Illa pide un plan "con todos los detalles" a las comunidades que quieran hacer test de antígenos en farmacias

Consejo Interterritorial de este miércoles, en Mérida.

El Ministerio de Sanidad rechaza por el momento el uso de test de antígenos de COVID-19 en farmacias, algo que han solicitado Catalunya y Madrid –el Gobierno de esta última ha elevado la petición a la Unión Europea–. El ministro Salvador Illa no cierra la puerta a que se hagan este tipo de diagnósticos en estos establecimientos, pero lo condiciona a que las comunidades presenten un plan "con todos los detalles" sobre "qué y cómo" lo quieren hacer. La medida se ha debatido en el Consejo Interterritorial, la reunión que mantiene Salvador Illa semanalmente con todos los consejeros autonómicos de la rama y que se ha celebrado este miércoles en Mérida, por primera vez este año fuera de Madrid. Estaban presentes también la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y como invitada la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido.

Las propuestas remitidas por las comunidades sobre las pruebas en farmacias las ha valorado el Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y el Instituto de Salud Carlos III. El Ministerio también está analizando las recomendaciones que ha emitido este miércoles la Comisión Europea (CE) sobre este tipo de test. En una primera interpretación, Illa concluye que el documento europeo avala la actual estrategia española, que no permite diagnosticar en farmacias, porque extrae que según la CE "estos test son útiles si se usan adecuadamente en propósitos específicos", y están circunscritos a ser administrados por "personal sanitario capacitado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante". La CE aconsejaba en el texto que esas pruebas de diagnóstico rápido de coronavirus las realicen profesionales sanitarios entrenados y formados, y solo cuando no se puedan hacer las PCR, más fiables. No descartaba las farmacias si el personal está cualificado, pero sí planteaba dudas sobre su empleo con personas asintomáticas.

El ministro no da luz verde así a que se efectúen pruebas de antígenos en las farmacias de Madrid y Catalunya y de otras regiones que quieran, sino que espera a hacerlo a ver una estrategia concretada: "Qué tipo de test, qué personal y con qué seguridad lo va a administrar, si hay circuitos separados para personas COVID y personas no COVID como en los hospitales, cómo van a vincular sus datos a los servicios de salud pública". Illa ha declarado que "reconocemos la buenísima y meritoria red" de farmacias españolas, "claves absolutamente en nuestro sistema sanitario", y no se niegan en rotundo a esta opción y a que "aumente su participación" en la gestión de la emergencia. Pero depende de que les manden ese documento: "Nos parece un criterio de prudencia y respeto institucional mínimo que quien tenga un plan concreto nos lo presente y lo valoraremos".

En la reunión interterritorial se ha acordado crear un grupo de trabajo entre Ministerio y gobiernos regionales para publicar, el miércoles que viene, un documento con recomendaciones e indicaciones para diciembre, especialmente para el puente de la Constitución y para la celebración de las fiestas navideñas: pautas "para aquellos ancianos que quieran disfrutar de esos días con sus familias y puedan hacerlo con criterios de seguridad", para "estudiantes que quieran regresar a sus hogares", sobre "cómo daremos la bienvenida a sus majestades los Reyes Mago", y, en general, sobre cómo preservar la seguridad en celebraciones familiares y religiosas. Han repasado todos juntos también la situación epidemiológica del país, y Salvador Illa ha compartido con "prácticamente la totalidad de los consejeros" "mucha preocupación porque estamos con una incidencia acumulada de 452 y tenemos que llegar a 60". Hay cierta "estabilidad" en los casos, ha repetido el ministro, pero "nadie ha hablado de relajar medidas". También han abordado el inicio, esta semana, de la cuarta ola del estudio de seroprevalencia que lidera Sanidad.

La Agencia del Medicamento explica que a priori no se cumplen las condiciones

Según la AEMPS, la Comunidad de Madrid y Catalunya no necesitan una autorización explícita de la Agencia para usar los test de antígenos en farmacias, sino que lo que deben hacer es demostrar que cuentan con las condiciones de utilización que ellos sí marcan. En la carta enviada ayer a la Unión Europea por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sí se afirmaba que "actualmente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no nos permite utilizar estos centros. Por eso consideraría útil que alguna autoridad europea pudiera validar esta nueva forma de testeo, no solo en España sino también para el resto de regiones europeas".

“La autorización y actividades realizadas por los laboratorios de análisis, tanto públicos como privados, es competencia de las comunidades autónomas. Las competencias de la Agencia son las referidas al producto y a garantizar que los productos que se comercializan son seguros y funcionan adecuadamente, mediante sus labores de vigilancia y control de mercado”, contradicen a la presidenta en la AEMPS. Es decir, la Agencia defiende que es autoridad competente en las condiciones del producto en sí, pero no sobre dónde se utiliza, "las instrucciones de uso elaboradas por el fabricante establecen las condiciones de uso y de toma de muestra previstas por el fabricante, actualmente solo para uso profesional, que garantizan la obtención de un resultado correcto”. Y esas instrucciones de uso establecen unas condiciones que a priori “no se pueden dar en farmacias” tal y como están descritas en estos momentos, puntualizan fuentes de la Agencia. El ministro ha supeditado la actuación, con un criterio similar, a que los gobiernos regionales detallen la manera en que este tipo de establecimientos pueden cumplir.

"Somos conscientes que el manejo de la enfermedad y los cambios en la situación epidemiológica hacen necesario un análisis continuo de nuevos test y de las recomendaciones de las instituciones de referencia, para poder adaptar las estrategias diagnosticas a cada situación", añaden en la AEMPS. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, ya había aclarado que eran reacios a la idea porque “no podemos pensar que una persona con síntomas se vaya a una farmacia y se haga la prueba".

Pros y contras de los test, según los expertos

Entre profesionales y expertos hay divergencia de opiniones. Por un lado, algunos defienden que procedimiento en farmacias puede ser muy complicado si no va acompañado de un plan estratégico elaborado como el que exige ahora Illa porque, efectivamente, muchas farmacias no completan los requisitos. Mal hecho "significaría crear un foco de infección sin necesidad", declaraba María José García, secretaria general del Sindicato de Enfermería de Madrid, SATSE. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), opinaba que "puede ser un caos. Es muy complicado si no tienen recursos para afrontar todo lo que significa la tarea diagnóstica, como la entrevista y el estudio de contactos". Hernández, en conversación ayer con este periódico, solo contemplaba abordar una estrategia así "con una buena evaluación de los riesgos y beneficios, de los test, de lo que supone para el sistema, y de cómo se va a hacer". Además, apuntan los especialistas, se puede crear una falsa sensación de seguridad, porque la efectividad de los antígenos no está probada en asintomáticos.

El principal argumento de las administraciones catalana y madrileña es que este sistema ayudará a dar salida al tapón de la Atención Primaria, que sigue preocupando a las autoridades sanitarias en esta segunda ola. Para el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, el principal valor de disponer de sus establecimientos "es la accesibilidad” que tienen para el gran público y, en especial, que facilitaría la labor de diagnóstico en zonas rurales. La organización de boticas defiende su labor como agentes de la Salud Pública en crisis, como ya ocurrió con el VIH, y creen que sí se podrían establecer acciones similares que cuenten con la red de farmacias españolas. 

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