La Junta de Castilla y León alude a la imposibilidad de cuantificar el exceso de mortalidad en las residencias que habría obligado a intervenirlas

La Junta de Castilla y León afirma que “no existe cuantificación objetivable para determinar cuando se produce un incremento inesperado de fallecidos durante una pandemia” en las residencias de ancianos. Así es como ha respondido la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades al Grupo Parlamentario Socialista, que en una pregunta no escrita quiso saber en cuantos centros sociosanitarios, bien de personas mayores, bien de personas con discapacidad, se había producido un exceso de mortalidad durante la pandemia, en cuáles y en qué fechas.

No se trata de una pregunta casual. La Orden SND/275/2020, de 23 de marzo establecía en su apartado tercero las “medidas de intervención” en las residencias de ancianos. En este sentido, entre esas medidas se contemplan “el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otros centros residenciales, con independencia de su carácter público o privado, cuando exista justificación basada en el aislamiento y protección de cohortes en base a lo establecido en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, así como cuando resulte necesario para sostener la continuidad de los servicios por carecer de recursos humanos suficientes”.

Lo cuenta Laura Cornejo.