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Las nuevas barreras electorales podrían ser del 5% regional y el 15% insular a propuesta del PP

PSOE, Podemos y NC condicionan un acuerdo a que también se solucione la actual desproporción favorable a las islas no capitalinas

Se aleja la posibilidad de que el Parlamento apruebe el nuevo modelo antes del mes de septiembre para 'desbloquear' la presentación de enmiendas al Estatuto en el Congreso

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Pleno del Parlamento de Canarias

Pleno del Parlamento de Canarias

En aras del consenso, sacrificando posiciones de partida defendidas hasta ahora con tal de conseguir un mejorado sistema electoral para 2019, los grupos parlamentarios han aceptado una propuesta del Grupo Popular tendente a rebajar las actuales barreras de acceso al Parlamento al 5% regional (muy lejos del 3% pactado en su momento por CC y el PSOE) y el 15% insular.

Si bien los conservadores comenzaron la reunión (que sigue el guión de trabajo diseñado por la plataforma cívica Demócratas para el Cambio) afirmando que su organización consideraba innecesario bajar los límites del 6% regional (lo que dejó fuera a Ciudadanos en 2015) y el 30% insular, posteriormente pusieron sobre la mesa una propuesta del 5% y el 20% que, durante el debate, quedó pactado en el 5 y el 15 por ciento.

No obstante, tanto el PSOE (Ignacio Álvaro Lavandera) como Podemos (Concepción Monzón) y Nueva Canarias (Luis Campos) dejaron claro que un acuerdo en los topes está "condicionado a llegar a un acuerdo global" que pasa, inexorablemente, por mejorar la proporcionalidad del actual sistema, que gracias a la triple paridad favorece a las islas no capitalinas en detrimento de Gran Canaria y Tenerife.

"Estamos dispuestos a valorar y aceptar estas barreras, si bien con 40.000 votos un partido puede seguir quedándose sin escaños, pero si no logramos un sistema que consiga que los partidos que más votos consigan también tengan más escaños, la reforma no habrá servido para nada", dijo Monzón tras la reunión de la ponencia.

En parecidos términos, Campos ha dicho que "estamos dispuestos a dejar de lado nuestra propuesta de un único tope insular del 5 % si a cambio se mejora la proporcionalidad y la mitad del Parlamento no sea elegido por el 18% de la población".

Evitar atascos

Lavandera, por su parte, ha insistido en que "estamos dispuestos a modificar nuestro planteamiento para no atascar la reforma electoral, pero siempre y cuando el contexto global de la reforma sea satisfactorio", no sin antes expresar que "sorprende la flexibilidad que ha tenido CC para modificar el planteamiento que pactó con el PSOE y que queda plasmado en la reforma del Estatuto" 

Al respecto, el nacionalista José Miguel Ruano ha asegurado que en CC "estamos haciendo un esfuerzo para no poner líneas rojas y llegar a un acuerdo" suscrito, si no por la unanimidad de los ponentes, si por "una mayoría cualificada" de 36 o 40 diputados, que es la que se necesita según el Estatuto de Autonomía.

Ruano también ha recordado que las barreras se concibieron para "fomentar los partidos con fuerte estructura regional pero también para no impedir que aquellos con fuerte implantación insular se quedaran fuera" de la Cámara autonómica, por lo que si las mismas son muy altas "sus efectos son negativos" y no contribuyen a su objetivo.

Por tanto, que el acuerdo de este martes se haga efectivo depende de la reunión prevista para el 5 de julio, donde se abordarán las distintas propuestas de los grupos para acabar con la vigente desproporción. Como se recordará, el PSOE mantiene la lista regional de 10 diputados y un escaño más para Fuerteventura, dotando al Parlamento de 71 diputados "que evita empates en las votaciones".

Por su parte, Podemos defiende que se elijan dos diputados por cada isla (a lo que se niega CC) y que los 47 restantes conformen una lista autonómica y NC propone otorgar 7 escaños más para cada isla capitalina y uno más para Fuerteventura, elevando los diputados a 75.

Lo que sí parece claro es que se aleja la posibilidad apoyada por PSOE, Podemos y NC de que el Parlamento apruebe el nuevo sistema en un pleno extraordinario antes de agosto con el fin de no seguir retrasando la presentación de enmiendas a la modificación del Estatuto que se tramita en las Cortes.

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