Los científicos que denuncian las tácticas de intimidación de las tabacaleras: “Recibí ataques increíbles”
La profesora Charlotta Pisinger, médica e investigadora en salud pública, estaba hablando con este periodista sobre sus experiencias de intimidación por parte de la industria tabacalera cuando recibió en su bandeja de entrada otra queja dirigida a su empresa.
La filial danesa de la tabacalera Philip Morris International (PMI) acababa de presentar una denuncia en la que la acusaba de incumplir las normas de comunicación de investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca, por unas entrevistas concedidas a los medios de comunicación en las que cuestionaba la seguridad del tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos, así como si a PMI realmente le preocupaba mejorar la salud.
“En los países donde aún no existe una legislación adecuada sobre el tabaco, ellos [la industria tabacalera] siguen adelante y hacen todo lo posible por promover los cigarrillos”, afirmó en una entrevista.
La denuncia de PMI afirmaba: “Pisinger alega que PMI miente y engaña. Suponemos que las declaraciones de Pisinger deben entenderse de forma polémica y no como la expresión de una cuestión jurídica basada en hechos”.
La empresa también la acusó de no aclarar si sus comentarios reflejaban su experiencia científica o su opinión personal y la acusó de exagerar las conclusiones y omitir el contexto en sus apariciones en los medios.
Un informe publicado el jueves en la revista internacional Tobacco Control, dirigido por la profesora Emily Banks, médica y epidemióloga australiana, describe las denuncias presentadas ante los empleadores contra los defensores del control del tabaco como “incidentes que no son aislados, sino parte de un desafío sistémico”.
El artículo acusa a la industria tabacalera de utilizar amenazas y denuncias ante los empleadores como táctica para contrarrestar a los defensores, investigadores y responsables políticos. Lo describe como “una estrategia deliberada para silenciar a los críticos, distorsionar las pruebas y debilitar la regulación”.
Aunque no es posible establecer con certeza la implicación de la industria tabacalera en todos los casos de intimidación, el artículo señala que trabajar en el control del tabaco expone, no obstante, a los investigadores a diversas tácticas de intimidación, e insta a los gobiernos y a los empleadores a tratar la intimidación como una cuestión de salud y seguridad en el trabajo.
Otras tácticas mencionadas en el artículo incluyen el descrédito público y en línea, como el hecho de que se tache a los investigadores sobre el tabaco de “fanáticos” y “extremistas” mientras se tergiversa su trabajo; ser objeto de solicitudes de acceso a la información; y las amenazas legales. El artículo también ofrece estrategias prácticas que las personas pueden utilizar para anticiparse a las represalias, resistirlas y aprender de ellas.
Banks afirma que se ha sentido intimidada cuando ha sido objeto de abusos en Internet o cuando algunas personas se han puesto en contacto con su jefe “y con el jefe de esa persona, en la jerarquía superior, para cuestionar mi forma de trabajar”.
“Por supuesto, la gente tiene derecho a solicitar información, pero nuestro artículo concluye que las solicitudes de acceso a la información pueden utilizarse como arma para la intimidación por parte de la industria”.
Tácticas clandestinas
El artículo acusa a la industria tabacalera de emplear tácticas clandestinas, actuando a través de grupos de presión y terceros, o recurriendo a personas y organizaciones cuyas afiliaciones se ocultan deliberadamente. Según sostiene el artículo, se utilizan acciones que, en sí mismas, serían legítimas, de una forma que supone una carga desproporcionada, desacredita o disuade a quienes son objeto de estas medidas.
El profesor asociado de la Universidad Nacional de Australia Raglan Maddox, coautor del artículo, afirma que “el mayor acoso” que ha “recibido jamás en un solo día” se produjo después de que hablara públicamente sobre la salud de los niños como derecho humano durante una investigación sobre el vapeo. Muchas de las principales marcas de vapeo son propiedad de empresas tabacaleras o cuentan con su respaldo.
“Hablé de los niños que luchan contra la adicción a la nicotina y que no pueden dormir sin tener un cigarrillo electrónico debajo de la almohada, y de las medidas que debemos adoptar para ayudarles a superar esa adicción”, explica.
