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Miguel Pardo

La Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses las visitas al Pazo de Meirás

" Tiene plaza el día 1 de agosto a las 3, pero para las 11 está bastante lleno ya. El día 2 está libre, pero llame cuanto antes porque en agosto nos vamos de vacaciones".  Esa es la respuesta que este jueves recibía cualquier interesado en visitar el Pazo de Meirás durante el próximo mes en caso de llamar al teléfono que la Xunta facilita a través de su web de Turismo. ¿Quién hay detrás? " La Fundación Francisco Franco. Puede llamar sin compromiso para reservar, pero sólo para los primeros días de mes y para los dos últimos", explica el interlocutor.

Desde hace ya dos meses aproximadamente, es esta entidad de ideología fascista -que tiene como "objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco", según explica en su página web- quien gestiona las visitas a este Bien de Interés Cultural (BIC). Lo descubrió hace ya tiempo la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), que confirma ahora una situación que, como destaca, "no es ilegal" por la condición administrativa en la que se encuentra el Pazo, "pero sí inmoral, claro".

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Villar Mir fracasa en el intento de vender sus centrales hidroeléctricas gallegas

La Xunta no autoriza la segregación de las actividades de Ferroatlántica en la Costa da Morte, como pedía el grupo Villar Mir para la posterior venta de las centrales hidroeléctricas, por "no existir garantías suficientes para el mantenimiento de la actividad industrial". Así lo ha asegurado este miércoles el Gobierno gallego en un comunicado después de haber informado a los alcaldes de la comarca y a los representantes de los trabajadores de las fábricas de la compañía en Galicia, que siempre han defendido que los planes de la multinacional no garantizaban el futuro. El propio Alberto Núñez Feijóo telefoneó los regidores para darles la noticia.

El Ejecutivo gallego asegura que, tras "evaluar en detalle la documentación, se ha dictaminado que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión, que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial". La decisión llega de Augas de Galicia, organismo encargado de elaborar el informe mediante el cual, según dice el Gobierno, la Xunta "cumple con los compromisos adquiridos" de "estar del lado de la ley, respetando el principio de legalidad, y salvaguardar el interés público de la concesión, que en este caso en concreto está determinado por la continuidad de la actividad industrial en la comarca de A Costa da Morte".

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"Hay que explicarle a la gente en Galicia qué hacer ante incendios como el de Portugal"

Juan Picos es profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra y antiguo director de la Asociación Gallega Monte Industria. Reconocido como uno de los mayores expertos del sector forestal en Galicia, sobre el que realizó un completo informe hace dos años, analiza ahora el grave incendio de Portugal después de que hace un año pusiera el foco en el monte gallego. Pero, como él mismo reconoce, las comparaciones son inevitables ante un territorio ahora afectado por el fuego que es "un continuo" de Galicia y que, en gran medida, sufre de las mismos defectos en cuanto al abandono, la despoblación y la ordenación territorial en el rural. [ Entrevista realizada originalmente en gallego]

Ante una tragedia como esta, la discusión se enfoca en muchas ocasiones exclusivamente hacia la eucaliptización de las zonas afectadas por el incendio. ¿Es tan sencillo el debate?

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La quema de un astillero tradicional en la ría de Vigo pone el foco sobre el desprecio al patrimonio histórico

"Este galpón vamos a 'derribar' para que o 'pueblo' poida pasear por Beiramar" ["Ese cobertizo vamos a derribar para que el pueblo pueda pasear por Beiramar". Esta fue la pintada que desde hace unos días lucía en una de las paredes de la fachada del astillero tradicional de Casqueiro, en Moaña, uno de los municipios de la ría de Vigo. La amenaza, en forma escrita pero que ya había llegado de muchas otras, estaba hecha. En la madrugada del sábado al domingo un incendio acabó con esta histórica carpintería marítima. La alcaldesa de la localidad califica de "atentado terrorista" un fuego que, según las primeras investigaciones, fue provocado, para el que se usaron acelerantes y que se llevó por delante una importante pieza del patrimonio etnográfico y cultural del pueblo.

