La mitad de los indultos desde 2011 recibieron informe desfavorable de jueces o fiscales y el 5% se concedieron con la oposición de ambos

El indulto —regulado por una ley de 1870 y de plena actualidad a propósito de los presos del procés— es una prerrogativa del Gobierno, que puede perdonar toda o parte de la pena a condenados en firme sin tener siquiera que motivar su decisión. Sin embargo, la tramitación sí exige el pronunciamiento del tribunal sentenciador, que a su vez tiene que pedir otro informe a la Fiscalía. Se trata de informes preceptivos que no son vinculantes, pero que sí suelen orientar la decisión final del Ejecutivo. Aunque no siempre ha ocurrido así. 

Según los datos del Ministerio de Justicia recopilados por elDiario.es, casi la mitad de los 1.274 indultos que diferentes gobiernos han concedido desde 2011 contaron con un informe desfavorable de jueces o fiscales. Es decir, que o bien los jueces que dictaron la sentencia condenatoria o bien el Ministerio Fiscal se opusieron a que el Ejecutivo otorgara esa medida de gracia. Así ocurrió en 583 de los 1.274 indultos concedidos. Es decir, en el 46% de los casos de perdón gubernamental que se produjeron entre 2011 y 2020. De ellos, 479 se aprobaron con informe desfavorable de la Fiscalía (38%) y 104 con el dictamen contrario del órgano jurisdiccional sentenciador (8%), mientras que el 49% —un total de 628 indultos— contaron con el aval de ambas instancias judiciales. 

Escriben Elena Herrera y Ana Ordaz.