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La Policía sospecha que Mauricio utilizaba su Fundación como "empresa pantalla"

El Cuerpo Nacional pone en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria una serie de circunstancias que podrían dar lugar a “otras responsabilidades penales o administrativas”

Las "irregularidades contables" detectadas hacen a la Policía esbozar la hipótesis de que el Centro se utilizaba para generar "una serie de ingresos a los que luego no se les daría el fin estatutariamente recogido en los propios estatutos"

Antes de comparecer ante el juez el martes pasado, aseguró que “por mucho que rebusquen no hay otro hecho que este”, en referencia a la supuesta contratación fraudulenta de una ciudadana cubana

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El exdiputado y exconsejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio.

El exdiputado y exconsejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio. Alejandro Ramos

La Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria una serie de circunstancias que podrían dar lugar a “otras responsabilidades penales o administrativas” derivadas de la investigación llevada a cabo por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la Fundación Centro de Estudios Canarios, presidida por el exdiputado José Carlos Mauricio, que podría haber sido utilizada como “empresa pantalla”.

Una investigación que comenzó después de que la Brigada de Extranjería detectase, en una operación rutinaria, irregularidades en la contratación de una ciudadana cubana por parte de la Fundación de la que es titular el exdiputado.

Tras un proceso que duró varios meses y en los que ambas partes mantuvieron contacto tanto personal, como telefónico y por correo electrónico, la Inspección de Trabajo consideró como acreditado en su informe que el Centro de Estudios Canarios simuló el contrato laboral de la ciudadana cubana M.D.D. recibiendo por transferencia lo correspondiente al pago de su Seguridad Social, por parte de la pareja sentimental de ésta, el decano de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Juan Manuel Benítez del Rosario.

Conclusión por la que Mauricio  compareció el martes pasado ante el juez, acusado de un delito de falsificación de documento público, junto a Benítez del Rosario, imputado por la Policía de favorecer la inmigración irregular.

Sin embargo, tras analizar las pesquisas, el Cuerpo Nacional añadió un apartado en su informe de diligencias previas, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, en las que pone de relieve las “irregularidades contables observadas por la Inspección”.

Unas irregularidades que han hecho sospechar a la Ucrif que el Centro de Estudios Canarias de Mauricio “podría haberse constituido como empresa pantalla con la que generar una serie de ingresos a los que luego no se les daría el fin estatutariamente recogido en los propios estatutos de la Fundación, sino que dichos fondos podrían haber sido destinados a otros fines ajenos a la misma”.

“Confusión” contable

El exconsejero definió en su momento a su Fundación como una pequeña empresa, "financiada íntegramente con financiación privada", que se dedica a realizar estudios económicos y sociales sobre la realidad canaria, pero que “se encuentra en estos momentos en fase de extinción por escasos ingresos y, en consecuencia, no tenía ningún trabajador, a excepción mía, que la dirijo sin cobrar”.

Entre las irregularidades contables detectadas por la Inspección de Trabajo a las que hace referencia la Policía y que han llevado al cuerpo a llegar a la mencionada sospecha, se destaca que las cuentas del Centro “no cuadran con los gastos que se han querido justificar, lo cual deja en el aire que los fondos pudieran estar siendo dedicados a fines ajenos a los de la misma”.

Según reconoció el propio Mauricio, la entidad recibía ingresos, como los 25.000 euros provenientes de una empresa del sector turístico, cuando la única trabajadora dada de alta en la misma era la ciudadana cubana que “ha quedado acreditado que no era experta en turismo”.

Por lo que la Policía vuelve a preguntarse “quién realizaría dichas actividades – por las que se recibió el pago - y fundamentalmente, qué fin se le habría dado a tales ingresos”.

De hecho, la inspectora hace referencia en su informe en varias ocasiones a la “confusión” de la contabilidad de la entidad, y llega a señalar que “tanto error en un documento que debía ser reflejo fiel del día a día de los movimientos de ingresos y gastos no podía servir como prueba de nada”.

Mauricio, que afirmó haber leído el sumario del caso y por lo tanto era consciente de las sospechas de la Policía, dijo a los medios de comunicación presentes en la Ciudad de la Justicia el martes pasado - fecha en la que compareció ante el juez - que tenía la impresión de que el Cuerpo de seguridad buscaba “algo más” en su Fundación. “Otra cosa y que aquí había algo de dinero negro, blanqueamiento de capitales, o de un servicio de inmigración fraudulento, algo raro”.

Al respecto, se precipitó a dejar claro que “por mucho que rebusquen no hay otro hecho que este”, en referencia a la supuesta contratación fraudulenta de la ciudadana cubana para que obtuviera la Autorización de Residencia y Trabajo.

Según ha podido saber este medio, las preguntas esbozadas por el juez y la Fiscalía durante la comparecencia de Mauricio se centraron, únicamente, en la presunta contratación fraudulenta de la extranjera.

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