Un grupo de representantes de la población afrodescendiente en El Salvador exigió este martes que se reforme la Constitución del país centroamericano para que sean reconocidos y respetados por el Estado.
También pidieron, mediante un documento presentado ante la Asamblea Legislativa, que se les incluya en la discusiones políticas y sociales para resolver los principales problemas que perjudican a la nación.
Gustavo Martínez, de la Organización Azul Originario, señaló a Efe que en el 2017 hicieron la primera solicitud de reforma a la Carta Magna, pero no contaron con el respaldo necesario para tal fin.
Señaló que es necesario que el Estado reconozca a la población afrodescendiente para “comenzar con un proceso de reivindicación hacia estas personas que durante años han estado bajo la sombra de la discriminación, la exclusión y el rechazo”.
“Es urgente desechar la idea que todos somos mestizos y somos una población homogénea (...) se debe de reconocer que en este país hay diversidad de pensamiento, costumbres, leguas y gastronomía que vuelven diferente a cada población”, apuntó el joven.
Martínez lamentó que “aún exista discriminación hacia nuestra población, no solo por la gente común, sino por funcionarios y servidores públicos que en lugar de fomentar la inclusión y el respeto, marginan a alguien solo por su color de piel y costumbres”.
El también activista reconoció que el actual Gobierno, específicamente los ministerios de Cultura y Educación, están “haciendo lo posible por trabajar con nuestra población y articular esfuerzos que permitan el reconocimiento de toda la sociedad”.
Además, indicó que se tiene acercamientos con el Parlamento Centroamericano y se busca realizar un trabajo de sensibilización con la población en general y funcionarios públicos para acabar con la discriminación.
Martínez añadió que no se tiene un número exacto de afrodescendientes en El Salvador, pero, según lo indicó, el censo estatal de población y vivienda de 2007 indica que en el país viven al menos 7.000 personas de esta población.
En América Latina y el Caribe hay aproximadamente 200 millones de personas afrodescendientes. De ellas, muchas se encuentran en una condición de desventaja que genera un impacto para el acceso igualitario a la educación, la justicia, los servicios de salud, empleo y vivienda.
Según un informe del Banco Mundial (BM) presentado el año anterior, las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe tienen 2,5 veces más de probabilidades de vivir en pobreza y menos posibilidades de terminar estudios en primaria.
En Centroamérica, los países con mayor población negra son Costa Rica y Panamá, con 380.000 y 370.000 personas, respectivamente. Les sigue Nicaragua (170.000), Honduras (130.000) y El Salvador (10.000), de acuerdo con el BM, que reconoce que los datos podrían ser mayores, ya que los censos estatales no son del todo confiables.