La ley de protección a la infancia incluirá el diseño de protocolos frente a la violencia en los colegios que serán de obligado cumplimiento y considerará a los funcionarios de servicios sociales como autoridad pública “ante situaciones de sospecha”.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, durante su intervención en el Fórum Europa, en la que ha indicado que el Gobierno prevé aprobar el anteproyecto de esta ley en el Consejo de Ministros del próximo 28 de diciembre.
Para proteger a los menores en el ámbito educativo, la futura ley contempla el nombramiento de una persona de referencia en todos los centros educativos, un responsable de protección -ha dicho- cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas.
La norma también incluirá el deber de cualquier persona de comunicar indicios de delito, para lo que se garantizará la confidencialidad y el anonimato, según ha subrayado Carcedo.