La ONU llamó la atención a España en 2012 por excluir de la Sanidad a las personas en situación irregular
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas (ONU) llamó la atención a España en 2012 después de que el Gobierno aprobara el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
Según ha recalcado este miércoles el vicepresidente del citado comité, Mikel Mancisidor, en la inauguración del Foro de Derechos Humanos e Inmigración que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de este tirón de orejas al Gobierno de España aún no ha habido réplica por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, del que esperan una respuesta y progresos.
Mancisidor ha recordado que más allá de las declaraciones en marzo del año pasado del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en las que el Gobierno anunció que devolvería parte de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, cuatro años después España no ha tomado cartas en el asunto sobre las advertencias que les hicieron.
En concreto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó en mayo de 2012 el quinto informe periódico de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y mostró su preocupación por las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, en particular a la Ley de Extranjería de 2009, que recortaron los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud.
En el citado texto el Comité recriminó las reformas adoptadas porque estas limitaban el acceso de las personas a los servicios de salud, lo que no aseguraba el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud ni el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, por lo que recomendaba a España a evaluar el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud.
El vicepresidente de este comité comentó que no ha existido ninguna sanción a España por esta medida, pero sí indicó que una persona que crea vulnerados sus derechos y que estime que no ha logrado su satisfacción por los recursos internos, puede acudir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y reclamar este derecho, como así hizo un particular al que España le desahució de su vivienda y al que las Naciones Unidas le dio la razón.
En la inauguración del foro también estuvo presente el consejero de Justicia, Presidencia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, quien subrayó que el Archipiélago devolvió a finales de 2015 la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, cumpliendo así “un compromiso claro desde el inicio de la legislatura”.
El acuerdo entre Turquía y la UE debería ser revisado
Mikel Mancisidor también habló sobre la crisis actual de los refugiados y opinó que en estos momentos se está viviendo “uno de esos momentos de la historia que nos confronta con nuestras limitaciones y contradicciones”. En este sentido, señaló que este problema no es de solución fácil pero sí que entiende que “es obvio es que la respuesta que Europa está dando es muy limitada y muy insuficiente y muy lejos de lo que el mundo necesita hoy en día”.
El experto ha apuntado que el comité del que es vicepresidente tiene un mandato global y unos estándares comunes a todo el mundo, y aunque prefiere no hacer comentarios sobre decisiones o acuerdos concretos, comprende y está de acuerdo con aquellos que dicen que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía “debería ser revisable para que fuera más respetuoso con los compromisos internacionales tanto de España como de la UE”.
Así mismo, ha aludido a que el derecho al refugio o al asilo “es un derecho recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que todo acuerdo de la UE se espera y es exigible que sea acorde con la Declaración Universal y con los compromisos internacionales de la UE”.
Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, ha manifestado que el acuerdo con Turquía supone “externalizar la gestión de los temas de los refugiados a un perímetro exterior y en frontera de la UE” y que este choca con los marcos reguladores. “Desde el punto de vista del derecho internacional, de las convenciones y de lo que es la normativa europea, con la regulación de la libertad de circulación y del espacio Schengen y, sobre todo, con la legislación y el espacio europeo de asilo”, matizó. Por último, ha señalado que “se había avanzado en crear un espacio común en la regulación del asilo y Europa no está a la altura de las circunstancias”.
