En los estudios sanitarios de la Formación Profesional de Grado Superior, la familia más solicitada por el estudiantado en esta etapa, seis de cada diez nuevos alumnos se matriculan en un centro privado. Si se afina un poco más, en el ciclo de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, uno de los más populares, ocho de cada diez de los 8.036 estudiantes de 1º tuvieron que remediar en lo privado la falta de oferta pública.
La privatización se extiende por la Formación Profesional (FP) a un ritmo del 10% anual, y lo hace apuntando a las dos familias más demandadas por el estudiantado ante la falta de oferta pública: Sanidad e Informática, especialmente en el grado superior (equivalente a la universidad), a los que se añade Administración en el grado medio (alternativa al Bachillerato), según advierte CCOO en un informe publicado este jueves bajo el título La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. “La privatización de la FP no es aleatoria, sino selectiva y orientada a los ciclos con mayor retorno laboral y social”, sostiene el instituto y respaldan las cifras.
La FP marcha. Años de campañas, inversión, el encarecimiento de la universidad en la pasada década y la alta empleabilidad de muchos módulos formativos han acabado de quitarle el sambenito de estudios de segunda a estas etapas formativas, que en sus versiones básica, media y superior abarcan desde el equivalente de 3º de la ESO (15 años) hasta la universidad (18 años). En conjunto, en el curso 2012-13 había 661.047 estudiantes; doce años después eran 1.137.357, una subida del 72%.
Pero este incremento de la demanda no se ha visto respaldado por la oferta pública. En 2012, el alumnado matriculado en centros privados era un 22%, uno de cada cinco. En 2024 llegaron al 33,6%, uno de cada tres. El sector privado ha ganado en estos años 225.000 estudiantes, lo que supone haber multiplicado por 2,5 sus números. Con esas cifras, el negocio marcha: desde 2020 el sector crece a un ritmo del 10% anual hasta alcanzar unos ingresos de 1.535 millones de euros en 2023, según datos del Observatorio sectorial DBK.
Este crecimiento ha atraído la atención de los fondos de inversión, que han desembarcado en el sector en los últimos años conscientes del crecimiento constante de alumnado y la falta de oferta pública para todos. “Atraídos por el bueno comportamiento de la demanda”, explica DBK.
Y los fondos, el sector privado en general, saben dónde apuntar. El ejemplo más evidente son varios ciclos de Sanidad, donde en muchas comunidades autónomas se exige casi un diez de nota para acceder a una plaza pública. Pero no son los únicos. Sucede algo parecido en algunos de Informática y Comunicaciones como Desarrollo de aplicaciones multiplataforma o Desarrollo de aplicaciones web, o en otros de la familia de Administración.
Y la diferencia entre una plaza pública y una privada es la que va de la gratuidad (excepto Catalunya y Madrid, únicas comunidades que cobran por lo público) a pagar entre 3.000 y 9.000 euros por un ciclo, recuerda CCOO. La que va, para mucha gente, de poder centrarse en los estudios a tener que trabajar para pagárselos, con todas las consecuencias que ello implica.
Se duplica el gasto por hogar
Otra consecuencia, sostiene el informe de CCOO, es que el gasto nominal por hogar en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 euros a 2.085 euros.
Esta privatización, dice el sindicato en su informe, afecta negativamente a la sociedad en su conjunto: “Cuando la planificación pública no acompaña el crecimiento de la demanda, el mercado ocupa el espacio dejado por el sistema educativo público, con efectos negativos directos sobre la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.
Y argumenta: “En un sistema con plazas públicas insuficientes, la oferta privada actúa como válvula de absorción de demanda. Pero esa absorción no es neutral: puede introducir barreras económicas (matrícula, materiales, desplazamientos), segmentar por renta y consolidar itinerarios diferenciados. En FP, donde el equipamiento, la práctica y la inserción dependen fuertemente de la calidad del centro y de su red de empresas, la desigualdad de acceso se traduce en desigualdad de la equidad, la inclusividad y la justicia social que un derecho básico, como es el derecho a la educación, debe preservarse a toda costa”.
Tres grupos de comunidades
Pero la situación, advierte CCOO, no es uniforme por todo el país ni está cerca de serlo. El sindicato explica que hay tres grupos distintos de autonomías en función de cómo han abordado la expansión de la FP y de la presencia de lo público (o no).
