Un año esperando para firmar un contrato FPU ya concedido: “Te sientes un poco estafado”
Manuel había echado sus cuentas y, con su currículum y sus méritos, estaba convencido de que iba a conseguir un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Por eso se sorprendió cuando se presentó a la convocatoria de 2023 (que se resolvió a finales de 2024), pero quedó en la lista de espera, y ni siquiera bien ubicado, en su área. “Vi que no habían evaluado artículos u otros méritos que presenté que sí habían evaluado a otros compañeros”, cuenta. En cuanto se abrió el plazo legal, reclamó.
Pasó el mes que la norma da a la administración para responder, y nada. Tras seis meses de silencio por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de angustia para Manuel, le dieron la razón. Con la nueva evaluación le correspondía una ayuda FPU para realizar su tesis. Era julio de 2025 y sus compañeros de promoción llevaban seis meses trabajando con sus contratos. Finalmente, en septiembre firmaron y le notificaron que empezaría el 1 de octubre. Luego que el 1 de noviembre. Después no había fecha. Todavía sigue esperando.
Exactamente lo mismo que a Manuel le pasó a Alejandro y Sergio. Están en un limbo, aguardando una notificación del ministerio que no llega, mientras pasan los meses y tienen que trabajar en sus tesis, porque para que te concedan una FPU hay que estar matriculado en el programa de doctorado de una universidad. Y a partir de ahí el plazo (lo normal son cuatro años) empieza a correr. Hay que avanzar se quiera o no.
Los contratos FPU son las ayudas más prestigiosas que ofrece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para investigadores predoctorales. Duran cuatro años, durante los que los beneficiarios deben redactar la tesis. Descontadas cotizaciones, etc. los contratos, que se formalizan con las universidades donde las personas desarrollarán su tesis, deben ser de al menos 25.116 euros anuales durante cuatro años. También se puede solicitar una ayuda extra para estancias internacionales, una experiencia imprescindible para luego optar a otros contratos postdoctorales o presentarse a plazas en la universidad.
Cada año el ministerio convoca 900 plazas, para las que hay una competencia feroz: miles de personas se presentan por el prestigio que tienen, que suma puntos en futuros procesos, y porque están mejor dotadas económicamente que otras ayudas de este momento de la carrera investigadora. Sin embargo, en los últimos ejercicios el ministerio ha dejado de repartir 277 y es probable que deje otras 61 vacantes de la última edición. Son, todas estas, los contratos a los que han renunciado los beneficiarios (como los procesos en el sector son tan lentos, es habitual entre los investigadores solicitar varias cosas a la vez para ver qué sale y luego renunciar), que Ciencia no ha vuelto a adjudicar, como venía haciendo anteriormente, por motivos que no ha acabado de explicar, dado que la convocatoria nace con presupuesto para cubrir todas las plazas.
El Ministerio, que está estudiando la pérdida de ayudas en las dos últimas convocatorias, ha explicado a este periódico que no puede abordar casos particulares porque lo prohíbe la ley de protección de datos.
Perder dinero cada día
Sergio pierde dinero cada día que pasa. Su situación es por un lado mejor que la de Manuel, pero por otro es peor. A diferencia de Manuel, Sergio tiene un contrato predoctoral de la Junta de Castilla y León y al menos tiene ingresos. Pero la ayuda que disfruta actualmente está peor dotada que la FPU. Además, explica, el sistema de la ciencia estipula que cuando un investigador accede a cualquier contrato público, el plazo de cuatro años empieza a correr. Y si luego se pasa a otro, lo hará con los tiempos anteriores. En su caso, la ayuda de la Junta vence en mayo de 2028, plazo que se traspasará a la FPU. Así, cada mes que pasa pierde dinero. Manuel y Alejandro no están cobrando, pero al menos en su caso disfrutarán de los cuatro años completos de salario.
