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La Eurocámara apoya que se puedan imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo trucado

La comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo ha debatido este jueves la propuesta de la Comisión Europea para renovar el sistema de homologación de vehículos en la Unión Europea y, aunque aún debe votar el borrador, mantiene la opción imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo trucado.

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El eurodiputado británico Daniel Dalton, responsable del informe, ha presentado un total de 196 enmiendas al texto inicial de Bruselas. En ellas, modifica la redacción inicial, que otorgaba a Bruselas la opción de imponer multas en caso de infracción, y concede al Ejecutivo comunitario la posibilidad de "evaluar la necesidad" de una multa.

Cuando así lo considere, la Comisión tendrá que adoptar su decisión y comunicársela al operador afectado y al Estado miembro, que a su vez será el que tenga que implementar la "sin retraso" y de informar a Bruselas.

Además, el borrador de ley de la Eurocámara añade que estas sanciones no podrán ser adoptadas antes de que finalicen los procedimientos nacionales que hayan podido iniciar los Estados miembros y que hayan sido comunicados al propio Ejecutivo comunitario.

En cualquier caso, el resto de eurodiputados pueden proponer más enmiendas al borrador hasta el 13 de octubre, antes de que la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor vote el informe final y todas las enmiendas a finales de noviembre.

Las enmiendas propuestas por Dalton buscan cambios con respecto al proyecto de Bruselas en las obligaciones de las autoridades autoridades nacionales de homologación, autoridades de vigilancia de mercado y en los fabricantes, en la designación de los servicios técnicos que llevan a cabo los test de prueba, en la duración de los certificados de homologación, entre otras.

Asimismo, otros cambios propuestos por el eurodiputado están relacionados con el papel previsto para la Comisión Europea en aspectos como la vigilancia del mercado, la retirada de vehículos o las sanciones administrativas caso de infracciones. Además, Dalton ha eliminado las disposiciones que establecían la creación de estructuras de tasas nacionales para certificados de homologación.

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