El día en que James Parkinson fue interrogado como enemigo del Estado por una conspiración fantasma

No había disparo, ni humo, ni cadáver. Solo sospechas, un arma extravagante y un grupo de intelectuales acusados de traición. En lugar de pólvora, se hablaba de aire comprimido. Y el supuesto atentado no dejó víctimas, pero sí sembró un miedo útil: el perfecto combustible para justificar leyes represivas.

James Parkinson, que más tarde sería el célebre médico que daría nombre a la enfermedad del Parkinson, fue arrastrado a ese disparate político. Aquel día no diagnosticó ninguna enfermedad, fue examinado él. Lo sentaron frente al Consejo Privado británico como si fuera un peligro público.

Antes de diagnosticar temblores, lo señalaron por agitar ideas

Aquel delirio legal tenía nombre: Conspiración del Popgun. A ojos del gobierno, consistía en un plan para asesinar al rey Jorge III con un artefacto que, en teoría, disparaba dardos envenenados. El supuesto atentado ni siquiera llegó a intentarse, pero bastó para construir una acusación endeble que necesitaba culpables con urgencia.

Parkinson fue citado en mayo de 1794. Se presentó en Whitehall y se negó a incriminar a nadie. Solo pidió que las preguntas se formularan con lógica. “Creo que podría sugerir un modo mejor de interrogatorio”, dijo con calma, según recoge el acta del proceso.

Por entonces, ya se sabía que Parkinson colaboraba con la London Corresponding Society, un grupo de artesanos y pensadores que promovían reformas parlamentarias y sufragio universal. En otras palabras, una amenaza para el orden establecido

Sus textos, publicados con el seudónimo de Old Hubert, irritaban a los tories. El propio primer ministro, William Pitt el Joven, había impulsado una ola represiva que criminalizaba el pensamiento político incómodo. Se buscaban pruebas, aunque no existieran.

El supuesto atentado fue una excusa ideal. El plan era tan absurdo como ingenioso: una pistola neumática, inspirada en la tecnología de la temida carabina Girandoni austríaca, dispararía un proyectil envenenado contra el monarca durante un acto público. Se habló incluso de un dardo invisible que había roto una ventana del carruaje real. Nada fue comprobado. Lo único cierto era que se necesitaban cabezas de turco, y la London Corresponding Society y sus miembros, incluido Parkinson, tenía todas las papeletas.

De presunto regicida a neurólogo célebre

Uno de los fundadores del grupo, Thomas Hardy, ya había sido arrestado aquel mismo año. Fue absuelto, y su vuelta a casa se celebró como si fuera un héroe. Parkinson, más prudente, no fue encarcelado, pero su vinculación con el círculo reformista lo situó bajo los focos. Las autoridades sabían perfectamente quién era. Le seguían la pista desde hacía tiempo y conocían sus escritos. Querían convertirlo en delator, pero no lo lograron. El médico se mantuvo firme y no volvió a publicar textos políticos tras el interrogatorio. Por si acaso.

El testimonio clave que sostenía toda la causa murió antes del juicio. Sin esa pieza, el castillo de naipes se derrumbó. Ninguno de los acusados fue condenado. La conspiración, al parecer, no existía. O no se pudo demostrar. Y aunque el Parlamento aprobó meses después las leyes mordaza —la Seditious Meetings Act y la nueva Treason Act—, el caso Popgun quedó archivado. A Parkinson le bastó con resistir y callar.

Años más tarde, fue recordado por razones muy distintas. En 1817 publicó Essay on the Shaking Palsy, donde describía los síntomas de una enfermedad neurológica que acabaría llevando su nombre, aunque el murió sin saberlo. Pero antes de eso, fue un sospechoso sin pruebas en una conspiración fantasma, acusado de atentar contra un rey al que jamás intentó acercarse. Irónicamente, sobrevivió a aquello con la misma precisión con la que diagnosticó enfermedades: observando, anotando y, sobre todo, manteniendo la cabeza fría.