Madrid privatiza a toda prisa el rastreo de casos de COVID-19 ante su incapacidad para controlar el aumento de contagios

La Comunidad de Madrid continúa trabajando sobre la marcha en su estrategia contra la COVID-19. Este viernes el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por un procedimiento de emergencia, lo que supone una adjudicación a dedo, un contrato para realizar encuestas para seguimiento de casos e identificación de contactos COVID-19. La licitación la ha conseguido la empresa Quirón Prevención S.L. por un importe de 194.223 euros, según figura en el portal de contratación pública autonómico.

La duración del contrato se extenderá durante tres meses y el equipo de trabajo estará formado por veinte auxiliares de enfermería y dos médicos, que se dividirán en dos turnos, mañana y tarde de lunes a viernes. La plantilla subcontratada deberá realizar “al menos [de] 190 a 220” encuestas diarias. 

La adjudicación se ratificó por la directora general de salud pública, Elena Andradas, este viernes a las cuatro de la tarde. De esta forma, la Comunidad saldó una semana de polémicas tras pedir rastreadores voluntarios en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y de que la propia Andradas reconociese en una respuesta emitida a través del portal de transparencia que se habían encontrado dificultades “de cubrir los puestos ofertados” entre médicos y enfermeras, por eso habían optado a ampliar la búsqueda entre profesionales del “ámbito de la biología y la educación social”.

Lo cuenta Laura Galaup.