“Los ataques que recibí durante las 24 horas siguientes fueron increíbles. ¿Por qué [quienes me atacaron] cuestionaban mi aspecto o mi carácter, en lugar de criticar a una industria que sigue provocando 66 muertes al día en Australia y el 37% de todas las muertes de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres?”, relata.
Maddox denunció la investigación parlamentaria australiana sobre el tabaco ilícito, en la que los expertos en salud pública testificaron públicamente, mientras que a las figuras de la industria tabacalera se les permitió declarar a puerta cerrada y permanecer en el anonimato. “Aunque se encontraban en los mismos pasillos que nosotros, la rendición de cuentas pública es muy diferente”, afirma Maddox. “Están protegidos de ese escrutinio, y los profesionales de la salud no gozan de ese mismo privilegio”.
Aunque muchos investigadores afirman tener que hacer frente a ataques contra su reputación, de carácter legal y burocrático, el artículo sostiene que, en países donde los defensores cuentan con escaso respaldo institucional o gubernamental, la reacción se ha intensificado hasta llegar a la violencia física. Otros se han enfrentado a amenazas de muerte, según alega el artículo, aunque eso sigue siendo poco frecuente.
“Responder requiere mucho tiempo y resulta desagradable”
El artículo describe el desgaste que supone para los trabajadores responder a la intimidación y prevenirla. Pisinger, quien afirma que una empresa tabacalera exigió que fuera despedida del hospital en el que trabajaba en 2013, dice que “cada vez” que su empleador recibe una queja, “tengo que dar explicaciones, aportar documentación, etcétera”. “Es un proceso que lleva mucho tiempo y resulta desagradable hasta que se resuelve”, insiste.
Al ser preguntado sobre las afirmaciones de Pisinger, un responsable de asuntos corporativos de PMI en Dinamarca afirmó que la empresa “respeta el derecho de los académicos a expresar sus opiniones, incluidas las críticas hacia nuestra empresa”.
“Del mismo modo, creemos que las afirmaciones presentadas como hechos científicos deben estar abiertas al escrutinio y a la réplica. Nuestra denuncia no pretende restringir la libertad de expresión [de Pisinger] ni su participación en el debate público”, señala la compañía.
Lotus Sofie Bast, del Instituto Nacional de Salud Pública de Dinamarca, investiga la prevención del tabaquismo y la adicción a la nicotina entre los adolescentes, y afirma que le preocupa el impacto de la industria tabacalera, en particular sobre los jóvenes investigadores, a quienes podría disuadir de trabajar en este campo.
Aunque no participó en el estudio, afirma que tanto ella como su departamento jurídico “dedican horas” a responder a las solicitudes de acceso a la información presentadas por la industria, y que algunos representantes incluso se han presentado en las defensas de tesis doctorales de los estudiantes tomando notas y llevando gafas de sol en el interior.
En un acto para presentar datos sobre el consumo de nicotina entre los jóvenes, la industria tabacalera se enfrentó a su instituto para que se le permitiera asistir. Al final, Bast contó unos 15 representantes de la industria del tabaco, la nicotina y los cigarrillos electrónicos en la sala. “Se respiraba una especie de ambiente extraño y los comentarios de los demás participantes fueron bastante escasos”, afirma.
El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco exige a los gobiernos que protejan las políticas sanitarias de la influencia de la industria tabacalera, un principio al que también se adhieren investigadores como Pisinger y Bast.
El artículo insta a los empleadores a apoyar a su personal ante las denuncias y a los gobiernos a aplicar de forma más estricta las normas que prohíben la injerencia de la industria tabacalera en las políticas sanitarias.
El artículo también esboza estrategias de protección para quienes trabajan en este ámbito, como contar con un plan de gestión de riesgos, reforzar la seguridad digital y documentar y denunciar todas las amenazas.
“Para quienes trabajan en el control del tabaco, el legado no serán los ataques que sufrieron, sino el progreso colectivo que ayudaron a garantizar”, afirma el artículo.