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El Congreso rechaza, con los votos del PP conceder el asilo a Hassana Aalia

La petición de la oposición instaba al Gobierno a rectificar y conceder el asilo al activista saharaui Hassana Aalia, un joven de 27 años que fue condenado por un tribunal militar marroquí a cadena perpetua en febrero de 2013

El PP argumenta que su voto en contra en "fundamentos de legalidad" al considerar la propuesta "un atropello legal y una arbitrariedad"

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Hassanna Aalia en la puerta del Ministerio de Interior.

Hassanna Aalia en la puerta del Ministerio de Interior.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado, con los 23 votos del PP, la petición de los grupos de la oposición de instar al Gobierno a rectificar y conceder finalmente el asilo al activista saharaui Hassana Aalia, un joven de 27 años que fue condenado por un tribunal militar marroquí a cadena perpetua en febrero de 2013, tras un proceso cuestionado por diversos observadores internacionales.

Se trata de una proposición no de ley que fue presentada de forma conjunta por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV y gran parte del Grupo Mixto del Congreso (Amaiur, Esquerra Republicana, el BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Geroa Bai), después de que el pasado 19 de enero el Ministerio del Interior denegase su petición de asilo y emitiera una orden de salida del territorio nacional en un plazo máximo de 15 días.

En la votación, la propuesta ha contado con el voto favorable, aunque insuficiente para salir adelante, de PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, por Coalición Canaria-Nueva Canarias y Amaiur. El PP argumenta que su voto en contra en "fundamentos de legalidad" al considerar la propuesta "un atropello legal y una arbitrariedad".

Precisamente, hace un par de semanas, todos los grupos del Parlamento gallego, incluido el Grupo Popular, reclamaron al Ministerio del Interior que revisase su postura y concediera el asilo político al activista. En el caso de este martes, el PP no ha concedido el apoyo a esta propuesta.

El caso de Hasana

Aalia está en España desde 2011, año en que llegó a Bilbao para estudiar con una beca. Cuando le quedaban dos meses para volver a El Aaiún, Marruecos emitió una orden de busca y captura contra él por haber participado en 2010 en Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica que fue desmantelado por el Ejército marroquí de forma violenta en noviembre de aquel año. Y, en esa tesitura, decidió no volver a su tierra.

El joven activista ya había sido juzgado por sumarse a esa protesta, siendo condenado a cuatro meses de prisión sin ejecución, pero el 17 de marzo de 2013 el Tribunal Militar de Rabat emitió sentencia contra 25 civiles acusados de haber organizado el campamento, entre ellos Aalia quien, al estar en España, fue juzgado en rebeldía y condenado a cadena perpetua.

Varios organismos como la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, la Fundación Sahara Occidental, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que el juicio del tribunal militar no contó con las suficientes garantías y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) han pedido protección para Aalia.

Esa resolución, según los partidos que han impulsado la proposición no de ley, reconoce que Aalia, y a la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de Derechos Humanos a la que pertenece, desarrollan sus acciones de manera pacífica e incluso que ha sido maltratado en varias ocasiones por la Policía marroquí.

Pese a todo, Interior no cuestiona la sentencia del Tribunal Militar de Rabat y le deniega el asilo, una medida que los grupos firmantes de la iniciativa reclaman que sea reconsiderada puesto que si Aalia vuelve a su país "será duramente castigado por Marruecos y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida".

"Fundamentos de legalidad y procedimiento"

En este sentido, el portavoz del PP en la Comisión de Interior, Conrado Escobar, se ha acogido a "fundamentos de legalidad y procedimiento" para votar en contra de la misma.

A su juicio, la iniciativa conjunta pretende "sustituir" la resolución dictada por una comisión interministerial de asilo de España, creado de acuerdo con la Ley de Asilo española, conformada por Justicia, Interior, Empleo, Exteriores, Sanidad y la ONU a través de ACNUR.

"No se fían de esa resolución y lo que proponen es una arbitrariedad desde el punto de vista administrativo y pretenden un atropello legal y no se fían de la resolución administrativa conformado por órgano de esta naturaleza", ha insistido Escobar.

Además, ha destacado que España es un país de asilo, y "es solidario y humanitario" y por ejemplo, de las 5.845 peticiones de asilo de 2014, el 40,48% de las resoluciones adoptadas fueron favorables, mientras que las de nacionales sirios "son admitidas a trámite en su totalidad".

"El sistema español de asilo es humanitario, pero serio, generoso, pero legal y ahora pretenden saltarse a la torera el procedimiento y sustituirlo por una proposición no de ley repleta de argumentos muy legítimos pero de escasa consistencia legal. Desconfían de Marruecos pero también del sistema español de asilo", ha sentenciado.

El PSOE y CIU se suman a la petición de la oposición

Desde el PSOE, Ángeles Álvarez, ha subrayado que "mala" es una legalidad que "colisiona con los derechos humanos" y por ello cree que el Ejecutivo 'popular' debería escuchar a los observadores internacionales sobre esta cuestión

Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha criticado que la condena del activista no se sustente en ninguna prueba, ni en ningún delito, mientras que Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha exigido que Interior intervenga "de urgencia" y conceda la petición de asilo a este joven "plenamente justificada".

Feliu Joan Guillaumes, de CiU, cree que el Estado español tiene la "obligación legal y moral", por lo que fue en el Sáhara, así como el "imperativo ético" de conceder el derecho de asilo al joven.    "Es manifiestamente incomprensible la orden de repatriación de Exteriores concurriendo a las circunstancias y más llamativo es que dictada la orden de expulsión el ministro comentara que no había tenido tiempo para estudiar con el debido tiempo el caso. He visto pocos casos más claros. La concurrencia de todas las circunstancias aconsejan el reconocimiento de perseguido político y la concesión del asilo", ha argumentado el diputado del PNV, Emilio Olabarria.    Mientras, Xabier Mikel Errekondo, ha lamentado que los organismos internacionales hayan denunciado que fue un "juicio farsa" y cuyas pruebas fueron recabadas bajo malos tratos. "Se habla de un régimen que aplica la cadena perpetua, no sé si les suena a algo que en este ámbito también estamos escuchando muy a menudo", ha señalado.   

Precisamente, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu preguntará por este asunto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno. En concreto, quiere saber si piensa enmendar la denegación de protección internacional que ha dictado sobre el activista, una decisión esta que ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional.

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