después de la Agencia Española del Medicamento e iniciar la fase clínica de ensayos con unos cien voluntarios en el primer trimestre de 2021, y más adelante con entre 500 y 600 para la fase II. Si no hay contratiempos, podrían iniciar la fase III en el tercer trimestre, con miles de voluntarios. Su disponibilidad comercial, matiza, dependerá en último caso de la financiación para la producción y de las empresas participantes.

Están desarrollando una vacuna basada en una variante del suero de la viruela, un virus de ADN que puede “conferir una inmunidad duradera, prácticamente de por vida”, nos explica, además de ser un “agente muy potente” desde el punto de vista inmunogénico que activa todos los brazos del sistema inmune que son relevantes en protección. “Hemos insertado el gen de la espícula, hemos caracterizado su comportamiento con animales y comprobado que cumple todos los requisitos esperados para inducir protección como vacuna en humanos, porque activa niveles altos de anticuerpos neutralizantes y de la población de células linfocitos T que son los encargados de reconocer y destruir la célula infectada”, remarca. 

El doctor Esteban hace hincapié en que creen que esta vacuna puede conferir respuestas inmunes duraderas, dada la experiencia con otros virus recombinantes como el chikungunya, el zika y el ébola con una sola dosis. Hay otra cuestión que destaca: la vacuna es muy estable y puede durar días a temperatura ambiente, meses a 4 grados y muchos años a –20 grados. Además se puede liofilizar, “con lo que se puede transportar a cualquier lugar del mundo, por muy remoto que sea”. Esteban hace esta apreciación para contraponer las propiedades de esta vacuna y la de Pfizer, que debe conservarse a –80 grados de temperatura, lo que complica seriamente la logística de su almacenamiento y traslado, sobre todo a determinadas partes del mundo.

Y ¿por qué es tan importante que haya una vacuna española cuando ya se están desarrollando las extranjeras, que van a llegar antes? Para Esteban hay varios motivos: “En primer lugar porque España, como país científica y tecnológicamente avanzado, debe participar en esta búsqueda, por esta pandemia y las que vendrán en el futuro”. Hasta ahora, el país no disponía de empresas con capacidad de generar vacunas de uso humano, pero las que generaban vacunas de uso animal están ahora también aplicando tecnologías para adaptarse. “También es importante que no dependamos siempre de fuera”, considera. De este modo, se puede actuar con rapidez en caso de brotes de epidemias en lugares concretos.

Hay más motivos para seguir avanzando con las vacunas en España, como expone la doctora Isabel Sola, que dirige un equipo junto al virólogo Luis Enjuanes, también del CSIC. A su juicio, “son complementarias entre sí”. “A la hora de fabricarlas, si se dispone de distintas vacunas que tienen a su vez sus procesos de fabricación en paralelo, quizá se avance más rápido para conseguir un número de dosis suficiente”, reflexiona. Cree que el problema que plantea la COVID “es suficientemente grande para necesitar la cooperación de distintas alternativas de vacunas” y por eso se están produciendo de forma simultánea. En su caso, tienen previstos los ensayos en fase I el próximo año. Asegura que su suero sería eficaz con una sola dosis. Su candidato consiste en replicones de ARN derivados del genoma del virus SARS-CoV-2, que obtienen mediante ingeniería genética para eliminar las partes que causan daño y conservar aquellas que ayudan a inmunizarse. 

Resultados con ensayos en ratones

El equipo del doctor Vicente Larraga es otro de los que está en cabeza en España para obtener la vacuna contra el SARS-CoV-2. Esta misma semana van a conocer resultados de los experimentos con ratones genéticamente modificados, y alrededor de mediados de diciembre con hámsters. Estos resultados ya les van a dar una primera idea de la efectividad del suero, que esperan que supere el 60%. Y confían, antes de fin de año, en pedir los permisos a la Agencia Española del Medicamento para iniciar los ensayos en humanos. Este equipo desarrolla una vacuna frente al SARS-CoV-2 basada en ADN recombinante. Ya desarrollaron una vacuna de estas características frente a la leishmaniasis canina que está en fase IV (solicitud de permiso de fabricación y comercialización a la Agencia Europea del Medicamento). Ahora ha adaptado la tecnología a la COVID-19 en una vacuna que se puede mantener a temperatura ambiente.

Para Larraga, el objetivo de la investigación es meridianamente claro: “No puede ser que existiendo la capacidad técnica y tecnológica de que España consiga producir sus propias vacunas no las busque. No podemos estar dependiendo de otras empresas que tienen su política y harán su política. Debemos tener nuestra propia capacidad de protección de los ciudadanos y creo que ese ha sido el motivo principal para que nos pusiéramos a trabajar”.

El Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un toque de queda entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja. La limitación de horarios para esas dos noches en realidad supone un ampliación, ya que los horarios están más restringidos (entre las 22.00 y las 00.00) por las propias comunidades autónomas desde la declaración del estado de alarma.

Así se establece en el borrador de 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', al que ha tenido este periódico. El documento es una versión que ha elaborado un grupo formado por representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, tal y como anunció la semana pasada el ministro Salvador Illa. Ha sido enviado este martes a las comunidades, y los consejeros tienen de tiempo para presentar alegaciones hasta mañana miércoles por la tarde, cuando se celebre el Consejo Interterritorial que reúne a Illa con todos los de la rama. Deberá ser aprobada la versión final ahí.

