Unos 4.000 alumnos siguen en barracones dos años después de la dana de 2024, con una ejecución presupuestaria inferior al 2%

Dos años después de la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre de 2024, las infraestructuras educativas de las comarcas más golpeadas por las inundaciones continúan en una situación crítica. El portavoz de Educación de Compromís en las Corts, Gerard Fullana; la portavoz de la coalición valencianista en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno; y la presidenta de Fampa-València, Elisabet Garcia, han denunciado “el estado deplorable” en el que se encuentran los colegios e institutos afectados.

Las cifras presentadas por la coalición valencianista, elaboradas a partir de la liquidación oficial del presupuesto autonómico actualizada a 1 de septiembre de 2026, reflejan un nivel de ejecución mínimo. De los 72,29 millones de euros previstos para la reconstrucción o edificación desde cero de los siete centros más castigados, la Generalitat solo ha ejecutado 1,4 millones de euros. Esta cantidad representa un 1,9% del coste total de las inversiones necesarias.

Según los datos facilitados por Compromís, cerca de 4.000 alumnos reciben clases en barracones o se encuentran repartidos en instalaciones provisionales a la espera de una respuesta definitiva. “Han pasado dos años y, de los siete centros educativos devastados por la dana que hay que construir de nuevo o someter a una rehabilitación integral, todavía no se ha tramitado ni la licitación de las obras. Esto se traduce en que unos 4.000 alumnos continúan en barracones por la inacción de la Generalitat del PP”, ha aseverado Gerard Fullana. El diputado ha añadido que no existen “planos de los edificios tramitados ni un horizonte de construcción a medio plazo”.

La nómina de infraestructuras paralizadas abarca el IES Berenguer Dalmau de Catarroja (con un presupuesto de 18,9 millones de euros y un 2% ejecutado), el IES Alameda de Utiel (14,1 millones y un 0% de ejecución), el CEIP Número 2 de Massanassa (12,2 millones y un 0,2% ejecutado) y el CEIP Orba de Alfafar (9,1 millones y un 10,5% ejecutado). La lista se completa con el CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Alginet (7,9 millones y un 0%), el Conservatorio Profesional de Música de Utiel (4,9 millones y un 0%) y el CEIP Carme Miquel de Algemesí (4,8 millones de euros y un 0,9% de ejecución).

Sobrecarga para municipios y familias

Por su parte, Gimeno ha puesto el foco en la carga económica indirecta que esta demora genera sobre la administración local. “No es suficiente con que la Conselleria de Educación no avance en la construcción de centros educativos afectados por la catástrofe de hace dos años, sino que también estamos pagando su desidia institucional porque los ayuntamientos y las asociaciones de familias están asumiendo reparaciones y mejoras que corresponderían a la Generalitat”, ha declarado la diputada provincial de Compromís, quien se ha referido explícitamente a casos detectados en municipios como Catarroja, Paiporta y Picanya.

En esa misma línea, un estudio hecho público este mes de octubre por Fampa-València entre sus 645 asociaciones revela que el 67% de los centros educativos de la provincia padece deficiencias en sus infraestructuras. Elisabet Garcia, presidenta de la entidad, ha subrayado el agotamiento de la comunidad escolar: “Las aulas prefabricadas pueden ser una solución provisional, pero no pueden convertirse en una respuesta indefinida. El mejor homenaje a todas las personas afectadas es construir un futuro más seguro”. Garcia ha manifestado que el esfuerzo del profesorado y los equipos directivos “ha sido imprescindible, pero no puede sustituir las obligaciones de las administraciones”.

Además de la baja ejecución, Compromís advierte sobre un recorte en la planificación financiera. De acuerdo con el análisis de la coalición, el presupuesto autonómico aprobado tan solo autoriza un gasto de 13,9 millones de euros para estas obras, lejos de los 72,29 millones requeridos. Apuntan asimismo que los ajustes aprobados entre 2025 y julio de 2026 han reducido la consignación inicial en 9,1 millones de euros, al tiempo que advierten que el retraso en los trámites durante el año 2025 impidió recurrir a la vía de urgencia administrativa para la licitación de los proyectos.