Como si no hubieran transcurrido ocho años en los que una sentencia firme asumió a la financiación irregular del Partido Popular y otro fallo precedente motivó la moción de censura que acabó con su última etapa en el Gobierno de España, tres secretarios generales de la formación conservadora negaron firmemente este martes ante un tribunal la existencia de la caja B.
Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal comparecieron en ese orden como testigos y, con reminiscencias a los distintos perfiles que cada uno de ellos mostró durante su etapa en la primera línea de la política, llegaron a una misma y tozuda conclusión: ni el partido se financió con dinero negro de los empresarios, ni ellos cobraron en la vida un sobresueldo procedente del mismo.
Las fisuras en el muro que intentaron levantar los secretarios generales con su 'todo es falso' las habían abierto antes otros dos antiguos responsables del PP que también declararon como testigos: Eugenio Nasarre y Jaime Ignacio del Burgo. Ambos reconocieron que habían percibido cantidades que aparecían en los papeles de Bárcenas, si bien atribuyeron su pago en metálico a las donaciones así permitidas hasta 2007 de manera anónima a los partidos.
Lo cuentan Pedro Águeda y Elena Herrera.