De cara a estas fechas, los expertos han alertado de que la incidencia del virus sigue siendo preocupante y se han pronunciado contra el “triunfalismo prenavideño”, en medio de anuncios sobre las vacunas. Creen que las medidas de prevención que se adopten en las próximas semanas “son la mejor inversión para prevenir del riesgo de una tercera ola en medio de la temporada más fría del invierno, pasados los festejos de fin de año y las celebraciones de Reyes, que podría pasarnos una factura aún más dolorosa que la de esta segunda ola”.

Sobre las reuniones en el ámbito familiar, el documento recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia. En el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, los encuentros serán de hasta un máximo de seis personas y se deben garantizar las medidas de prevención, independientemente de si son familiares o no. Las medidas de prevención que recomiendan en todo tipo de reuniones son las que han llamado 6M: usar mascarilla el máximo tiempo posible, lavado frecuente de manos, mantenimiento de distancia, maximizar la ventilación, y las actividades al aire libre, minimizar el número de contactos y “me quedo en casa si tengo síntomas, diagnóstico o contacto”.

En cuanto a las tradicionales reuniones sociales, como celebraciones del trabajo, antiguos alumnos, clubs deportivos, etcétera, lo mejor es evitarlas o minimizarlas. En el caso de celebrarse, serán de un máximo de seis personas y preferiblemente en el exterior (al aire libre o en terrazas con un máximo dos paredes).

El documento recuerda que en ninguno de estos casos, ni reuniones familiares ni sociales, deben acudir personas con COVID en periodo de transmisibilidad, o que tengan síntomas o estén a la espera de resultados. Tampoco aquellas que puedan haber estado expuestas a la infección en los últimos catorce días.

Además, la recomendación es no celebrar eventos como la cabalgata de Reyes y otro tipo de festejos multitudinarios que transcurren en Navidad, ya que “suponen situaciones de elevado riesgo de transmisión por la elevada cantidad de asistentes, la intensidad del contacto y la dificultad para mitigar los riesgos asociados”, señalan.

Como alternativa, sugieren que se planteen por ejemplo cabalgatas estáticas con ubicaciones en lugares donde se pueda controlar el acceso o las retransmisiones de eventos navideños por televisión. Otro tipo de eventos realizados en plazas o lugares concretos como visitas a instalaciones de portales de Belén o conciertos navideños, donde se pueda controlar el acceso y la distancia interpersonal durante el evento, podrán mantenerse respetando un aforo del 50%.

Además, se podrán organizar mercadillos navideños manteniendo los aforos establecidos en ese momento en cada comunidad autónoma y siempre que sean al aire libre y se pueda mantener la distancia de seguridad. Piden a los ciudadanos que organicen sus compras con antelación para evitar aglomeraciones en calles y centros comerciales, cuyos aforos serán los determinados por cada comunidad. En todo caso, recomiendan usar el pequeño comercio de proximidad para evitar aglomeraciones y minimizar la movilidad.

También se autorizaría la celebración de grandes eventos deportivos como la carrera de San Silvestre, “siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores”. Para ello, sugieren limitación de aforos, salidas escalonadas y repartir la participación a lo largo de varios días. Se recomienda asimismo que se realice sin asistencia de público, y que se promueva su retransmisión por televisión.

Movilidad y estudiantes universitarios

El Gobierno además pide evitar todos los viajes nacionales e internacionales que no sean estrictamente necesarios. De realizarlos, además de adecuarse a la normativa de cada zona (puede haber comunidades que limiten las entradas o salidas de sus territorios, aún está por ver), se pide respetar las recomendaciones de seguridad en cada medio de transporte. Se recuerda que los viajeros procedentes de un país o zona de riesgo que pretendan entrar en España deberán disponer de una prueba diagnóstica negativa del virus hecha en las últimas 72 horas. Igualmente ocurre en los casos de viajeros que vayan desde España a países que las exijan.

En el caso del habitual regreso a casa de los estudiantes universitarios, se recuerda que si no se cumplen las medidas de prevención, suponen un potencial riesgo para los miembros de la unidad familiar, más si entre ellos existe población vulnerable. 

Se recomienda a estos estudiantes que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención. Una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre en lugar de en el interior y usar mascarillas.

Hostelería y celebraciones religiosas

En el interior de los establecimientos se seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma. Se permitirá hasta un máximo de 6 personas por mesa con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales de una mesa y entre mesas diferentes, con una adecuada ventilación natural o mecánica.

Igualmente, en las zonas exteriores de establecimientos de bares y restaurantes se mantendrá una distancia mínima de 1,5 metros entre comensales de una mesa y entre mesas diferentes y se permitirá hasta un máximo de 6 personas por mesa. “Se reforzará el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y de evitar el picoteo”.

En las misas y celebraciones religiosas se recomienda no cantar y usar música pregrabada. En cuanto a la misa del gallo (que se celebra antes de la medianoche de Nochebuena), se han de respetar las limitaciones horarias de la movilidad nocturna.

Residencias de ancianos

En cuanto al número de visitas a centros sociosanitarios como las residencias de ancianos, se podrán ampliar durante las fechas navideñas “garantizando que se cumplen las medidas de higiene y prevención y la distancia de seguridad”. Al reingreso de un residente, “se realizará una prueba de diagnóstico de infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y prevención”.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque (Madrid, 1963), nos recibe la misma semana en la que el satélite español Ingenio debería haber entrado en órbita tras 13 años de trabajo y 200 millones de inversión. Un fallo durante el lanzamiento dirigido por la empresa francesa Arianespace, que aún se investiga, frustró la misión. Duque reconoce que hay desilusión entre quienes habían sacado adelante el proyecto, pero destaca que gracias al conocimiento obtenido se han firmado contratos por un valor económico superior. Respecto al hecho de que el satélite no estuviera asegurado, afirma que es la práctica habitual. “No es correcto utilizar el dinero de la I+D de estos proyectos en suscribir seguros comerciales”, afirma el astronauta e ingeniero aeronáutico, que aspira a dirigir la Agencia Espacial Europea (ESA) a partir de junio de 2021.

