El juez archiva la querella de la familia de Sandra Peña contra el colegio por el suicidio de la menor

El juez de la plaza número siete del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha decretado el archivo provisional de las actuaciones derivadas de la querella penal interpuesta por los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó el pasado octubre tras sufrir acoso escolar, contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”, según la denuncia.

Según consta en el auto, fechado el 12 de mayo de 2026 y consultado por Europa Press, el magistrado considera que “el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”.

De hecho, esgrime, el hecho “ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor”. “Faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña”, ha remarcado.

No se activó el protocolo escolar

Tal y como ahonda el referido escrito, “no consta que se activara el protocolo de acoso escolar, pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias, como la designación de personas de referencia en el centro escolar y contactos con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor”.

Precisamente respecto al protocolo, indica que “el protocolo de acoso es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.

Por todo ello, ha dictado que no se lleven a cabo la práctica de diligencias de investigación y el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma ante el Juzgado en el término de tres días.

La investigación continúa en la Fiscalía

Cabe recordar que la denuncia de los padres de la joven de 14 años se redactó a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se desprendió información que llevó a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explico a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Tras el archivo de la querella penal, el caso de Sandra Peña continúa avanzando por distintas vías judiciales y administrativas. Por un lado, la Fiscalía de Menores mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo abrió un expediente administrativo para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado.