Las opciones de la víctima del 'caso Zornoza': la vía del Defensor del Pueblo o la intervención directa del Papa

Jesús Bastante

en religiondigital.com —
13 de abril de 2026 22:15 h

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El cierre en falso del ‘caso Zornoza’ por parte del dicasterio de Doctrina de la Fe ha causado una profunda decepción, tanto entre las víctimas como en buena parte de los implicados en la investigación inicial, que declaró “verosímiles” las acusaciones de abusos contra Rafael Zornoza, el ex obispo de Cádiz y Ceuta cuando era rector del Seminario de Getafe.

Un ‘tecnicismo jurídico’ –echar mano del anterior Código de Derecho Canónico, en el que se apuntaba a los 16 años como edad de la mayoría de edad ‘eclesiástica’– y las dudas sobre la edad que tendría la víctima en el momento en que comenzaron a producirse los hechos han servido al organismo vaticano para archivar el caso, y para declararse incompetente.

Todo ello pese a que la víctima asegura haber sido abusado desde que tenía 14 años, y que en el proceso llevado a cabo por el Tribunal de la Rota de Madrid hubo un testigo que aseguró haber visto al obispo salir de la cama del denunciante.

¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacen tanto desde el interior de la Iglesia como en el entorno de la víctima, profundamente disgustada ante una resolución que todavía no le ha sido notificada. Una vez Doctrina de la Fe se ha declarado incompetente, se abren varias vías para evitar que el ex obispo defenestrado por León XIV acabe sus días sin el más mínimo castigo por unos abusos que en la resolución del Vaticano no se niegan: Roma se limita a declararse incompetente por prescripción.

La más sencilla, y por la que seguramente optará la víctima, será la de ponerse en manos del mecanismo abierto por el Ministerio de Justicia para aquellos casos prescritos en el ámbito civil. El nuevo protocolo, que entrará en vigor este 15 de abril, permitirá a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia reclamar una indemnización, más allá de las posibilidades abiertas por el plan PRIVA de la Conferencia Episcopal. En este caso, el Defensor del Pueblo podría instar a los obispos a una reparación económica para la víctima, aunque no podría actuar contra Zornoza.

Para ello, y una vez Doctrina de la Fe se declaró incompetente, la pelota está en el tejado de León XIV. Canonistas consultados por elDiario.es apuntan al menos a dos posibilidades de Prevost para que el primer escándalo que salpica a un obispo español por abusos a menores no quede como una muestra más del encubrimiento que, lamentablemente, ha sido moneda de curso común en la Iglesia de nuestro país.

En primer lugar, el Papa podría ordenar a la misma Doctrina de la Fe la reapertura del caso. No hay que olvidar que León XIV es soberano supremo del Estado vaticano, y que la normativa le permitiría reabrir un caso, como ya se hiciera en el caso de los abusos producidos en el ‘caso Gaztelueta’ (el colegio del Opus Dei cuyo profesor fue condenado en firme por pederastia, aunque ni la Iglesia ni la Obra procedieron a una reparación moral o una petición de perdón) o, más recientemente, en lo referido a los abusos presuntamente cometidos por el ex jesuita Marko Rupnik.

Aunque los casos haya prescrito, la legislación vaticana prevé su reapertura, si se dan las circunstancias, o así lo decide la máxima autoridad, esto es, el Papa.

En segundo lugar, si se confirma que Doctrina de la Fe no es competente, el Papa podría optar por traspasar el caso al dicasterio de los Obispos, que se encarga de administrar todo lo referente a los prelados, en ejercicio o eméritos. Aquí sí podría darse un proceso, con otras ramificaciones jurídicas, que concluyera con la inhabilitación (total o parcial) de Zornoza. Las sanciones podrían ir desde la prohibición de presidir misas en público o confesar, a dejar de ser considerado obispo. O, en los casos más graves, la ‘reducción’ al estado laical.

Sea como fuere, y más después de la resolución vaticana (que todavía no ha sido comunicada oficialmente a la víctima), lo más probable es que el denunciante se decante por confiar en los organismos públicos, y presente su denuncia ante el Ministerio de Justicia o el Defensor del Pueblo. Aunque ello suponga que Zornoza no fuera condenado por la Iglesia.

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