Duque –que admite que “las condiciones en las que se hace ciencia en España no son sostenibles y hay que mejorar las condiciones de los científicos”– está también centrado en la crisis del coronavirus. Su impresión es que España debe desarrollar una vacuna propia pese a la previsible e inminente llegada de los sueros de grandes farmacéuticas, que ya han anunciado resultados prometedores (la alianza de Pfizer y BioNTech y AstraZeneca van por delante en Europa): “La vida da muchas vueltas y tener una vacuna fabricada en España y con patente pública quizás no haga falta. O quizás sí”, subraya. Sobre los modos de transmisión del virus, a la puerta de la sala del Ministerio donde nos recibe queda clara en un cartel su posición al respecto: “En espacios interiores, para evitar contagio por aerosoles: ajustarse bien la mascarilla; bajar el tono de voz; ventilar antes y después de la reunión”. Duque cree que se debería distinguir entre lugares cerrados y con muy mala ventilación, y los que sí la tienen. Y desliza que en unas semanas podría haber medidas al respecto.

Ahora mismo hay una batalla mundial entre las grandes farmacéuticas por ganar la carrera de la vacuna. ¿Qué implicaciones tiene esta especie de guerra fría para el desarrollo científico y para la propia curación de la enfermedad?

Yo no lo vería en términos bélicos, es una carrera comercial también. Aparte de que hay un elemento positivo en ello, también hay gente que, sin querer ganar mucho dinero, ha dedicado sus esfuerzos a que haya vacuna. Y tampoco nos las están vendiendo a unos precios desorbitados. Es decir, estas empresas que están tratando de fabricar la vacuna están haciendo un grandísimo servicio y los centros científicos, que en muchos sitios son financiados por fondos públicos, como en España y en otros países, también están haciéndolo. 

La pandemia ha producido un salto grande en el desarrollo de una serie de tecnologías que estaban todavía incipientes y una de ellas es las vacunas de ARN mensajero, que jamás se habían autorizado, llevado a la práctica o ensayado hasta el final. Y eso nos ha dado un salto científico-tecnológico que es indudable y que podría haber salido mal. Pero estos ensayos que se están viendo ahora están funcionando al menos en los períodos de tiempo que tenemos, nos están demostrando una altísima fiabilidad, así que tenemos que estar contentos de que así haya sido. Y tenemos que estar contentos también en Europa de que hayamos negociado todos los países juntos y así tengamos todos acceso a las vacunas.

El Ministerio está financiando 12 proyectos de investigación sobre vacunas en España contra la COVID. ¿Por qué es importante tener una vacuna española pese a que van a llegar antes del exterior? 

Hay varios motivos. Lo primero es que con esta velocidad con la que ocurren las cosas ahora no nos damos cuenta, pero hace tres semanas no sabíamos si las vacunas iban a funcionar o no. Y había que tener todo tipo de tecnologías dispuestas por si acaso. Lo segundo es que existen vacunas españolas que utilizan esa tecnología, financiadas por fondos públicos y desarrollas en España, y luego existen otras dos o tres tecnologías diferentes que se están llevando hasta el final y que no se parecen a la tecnología de Pfizer, BioNtech y Moderna. Hasta ahora lo que sabemos es lo que se puede saber, que es que mucha gente ha cogido COVID no habiéndole dado vacuna y muy pocos o ninguno habiéndole dado la vacuna. 

La pandemia ha producido un salto grande en el desarrollo de una serie de tecnologías que estaban todavía incipientes y una de ellas es las vacunas de ARN mensajero, que jamás se habían autorizado, llevado a la práctica o ensayado hasta el final

Pero ¿cuánto dura todo esto? ¿Será será una inmunidad quizá permanente o tendremos que ir repitiendo? ¿Habrá gente a la cual se le pueda dar esta vacuna y quizás otros que les siente mal y que habrá que buscar otro tipo de vacuna? Por eso hay que tener todas las líneas abiertas. Y la primera vacuna que saliendo de investigadores españoles puede llegar a ensayos clínicos [la del doctor Mariano Esteban], es de una tecnología diferente. Por lo tanto habrá gente a la que a lo mejor le venga mejor. Y luego, la vida da muchas vueltas. Tener una vacuna desarrollada con fondos públicos y con patente pública y que se fabrica en España, quizás no haga falta. O quizás sí.

¿Qué podría ocurrir para que hiciera falta, que no llegasen las extranjeras a España?

Que no llegaran las dosis que hemos comprado no lo considero una posibilidad, pero nunca se sabe. Que lleguemos a la conclusión de que la inmunidad dura poquito, por ejemplo, y en las otras quizá dura más. No lo sé. Que haya que repetir la vacuna y entonces que los precios suban desorbitadamente por lo que sea. Tampoco quiero hacer especulaciones. Pero es importante tener otros planes, tener planes B, planes C, para todo lo que sea muy importante, como me enseñaron a mí volando aviones o cohetes, y saber qué es lo que harías “en caso de”. En este caso, si hubiera cualquier problema con las vacunas que ahora no podemos ver, tendríamos vacunas de otras tecnologías desarrolladas por proyectos españoles con patente española y fabricadas en España. Eso puede ser un plan B.

