Opinión y blogs

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Un suelo sin techo

Un suelo sin techo, puede sugerir un espacio libre, natural, aireado, diverso, público…Precisamente, lo público está en peligro de extinción en nuestro país, también en Andalucía.

Mareas blancas, verdes, moradas, naranjas y de más colores han invadido el espacio público, las calles, para defender lo público: sanidad pública, servicios sociales públicos, educación pública…

La educación pública andaluza está sufriendo las consecuencias de los recortes que se imponen desde Bruselas, Madrid filtra y Susana Díaz ejecuta. En Andalucía, se han despedido más de 6.000 docentes desde el año 2012, se aumentan las ratios, no se cubren la totalidad de bajas, se eliminan horas de atención educativa al alumnado con más dificultades, se blinda la educación privada concertada…Podríamos seguir con la radiografía de necesidades pero será más productivo, pedagógico y constructivo explicar que sería un suelo sin techo.

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La República, un futuro con más democracia, justicia y equidad

El 22 de abril de 2017 será recordado como el día en que Andalucía salió  a la calle para proclamar con toda la fuerza de un pasado demasiado lejano, no solo físicamente, sino mental y socialmente, pero con el impulso de un futuro mejor para todas y todos.

Reivindicar la república es hoy un ejercicio de generosidad y de compromiso con ese futuro y, sobre todo, una apuesta democrática, justa y equitativa por un cambio real en nuestras vidas. La república como forma del estado significa un impulso democrático de la vida social y política, es serlo y parecerlo. Una democracia con un Jefe de Estado no elegido por los que, en teoría,  representa será legal y constitucional, de momento; pero es una ficción democrática en todos sus términos. Declarar que la soberanía reside en el pueblo y, al mismo tiempo, soportar que alguien que tiene como mérito máximo haber nacido en la familia de un monarca elegido por un dictador sea el máximo representante, es un sarcasmo duro de aceptar

Pero aún así, la cuestión sucesoria no es lo más grave de la monarquía española. Por encima de ello se encuentra el oscurantismo y la falta de control por las instituciones parlamentarias sobre gastos y usos de los presupuestos asignados. Así mismo, la evidencia de que forman parte de una especie de sociedad secreta que está al margen del bien y del mal, que de alguna manera escapa, incluso, al buen trabajo de la justicia, porque el control ejercido por los gobiernos sobre las acciones fiscales los llevan a ser defendidos por los que deben perseguirlos. Parece como si existiera aún una monárquica patente de corso, mediante la cual, no se pueda pedir responsabilidad a las personas que conforman la familia real.

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Renta básica y dignidad

Vega, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga | N.C.

El 4 de Diciembre, nos dijeron que no era posible, pero no hicimos caso. Salimos a las calles demandando una autonomía plena. El 28 de Febrero, nos dijeron que este no era nuestro referéndum, pero tampoco hicimos caso.

Andaluzas y andaluces levantémonos. Parece que ese es nuestro camino, levantarnos una y otra vez. Sin embargo, a pesar de más treinta años de autonomía, nos enfrentamos a la creciente feminización de la pobreza y a que nuestra Comunidad Autónoma, año tras año, tiene el mayor índice de paro y de pobreza infantil.

Miles de personas se ven obligadas a malvivir gracias a la pensión de la abuela y/o abuelo, o a recurrir a los comedores sociales y a la beneficencia para poder hacer frente al pago de la vivienda, la luz, el agua…

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De concejales, curas y cofrades

Imagínense. Un sacerdote, el cura de cualquiera de nuestros pueblos, se presenta un día de estos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de turno y se sienta entre los concejales reclamando su derecho a participar con voz y voto en la cámara de máxima representación democrática a nivel local. El sacerdote argumenta su pretensión de formar parte de la corporación en el derecho de representatividad que le otorgaría ser el máximo exponente a nivel local de la religión con mas seguidores, amen de su otra representatividad, la divina.

Es evidente que la mayor parte de los ciudadanos y autoridades rechazarían la pretensión del religioso en base a los mas elementales princípios democráticos, a eso de la separación Estado-Iglesia y a la aconfesionalidad de nuestro estado reflejada en el articulo 16.3 de la Constitución.

Prácticamente nadie en su sano juicio aceptaría que, en pleno S XXI, por mucha representatividad que se le pueda otorgar al sacerdote en otros ambitos, este pueda participar en un acto civil como un pleno, con derecho a representar al colectivo de ciudadanos fieles a su creencia religiosa.