A Sergio, aunque tenga otra ayuda, le corresponde una FPU, reivindica, y la quiere. Tiene sus motivos, además del económico. Por un lado es más prestigiosa, un ponderable que se materializa a futuro a la hora de pedir otros contratos postdoctorales o incluso una plaza en la universidad. También tiene más horas de docencia garantizadas, y eso es currículum a futuro.
A Alejandro le aceptaron el recurso antes que a sus compañeros, en el mes de abril. Se acerca al año desde que le dieron la razón, pero que su caso fuera más ágil solo ha servido para sumar meses a su frustración. “Me produce una ansiedad pensar en el tema, estar todas las semanas enviando correos, que no contestan en su mayoría, probando a ver si te cogen el teléfono... Has logrado algo muy importante a nivel profesional, pero no arranca, y me siento un poco estafado”, explica.
Como la FPU no se concretaba, se tuvo que “buscar la vida”. “Me busqué un trabajo, me apunté a otro máster”, explica. Pero el empleo se acabó y a la prestación por desempleo de la que vive le quedan dos meses, cuenta. “La situación es un poco límite”, sostiene. Lo que no puede hacer es acumular horas de docencia, porque no tiene un contrato con la universidad, así que se va conformando con hacer los cursos que exige un doctorado.
La falsa expectativa de que firmaría rápido también tuvo un coste para Manuel. En su caso, ante la incertidumbre decidió optar a una ayuda PIPF (Personal Investigador Predoctoral en Formación) de la Comunidad de Madrid. Son como las FPU, pero tienen algo menos de prestigio. Le concedieron una, pero estas ayudas son incompatibles con cualquier otra y le tocó elegir: o empezaba la PFIF mientras se resolvía la FPU o renunciaba a ella. “Como no sabía si me iba a incorporar el 1 de noviembre porque ya me habían prometido la incorporación en octubre y no había pasado, podía haber cogido la PIPF y luego rechazarla y pasarme a la FPU. Pero sí lo hacía otra persona, precaria como yo, la perdía, porque estas ayudas cuando se conceden, si se renuncia a ellas, se pierden. No quería quitarle a alguien un contrato de cuatro años. Entonces, no la acepté porque prefería la FPU por prestigio y porque me la debían. Llevaba ya un año esperando”, cuenta.
Su generosidad le ha costado todos estos meses de inacción y unos ingresos estables, por lo que, a la espera de firmar la FPU, va haciendo trabajos en negro, sin contrato. No se puede buscar un empleo normal porque, explica, desde que reciban el aviso tienen diez días para firmar el contrato FPU, pero en un trabajo tienes que dar dos semanas de preaviso si lo abandonas. Las cuentas no cuadran.
“Me siento como en Esperando a Godot, sin poder hacer nada porque Godot va a llegar al día siguiente, pero Godot no llega”, explica su “frustración”. “Yo he hecho todo lo que me correspondía para conseguir esto. Tengo dos carreras, tenía publicados al acabar el grado más de cinco artículos, he participado en congresos internacionales... Tenía todo lo que hay que tener, todo lo que te piden que hagas. Y entiendo a los correctores, no les culpo, pero a la vez me siento decepcionado con el ministerio por no tener un protocolo que proteja al solicitante ante errores humanos como estos”, reflexiona.
Porque al final todo este proceso está teniendo un peaje en su vida: “El problema es que esto no te permite planificarme bien y a mí al menos me está castrando el futuro laboral. No me permite participar en proyectos de investigación, no me permite tener estancias, trabajar... Me va arrastrando a una vida más precaria de lo que tendría que ser. Me encuentro un poco enfadado, porque yo tengo que seguir haciendo la tesis, porque la tengo que hacer en cuatro años, cinco como mucho. Me metí en el programa de doctorado, que me cuesta 600 euros al año que tengo que pagar. Me siento trabajando 6-8 horas al día en el doctorado sin cobrar, es como si estuviera suspendido de sueldo, pero no de empleo”, lamenta.