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Canarias se saltó las advertencias de la Comisión Europea al aplicar el recorte de jornada y salarial del 20% en 2013

El Gobierno regional no tuvo en cuenta una carta recibida en mayo de 2012 en la que Bruselas alertaba que rebajar el sueldo y el horario de solo parte de la plantilla no se ajustaba a la normativa comunitaria

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Francisco Hernández Spínola, junto a Aarón Afonso, director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias.

La medida fue aprobada con el socialista Francisco Hernández Spínola como consejero de Presidencia Justicia e Igualdad y con el actual responsable del área, Áarón Afonso, como director general de Función Pública .

El Gobierno de Canarias no tuvo en cuenta una carta recibida en mayo de 2012 desde la Comisión Europea (CE), en la que esta última advertía que aplicar un recorte de salario y horario a tan solo parte de la plantilla no se ajustaba a la normativa comunitaria.

Sin embargo, eso no impidió que el Ejecutivo regional incluyera unos meses después la disposición adicional 57.a de la Ley 10/2012 de 29 de diciembre, para los Presupuestos Generales de Canarias de 2013, por la que rebajó el 20% del sueldo y la jornada del personal laboral indefinido y temporal.

La medida - que se aprobó con el socialista Francisco Hernández Spínola como consejero de Presidencia Justicia e Igualdad y con el actual responsable del área, Áarón Afonso, como director general de Función Pública - ha sido declarada recientemente como “inconstitucional” por el Tribunal Constitucional, al considerar que la misma no es acorde con el principio de igualdad.

La CE señalaba en su misiva que había tenido conocimiento de que varias autoridades españolas habían aplicado la mencionada reducción al personal funcionario interino y al temporal, mientras que al permanente no se le habían impuesto medidas análogas.

Por este motivo, alertaba a la Administración canaria que, según el Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos compatibles por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

Al percibir un “cambio unilateral” en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la Comisión Europea emplazó al Gobierno canario a informar sobre los objetivos de la medida y los motivos por los que ésta afectaba solo a parte de la plantilla. Además, solicitó que remitiera los textos de la normativa por la que se aplicaría el mencionado recorte.

El director general de Asuntos Económicos con la Unión Europea remitió la carta a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad en mayo de 2012 y solicitó al Ejecutivo regional que respondiera antes del 16 de julio. Cumplida la fecha y sin obtener respuesta, volvió a insistir en agosto añadiendo: “rogamos nos informe urgentemente”.

La Viceconsejería de Hacienda y Planificación esbozó entonces una escueta respuesta, en la que aseguraba no tener constancia de medidas tomadas en Canarias que fueran análogas a las adoptadas en otras autonomías respecto a la reducción horaria del personal interino y temporal. Motivo por el que no consideró pertinente realizar observaciones a la directiva europea.

Unas semanas después, la Dirección General de Planificación del Presupuesto aseguraba en otra carta no haber participado en decisión alguna y recomendaba al director general de Asuntos Económicos con la Unión Europea preguntar al respecto a Función Pública, área que dirigía el actual consejero de Presidencia, Aarón Afonso.

Desde la Consejería no se posicionan de momento sobre la sentencia del Constitucional, porque se encuentran a la espera de que los servicios jurídicos de la Administración emitan un informe. Por su parte, Afonso no ha respondido a preguntas de este medio durante la jornada por motivos de agenda.

Según un artículo publicado por La Provincia en marzo de 2013, Spínola admitió que el Ejecutivo había “sorteado y apurado la legalidad” nacional y las directivas europeas para poder garantizar los puestos de trabajo en el sector público.

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