La Universidad de Granada defiende la inversión de 2,2 millones de euros para frenar la COVID-19 antes del cierre presencial de la Junta

La medida de la Junta de Andalucía de frenar la COVID-19 cerrando las clases de la Universidad de Granada (UGR) no ha sentado bien a casi nadie. Salvo el alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), que asegura respetar la decisión del Gobierno regional para regresar a los pocos contagios “que hemos tenido durante el verano”, el resto de partidos y sindicatos afean la decisión del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Aunque, sin duda, la rectora de la UGR ha sido la más tajante al respecto denunciando una falta de comunicación con la Junta. Sobre todo, por el hecho de que se les señale como culpables de que Granada capital supere los 500 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Pilar Aranda sostiene que su institución es “una universidad segura”. La regidora insiste en que se están llevando a cabo “rigurosamente todos los protocolos que nos han ido enviando”. Al tiempo que desde la UGR, y según confirma la propia Aranda, se pone en valor la inversión realizada para frenar la COVID-19 en las aulas. Fuentes de la institución aseguran que se han invertido más de 2,2 millones en todo lo relacionado con la crisis sanitaria. 

Lo cuenta Álvaro López.