Que los menores de entre 14 y 16 años requieran aprobación judicial para cambiar su sexo legal en el DNI y que el paso por el juez también sea necesario en caso de que se quiera recuperar la mención registral anterior a la modificación. Son dos de las enmiendas que el PSOE prevé presentar a la Ley Trans, que ha abierto una brecha en el seno del partido y entre los socios del Gobierno. Las propuestas, adelantadas por El País y a las que ha tenido acceso este medio, serán registradas el próximo lunes tras la última ampliación del plazo, por lo que aún puede haber cambios de última hora.
Los socialistas adelantaron que no tocarían lo relativo a la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, que puedan modificar su sexo legal sin requisitos, en base a su libre voluntad. Esta parte la dejan tal cual está en el texto que salió del Consejo de Ministros el pasado junio, pero solo para el caso de personas adultas. En lo que se refiere a menores de edad sí sugieren un cambio: proponen que los que tienen entre 14 y 16 años no puedan modificar la mención registral solo con la autorización de sus progenitores, como reza la ley ahora, sino que sea necesaria una autorización judicial por medio de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Esta es la fórmula que prevé ya la norma para los que tienen entre 12 y 14, pero los socialistas piden extenderla a todos los menores de 16 años. Además, el PSOE propone que esta misma vía sea la requerida en caso de reversibilidad, es decir, para las personas que, ya una vez habiendo cambiado su sexo legal, quieran recuperar el anterior. La redacción actual prevé este mecanismo para el tercer cambio, pero la formación apuesta por que sea imperativo en el segundo.
La ley trans ya estipula cuál sería el procedimiento: el competente será el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del solicitante. No será obligatorio que haya abogados ni procuradores. El expediente será de “tramitación preferente” y se iniciará con la solicitud del menor, que deberá acompañarse de “medios documentales o testificales” que acrediten que su disconformidad es “estable”. El juez citará a comparecencia al solicitante, a sus representantes legales y a quienes estime oportuno, podrá pedir las pruebas que considere necesarias y resolverá “sobre la concesión o denegación” teniendo en cuenta el interés superior del menor. En el caso de la reversibilidad, el proceso es prácticamente el mismo.
Otra de las modificaciones que proponen los socialistas vía enmiendas es lo relativo a la violencia intragénero, la que se da entre personas del mismo sexo. El artículo que aborda esta cuestión establece que estas víctimas tendrán los mismos derechos laborales y de la Seguridad Social que existen para las víctimas de violencia de género, recogidos en la ley de 2004. El PSOE quiere evitar esta equiparación y por eso elimina esta previsión y establece que podrán solicitar “la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo de sus empleadores, que atenderán a la solicitud en función de sus posibilidades organizativas”.
Estudiar el impacto del “sexilio”
Hay otra serie de cuestiones contempladas en la ley que los socialistas quieren ampliar. Es el caso de las medidas relativas al ámbito rural, entre las que proponen la puesta en marcha de campañas para visibilizar al colectivo LGTBI y prevenir la violencia, así como la promoción en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad de medidas destinadas a adaptar la ley al medio rural con especial atención a la “discriminación por LGTBIfobia”. Sugieren, además, la creación de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad.
Una de las enmiendas aborda específicamente lo que se conoce como “sexilio”, el abandono de los pueblos de origen de personas LGTBI por sufrir rechazo o discriminación. La propuesta establece que en el plazo de un año desde la aprobación de la norma, se recabarán datos sobre esta “migración de las personas LGTBI dentro de España”, y teniendo en cuenta esta información, se barajará contemplar el sexilio como “causa de despoblación” en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno para frenarla.
Obligación a las empresas
En el ámbito del empleo, el PSOE quiere que las empresas de más de 50 trabajadores estén obligados a contar con medidas y recursos para lograr la igualdad LGTBI, contando con un protocolo contra el acoso por LGTBIfobia. Y estipula un plazo: 12 meses desde la aprobación de la ley. Además, propone garantizar que en los planes de empleabilidad e inserción para personas en riesgo de exclusión, haya medidas de acción positiva para favorecer la contratación estable de personas trans, en especial de mujeres trans.
Otras sugerencias pasan por garantizar la formación de quienes trabajan en centros o programas de servicios sociales para personas mayores LGTBI y que las administraciones promuevan en los espacios y recursos comunitarios, como los centros de día, “actividades que contemplen” su realidad. En el ámbito de la salud, plantean introducir el desarrollo de protocolos específicos de atención ginecológica para mujeres lesbianas y bisexuales. Además, proponen medidas con objetivo de fomentar el turismo LGTBI o que los programas de información LGTBI en el ámbito educativo cuenten con la participación de las asociaciones de madres y padres (AMPAS).
Los socialistas también plantean que las mujeres trans en situación de prostitución sean beneficiarias de los recursos sociolaborales contemplados en la ley del solo sí es sí y que, aunque “no medie explotación sexual”, puedan acceder también a este tipo de recursos contemplados en “planes o medidas para víctimas de violencia sexual, trata o explotación sexual llevados a cabo por las administraciones públicas”.
Además, proponen varias medidas para intentar prevenir el sinhogarismo entre personas LGTBI y para impulsar estudios e investigaciones que aborden esta realidad en específico. En lo que respecta a la juventud, el PSOE plantea, entre otras cosas, que haya formación en diversidad LGTBI para las personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles.