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Una bala perdida: Europa aprueba una prohibición descafeinada de la munición de caza de plomo tóxico

Raúl Rejón

27 de junio de 2026 22:28 h

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Del veto total a una restricción descafeinada. Europa ha aprobado finalmente vetar el uso de munición de caza de plomo para evitar el vertido de 14.000 toneladas anuales de metal tóxico a la naturaleza. Pero, en el proceso, se ha sacado de la norma las balas usadas para caza mayor y se ha prolongado en varios años la moratoria para que los cazadores se acostumbren a la nueva normativa.

Más de tres años después de que la Agencia de Productos Químicos (ECHA) recomendara prohibir este material por seguridad, los países han votado a favor de la última propuesta de la Comisión Europea que salvaba la munición de más calibre y otorgaba una prórroga de cinco años (en lugar de tres) durante la que podrán seguir usándose cartuchos con perdigones de plomo. Un grupo de más de 140 científicos había contrapuesto que “los riesgos” que implica el plomo justificaba aprobar la normativa “sin moratorias ni excepciones”.

Sin embargo, las presiones del sector cinegético y de un grupo de estados de la Unión han terminado por derivar en una restricción más aguada. España, finalmente, ha votado a favor de esta versión, según confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica: “Responde a nuestra voluntad de compatibilizar los objetivos ambientales con la realidad de los sectores implicados, evitando efectos no deseados que puedan dificultar la aceptación y la eficacia de las medidas”.

En el seno del Ejecutivo han convivido dos posturas: por un lado, el Ministerio de Agricultura ha sostenido alargar la vida de la munición de plomo, y por el otro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó en Bruselas que “la protección del medio ambiente no debe ralentizarse”. En Transición Ecológica afirman que hubieran “preferido una propuesta más ambiciosa, pero bloquear el acuerdo supondría renunciar a avances concretos en la reducción de la liberación de plomo en la naturaleza”.

Con todo, los cazadores, aunque parcialmente satisfechos cuando se introdujeron las modificaciones, han tratado de abortar cualquier prohibición hasta el final. Esta misma semana, cuando debía tomarse la decisión, la Federación Española de Caza exigía al Gobierno “que frene la prohibición del plomo”. En su postura insisten en que no hay “aval científico ni alternativa” al metal tóxico que termina abandonado en los ecosistemas e ingerido por la fauna.

En este esfuerzo, el sector cinegético ha rescatado estos días una orden ministerial de Estados Unidos para comparar la gestión de la administración de Donald Trump con la de la Unión Europea. Han alabado la orden 3447 —en realidad se redactó en enero pasado– diseñada para “la expansión de la caza y la pesca eliminando barreras innecesarias”, según informó la secretaría del Interior estadounidense.

Esta orden específica impide la restricción de la munición de plomo en zonas federales de protección natural, a menos que haya “una evidencia específica para cada lugar y cada especie de que el plomo produce un impacto directo en las poblaciones”. Es decir, exige un estudio particular para cada área y cada especie en esa área. En la práctica, hace imposible impedir la munición de plomo.

¿De verdad no hay alternativa?

Los argumentos de los cazadores se basan en que no existe una evidencia de los daños provocados por el tóxico plomo —a pesar del dictamen de la Agencia Europea de Productos Químicos— y que, si no pueden disparar plomo, no pueden disparar otra cosa. De hecho, la Federación de Caza hace mención a una encuesta encargada por la Federación Europea de Tiro Deportivo que indicaba que “uno de cada cuatro cazadores dejará de cazar si la prohibición del plomo se hace realidad”.

Sin embargo, la asociación europea Birdlife —que sostiene la necesidad de impedir el vertido venenoso de plomo en los ecosistemas— califica esto como “mito”. Y añade: “La munición no de plomo ya está disponible y se usa cada vez más. Alternativas como el acero y el cobre están en el mercado y algunos países como Dinamarca ya han abandonado exitosamente el plomo”.

Sobre la queja de que esas alternativas son demasiado caras —“se pone en riesgo los cotos de caza social”, dicen los cazadores—, la Agencia de Productos Químicos estimó que estas nuevas municiones podrían suponer un gasto extra de 30 euros al año para los cartuchos y 10 euros al año para el uso de balas. Para poder ponderar ese incremento, cada cazador se gasta en su actividad un promedio de 2.400 euros anuales, según ha calculado la Federación Europea de Cazadores. Con esos datos, el precio de no envenenar supondría una subida del 1,25% y 0,4% respectivamente.