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Una ley de Memoria para superar el postfranquismo en Andalucía

"Quiero pedirles perdón porque llegamos muy tarde, muy muy tarde". Con estas palabras pronunciadas mientras atacaba los primeros acordes al piano de L’estaca se dirigió Lluis Llach a las 741 republicanas y republicanos, 741 demócratas que asistieron a un homenaje en su honor el 25 de junio de 2004.

Fue un emotivo acto en el que participaron poetas, escritores y músicos. Quizá el primer homenaje de esa magnitud desde la muerte de Franco. Y si ellos llegaban tarde, más tarde aún llega el Parlamento de Andalucía con la ley de Memoria Histórica y Democrática que ha entrado en vigor esta semana, 36 años después de que Andalucía accediese a su autonomía, y cuando se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas. Llegamos demasiado tarde para quienes nos abandonaron después de mucho esperar sin poder enterrar dignamente a sus seres queridos. A ellas y a ellos, aunque ya no nos pudieran oír, les pedimos perdón en primer lugar desde la tribuna de oradores el día que se debatió en pleno la ley. Y se lo pedimos también a los descendientes de las víctimas del franquismo que nos acompañaban en la tribuna de invitados.

Llegábamos tarde, pero el tiempo transcurrido no podía ser excusa para no honrar a quienes dieron la vida por defender la democracia, la justicia y la libertad, honrando a la vez los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a que nos compromete el Derecho Internacional a través de los convenios suscritos por España.

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Una sonrisa eterna

La capilla ardiente de Carme Chacón

Confieso que no tengo palabras para expresar el dolor que nos ha provocado tu pérdida, Carme. Confieso que aún no me hago a la idea de no tenerte.

No has sido una mujer cualquiera, has sido una mujer excepcional y eso hace que también sea excepcional el sentimiento de vacío que nos dejas porque nos dejas huérfanos de tu sonrisa, esa sonrisa que ya es eterna...

Fuiste una luchadora porque la vida te puso a prueba demasiado pronto y ese espíritu de superación y entrega ha condicionado cada día de tu existencia. Aprendiste a ser más fuerte, aprendiste a pelear más duro y a hacerlo sin la más mínima queja ni el más mínimo sentido de victimismo. Lo asumiste desde la naturalidad y elegancia que formaban parte de tu esencia.

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La cancelación del dragado del Guadalquivir ¿Y ahora qué?

Desde la aprobación del proyecto "Actuaciones de Mejora en los accesos marítimos al puerto de Sevilla" en el año 2000, la Autoridad Portuaria, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, el Consejo Económico Social, políticos municipales, sindicalistas y otras fuerzas vivas locales han bombardeado a la opinión pública con el mensaje de que la supervivencia del puerto de Sevilla se jugaba en el dragado de profundización del estuario del Guadalquivir.

Tras 17 años de malgastar energías y recursos públicos, los actuales responsables del puerto han venido a reconocer lo que ya era incuestionable desde la aprobación en 2010 del Dictamen de la Comisión Científica: el dragado de profundización ni es viable ni es la solución. El Dictamen científico señalaba con rotundidad que "la situación actual requiere la intervención rápida y coordinada de las administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario, de la cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia actual que lleva al colapso del estuario y a la costa que de él depende". En consecuencia, el Dictamen recomendó desestimar definitivamente el dragado de profundización y poner en marcha un plan integral a escala de cuenca hidrográfica, a cuyos resultados se debe condicionar cualquier nuevo proyecto de intervención portuaria en el estuario.

Lejos de aceptar este Dictamen, el puerto se ha dedicado durante años a intentar desprestigiar los fundamentos científicos del mismo, cargando contra los profesores Miguel Losada y Javier Ruiz, coordinadores de la "Propuesta Metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir" en la que se apoyaba el Dictamen científico.

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El derecho a molestar

La libertad de expresión es uno de los derechos más difíciles de aceptar de la Constitución. Todos quieren invocarlo a su favor pero casi nadie lo acepta en su contra. No es sólo que tengamos escasa capacidad de aceptar críticas, sino que nos duele especialmente que se difundan ideas u opiniones que creemos equivocadas. Es algo generalizado y es, sin duda, la tragedia de la libertad de expresión. Cuando condenan a una tuitera por hacer humor negro con un almirante fascista, o investigan a anarquistas por ridiculizar las procesiones de semana santa, o persiguen a un concejal que ridiculiza la mitificación de las víctimas del terrorismo lo que ofende, en esencia, es la diferencia. Lo que molesta es que alguien discrepe de nuestros valores. Por un extraño deseo de imponerlos parece que nos molesta que alguien no respete lo que nosotros mismos respetamos. Nos duele que alguien se ría de lo que consideramos importante.

