Este sábado entra en vigor el Tratado de Alta Mar. “Un hito”, como lo llama la responsable del programa de océanos en Greenpeace, Ana Pascual, porque “es la primera vez en la historia que contamos con un mecanismo para proteger las aguas internacionales”. Lo que no es de nadie ha sido, hasta ahora, abusado por casi todos.
A partir de este día, existe la posibilidad y obligación legales de proteger áreas de los océanos más allá de la jurisdicción de los países. No deja de ser un logro a contracorriente que 81 estados hayan ratificado este acuerdo multilateral ambiental para que se ponga en funcionamiento el mismo mes en el que los EEUU han abandonado la Convención de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (UNFCCC).
El tratado aborda múltiples aspectos, pero Ana Pascual destaca que “lo crucial” es que debe servir para “alcanzar el objetivo que ha marcado la ciencia de proteger el 30% de esas aguas para el año 2030”. Es la condición, abunda, “para poder contar con unos océanos resilientes y capaces de ofrecer los servicios que necesitamos”.
Sirve para alcanzar el objetivo que ha marcado la ciencia de proteger el 30% de esas aguas para el año 2030 para poder contar con unos océanos resilientes y capaces de ofrecer los servicios que necesitamos
Porque los mares sanos generan la mitad del oxígeno que respiramos, absorben enormes cantidades del COâ‚‚ que emitimos lo que atenúa el efecto invernadero que está causando el cambio climático, facilita el alimento de más de 3.000 millones de humanos y soporta la economía directa de cientos de millones de personas.
Los estados desde este momento tienen la responsabilidad de implementar el tratado en sus propias legislaciones para que sea una realidad y de vigilar el cumplimiento del acuerdo. Las partes firmantes se reunirán en una conferencia donde empezar a proponer áreas marinas para su protección que serán evaluadas por un comité técnico. No hay fecha o sede decididas para esa cumbre.
“Tiene que ser cuanto antes porque ahora solo tenemos el 1% de las aguas de altamar con alguna protección. Hay prisa”, subraya Ana Pascual. Su organización ha calculado que “hace falta un ritmo alto: una extensión como la de Canadá al año para conseguir llegar a ese 30% en el plazo legal establecido”.
Aunque todavía está por decidir el mecanismo concreto para declarar protegidas esas zonas del océano sin dueño, la organización Highseas Alliance recuerda que “los países ya pueden empezar a preparar sus propuestas porque tienen que consultar a los científicos, identificar las áreas de mayor relevancia ecológica, consultar a la ciudadanía... hay un montón de trabajo que ya puede hacerse”.
La tarea es monumental. Este nuevo acuerdo internacional legalmente vinculante abre el camino para salvar 200 millones de km² de aguas y fondos marinos de la esquilmación. Las amenazas son muy claras. Bastan un par de ejemplos recientes: la minería de fondos marinos que, aun sin el reglamento internacional aprobado, quiere impulsar un empresario amigo de Donald Trump o el arresto de un científico ucraniano por parte de Rusia bajo la acusación de alta traición por defender un paro en la pesca del kril antártico. La destrucción ambiental suele traer ingresos a algunos sectores.
España fue el primer país de la UE en ratificar este tratado. Sin embargo, hay 11 países europeos que todavía no lo han hecho entre los que están potencias continentales como Alemania, Italia, Países Bajos o Suecia. “Pedimos a todos estos países que lo hagan rápidamente porque supone una herramienta esencial y un punto de inflexión para detener la degradación marina, restaurar la abundancia pesquera y mejorar la resistencia global ante el cambio climático”, cuenta la vicepresidenta de la ONG especializada en el mar Oceana, Vera Coelho.
Del papel a la realidad
La responsable de la organización en Europa urge a los países de la UE a que “lideren con el ejemplo y protejan las áreas marinas bajo su jurisdicción contra las actividades destructivas para que, de esta manera, se establezca el estándar para las futuras áreas internacionales que salgan de este tratado”.
El Pacto Verde Europeo tiene una pata propia que la Comisión Europea llamó Pacto por el Océano. La prioridad es, describía, proteger y restablecer la salud de los océanos, impulsar la economía azul sostenible, apoyar a las comunidades costeras, impulsar la investigación o mejorar la seguridad y defensa marítimas.
Con la regresión que está experimentando el Pacto Verde y las políticas ambientales en Europa debido la ofensiva de la derecha global contra estos programas, resta por ver cuánto de este pacto marino termina en realidad.
La jefa científica de Oceana, Katie Matthews, advierte por su parte que “el papel sobre el que se redacta el tratado no va a salvar al océano. Lo importante es transformar esas palabras en acción”. Al fin y al cabo, se trata de defender la mitad de la superficie de todo el planeta que es lo que cubre la altamar.
“Si salvamos el mar, salvamos el mundo”, decía el naturalista David Attemborough. La comprensión de esta realidad derivada de la dependencia que los humanos tienen del mar es determinante para generar lo que los académicos llaman “cultura oceánica”: la base para cambiar la actitud hacia el océano y permitir un plan de rescate.