En 2025 se abrieron 10 centros adscritos a universidades públicas en España, la cifra más alta de la última década. Con estos diez, las 50 universidades públicas ya tienen 246 centros (entre públicos y privados) adscritos, 150 de ellos privados. Unas instituciones que, al estilo de la escuela concertada, surgieron como complemento a lo público en un momento en el que los campus estatales no lo cubrían todo, pero que desde la Universidad muchos ven hoy como un elemento anacrónico.
Pese a ello, en un contexto de creciente demanda de formación superior –con nuevo récord de alumnado en la Universidad incluido, 1.827.272 estudiantes en el curso 2024-2025– que está siendo atendida por el sector privado, los centros adscritos crecen en los últimos años. Para ellos mismos y para las universidades que los acogen es una relación simbiótica, ambos ganan. Experiencias pasadas también demuestran que esta vía puede acabar siendo el primer paso para acabar como universidad privada. Y la licencia de Universidad, la posibilidad de emitir títulos, cotiza alto y se paga cara en el mercado.
Un cambio de modelo
La falta de financiación de los Gobiernos regionales a sus universidades públicas está provocando un cambio en el modelo de educación superior. Los rectorados, atascados sin dinero, no son capaces de absorber la creciente demanda de plazas, y la oferta privada se dispara. Así, en el año 2025, las universidades privadas españolas superaron por primera vez a las públicas en el número de estudiantes de máster, una cifra que refleja el innegable aumento de la demanda de los estudios de posgrado, que ha crecido un 83,1% en la última década, según recoge el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En 2026 se dará otro hito histórico: habrá más universidades privadas que públicas en el país.
Y a medio camino entre unas y otras se encuentran los centros privados adscritos a universidades públicas, un híbrido que permite estudiar en instituciones privadas, pero con los estándares de calidad de lo público. Estos centros, privados, establecen convenios con universidades públicas por los que el organismo privado somete sus estudios a los procedimientos que garantizan la calidad en la universidad pública, que a su vez pone el sello de calidad de lo público. El acuerdo se completa con una compensación económica: por cada alumno matriculado, el centro adscrito le da a la Universidad que lo acoge el equivalente a lo que ese estudiante pagaría si se inscribiera en el centro público.
Con este sistema parece que todos ganan: la universidad pública, nadando en la miseria, recibe el montante equivalente a una matrícula a cambio de casi nada; el centro adscrito gana el prestigio de lo público, que firma sus diplomas, y además puede cobrar matrículas a precio privado; el estudiantado obtiene un título de un centro público, mejor valorado que si fuera de uno privado.
Un sistema ¿anacrónico?
Pero en la Universidad hay quien cree que este tipo de instituciones son anacrónicas. Los centros adscritos privados nacen en España cuando aún no existían las universidades privadas y, por tanto, se configuraban como la única oportunidad para acceder a estudios superiores fuera de la universidad pública. Esta realidad comienza a cambiar en el año 2001, cuando se aprueba la Ley Orgánica de Universidades, que abre la puerta a la creación de universidades privadas —hasta el momento solo existían las vinculadas a la Iglesia católica—, explica Carlos Andradas, exrector de la Universidad Complutense de Madrid: “Creo que ahora los centros adscritos han perdido un poco de sentido al haber tantas universidades privadas, salvo en casos concretos en los que la demanda sea tan grande que la pública no pueda cubrirla”.
Jesús Escribano, responsable de Universidad de CCOO en Madrid, admite que, “en un momento histórico podían tener sentido con una universidad en expansión. Igual no se podía hacer otra cosa. Pero que se sigan creando centros adscritos, cuando además en la UCM últimamente han sido el germen de una universidad privada”, dice en alusión al Villanueva o a Cunef, “no tiene sentido alguno”.