Se está poniendo mucho énfasis y esperanza en las vacunas. Incluso se llegó a decir que las primeras dosis estarían disponibles en diciembre. ¿Cómo cree que se está comunicando este tema? Quizás si las vacunas no llegan tan pronto puede haber un efecto rebote de desafección y cansancio.

Todavía existe la posibilidad, por cómo están saliendo los ensayos y la fabricación, de que sí haya vacuna aprobada, al menos provisionalmente, este mismo año. Yo creo que es mucho peor que a la gente le dé la impresión de que se está tomando la cosa con demasiada prisa y que no se están haciendo las comprobaciones adecuadas. Y lo que está claro es que en España o en Europa cualquier vacuna que se ofrezca a la población habrá pasado todos los filtros de la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española, con el mismo rigor con que el que pasan todos los demás medicamentos. Con lo cual si hay que esperar un par de semanas más para hacer todas esas comprobaciones, pues habrá que hacerlo.

¿Se fía usted igual de las agencias por ejemplo rusas o chinas a efectos de vacunas? 

Nosotros en Europa nos fiamos de la Agencia Europea del Medicamento y de las agencias nacionales, que están coordinadas por la Agencia Europea. Y si una empresa de algún otro país de fuera, como ya lo han hecho desde los Estados Unidos, tiene una vacuna que ofrecer y abre todos sus libros para ver exactamente cómo han sido los ensayos clínicos, persona a persona, por supuesto que se consideraría. De momento, que yo sepa, y creo que tengo la información bien fresca, ninguna vacuna que no sea europea o americana se ha presentado para ese proceso.

Hay una creciente evidencia científica sobre la importancia de la transmisión de COVID por aerosoles. Y algunos especialistas incluso consideran que debería usarse sólo mascarillas EPI en interiores, no quirúrgicas o de tela ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Hay diferencias entre Ciencia y Sanidad sobre este asunto?

Durante este tiempo me he dado cuenta de que las velocidades son distintas. La sanidad es un sistema que está en operación y que recibe el conocimiento nuevo por parte de Ciencia, pero lógicamente tarda un tiempo en asimilarse, en cambiarse todos los procedimientos, hasta que todo el mundo está convencido. Aquí estamos haciéndolo realmente deprisa. El documento base que explica cómo la sanidad española considera que se transmite este virus ya está alineado con el nuevo conocimiento que viene de la ciencia y lo han hecho muy deprisa. 

El proyecto Ingenio no es un fracaso absoluto. Una gran parte del valor de toda esta inversión es el conocimiento generado. La industria, precisamente por esa capacitación, ha conseguido contratos que suponen un valor del doble del valor del satélite.

Si hay que cambiar el tipo de medidas por eso, pues tardará un poquito más, porque son más difíciles de hacer experimentos súper detallados en ese sentido. En ningún sitio se está tampoco mucho más avanzado de lo que estamos aquí en cuanto a uso de cierta mascarilla o no. Que hay que abrir una ventana, ya lo tenemos claro. Pero en los casos un poco más límite, en los que uno está en un sitio mal ventilado, entonces, ¿qué haces? Te pones una mascarilla, o dos, una encima de otra, o te pones un EPI. O lo más lógico, que es no ir. Seguro que en cuestión de semanas se dilucidará este asunto también, si han de cambiar las medidas.

¿Y en qué sentido cree que podrían o deberían ir estas medidas? 

Ya está claro, para todo el mundo, que hay que ventilar. En los colegios se está llevando a rajatabla desde el principio del curso escolar. Ahora hay que ver qué se hace en los colegios si hace muchísimo frío. Esto también se está pensando. Todo esto es una consecuencia de que ya se sabe que el virus se transmite por el aire, ese término de aerosoles que ahora ya conocemos todos. Quizás ahora hagamos una distinción entre los sitios que están cerrados y con muy mala ventilación y aquellos que tienen buena ventilación. Yo pienso que en algún momento tendremos que hacer eso.

¿Qué supone el fracaso de la puesta en órbita del satélite Ingenio? ¿Se plantea un nuevo proyecto similar?

El fracaso no es absoluto. Una gran parte del valor de toda esta inversión es el conocimiento generado. Y de hecho, en este caso ni siquiera tiene un retorno a largo plazo, sino incluso bastante corto. La industria, precisamente por esa capacitación, ha conseguido contratos que suponen un valor del doble del valor del satélite. Pero este proyecto de I+D también tenía un valor a posteriori que era proporcionar imágenes. Hemos hablado con la Agencia Europea del Espacio para que veamos cómo obtener imágenes de otros satélites parecidas a las que hubiéramos obtenido con el Ingenio y así ser capaces de hacer lo que queríamos hacer, que era ayudar a la digitalización del campo en agricultura, controlar mucho mejor el medio ambiente, las talas, vertidos... Eso es cómo lo estamos planteando, tirar para adelante. 

La gente que ha trabajado en ello, por supuesto están muy desilusionados porque nos falta una cosa. Hemos generado el conocimiento, pero no hemos podido comprobar que ha dado un producto de alta calidad. Aunque sí hemos pasado toda una serie de revisiones, conforme a los estándares de la Agencia Europea del Espacio, y casi seguro era de alta calidad. 

Ha sorprendido que la misión no estuviera asegurada ¿Por qué no se aseguran misiones de este tipo en las que hay importantes inversiones en juego?

