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Ciudadano García, dueño de la Ciudad de la Justicia

Este sábado se estrena el juzgado de guardia sin que se hayan atendido las recomendaciones de funcionarios, jueces y fiscales que pedían medidas de privacidad

Desaparece la obligatoriedad del certificado de residencia sin que aparezcan los defraudadores que Soria buscaba

No se pierdan la entrega de este viernes del Canarias Ahora Semanal 

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Antonio López

Antonio López

Se llama Joaquín García y, como él mismo se presentó no hace mucho ante los jueces de Primera Instancia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, es “el dueño” de la recientemente inaugurada Ciudad de la Justicia de la Vega de San José. Ocupa desde hace años, sin que nadie se haya atrevido hasta el momento a toserle, la jefatura del Servicio de Contratación y Equipamiento de la Dirección General de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, y efectivamente, ejerce de dueño y señor de todas las dependencias ocupadas por los órganos jurisdiccionales, ora como conseguidor de inmuebles a alquilar, reparar, mejorar y devolver; ora como diseñador y decorador de espacios; ora como arquitecto, ingeniero, fresador o florista, y hasta como responsable de comprar folios o CD… y siempre imponiendo su criterio por encima de cualquier opinión o vicisitud contraria que pudiera presentarse. Con motivo del traslado de todos los juzgados dispersos por la ciudad al nuevo y soberbio complejo, ha vuelto a hacer aflorar su irrefrenable sentimiento de amo de las instalaciones públicas, y lo mismo es capaz de prohibir a jueces, fiscales o funcionarios colocar una plantita en su despacho (“es que me mancháis el suelo al regarlas”) o aparcar sus bicicletas por las marcas de las ruedas, que de suprimir 200 plazas de aparcamiento para colocar en ese espacio los archivos judiciales que él mismo olvidó hacer constar en el proyecto de su nuevo chozo. Porque a pesar del celo con el que prohíbe, impone y da brillo o esplendor a sus dominios, ha demostrado no haber sido capaz ni de diseñar los nuevos edificios como dependencias judiciales que son, o en su defecto, consultar con los operadores jurídicos en su conjunto para que todas las necesidades fueran cubiertas aprovechando la poyá (expresión canaria que se emplea dirigiéndose al albañil que entra en una casa con un encargo y termina haciendo otras tres cosas más al llamado del “poyá que está aquí”).


Como en la serie de TV


En estos momentos, el jefe de Contratación y Equipamiento de la Dirección General de Justicia la tiene armada con las dependencias para el juzgado de guardia en la torre 4 del complejo. Los funcionarios y los jueces le han advertido seriamente de la necesidad de hacer una serie de mejoras que garanticen la seguridad de los que allí trabajan y, lo que es más sensible, la privacidad de las personas que por obligación (víctimas y detenidos) o por profesión (abogados, fiscales, funcionarios y jueces) tienen que utilizar esas dependencias. Si no se ha corregido la noche del viernes, este sábado el ex decano de los jueces, Javier García García-Sotoca, estrenará el juzgado de guardia con este panorama: las personas que están en la sala de espera, sin obligación de pasar el control de seguridad, a escasos metros de los funcionarios y sin obstáculo físico alguno, percatándose de cualquier cosa que allí ocurra. El arco de rayos X, a una distancia inadecuada (y prohibida) de esos mismos funcionarios; cuatro mesas de auxiliares que han de conocer de los delitos de la jornada, a unos cinco metros de la entrada de la calle, sin separación física ni entre sí ni con el público, y separados de la calle tan sólo por un cristal, de manera que los denunciantes, testigos, víctimas o cualquier persona que preste declaración podrá ser oída y vista desde la zona abierta al público, donde a su vez tienen derecho a sentarse, por ejemplo, los familiares de los detenidos puestos a disposición judicial. Y de remate a este disparatado juzgado de guardia, una cristalera sin protección visual de ningún tipo permite la visión completa de todo lo que pasa en el juzgado de guardia desde la calle Málaga. Los ciudadanos que se aburran tienen un remake de la serie Juzgado de Guardia en la Vega de San José y gratis.


Faltó al respeto al fiscal Antonio López


Joaquín García se ha convertido en un personaje muy controvertido entre los operadores jurídicos. Ya ha tenido varios incidentes precisamente por esa condición de dueño de las instalaciones públicas que se irroga. Algunos de esos percances han ido más allá de un quítame allá esos cactus para pasar a mayores, como lo que le ocurrió en 2009 con el fiscal Antonio López, ex delegado del Gobierno en Canarias, en las dependencias que la Fiscalía de lo Civil ocupaba hasta ahora en la calle de la Pelota. Estando el fiscal en su mesa de trabajo, se personó allí “el dueño” y, sin encomendarse a nadie, sin dar las buenas horas y sin la cortesía debida que obliga a pedir permiso, se puso a ejercer de casero en compañía de un operario con el que tomaba medidas para alguna de sus actuaciones logísticas. Antonio López le afeó esa entrada triunfal con palabras recriminatorias que el apelado interpretó ofensivas, lo que le condujo a presentar una queja ante los órganos disciplinarios de la Fiscalía General del Estado, que acabó sancionando al ex delegado con una multa de 150 euros por la comisión de una falta leve. Es de general conocimiento en el Foro que López no goza de mucho predicamento entre sus superiores jerárquicos, con quienes ha mantenido sonadas diferencias, lo que seguramente coadyuvó a que tuviera todos los números de la rifa. Como se podrán imaginar, el poderío del ofendido se incrementó en 150 veces tras esa sanción, hasta que el año pasado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desmontó la falta leve del fiscal López, admitiendo su recurso por prescripción del expediente sancionador pero con un fundamento de derecho, el tercero, que rebajaba la euforia del ciudadano García. Sin tener necesidad de entrar en el fondo de la cuestión tras haberla declarado prescrita, la Sala resuelve que no considera que “del expediente administrativo resulten probados los hechos”, sino “todo lo contrario: la única falta de respeto habida el día 15 de diciembre de 2009, a tenor de la prueba de testigos, la protagonizó el denunciante, Joaquín García”.


¿Dónde están los defraudadores?


La noticia que nunca se debió haber producido ha dado lugar a otra noticia igualmente innecesaria: el Gobierno de España aprobó este viernes retirar su absurda medida de reclamar a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla la presentación de un certificado de residencia para poder acogerse al descuento para viajar. Ha tenido que pasar un año y medio para que todos hayamos podido corroborar que no se trataba de perseguir el fraude, sino de ir recortando la partida presupuestaria destinada a esos menesteres para, una vez todos sometidos, retirar ese descuento en aras del déficit cero y las ayudas a la banca (o alguna coartada similar). El caso es que, transcurrido este tiempo de cabreo, incomodidades y de muchos perjuicios a gente que se ha tenido que quedar en tierra, nos hemos quedado sin conocer ni un solo dato que pudiera confirmar que se cometía fraude y lo que ese fraude estaba costando a los sufridos contribuyentes españoles. Sí ha servido para conocer la capacidad de este Gobierno para faltarle el respeto a los ciudadanos.

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