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El Club Baloncesto Gran Canaria denuncia a su exgerente por comprar a su pareja muebles usados e inservibles

Alberto Miranda pagó 33.000 euros del club a su pareja y a una empresa de la que él era administrador por mobiliario destinado a viviendas de los jugadores 

El Granca ha decidido llevar el asunto a la Fiscalía de Las Palmas tras pedir explicaciones a su exempleado

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El expresidente del Club Baloncesto Gran Canaria Joaquín Costa, y el exgerente del club Alberto Miranda

El expresidente del Club Baloncesto Gran Canaria Joaquín Costa, y el exgerente del club Alberto Miranda CB Gran Canaria

El Club Baloncesto Gran Canaria, integrante de la ACB, ha decidido trasladar a la Fiscalía Provincial de Las Palmas la actuación del que fuera su gerente hasta la pasada campaña, Alberto Miranda, por haber adquirido muebles de segunda mano inservibles que fueron pagados a su pareja sentimental y a una sociedad administrada por él mismo. El Granca, como popularmente se le conoce, es propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria.

El escrito que ha presentado el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Miguelo Betancor, al fiscal jefe provincial de Las Palmas pone en duda la labor del exgerente de la entidad claretiana cuando en mayo de 2015 adquirió mobiliario destinado a las viviendas de los jugadores del equipo.

Según se desprende del texto, Miranda gastó cerca de 33.000 euros en muebles adquiridos a AGP Muebles y Miranda Inmoconsulting, SLU, empresas gestionadas por su pareja Rita González, aunque en la segunda en el momento de los hechos el único socio era el propio Alberto Miranda, según los datos extraídos del Registro Mercantil, lo que para el club supone un claro supuesto de autocontratación para cuya ejecución el gerente no tenía facultades conferidas por el Consejo de Administración. Aparte de estas dos empresas, consta en el relato la presencia de una tercera, Distribuciones y Representaciones Canarimobel, SA., que en el momento de las operaciones de compraventa referidas se encontraba en liquidación. 

El exgerente en total realizó cuatro transacciones por montantes de 8.800; 6.425; 10.234,55 y 7.318,80 euros cada una que hicieron la suma total de 32.778,35 euros. Con estas cuatro operaciones el club cree que Miranda buscó evitar realizar compras superiores a los 12.000 euros, el tope a partir del cual necesitaba la firma mancomunada de otro apoderado de la entidad, mientras que para ejercicios de una cuantía hasta este valor podía ejercer sus facultades con su sola firma.

La entrega de los muebles adquiridos fue gestionada directamente por el propio Miranda y se produjo en el mes de junio  de 2015, una vez se pagaron las cuatro facturas, en las cuales no aparecen en ninguna anexados los presupuestos o factura proforma previos aceptados y albarán de entrega, sin que tampoco conste al Departamento de Administración el estudio de tres presupuestos. Además, los pagos de las mismas se efectuaron a través de cheques cuando el procedimiento habitual es de abono a través de remesa bancaria u orden de transferencia firmada de forma mancomunada por los apoderados según escritura pública.

Así mismo, se concreta en el escrito que el mobiliario transmitido era de segunda mano sin que constara indicación o referencia a tal cualidad  en la documentación mercantil de los supuestos vendedores, siendo así que u na parte no fue ni entregado ni fue útil al fin para el que estaría destinado y que otra parte terminó en el Punto Limpio.

Irregularidades en las justificaciones dadas

Aunque las compras se realizaron en mayo y el material fue recibido en junio de 2015, no fue hasta diciembre del pasado año, dos meses después de su destitución, cuando en el club se dieron cuenta de estas operaciones. A fin de recabar las explicaciones de estos hechos, una comisión del Consejo de Administración de la entidad se puso en contacto con Miranda, quien entregó copias de presupuestos, albaranes, cheques y notas de entrega del mobiliario que lo único que hicieron fue levantar más sospechas de una actuación desleal ya que todos ellos fueron emitidos en modelos predefinidos, escritos a mano, sin firma de la vendedora y con ciertas dudas sobre la similitud de la caligrafía utilizada en todos los casos.

Llama la atención, por ejemplo, la fotocopia de las notas de entrega del mobiliario fechada el 18 de junio con el sello de un transportista que según Miranda realizó el reparto en los pisos propiedad del Gran Canaria en la Avenida Juan Carlos I. Estas notas están redactadas a mano y, al igual que los presupuestos y albaranes, en un formato de block que se puede adquirir en cualquier librería, aparte de que el tipo de caligrafía utilizado sea muy similar al obrante en los presupuestos y albaranes cuando se supone que han sido emitidos por entidades o personas distintas.

El club pone en duda también la ausencia de procedimiento administrativo de contratación, pues la entrega de facturas y pago de las mismas no se corresponde con los procedimientos internos habituales de la entidad ya que en ninguna de las facturas vienen anexados los presupuestos o factura proforma previos aceptados y albarán de entrega, sin que tampoco conste al Departamento de Administración el estudio de tres presupuestos necesarios para contratar.

Así mismo cree que el exgerente realizó la compraventa de forma irregular y extralimitándose en sus funciones, sobre todo al ser conocedor de las facultades de contratación conferidas por el Consejo de Administración, y hace hincapié en la posibilidad de que con estas operaciones haya existido algún beneficio patrimonial para Miranda o su entorno.

El club maneja dos hipótesis de actuación

Con todos los datos descritos, desde el Gran Canaria se manejan dos hipótesis en la actividad de Alberto Miranda. Por un lado ven una posible actuación fraudulenta aprovechándose de su cargo en la sociedad para orquestar una supuesta compraventa de mobiliario con la que contravendría las limitaciones de sus funciones e incurriría en un supuesto de autocontratación no contemplado por la entidad y que podría dar lugar a la comisión de una acción presumiblemente delictiva.

La segunda hipótesis parte de la inconsistencia de la mayoría de los documentos aportados debido a la uniformidad en la creación de los mismos, en formato disponible en cualquier papelería y con una letra de caligrafía similar, y de ella se desprende que lo que hizo fue adquirir los muebles de primera mano para su disfrute particular o empresarial y entregó los de segunda mano al club. El Gran Canaria estima esto porque no se ha podido constatar que los muebles realmente entregados al club fueran los relacionados en la documental que les ha sido facilitada. 

Con estas dos hipótesis, la entidad claretiana recalca que la irregularidad es manifiesta tanto en cuanto a la forma en el uso de documentos poco veraces como respecto al fondo ya que se realiza sin las formalidades de contratación exigidas por la entidad compradora y con extralimitación de las funciones que Miranda tenía conferidas por el Consejo de Administración. Por tanto, solicitan al fiscal jefe provincial que admita el escrito y practique las diligencias de investigación precisas para el esclarecimiento de las responsabilidades que se puedan derivar de los hechos denunciados.

El Cabildo de Gran Canaria, propietario del club, acordó remitir este escrito a la Fiscalía después de que  el Patronato de la Fundación Canaria del Deporte, durante su sesión ordinaria celebrada el pasado lunes, diera su visto bueno con los votos a favor de los representantes de Nueva Canarias, PSOE, Podemos y Coalición Canaria, y las abstenciones del exvicepresidente del club, el popular Lucas Bravo de Laguna, y el expresidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, padre del anterior, hoy integrado en el partido local Unidos por Gran Canaria.

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