El incendio, que de extenderse podría haber provocado muchos más daños, calcinó numerosas embarcaciones, entre ellas una de vela de clase olímpica, varias históricas, otras de paseo, una pulpeira o una dorna. También herramientas tradicionales de difícil recuperación, además de toda la estructura de este astillero histórico. En él, y en el colindante de Carlagho, trabajaba la asociación recreativa y cultural Sureste, que se encarga de recuperar embarcaciones tradicionales y mantiene un acuerdo con los propietarios del inmueble ahora destrozado. Es la familia Casqueiro, que lucha con el apoyo de una mayoría de los vecinos por su conservación y por que acabe siendo un museo cuando termine su titularidad en 2018, fecha para la que el Ayuntamiento prevé su reversión al patrimonio público de fructificar sus negociaciones con Costas.

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El examen de auxiliares de la policía de Porto do Son destapa denuncias de "enchufismo" contra el alcalde del PP

Irregularidades en los exámenes y cuatro de las cinco plazas en juego que acaban en familiares del alcalde o personas vinculadas al PP local. Esa es la denuncia que se ha hecho sobre dos procesos de selección de personal municipal llevados a cabo por el Ayuntamiento de Porto do Son en el pasado mes de mayo. Ha sido el grupo municipal de Portodos, formación política de este pequeño municipio costero, quien desveló las presuntas "anomalías" en las pruebas, que fueron denunciadas también por algunos de los aspirantes que realizaron los exámenes y que niega rotundamente el alcalde.

Portodos ha denunciado las sospechas que rodearon estos dos procesos de selección (para cuatro plazas de auxiliares de policía local y para tractorista) y se ha hecho eco de las denuncias que varios de los participantes en las pruebas transmitieron sobre el discurrir de estas. Según asegura, en la que ofertaba puestos para el cuerpo de la policía municipal, uno de los funcionarios responsable de los exámenes y miembro del tribunal "les mostró las respuestas a las personas elegidas", además de "murmurar" durante la prueba con dos de las mujeres que han acabado obteniendo la plaza.

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Marina Castaño y un conselleiro de Fraga, a juicio por malversación en la Fundación Cela

La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y el exconselleiro de la Xunta Dositeo Rodríguez se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso de la Fundación Cela. Responderán ante un tribunal popular después de que el juzgado de primera instancia número 2 de Padrón haya dictado definitivamente auto de apertura de juicio oral contra ellos dos, así como contra la hija del exdirigente popular y exdirectora de la Fundación, Covadonga Rodríguez, y el exgerente de la misma entidad Tomás Cavanna. Todo ellos, además, tendrán que pagar fianza solidaria por importe de 200.000 euros.

Los cuatro están acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos por, según indica el propio auto, "de común acuerdo" y para beneficiar al gerente de la fundación, simular el despido de este y acordar que la indemnización que le correspondía por los servicios prestados fuese de 150.000 euros brutos "a pesar de ser conscientes todos ellos de que no se trataba de un despido, sino que el gerente quería abandonar voluntariamente la Fundación".

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Abanca no revelará al Parlamento gallego la indemnización del exdirector de Caixa Galicia por "confidencialidad"

José Luis Méndez vuelve a esquivar el foco público. Cuando el 29 de noviembre de 2010 la entidad que había regido como si fuese suya, Caixa Galicia, firmó la fusión con Caixanova en un acto solemne, el antiguo señor de la caja del norte gallego no tomó la estilográfica Mont Blanc que, grabada para la ocasión, Alberto Núñez Feijóo había mandado guardar en un lugar preferente. Tras ser coprotagonista de algunas de las imágenes de celebración que ya se han convertido en iconos de la fusión fracasada el veterano directivo se retiró de la escena pública y de todos sus cargos apenas dos meses antes de la unión que acabó rescatada con 9.000 millones de euros públicos. La llegada a la edad de jubilación fue la explicación oficial de una jubilación entre presiones del Banco de España que no fue en vano para su bolsillo. Se llevó con él unos 18 millones de euros entre indemnización, plan de pensiones y otras compensaciones, según se estimó entonces. Aunque estas cifras son manejadas en la esfera pública desde hace años sus detalles seguirán ocultos en lo que dependa de Abanca, la entidad heredera de las antiguas grandes cajas, resultante de la compra de Novagalicia Banco por parte del venezolano Banesco.

