La Fiscalía acusa al exgerente del Gran Canaria de cuatro delitos por comprar a su pareja muebles usados e inservibles

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular es Ana Isabel de Vega, investiga por cuatro delitos al exgerente del Club Baloncesto Gran Canaria Alberto Miranda quien, en mayo de 2015, realizó la compra para la entidad de cuatro lotes de muebles usados que eran de su propiedad y su pareja por más de 32.000 euros.

La querella, formulada por la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, atribuye a Miranda y su pareja, Rita González, los siguientes delitos: societario, malversación de caudales públicos -de manera alternativa al anterior-, y dos delitos de falsedad en documento mercantil, tal como explica el periódico La Provincia.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el Club Baloncesto Gran Canaria, quien en julio del pasado año trasladó a la Fiscalía un escrito en el que recogía la actuación de Miranda en los meses anteriores a las elecciones municipales de 2015. La entidad claretiana, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, decidió presentar en los juzgados esta actuación porque Miranda había incumplido el procedimiento interno de contratación, y las compras realizadas eran de su entorno e incluso en una de ellas salía como administrador. Cuando el Consejo de Administración le pidió explicaciones, estas generaron incluso más dudas.

Los muebles estaban destinados para las viviendas de los jugadores del primer equipo y a raíz de las quejas por el mal estado de los mismos realizadas por los deportistas se inició la investigación por parte de la directiva. Los muebles no sólo eran de segunda mano, sino que muchos de ellos terminaron depositándose en el Punto Limpio.

La fiscala entiende que el exgerente hizo pasar por nuevos unos muebles que ya no le eran útiles y que los documentos que aportó como pruebas eran “falsos y estaban elaborados por los querellados con la única finalidad de encubrir una operación de venta que se realizó en el sólo beneficio de los mismos”.

Miranda en total realizó, según el club, cuatro transacciones por montantes de 8.800 (según la Fiscalía este primer pago es de 3.800 euros); 6.425; 10.234,55 y 7.318,80 euros cada una que hicieron la suma total de 32.778,35 euros (27.778 euros según la Fiscalía). Con estas cuatro operaciones los claretianos creen que su exgerente, hombre puesto en el cargo por las recomendaciones de Lucas Bravo de Laguna, buscó evitar realizar compras superiores a los 12.000 euros, el tope a partir del cual necesitaba la firma mancomunada de otro apoderado de la entidad, mientras que para ejercicios de una cuantía hasta este valor podía ejercer sus facultades con su sola firma.

Las compras se realizaban a las empresas AGP Muebles y Miranda Inmoconsulting, SLU, compañías gestionadas por Rita González, aunque en la segunda en el momento de los hechos el único socio era el propio Alberto Miranda, según los datos extraídos del Registro Mercantil, lo que para el club supone un claro supuesto de autocontratación para cuya ejecución el gerente no tenía facultades conferidas por el Consejo de Administración. Aparte de estas dos empresas, consta en el relato la presencia de una tercera, Distribuciones y Representaciones Canarimobel, SA., que en el momento de las operaciones de compraventa referidas se encontraba en liquidación.

En el escrito del Ministerio Público se ratifica que el exgerente incumplipó el procedimiento interno de contratación del club que precisaba de la solicitud y el estudio posterior de tres presupuestos. Además, la fiscala duda de las facturas presentadas ya que no existe ni albarán de entrada de la mercancía ni facturas proforma aceptadas por el Gran Canaria, y pone la lupa en el medio de pago porque el método empleado fue un cheque firmado por el propio Miranda en lugar de una transferencia o remesa bancaria con firma mancomunada de dos consejeros.

La Fiscalía de Delitos Económicos ya interrogó a Miranda y su pareja y ha solicitado la citación del actual presidente del Gran Canaria, Miguel Ángel Betancor, para que ratifique en la denuncia y formalice la personación de la entidad en el procedimiento penal como perjudicada.

Alberto Miranda estuvo en el club hasta octubre de 2015, cuando la actual directiva lo destituyó de su cargo. Antes del cambio de gobierno, a pocos días de las elecciones, fue renovado por los anteriores gestores del club, un hecho muy criticado por el por entonces candidato de Nueva Canarias, Antonio Morales, quien llegó a decir que esta decisión hipotecaba a la nueva corporación. El por entonces consejero de Deportes, Lucas Bravo de Laguna, achacó a la renovación de Miranda a que el Gran Canaria “no podía parar ni esperar a la llegada de una próxima corporación, sea cual sea, para seguir funcionando”.