Y sin embargo la libertad de expresión se garantiza prácticamente en todas las constituciones del mundo desde finales del siglo dieciocho. Pero no es el derecho a decir cosas que agraden a la mayoría, ni mucho menos al poder. Halagar a quien manda o difundir ideas que todo el mundo acepta puede hacerse sin necesidad de un derecho fundamental. Uno sólo necesita protección si se atreve a decir cosas que molestan a la mayoría. La libertad de expresión existe precisamente para asegurar que se puedan emitir opiniones desagradables, minoritarias, dolorosas o injustas. Sólo para eso.

Frente al reconocimiento constitucional de la libertad de expresión es habitual insistir siempre en que tiene límites. Y sucede con demasiada frecuencia que lo que se quiere decir con ello es que uno puede hacer valer cualquier convicción propia como límite de la libre expresión de los demás. Pero no es así. El reconocimiento de la libertad de expresión tiene un sentido constitucional y democrático y sólo cuando se desvíe de ese sentido podrán imponérsele límites. En concreto, la libertad de expresión es el derecho que permite que la democracia representativa no sea una mera fachada; las elecciones sólo son expresión de democracia si antes se permite el libre intercambio de ideas y críticas sobre el funcionamiento de la sociedad, para que cada cual pueda formarse libremente su criterio político. Al mismo tiempo, la democracia exige la posibilidad de controlar al poder y el derecho de los ciudadanos a estar informados de cómo se ejerce y a criticar el modo en que se hace.

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Lo primero es antes

Decenas de miles de personas participaron en Sevilla en la 'Marcha de la Dignidad' el pasado 28F

El momento político en el que vivimos puede que sea el más apasionante desde 1978 y no es descabellado hablar de segunda transición.

La crisis política con la que convivimos desde 2008 ha perfilado una serie de características socio-políticas que definen el futuro del país en un estado de excepción. Esperamos una llave que permita abrir puertas pero no tenemos certezas sobre quién esconde la llave y, sobre todo, qué manos abrirán la puerta de salida hacia ese futuro incierto.

Las características del país de hoy son evidentes. Una mayoría social que sufrimos un empobrecimiento en nuestras condiciones materiales de vida y una élite política sobre la que cae la deslegitimidad propia de quien ha engañado y robado a un pueblo. La sensación de impunidad en el país es generalizada.

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La coordinación hace la fuerza

Captura de la web Red Municipalista

La Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes sigue dando pasos para plantar cara al hasta ahora todopoderoso ministro Montoro. Estos días, incluso, hemos visitado hasta Bruselas para visibilizar así cómo estamos creando un frente municipalista, que sea capaz de revertir la grave situación económica y social que atraviesan gran parte de los municipios de todo el Estado. Solo la coordinación hace la fuerza y nos hemos unido para revertir la grave situación económica y social que se vive en todos los Ayuntamientos.

Así explicado rápidamente puede sonar muy abstracto, pero ¿quién no ha escuchado en un bar cualquiera millones de conversaciones sobre el bochornoso despilfarro de dinero público que se produjo en los ayuntamientos de todo signo político a principios de este siglo? En cada municipio conocemos cual es esa locura megalómana de la alcaldesa o alcalde de turno que, espoleado por la burbuja financiera e inmobiliaria pre-crisis, construyó ese edificio enorme que no se usa o llenó la ciudad de rotondas con esculturas de dudoso gusto. En Sevilla, no nos podemos olvidar de Las Setas o La Factoría Cultural del polígono Sur y desde hace mucho tiempo la ciudadanía llevando denunciando y organizándose contra este despilfarro.

De aquellos derroches, estos recortes. En la época en la que éramos ricos el dinero fluía y el crédito era maná caído del cielo, por lo que esos alcaldes contrajeron innumerables préstamos y licitaron obras públicas sin control ni planificación alguna que seguimos pagando y que terminarán de pagar nuestras futuras generaciones. Además de la caótica, corrupta y especulativa actividad urbanística que conocemos bien, las regidoras y regidores municipales de la época ilustraron a la perfección aquello de "es muy fácil disparar con pólvora del Rey" y dispusieron de enormes cantidades de dinero público para gastos suntuarios, personales, de publicidad (autobombo político, esa curiosa y partidista forma de entender la publicidad institucional), asesoramiento, protocolo, dietas, subvenciones clientelistas, etc. que nada aportaban a la satisfacción de las necesidades generales de la sociedad.

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