El Govern y JxSí se abren a negociar con la CUP un impuesto a las grandes fortunas
Las negociaciones entre JxSí y la CUP sobre los presupuestos de la Generalitat para el 2017 avanzan pese a las grandes diferencias que mantienen ambos grupos. Los anticapitalistas han conseguido que JxSí y el Govern se abran a tocar la fiscalidad, una línea roja infranqueable hasta ahora, para negociar un impuesto a las grandes fortunas.
Pese al avance, la CUP rechaza que con este impuesto el debate del IRPF quede superado. Los anticapitalistas mantienen su posición respecto a la progresividad del tramo autonómico del IRPF, en el que apuesta por aumentar el gravamen para las rentas superiores.
No solo estas figuras impositivas están sobre la mesa. Una de las opciones que se baraja, según ha avanzado El Periódico de Catalunya, es recuperar la tasa a las bebidas azucaradas, un impuesto que la extinta CiU pactó con ERC a finales de 2012 y que finalmente quedó en vía muerta. No obstante, se trata de un impuesto que tendría un reducido alcance recaudatorio, ya que en 2013 se estimó que podría recaudar unos 30 millones de euros.
Otra posibilidad es la recuperación del impuesto a los depósitos bancarios, una fórmula que sí permitiría obtener una importante recaudación -en 2014 el Govern estimó su recaudación potencial en unos 670 millones de euros-, pero este impuesto fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC).
Desde hace meses, el Govern estudia la manera de recuperar el impuesto y, si bien insiste en no dar la batalla por perdida, admite que es difícil hallar un hecho imponible diferente al del Estado que permita aplicarlo.
Aunque las partes se muestran discretas respecto a las negociaciones, también se ha planteado en alguna ocasión la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas si acaba desapareciendo el impuesto de Patrimonio.
Lo que sí está claro es que la Generalitat incluirá en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2017 la nueva versión de dos impuestos cuestionados por el TC: el impuesto a las nucleares, que el Govern espera que aporte 60 millones, y el de grandes establecimientos comerciales, con el que se deberían recaudar unos 15 millones.
La nueva versión de este último impuesto incluirá a los centros comerciales, los concesionarios y las tiendas de muebles, así como a los supermercados y establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados ubicados fuera de la trama urbana, que actualmente están exentos del gravamen.