Tras tres años de parálisis a comienzos del pasado año el Parlamento retomó la comisión de investigación sobre la fusión de las cajas y las indemnizaciones de los exdirectivos. Aunque el PP impulsa un cierre rápido de los trabajos y se ha negado a nuevas comparecencias -entre ellas, la del propio Méndez- sí ha accedido a incorporar alguna documentación adicional. Entre los papeles incluidos en el nuevo plan de trabajo figura la petición del BNG para acceder a "toda la documentación relativa a la indemnización de José Luis Méndez, incluyendo las actas de los órganos de dirección y gobierno de Caixa Galicia al respecto", así como una lista de "bienes y activos" cedidos o vendidos a directivos de las cajas o sus familias. Abanca acaba de responder a esas peticiones con sendas negativas amparándose en la necesidad de respetar la legislación en materia de confidencialidad bancaria y protección de datos.

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Bomberos denuncian "caos" en la gestión de emergencias de la Xunta, que culpa a la huelga del personal del 112

Lo han advertido diferentes colectivos del personal de emergencias en Galicia. Personal del 061, técnicos de ambulancias y bomberos que apoyan las reivindicaciones de la plantilla del 112 -operadores que gestionan todas las llamadas de emergencias en Galicia- y piden "diálogo" a la Xunta para solucionar el "conflicto laboral" e insisten en las graves demoras que el "mal funcionamiento" del nuevo sistema informático está provocando en la atención de diferentes siniestros.

En las últimas semanas, han sido muchas las denuncias de importantes retrasos en la atención de emergencias por errores en esta plataforma informática instalada en el nuevo centro de A Estrada (Pontevedra) tras el polémico y contestado traslado desde Santiago de Compostela . Se denunció la demora de diez minutos en el naufragio del Nuevo Marcos, además de otras en casos como el de un infarto, un accidente con un tractor y una intoxicación en Vigo. Bomberos, como los de la comarca de O Deza, llegaron a pedir a los vecinos que optaran por llamar a su teléfono y no al del 112 "debido a las dificultades para contactar".

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El PP apoyó en 39 municipios la investigación sobre Angrois que para Feijóo supone "jugar con las víctimas"

El pasado miércoles el PP gallego se quedó solo en el su veto a investigar el accidente de Angrois. Hasta ahora todas las negativas de los populares a la apertura de una comisión de investigación sobre el accidente, en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas, habían sido amortiguadas tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso por la abstención y, incluso en algún caso, también por la negativa de los socialistas. Pero esta votación ha cambiado el escenario. El PSdeG, como había anunciado, se sumó -previa aceptación de una enmienda- a la propuesta de En Marea para reclamar una investigación técnica, pero también una pesquisa política en las Cortes sobre el siniestro. La misma que el PP ha apoyado solicitar en casi una cuarentena de ayuntamientos y que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ataca con dureza.

Feijóo, ha reaccionado a esta votación con ataques a toda la oposición y, en especial, a los socialistas. Atribuye su apoyo a un "ajuste de cuentas" interno tras la celebración de las primarias los acusa a ellos, a En Marea y al BNG de "jugar con las víctimas". De hecho, se jacta de la "coherencia" de su partido. Ante estas palabras, las víctimas no han tardado en reaccionar. En una carta abierta en respuesta al jefe del Ejecutivo gallego, los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 se declaran "perplejos" ante sus declaraciones. Así, le recuerdan que el PP "en 39 ayuntamientos de Galicia se ha abstenido o votado a favor para que se cree esa comisión de investigación en el Congreso" y que estos municipios "representan a más de un millón de gallegos".

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"Los que dijeron que no éramos gente de partido tendrán que demostrar ahora que ellos sí lo son"

Rocío de Frutos fue la única diputada gallega del grupo parlamentario socialista que el pasado mes de octubre se saltó la disciplina y votó no a la investidura de Mariano Rajoy. Sancionada por el PSOE, se mantuvo fiel a Pedro Sánchez, impulsó una plataforma de apoyo en Ourense y anunció que dejaría el partido si no era el ex-secretario general quien vencía en las primarias. Ahora, saborea un triunfo que cree que supone "un antes y un después" en la formación e insiste en la "unidad", pero insta a aquellos que la acusaron de "no ser gente de partido" que "demuestren ahora" que ellos sí lo son.

¿Qué sintió al conocer los resultados?

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