Es la decisión de prácticamente todas las agencias que lanzan al espacio resultados de proyectos de I+D: no contratar seguros comerciales para esas misiones. Primero, porque la mayor parte del valor está en el conocimiento adquirido, con lo cual es difícil valorarlo ¿qué habría que asegurar? Y por otro lado, el dinero de I+D tampoco es justificado ni correcto utilizarlo, millones de euros, en hacer un seguro con una casa comercial. Hemos comprobado que a lo mejor hay uno o dos proyectos de I+D en toda la historia que por alguna circunstancia muy especial han contratado seguro. En todos los demás, y hablamos de cientos de satélites, se hace así. Es un caso absolutamente distinto de la compra de un satélite comercial que te tiene que dar servicios y con el cual quieres ganar dinero, y que sí se asegura. Eso no tiene nada que ver. Una compra comercial y un proyecto de I+D no se pueden ver de la misma manera.

Ya que es el segundo accidente de este tipo que se produce en poco tiempo ¿debería replantearse a su juicio la colaboración con la empresa Arianespace?

Esta empresa somos todos, al final. Debajo de Arianespace está la ESA. No estamos hablando de un proveedor comercial al uso. Lo que desde luego hay que plantear, y ahora mismo hay equipos trabajando intensamente, es qué tipo de error ha sido, de diseño, o de integración y centrado del propio cohete, de operación, de llenado de combustible. Para que no nos vuelva a pasar. Esta repetición de fallos, desde luego nos hace levantar la bandera de que quizás haya algo mal. Dentro de un par de semanas o tres tendremos un informe completo, prolijo e independiente sobre qué es lo que ha ocurrido.

Empresas privadas como SpaceX están poniendo satélites en órbita e incluso acaban de lanzar su primera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional verificada por la NASA. ¿Este es el futuro de la carrera espacial? ¿Debería apostar Europa por este tipo de colaboraciones?

Las industrias privadas son las que han fabricado siempre los ingenios que hemos lanzado al espacio. Las naves Apolo las hacía la McDonnell Douglas con la Boeing. El destino de las tecnologías que desarrollamos con fondos públicos, con I+D, es mejorar la economía del país a base más innovaciones, más productos y mejores puestos de trabajo, por lo cual tienen que pasar al mercado. Por eso la NASA y la Agencia Europea del Espacio desarrollaron los primeros satélites de telecomunicaciones y poco a poco han pasado a las empresas privadas de televisión, por ejemplo. 

Se fomentó desde Estados Unidos que las naves de transporte a la EEI cayeran dentro de esa categoría de empresas privadas prestando un servicio aeroespacial. Cohetes como Spacex, Orbital, Northrop Grumman y algún otro que se han comprado de esa manera, han tenido un montón de dinero público, pero entregado de otra manera, como compra de servicios.

¿Tendríamos que plantearnos hacer eso en Europa? No lo hemos hecho hasta ahora. Nos ha parecido que la estructura de la industria europea no era apropiada para eso. Pero con cada una de las tecnologías que desarrollamos con el I+D público está sobre la mesa decidir cuándo es el momento en el que pasan al mercado.

¿Por qué la ciencia en España se encuentra más atrasada que en otras partes del mundo a pesar del nivel de sus científicos?

Rebato que la ciencia en España esté atrasada. Ahora mismo estamos en el puesto 12 por número de publicaciones, incluso por encima de nuestro nivel de riqueza, con un porcentaje en niveles altos de excelencia que es prácticamente el mismo que Alemania. Lo que sí es verdad es que las condiciones en las que se hace ciencia en España no son sostenibles y hay que mejorarlas para los científicos. Aparte, por supuesto, de mejorar la financiación. Estamos muy empeñados en crear una carrera científica estable en la que la gente entre a una edad más temprana, en el momento en el que la producción científica es la más alta. Es decir, unos contratos que permitan formar una familia sin la precariedad que les hace dudar de si podrán o no dedicarse a la ciencia. La ciencia todavía está bien, pero no está en situación estable.

¿Cómo se concretaría en estos contratos? Va a haber un estatuto para el personal docente investigador, pero ¿qué pasa con el personal que no es docente, por ejemplo, científicos que trabajan en centros públicos?

Ahora mismo no está todavía enviado al Consejo de Ministros, pero la idea está ya bastante asentada y puesta en los compromisos del plan de choque. Es una forma de contratación estable que a la vez implica una evaluación de excelencia por tribunales al cabo de cuatro o cinco años, que es lo que se llama en otros países tenure track. Uno tiene un contrato estable, pero tiene que marcarse unos hitos de excelencia científica. Quien aprueba, se queda, y quien no, pierde el tenure. Como están bien seleccionados de origen, lo más normal es que la mayor parte de la gente se quede. Es una nueva forma de contratación para que el primer contrato estable no sea como funcionario, al que las personas acceden como media con cuarenta y muchos años. Así no podemos seguir. Queremos que esto sea la forma normal de acceder al sistema de ciencia de España. Y esa misma forma de contratación podrían utilizarla las universidades para contratar personal excelente científico.

¿Qué garantías hay de que estos contratos, de llevarse a cabo, se mantengan cuando por ejemplo no haya un aluvión de dinero de Europa como el de este año o cuando haya un cambio de gobierno?

Es obvio que las decisiones que se toman en el área de Ciencia e Innovación tienen que ser de largo plazo. Los vaivenes que ha habido han sido muy perniciosos para el sistema y para la economía. Por eso hemos planteado un pacto que ya han suscrito medio centenar de organizaciones civiles, científicos, empresarios, sindicatos, en el que ponemos lo mínimo: que se mantengan estos sistemas de contratación, que las agencias de financiación sigan estando dirigidas por gente con criterio profesional y que estén coordinadas entre ellas bajo un mismo paraguas, de manera que pueda fluir la ciencia hacia el tejido productivo. Y lógicamente, la financiación. Tenemos que llegar a las metas. Para este año teníamos que tener el 2% del PIB, y no ha sido posible, para el 30 tenemos que tener el 3% y con una cierta proporción de fondos públicos. El 1,25% del PIB, que es lo que marca la UE como financiación pública del I+D+i, tampoco parece mucho.