El primero lo forman las comunidades con mayor peso de la oferta privada, especialmente Madrid, Cataluña y Euskadi. En Madrid, “la falta de plazas públicas en ciclos de alta empleabilidad deriva de forma sistemática al alumnado hacia centros privados, encareciendo el acceso y consolidando una ilógica lógica de selección por renta”, lamenta CCOO. Cataluña reproduce un patrón similar, dice la organización: una fuerte privatización en familias profesionales clave como Sanidad, Informática o Administración genera “una creciente dualización social del sistema”. Finalmente, en Euskadi , aunque la inserción laboral es elevada gracias a su potente tejido industrial, el peso de la red concertada y privada introduce riesgos y sesgos de gobernanza privatizada que hacen imprescindible reforzar los controles públicos sobre evaluación, prácticas y derechos del alumnado.
El segundo grupo “combina una elevada privatización con economías marcadas por la estacionalidad”, sostiene el informe. Aquí se ubican Illes Balears, Andalucía, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, territorios donde lo privado –especialmente en modalidad a distancia– ha ocupado el vacío que deja lo público mientras la estructura productiva basada en el turismo, la agroindustria y los servicios introduce una alta rotación y precariedad en las prácticas y en el empleo juvenil. El resultado, dice CCOO, “es un sistema en el que el acceso a la FP y la calidad de la experiencia formativa dependen cada vez más de la capacidad económica de las familias y del momento del ciclo productivo”.
“Frente a estos escenarios de mercantilización”, pondera el sindicato, “otras comunidades mantienen un predominio de la red pública”, aunque tampoco están exentas de retos. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia, la baja densidad empresarial y la dispersión territorial dificultan la disponibilidad de prácticas y el acceso efectivo a determinados ciclos, especialmente fuera de las capitales y en las zonas rurales. “En estos territorios el riesgo no es tanto la privatización como la desigualdad territorial: sin una red pública suficientemente equipada, con una amplia presencia en todo el territorio y sin políticas activas de apoyo a las empresas formativas, la FP pierde capacidad para actuar como palanca de cohesión social y territorial”.
En el norte industrial (Aragón, Navarra, Cantabria y Asturias), también en este grupo de autonomías menos privatizadas, la FP está más vinculada a sectores productivos “relativamente estables”, como la automoción, la energía o la industria avanzada. “Aquí el peso de la oferta privada es menor o moderado, pero la dependencia de grandes empresas y la reconversión industrial exigen una planificación pública que asegure prácticas de calidad, actualización tecnológica y oportunidades reales de inserción para la juventud”, valora CCOO.
Canarias y los territorios insulares, por su parte, presentan una combinación de predominio público y fuertes limitaciones estructurales derivadas de la insularidad y de un modelo productivo turístico. La irregularidad en la oferta de prácticas y la elevada temporalidad juvenil hacen imprescindible un refuerzo específico de recursos, orientación y alternativas formativas que no queden subordinadas a la estacionalidad.
Finalmente, Ceuta y Melilla, con sistemas de FP muy reducidos y altamente dependientes del MEFPD, requieren un apoyo extraordinario para garantizar el acceso efectivo de la juventud a una oferta formativa suficiente y de calidad.
La cohesión territorial
Por último, el sindicato lamenta la oportunidad perdida con la FP y la cohesión territorial. “Lejos de abordarse como una oportunidad, se ha convertido en un factor de exclusión”, advierte. El razonamiento del sindicato es el siguiente: “En estos territorios, donde la empresa privada apenas se implanta ni ofrece formación presencial, la ausencia de una red pública suficiente no solo limita el acceso efectivo a la Formación Profesional, sino que favorece de manera indirecta la expansión de la FP a distancia como única alternativa disponible, reforzando así procesos de mercantilización y debilitando la función cohesionadora del sistema educativo”.
Dicho de otra manera, el sistema público podría haber creado una red vertebradora, que fijase la población al territorio: “La creación de ciclos formativos en estas zonas rurales es, o debería ser, la herramienta más potente que tiene el Estado para generar empleabilidad directa y, por extensión, para afianzar población en estas zonas, que permita paliar el envejecimiento población, fuertemente vinculado a la ruralidad, y disminuya de manera importante su brecha generacional”.
Porque, dice el sindicato, la voluntad existe, pero se niega la posibilidad de ejercerla. El informe respalda su afirmación con un ejemplo concreto: en Los Pedroches (Andalucía), un 79% de jóvenes aspira a desarrollar su futuro laboral en su comarca, según una encuesta publicada por la Cadena Ser. Pero no tienen la opción siquiera porque no hay oferta formativa, dato que “contrasta con las estadísticas oficiales, según las cuales se observa una fuga de talento joven hacia el extranjero por mejores oportunidades, a la vez que un deseo de neorruralidad para vivir en el campo, chocando con la falta de empleos”.