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Miguel Pardo

El personal de Justicia en Galicia ya ha perdido casi un millón de euros en sueldos durante la huelga indefinida

La huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia cumple su decimotercera jornada efectiva con más de 7.000 juicios suspendidos y unos 20.000 procedimientos aplazados. "Sin novedad ni avance alguno" desde que rompieran las negociaciones el pasado martes, Gobierno y sindicatos continúan enfrentados. Feijóo advierte de que no habrá nueva oferta económica y censura el "tic antidemocrático" de los representantes de los trabajadores por reclamar que el director general de la Función Pública, José María Barreiro, abandone la mesa de negociación. El comité acusa al presidente de "mentir" y "falsear" datos y avisan de que la "respuesta" llegará este próximo sábado en forma de manifestación en Compostela.

Tal y como relatan fuentes del comité de huelga, fue la supuesta alusión de Barreiro al "ahorro" que la Xunta está experimentando en sus gastos al no tener que pagarle al funcionariado en huelga el dinero que se le descuenta por sumarse al paro una de las cosas que más ha molestado a los trabajadores, además de la recomendación de "marcharse fuera" y presentarse a un concurso de traslados a otra autonomía si no están conformes con sus condiciones económicas en Galicia.

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La huelga en la justicia gallega supera los 7.000 juicios suspendidos: "A la Xunta parece no importarle"

Mientras Xunta y comité de huelga se reúnen en un nuevo intento por poner fin al conflicto, el paro indefinido del personal de la Administración de la Justicia en Galicia suma su décima jornada efectiva, con un amplio seguimiento -que los sindicatos cifran de promedio entre el 85% y el 90% cada día- y con los juzgados del país paralizados. Los cálculos hablan de cien juicios aplazados al día en cada ciudad y de un total de unos 7.000 los que se habrían aplazado en toda la comunidad desde que comenzase la protesta el pasado 7 de febrero.

Los datos de participación de los trabajadores en el paro son semejantes en cada jornada. Cambian poco los que facilitan los sindicatos y los que da la Xunta, que aclara que alrededor de 145 funcionarios no acuden al trabajo por ausencias justificadas desde que se iniciase la huelga y que 775 cumplen con los servicios minimos. Además, diariamente, son más de 1.000 las personas que ejercen su derecho a la huelga. Según estas cifras oficiales, un mínimo de 1.200 personas de las 2.700 que conforman el personal en conflicto se ausentan cada jornada de paro. Y sobre 800 más cumplen con las labores marcadas legalmente. Los números de las centrales son todavía más elevados.

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La familia Franco pone a la venta el Pazo de Meirás

La familia de Francisco Franco ha iniciado los trámites para la venta del Pazo de Meirás.  Según asegura el diario ABC, de fuentes próximas a los herederos del general fascista, estos habrían ya solicitado la tasación del inmueble que fue donado al dictador en 1938 mediante coacciones y represión en plena guerra civil, tal y como acreditan numerosas fuentes y documentación y el estudio publicado recientemente por Carlos Babío y Manuel Pérez Lourenzo. Aunque no se conoce el precio, otros medios aseguran que sería de 8 millones de euros.

Empleado durante años como estancia de vacaciones estivales de los Franco, la muerte el pasado 29 de diciembre de la única hija del dictador, Carmen Franco, habría llevado la familia del ex-jefe del Estado durante la dictadura a la venta de un inmueble que acumula numerosos incumplimientos en sus visitas como condición por ser Bien de Interés Cultural (BIC) y que este verano pasaron a ser gestionadas por la Fundación Francisco Franco, que no dudó en afirmar que emplearía la ruta por el Pazo para exaltar la figura del general fascista.

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Dimite el jefe de Oftalmología de los hospitales de Pontevedra al verse desbordado por la lista de espera

El colapso y la elevada lista de espera para las operaciones de cataratas han llevado al jefe del servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) a presentar su dimisión. En una carta en la que explica su marcha, Pedro Corsino Fernández aclara que ha sido fruto de una "decisión meditada" y explica tanto la saturación en su departamento como la falta de respuesta del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a sus quejas, sugerencias y peticiones.

Así, en la carta a la que ha tenido acceso Praza.gal, el doctor explica que "el principal problema (político)" del servicio de oftalmología en el CHOP son la lista de cataratas y la "larga" lista de espera previa a la consulta de cataratas en el Hospital Provincial. Según explica, han sido varias las veces en las que ha expresado sus quejas a varias direcciones, incluso a través de un correo en el que expresaba los orígenes de los problemas "y sus posibles soluciones". Entre ellas, dice, propuso la contratación de un oftalmólogo para llevar a cabo operaciones quirúrgicas de tarde que aliviaran la carga acumulada. "La respuesta fue el silencio".

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Precariedad en la sanidad pública gallega: jornadas de 2 horas y contratos mes a mes

"Nuestro trabajo es muy vocacional, te tiene que gustar mucho lo que haces para aguantar esto". La frase es de una médica de Urgencias del Sergas, doctora en un hospital comarcal que, con todo, dice sentirse "una privilegiada" entre la "precariedad general" que observa en muchos de sus compañeros en la sanidad pública gallega. "No puedo organizar mi vida, no tengo mucha estabilidad... Pero menos mal", cuenta.

Ese "menos mal" se refiere a que tiene asegurado trabajo durante todo el año a pesar de firmar un contrato cada mes. María (nombre ficticio) es una de las cinco profesionales de su centro que sufre esta temporalidad e inestabilidad pero ella y otros tienen seguro el trabajo, al menos, doce meses seguidos para cubrir bajas, incidentes o vacaciones. Otros dos compañeros son llamados cuando el Servizo Galego de Saúde (Sergas) lo considera oportuno. El resto es fijo o interino, una quimera para mucho personal sanitario.