Una encuesta de su Ministerio durante el confinamiento reveló que entre las científicas también hubo una brecha de género, con las mujeres encargándose de las tareas del hogar y que se resintió su producción científica. ¿Hay algo que pueda hacer su departamento respecto a esta realidad?

En realidad, la producción científica de las mujeres no bajó tampoco sustancialmente. Lo que sí quedó claro en las respuestas es que habían trabajado el doble, porque se habían ocupado en mucha mayor proporción de las tareas de la casa. Tenemos muy presente siempre no perder esa proporción grande de talentos que son mujeres, que normalmente es más o menos el 50%. Las mujeres, cuando son madres, en una alta proporción se suelen ocupar de los hijos. Tenemos que hacer que la carrera científica ese período se les cuente de forma especial, no se les “descuente”, digamos. Y por otro lado, lo más importante que siempre me transmiten las asociaciones de mujeres científicas e individualmente es el problema de la precariedad. Si en una pareja hay tanto un hombre como una mujer que quiere dedicarse a la ciencia, muchas veces uno de los dos deja la carrera, porque no les sale a cuenta o porque se tienen que mover y no pueden los dos. Y la inestabilidad en el puesto de trabajo es el factor más importante de abandono por parte de las mujeres.

El esqueleto de una persona fusilada por los franquistas y enterrada en el Cementerio de Castelló ha aparecido con una granada entre las piernas este martes, durante los trabajos de exhumación que lleva a cabo en este camposanto un grupo de Memoria Histórica. En un primer momento se ha considerado la posibilidad de avisar la Guardia Civil por si hubiera peligro de detonación, pero más tarde se ha observado que tan solo se trataba del fragmento superior de una granada de mano tipo Lafitte y no existía peligro, ha explicado a este periódico el director de los trabajos, Miguel Mezquida.

Por la colocación del artefacto en posición vertical se contempló la posibilidad inicialmente de que hubiera podido ser situado de manera voluntaria entre las piernas de la víctima, pero una vez que se ha comprobado que era solo un fragmento, los expertos que trabajan en este proyecto se decantan por la posibilidad de que sea un resto de combate, ya que al parecer hubo un reducto del ejército republicano en esta zona, como se detalla en este parte de guerra franquista de 1938:

Como explica uno de los voluntarios del grupo de Memoria Histórica de Castelló, el historiador Juan Miguel Palomar, el hallazgo se ha producido en una de las últimas fosas que se abrirán en este trabajo de exhumación, financiado por la Diputación y el Ayuntamiento de Castelló. “Primero aparecieron tumbas individuales, y después, tal y como indicaban los testimonios orales, las fosas en las que se dispusieron los cadáveres con la cabeza de uno al lado de los pies del siguiente”, tal y como ha ocurrido con los restos hallados alrededor de la granada. No se conoce la identidad de los restos, y solo podría ser posible a través de pruebas de ADN que coincidieran con las de las familias implicadas en la búsqueda de sus familiares. “Esta mañana ha venido una señora a preguntar por los restos de su padre”, asegura. No obstante, explica que existe un libro de registro bastante detallado en el Cementerio de Castellón en el que están reflejados los nombres de las víctimas.

Esta intervención en el Cementerio de Castelló tiene como objetivo la exhumación de 42 cuerpos, de los que solo quedan cinco. “Acabaremos a finales de esta semana o principios de la que viene”, subraya Mezquida.

En la provincia de Castelló la represión franquista fue aún más salvaje que en el resto del territorio. “Las tierras castellonenses experimentaron una represión franquista muy superior a la media del País Valenciano”, escribe el historiador Vicent Grau en el libro colectivo La repressió franquista al País Valencià (Tres i Quatre, 2009). La actualización más completa sobre la represión en la provincia del historiador José Luis Porcar, miembro del Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, en Un país en gris i negre (UJI, 2020), sostiene que 1.227 personas fueron fusiladas en la provincia (de las cuales 1.157 eran oriundas de Castelló).

En un trabajo de exhumaciones anterior, financiado por la Generalitat, permitió localizar el cuerpo del practicante Casimiro Isidro Beltrán, alcalde de Llucena por Izquierda Republicana fusilado el 16 de marzo de 1939 y que fue, probablemente, el primer asesinado inhumado en la fosa del cementerio en 1939.

A Silvia en la residencia le daban una mascarilla quirúrgica cada semana (se supone que duran 4 horas) y una FFP cada diez días (no suelen tener más de 10 horas de eficacia). Llegó a estar 20 días trabajando sin parar. Cuando llegaron los trajes de protección EPI se almacenaban juntos los de los tres turnos de trabajo, por lo que algunos compañeros se los llevaban a casa, aunque estaba prohibido. “El tiempo que yo estuve fallecieron 110 ancianos con COVID”, relata. La falta de protección de los trabajadores que más contacto tienen con el virus fue una de las claves en el fracaso de la gestión de la epidemia en la primera ola. Pero puede que no sea la lección mejor aprendida.

La mitad de las muertes de la segunda ola están volviendo a darse en estos centros geriátricos. Y según un reciente informe de ActuarCOVID, un grupo de más de mil sanitarios que avala análisis independientes sobre la evolución de la enfermedad, el grupo de trabajadores de residencias de ancianos más afectados por la COVID son las auxiliares, las que están más cerca de los residentes, ya que les dan de comer y les asean, y las que sufren una situación laboral más precaria.

