CC, PSOE y PP impulsan el puerto deportivo de Puerto de la Cruz en la Ley del Suelo
Los tres principales grupos políticos del Parlamento (CC, PSOE y PP) se han puesto de acuerdo en permitir que la construcción del histórico y controvertido puerto deportivo del municipio del Puerto de la Cruz se beneficie de la 'agilidad' que la Ley del Suelo permite a los proyectos de interés insular. Pese a esta coincidencia, nacionalistas y conservadores presentaron dos enmiendas conjuntas a tal fin (las únicas de este tipo de las más de 500 modificaciones registradas) mientras que el PSOE las registró en solitario.
Con todo, el texto de las enmiendas de CC y el PP dejan claro que el nuevo recinto portuario no admitirá cruceros (como reivindicaba la ex alcaldesa socialista portuense, Dolores Padrón) y su impulso queda exclusivamente en manos del Cabildo de Tenerife al dejar de ser “de interés general para la Comunidad Autónoma”, como hasta ahora estaba contemplado en la Ley de Puertos de Canarias de 2003.
El Grupo Socialista no hace mención a las características del futuro puerto, pero CC y PP sí dicen claramente que el mismo será “pesquero, deportivo, con usos comerciales y de restauración, con clara vinculación turística”. Usos que están muy lejos de lo que han venido reivindicando los socialistas, que querían un recinto que permitiera atracar cruceros e incluso establecer una línea marítima con La Palma.
En cambio, nacionalistas y conservadores inciden en la necesidad de que esa infraestructura permita “cubrir la existente demanda de atraques deportivos en la Isla”, lo que a su juicio “tendrá un efecto multiplicador y potenciador sobre la actividad económica de la ciudad y del norte” de Tenerife.
Más de 500 modificaciones
Salvo estas dos enmiendas conjuntas de CC y el PP, el resto de las más de 500 modificaciones a la polémica Ley impulsada por el presidente Fernando Clavijo (que incluso fue motivo de una de las muchas tensiones que vivieron los ex socios en los 18 meses en los que co gobernaron) se han registrado por cada grupo parlamentario, presentando el Grupo Nacionalista 114 enmiendas.
Los nacionalistas se han afanado en presentar modificaciones en su momento pactadas con el PSOE y que pueden ser asumidas por el PP, ya que el Grupo Nacionalista, y el propio Ejecutivo en minoría, quieren que la legislación sea apoyada por 48 diputados (CC, PSOE, PP y ASG) y no solo por los 33 escaños que Clavijo tiene garantizados tras el apoyo expresado para este asunto por Australia Navarro y Casimiro Curbelo en el pleno extraordinario sobre la crisis del Gobierno celebrado el 19 de enero.
De las modificaciones de CC hay que destacar que limita la nueva capacidad alojativa en los terrenos agrícolas a un máximo de 250 metros cuadrados y seis camas, a excepción de los establecimientos rurales (que tienen una Ley propia) o que los proyectos de interés insular o autonómico requerirán de un informe previo municipal a la declaración como tales si la iniciativa es privada, si bien cuando sean para uso turístico no pueden ser alojativos.
Por contra, el PSOE (73 enmiendas) se mantiene en sus tesis contrarias a sus ex socios y sólo admite el uso turístico en aquellas edificaciones preexistentes que sean rehabilitadas para ello, sin permitir nuevas construcciones mientras que el PP (87 enmiendas) no modifica el texto del proyecto de Ley en este apartado, que permite el uso turístico como actividad complementaria a la agrícola.
Al respecto, el Grupo Mixto (22 enmiendas) defiende incluir una única dimensión para infraestructuras turísticas de entre 41 y 200 plazas, así como permitir que se compatibilicen los usos residenciales, turísticos o mixtos de las viviendas vacacionales y permitir el uso de energías limpias para el aprovechamiento de las zonas rústicas.
La 'nueva' COTMAC
Mención aparte merece el “órgano colegiado” dependiente de la Consejería de Política Territorial que sustituirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac).
En este sentido, CC afirma que este órgano deberá actuar “con criterios públicos, objetivos y reglados para garantizar su máximo rigor” y podrá llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica de los planes generales de los municipios de menos de 100.000 habitantes, mientras que los cabildos. Además, y los cuatro municipios más habitados de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna) tendrán autonomía para elaborar sus planes ambientales.
Por contra, el Grupo Socialista dota a la 'nueva' Cotmac de las máximas competencias para desarrollar los informes ambientales de los “planes generales, generales de ordenación, o cualesquiera otros instrumentos se refieran o alteren la ordenación estructural a implantar o existente”.
Podemos (147 enmiendas) establece que el órgano de nueva creación emita un informe “único, preceptivo y vinculante”, mientras que Nueva Canarias (88 enmiendas) quiere que el mismo informe sobre la “aprobación definitiva de los planes insulares de ordenación y de la ordenación estructural de los planes generales de ordenación”.
