El Consell de Garanties avala la ley de consultas catalana

Un Consell de Garanties Estatutàries (CGE) divido ha acabado avalando la constitucionalidad del texto completo de la nueva ley de consultas que el Parlament prevé aprobar a finales de septiembre y que servirá como amparo legal para convocar la consulta soberanista del 9N. Cuatro de los nueve miembros del órgano consultivo han emitido votos particulares para mostrar sus discrepancias con el dictamen final.

En sus conclusiones, de caracter no vinculante, el CGE considera que el texto legislativo no vulnera la Constitución ni el Estatut. Los cuatro votos particulares a este dictamen han sido emitidos por los consejeros propuestos por PSC, ICV y PP (Pere Jover, Eliseo Aja, Marc Carrillo y Carles Jaume Fernández), y son diferentes entre sí.

El dictamen llega después de que los grupos proconsulta –CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP– llevaran al texto al Consell en julio para que se pronunciara sobre cinco artículos, pese a estar convencidos de la constitucionalidad de la norma. También PP y PSC habían solicitado el examen del CGE.

Los partidos del pacto por la consulta se comprometieron a acudir al Consell de Garanties, ya que argumentaron que así se desvanecerían las dudas de quienes cuestionan que sea constitucional. El obejetivo es tener argumentos jurídicos en el momento que se produzca el probable veto del Tribunal Constitucional.

El Consejo de Garantias Estatutarias fue renovado esta legislatura y cuenta con mayoría soberanista. El presidente, Joan Egea, y dos vocales, Àlex Bas y Francesc de Paula Caminal, fueron elegidos a propuesta de CiU, mientras que ERC propuso a Jaume Vernet y Joan Ridao, PSC a Pere Jover y Eliseo Aja, ICV-EUiA a Marc Carrillo y PP a Carles Jaume Fernández.

El Govern cree que hay “argumentos jurídicos” para convocar la consulta

El Govern de la Generalitat se ha mostrado satisfecho con el dictamen del CGE. Para el protavoz Francesc Homs, el texto aporta “argumentos jurídicos” que permitirían convocar la consulta del 9N. “El ordenamiento jurídico español permite el ejercicio de la democracia”, ha asegurado, por lo que ha pedido al Gobierno español que no ponga trabas.

Pese a que los consejeros propuestos por el PSC han mostrado discrepancias con el dictamen, el Partit dels Socialistes ha reafirmado su intención de votar a favor de la ley de consultas cuando llegue al pleno del Parlament. Tras destacar la división en el seno del CGE, la secretaria de organización socialista, Assumpta Escarp, ha exigido al Govern que explore la vía del diálogo para llegar a un acuerdo con el Estado puesto que, en opinión del PSC, la ley de consultas no sirve para convocar la consulta.

Sobre el apoyo del PSC a la ley se ha pronunciado el PP, que considera que es como “poner una cerilla en manos de un pirómano”. El portavoz conservador ha considerado que la división de los consejeros demuestra que no hay “una idea clara” de la constitucional de la ley. Desde la dirección de partido en Madrid han llegado más lejos por boca de Javier Arenas, quien ha asegurado que la ley vulnera el Estatut y la Constitución pese al dictamen del CGE.