Los empleados –también hay casos entre personal médico, de enfermería o de limpieza– son el vector principal de transmisión, alerta el informe. Mucho más que los familiares, donde ahora se pone principalmente el foco, prohibiendo las visitas o restringiéndolas duramente. La falta de contacto con sus allegados está suponiendo graves problemas psicológicos para los residentes.

Lo que ha quedado demostrado durante la epidemia de COVID-19 es que la precariedad de las condiciones laborales y de vida de algunos colectivos acaba teniendo una repercusión epidemiológica y sanitaria en el resto de los sectores de la población. Ya se puso de manifiesto con los brotes entre temporeros en el Noreste de la Península, origen de una nueva cepa que se extendió por toda Europa según una reciente investigación y así se está repitiendo en las residencias.

Salarios dignos para no trabajar en más de un centro

Las trabajadoras (en un 90% son mujeres) “están en riesgo de contagio en las comunidades donde residen y pueden introducir la infección en las residencias. También pueden infectarse en las residencias y transmitir la infección a sus familiares y allegados. Por último, se corre el riesgo de que trasmitan la infección a otras residencias cuando alternan su trabajo en varias”, alerta el informe, centrado en la Comunidad de Madrid. La epidemióloga María Victoria Zunzunegui, que es su redactora principal, tiene claro que “hay una relación muy estrecha entre infección en residentes y personal”. Consultados otros epidemiólogos, sus criterios al respecto son coincidentes. Fernando Rodríguez considera a los trabajadores “los principales vectores de la infección dentro de las residencias”, mientras Jonay Ojeda señala que “si se cumplen las medidas de seguridad y las visitas están controladas, es la hipótesis más probable”. “Si hay transmisión comunitaria del virus en el ámbito que rodea a la residencia, aumenta la probabilidad de que el trabajador ”lleve“ el virus dentro, especialmente en aquellos territorios con menos impacto en la primera ola y donde la inmunidad natural sea menor”, añade.

Un reciente estudio del CSIC también se refiere a la necesidad de establecer “grupos burbuja” similares a los de los centros educativos en las residencias. Pero ¿cómo pedir a una trabajadora cuyo salario a tiempo completo apenas llega a 900 euros o a 500 si es de media jornada que no busque otro empleo a tiempo parcial en otro centro? Lo que propone ActuarCOVID, tomando el ejemplo de lo que se ha hecho en países como Canadá, es completar el salario hasta que sea lo suficientemente digno como para que no tengan que trabajar en más de un centro.

La crisis sanitaria estalló con muchos asuntos pendientes de cerrar en el sistema de dependencia. Los sindicatos habían pedido a la Vicepresidencia de Derechos Sociales una inyección de presupuesto de 4.000 millones en total durante toda la legislatura, y presionaban a la patronal para que firmase el VIII Convenio de las trabajadoras, paralizado desde noviembre. Afecta a casi 200.000 de todo el país. La última oferta de CCOO y UGT fue una subida salarial total del 10% de forma que los salarios base más bajos llegaran alcanzar los 1.000 euros en 14 pagas. Anunciaban por todo ello un marzo de movilizaciones que la pandemia canceló.

Gracia Álvarez, responsable de Dependencia de UGT, explica que “las empresas intentan ajustar lo que pueden y contratan a gente para el pico de la jornada”. La propia dinámica de los horarios favorece la situación: hay trabajadores trabajando 12 horas seguidas o hasta 14 durante una semana y después con dos o tres días libres, que utilizan para trabajar en otra residencia, en vez de para descansar.

Es el ejemplo de Silvia, que trabajaba como técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) a media jornada por las mañanas en una residencia privada de Madrid por algo menos de 500 euros y a jornada completa en otro centro de 15 a 22 horas por 900. Cuando empezó la pandemia renunció al de la mañana por agotamiento e imposibilidad de compaginar los dos trabajos por el alargamiento de los horarios. En el que se quedó, una importante residencia madrileña que no quiere que aparezca citada, pasaron de ser diez auxiliares por cada noventa ancianos a la mitad de personal, ya que hubo numerosas renuncias al trabajo por miedo a la pandemia.

La situación es mejor en las residencias públicas para sus trabajadores en términos salariales, pero también arrastran problemas como la falta de personal. Juan Carlos García, técnico auxiliar en la residencia de Arganda del Rey, explica que su salario es de 1.289 euros mensuales netos, frente a los 900 que se suelen cobrar como máximo en la privada. Pero igualmente considera que “se está exprimiendo” a los trabajadores: “Hay muchas bajas por COVID que no se están cubriendo y las bolsas de empleo están cerradas, pese a que hay muchos auxiliares y sanitarios parados y en casa”, denuncia.

En España hay 380.000 plazas residenciales, según datos del Imserso. Son 4,21 por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, menos que hace diez años y por debajo de las cinco plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Junto a ello, el modelo se basa fundamentalmente en las concesiones: el 75% del total de plazas está en manos privadas, pero el 59% se financian con dinero público.

Como explica María Victoria Gómez, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), la ratio mínima de trabajadores por residente es muy baja: 0,35 por usuario, y piden que el Gobierno la eleve. Pero además, recuerda que las personas que entran en una residencia van empeorando en sus condiciones y necesidades de cuidados. “También es un problema de mercantilización. Es un servicio que se está prestando de manera indirecta por empresas privadas que tienen como objeto su margen de beneficios, lo que va en detrimento de la calidad”, recalca.