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La huelga indefinida en la Justicia gallega paraliza 700 juicios en su primera jornada

La huelga indefinida del personal de la Administración de la Justicia en Galicia celebra este jueves su segunda jornada después de un miércoles con un seguimiento masivo -el 90% de los trabajadores secundaron el paro, según los sindicatos-, lo que obligó a la suspensión de unos 700 juicios, así como de miles de trámites y procedimientos en todo el país. A pesar de los servicios mínimos, fueron muchas las dependencias judiciales que permanecieron vacías o con escasos trabajadores, una situación que se repetirá en los próximos días.

La falta de acuerdo entre la Xunta y los representantes del personal ha abocado a una huelga indefinida a la que están llamados unos 2.700 funcionarios judiciales que demandan mejoras que compensen la "discriminación" que dicen sufrir, tanto en el aspecto salarial como en sus derechos laborales, con respeto a los trabajadores del resto del Estado o que no dependen del Gobierno gallego.

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La independencia de Cariño: 30 años de la primera segregación municipal en Galicia

"Se abre una etapa en la historia de este pueblo. No va a ser un camino fácil porque partimos de cero, pero seremos nosotros mismos los que decidamos nuestro futuro". No es una proclama tras un proceso descolonizador en América Latina o África, ni un discurso proindependencia en algún país báltico o post-soviético en la Europa del siglo XX. Las palabras, cerradas con la interpretación del himno gallego, fueron el punto final en aquel enero de 1988 a las celebraciones por la segregación de Cariño, localidad del norte de Galicia. 

Esta pequeño pueblo pesquero y las parroquias de Sismundi, A Pedra, Feás y Landoi se habían convertido ya en un nuevo Ayuntamiento tras separarse de Ortigueira. Sólo unos días antes, el día 21, el Consello de la Xunta que presidía el socialista Fernando González Laxe había aprobado el expediente que confirmaba de manera oficial la primera segregación municipal de Galicia de la época moderna.

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Miles de personas salen a la calle contra los recortes y por la paralización de la reforma sanitaria de la Xunta

"Después de esta manifestación, el que tiene un problema es el señor Feijóo". Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, puso voz a la contundente respuesta social contra los recortes en el sistema sanitario público gallego y por la paralización de la reforma sanitaria impulsada por la Xunta. Miles de personas llenaron este domingo las calles de Compostela, llegadas de toda Galicia, para protestar contra el "desmantelamiento de los hospitales comarcales", el "colapso" y el progresivo "proceso de privatización" que denuncian en la sanidad pública.

A la respuesta masiva de la ciudadanía se le ha añadido la unidad de oposición, sindicatos y plataformas civiles en una marcha encabezada por la pancarta del colectivo convocante, SOS Sanidade Pública, sujetada por los líderes de En Marea, PSdeG y BNG -Luis Villares, Gonzalo Caballero y Ana Pontón-, acompañados de los secretarios generales de los principales sindicatos en Galicia: CIG, CCOO y UGT.

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El primer experto en la comisión sobre los incendios de Galicia desdeña la teoría de las tramas difundida por el Gobierno

Hace menos de quince días, el Gobierno de Rajoy se empeñaba en situar las "tramas organizadas" como una "posible explicación" a los incendios en Galicia. Lo hacía en una respuesta a la pregunta escrita de la diputada de En Marea Alexandra Fernández y después de que tanto el Ejecutivo central como la Xunta insistiesen en esa teoría tras la ola de fuego que en octubre de 2017 arrasó unas 50.000 hectáreas de monte en apenas dos días. Aunque las primeras pesquisas sobre lo ocurrido el pasado otoño descartaban esa acción criminal organizada, las dos administraciones se apoyan en ella. El primer experto que ha comparecido en la comisión de incendios creada tras aquellos trágicos días ha echado por tierra esa teoría. "No resiste el análisis", ha asegurado.

Quien ha inaugurado la comisión es Juan Picos, profesor y director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra y uno de los mayores expertos en el monte gallego. Pico compreció no en calidad de experto en incendios, sus causas y su contexto, sino como representante del Foro Económico de Galicia.

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El personal de Citroën en Vigo rechaza beneficiarse de los recortes de PSA en Aragón y llama a la "solidaridad" obrera

El grupo PSA es desde el pasado verano el nuevo dueño de la factoría Opel de Figueruelas, localidad a 20 kilómetros de Zaragoza, que proporciona unos 5.500 empleos directos, otros 3.000 puestos de trabajo en firmas auxiliares y de cuya actividad depende más del 20% del PIB de Aragón. La pasada semana anunció que paralizaría todas las inversiones en la planta y que buscaría otra ubicación para fabricar el nuevo Opel Corsa de no alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores en la negociación del nuevo convenio colectivo. Y puso como fecha límite este lunes.

La anulación del lanzamiento del próximo modelo del Corsa -previsto para 2020- y que supondría "llevarse media fábrica" según los operarios, supuso que PSA amenazase ya con la búsqueda de una nueva factoría para el proyecto, una reacción que los sindicatos ven como "chantaje" y estrategia negociadora tras negarse en principio al recorte salarial. Entre las candidatas, Madrid, Kénitra (Marruecos) y la planta de Balaídos en Vigo, que la dirección de Opel en España puso como ejemplo de rentabilidad y eficiencia a los trabajadores aragoneses. Su objetivo es reducir costes laborales y de plantel, mayor flexibilidad horaria y productiva, menos tiempo en la fabricación o rebaja en los gastos logísticos y en los componentes. En Galicia, los sindicatos se ven también "en el espejo, pero al revés". "Ellos están sufriendo lo que nosotros en las negociaciones de 2014".

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