A la cabeza en el número de centros adscritos en España se encuentra la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene 35, de los cuales 14 son de titularidad privada. Un ejemplo es EINA, el centro universitario privado de Diseño y Arte en Barcelona, donde se imparten titulaciones oficiales y propias del Grado en Diseño, másteres, posgrados, estudios avanzados y doctorado.
EINA es un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 1994, y el precio del grado en Diseño roza los 10.000 euros anuales, una inversión que se acerca al precio de algunos grados en universidades privadas pero que devuelve un título público. “Disponemos de un margen de autonomía para establecer el precio privado de los créditos”, explican desde EINA, “pero esta capacidad se ejerce siempre desde una gestión responsable, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad del proyecto académico, calidad docente y coherencia con el marco del sistema universitario público al que estamos vinculados”.
El Centro de Estudios Superiores (CES) Don Bosco es un centro de estudios superiores adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde hace 25 años. En este centro universitario docente se imparten grados como Educación Primaria, Infantil y otras dobles titulaciones. Ahora es el único adscrito a la Complutense en el que se pueden cursar estos grados. El resto de los adscritos, que hasta el momento habían ofertado estas enseñanzas (ESCUNI y Escuela Universitaria de Profesorado Fomento de Centros de Enseñanza), están en proceso de desadscripción, como antes lo hicieron Cunef o Villanueva, hoy universidades en sí mismas. De los nueve centros adscritos de la UCM, cinco se encuentran en esta situación. La Universidad Complutense ha rechazado dar una valoración tras ser consultada por elDiario.es.
La Complutense, la universidad más grande de toda España, tuvo que pedir hace unas semanas un crédito de 34,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid para poder pagar las nóminas. Ante un contexto marcado por la infrafinanciación pública, los centros adscritos privados suponen un ingreso para las universidades, que asumen como alumnos propios a quienes no se sientan en sus aulas: “Estos centros no suman calidad a la universidad pública, son sólo una solución que beneficia a las dos partes. Para la pública son una fuente de ingresos y para el centro adscrito puede ser la puerta para después convertirse en una universidad privada”, advierte Santiago Cuesta, responsable de Universidad de CCOO. La incorporación de centros privados en las universidades abre dos vías en los centros públicos: la barata y con nota de corte, que imparte la propia universidad, y la cara con el dinero como filtro, que ofrece el centro adscrito.
Rubén Iduriaga, director del CES Don Bosco, cuenta que en Madrid la fuerte competencia es una realidad: “Aquí [en la región] hay 24 centros de formación del profesorado, nosotros apostamos por la educación presencial y apenas llegamos a los 1.000 estudiantes”. Recalca que el alumnado es “diverso”, y que muchos de ellos solicitan la Complutense como primera opción, pero no son aceptados, explica.
Las cuotas que pagan los alumnos en CES Don Bosco rondan los 400 euros mensuales, una cuantía similar a la que los colegios privados en España cobran por enseñanzas inferiores como el Bachillerato: “Nuestro centro vive de las cuotas de los alumnos y la demanda no ha crecido, teníamos más alumnos cuando existía la diplomatura”, explica Iduriaga.
La expansión de la educación universitaria privada —en Madrid ya hay 14 universidades privadas, más del doble que las públicas (6)—, evidencia una tendencia que se ejemplifica con el auge de los campus privados, que buscan captar cada vez más estudiantes: “A pesar de que en las universidades privadas las cuotas son más altas, pueden ofrecer titulaciones que nosotros no podemos como centro adscrito. La pública se ha quedado estancada, y hay dificultades para dar educación con gran demanda”, recalca Iduriaga.
Esta tendencia amenaza al sistema universitario, y ha permitido que se creen centros privados que cuentan con un informe demoledor por parte del ministerio. Un ejemplo es UNINDE, la primera universidad privada en Extremadura, que abrirá sus puertas el próximo curso académico sin contar con la valoración positiva del ministerio, pero con el respaldo del gobierno autonómico. Con estas nuevas incorporaciones, en España este 2026 habrá más universidades privadas que públicas.