Este viernes ha comparecido en la Asamblea de Madrid la directora de la residencia Amavir en Alcorcón, 44 de cuyos residentes fallecieron durante la primera ola de la pandemia: “He vivido una guerra sin medios y me siento juzgada como una asesina”, ha dicho. Según su relato, vivió aquellos momentos en la residencia “sin medicalizar, con las derivaciones bloqueadas y sin una coordinación con la Consejería de Sanidad ni la de Políticas Sociales”. Se trata de una residencia con plazas concertadas, es decir, financiada con dinero público pero de gestión privada.

Pruebas PCR o de antígenos con periodicidad al menos semanal

Entre marzo y agosto, cuando fue despedida por la bajada en el número de internos (cada uno de los cuales paga una cuota de 3.000 euros mensuales, asegura), a Silvia se le hicieron dos pruebas PCR en total y tuvo que afrontar otras por su cuenta, ya que convive con familiares de riesgo.

La recomendación de ActuarCOVID, de nuevo basada en la experiencia de otros países, es que se realicen pruebas de PCR o antígenos a todo el personal de las residencias de ancianos con una periodicidad al menos semanal, como se hace en lugares como Nueva York. Esta medida se debe completar con el aislamiento de infectados y el rastreo de contactos y pruebas regulares también a los residentes con una periodicidad que dependa de la situación de infección en la zona y en los trabajadores.

“Estamos en una situación epidémica con transmisión muy alta (la incidencia acumulada en España supera los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días con datos del 12 de noviembre) y la mitad son asintomáticos”, recuerda Zunzunegui. A su juicio, estas pruebas se han demostrado como “la mejor manera de controlar el virus” en residencias, ya que ahora “cuando detectamos casos el incendio ya está ahí”.

Además, el personal en muchos casos, según denuncian, no ha recibido ni la formación ni los materiales adecuados para afrontar una situación de emergencia como la que se vivió desde marzo y la que se está volviendo a producir.

Esta situación se da en otras partes de España. En la Región de Murcia, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) que han sido contratados por el Servicio Murciano de Salud ante la emergencia vivida en los geriátricos están empezando a manifestar su malestar ante la falta de “medidas higiénico-sanitarias” que están encontrando en algunos de estos centros. En muchas ocasiones las personas que se incorporan al servicio “vienen de la bolsa de trabajo y carecen de formación. Llegan con miedo y a veces renuncian el primer día de trabajo”.

La figura del cuidador voluntario

A este panorama se une el drama de una soledad para los ancianos multiplicada por la pandemia. En la mayoría de los casos se les ha prohibido la salida de las residencias y los familiares tienen muy restringidas las visitas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó una resolución el 14 de agosto de 2020: “En condiciones de alta incidencia (…) se limitarán las visitas a una persona por residente, extremando las medidas de prevención, y con una duración máxima de una hora al día. (...) Además, se limitarán al máximo las salidas de los residentes”. Medidas que en algunos casos las propias comunidades y residencias endurecen más todavía.

“Mi madre tiene 89 años. Hace diez años que recibió un diagnóstico de Alzheimer. Hace dos años sufrió una grave caída y como consecuencia ingresó en una  residencia. Todo iba bastante bien hasta que apareció la COVID-19”, relata una familiar en el informe. “En abril mi madre estaba deshidratada y desnutrida (perdió 20 kilos) y la llevamos a casa, donde la tuvimos hasta finales de julio. No podíamos garantizar sus cuidados en casa sin ayudas y hasta el fin de su vida y nos daban 45 días desde el final del estado de alarma para reingresar y ocupar su plaza. Ahora podemos ir a verla una vez por semana, un visitante durante 50 minutos y sin entrar en la residencia”.

Para ActuarCOVID “lo que era un protocolo de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid se ha convertido en una política empresarial que con frecuencia redunda en un trato inhumano y degradante de los residentes y de sus allegados, sin ninguna evidencia de que esto sirva para prevenir los brotes epidémicos”, llega a denunciar el informe, destacando que es algo que no solo ocurre en esta comunidad. Es más económico restringir la entrada de los familiares que contratar a más personal o pagarles pruebas de COVID más frecuentes.

Zunzunegui considera “irracionales” unas restricciones tan duras: “la bibliografía demuestra que los virus entran en las residencias por los trabajadores, muy anecdóticamente por familiares”, asegura. Y recuerda que el aislamiento lleva a un deterioro funcional, físico y cognitivo muy acelerado en las personas mayores. “Han metido a estas personas en sus dormitorios, prácticamente recluidos”, lamenta.

Una propuesta de ActuarCOVID es trasladar a España la figura del cuidador familiar, que funciona por ejemplo en Holanda, y distinguirla de las visitas sociales. “Los cuidadores familiares voluntarios pueden ayudar en las comidas, la movilidad, la higiene personal, la estimulación cognitiva, la comunicación, la conexión significativa, la continuidad de la relación y la ayuda en la toma de  decisiones” sobre su familiar o amigo internado en una residencia, sostienen. A estos familiares de referencia (podrían ser uno o varios) les deberían exigir las mismas responsabilidades y medidas preventivas que a los trabajadores, y tendrían una entrada ilimitada al centro.

“Mi madre falleció de COVID el 1 de mayo y todavía no era su hora, tenía una vitalidad tremenda. No me pude despedir de ella”, lamenta Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. Esta organización ha colaborado en el informe de ActuarCOVID. “Casi me siento aliviada por cuando falleció, sin visitas tengo claro que se habría dejado morir. Llevan ya ocho meses aislados”, señala.

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