La otra cara de la corrupción
Diez mujeres mueren cada día al dar a luz en Zimbabue. El dato lo reveló el pasado mes de mayo el propio ministro de Salud, en un acto oficial para anunciar la donación de 63 ambulancias por parte de la Unión Europea. Lo que no contó Douglas Mombeshora es que en su país hay hospitales donde las enfermeras obligan a las embarazadas a pagar 5 dólares por cada grito que dan durante el parto. Un cobro irregular que se añade a la tasa obligatoria de 50 dólares que deben abonar por el parto, prácticamente un tercio de la media de ingresos anuales por persona.
Este inverosímil castigo, que se impone a las parturientas por “levantar falsas alarmas” y les supone, en caso de no poder o no querer satisfacerlo, la detención en el hospital y una deuda que acumula intereses, es una de las múltiples formas de soborno que se recogen en el último Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparency International. El informe deja claro que la otra cara de la corrupción, un fenómeno generalizado a escala internacional de acuerdo con el estudio, es la violación de derechos fundamentales y que ésta afecta, especialmente, a los colectivos más vulnerables.
Uno de cada cuatro de los encuestados (114.000 personas en 107 países) afirma haber pagado un soborno a instituciones o a la hora de acceder a servicios públicos. Ahmed se negó a hacerlo. Este marroquí recibió con esperanza la noticia de que el suburbio donde vivía junto con su mujer y sus dos hijos iba a formar parte de un plan nacional diseñado para mejorar las condiciones de vida de los barrios más pobres. Las 120 familias que vivían en él serían realojadas en otro lugar donde dispondrían de un pequeño terreno y servicios básicos como calles asfaltadas, agua potable, electricidad y saneamiento. Sin embargo, los dos funcionarios encargados del procedimiento exigieron un pago ilegal de 250 dólares por el terreno y otros 630 por el certificado de residencia. Aquellos, como Ahmed, que no les entregaron el dinero perdieron sus hogares y no fueron reubicados. Tras denunciarlo, todavía siguen a la espera de que se solucione su situación.
“Cada día, en todo el mundo, la gente común soporta el coste de la corrupción. En muchos países, la corrupción afecta a las personas desde que nacen hasta que mueren”, denuncia Transparencia Internacional. “La corrupción puede, y a menudo lo hace, vulnerar derechos fundamentales. Cuando los grupos poderosos compran influencia sobre las decisiones del gobierno o cuando los fondos públicos se desvían hacia las arcas de las elites políticas es la gente común la que sufre”, añade.
Un ejemplo de ello es el caso de las vallas publicitarias en las autopistas de la República Checa. La historia ha sido documentada por esta ONG gracias a la acción de la Asociación de Conductores checa. Tras varios accidentes mortales, denunciaron que las vallas publicitarias estaban situadas a menor distancia de la autopista de la permitida por ley y que, además, carecían de barreras de seguridad. Transparencia Internacional averiguó que estas vallas, que proliferaron por todo el país, eran el resultado de un contrato firmado por un grupo de políticos con agencias de publicidad a cambio de descuentos en la cobertura mediática durante la campaña electoral.
Precisamente, los partidos políticos, seguidos de la policía, son la institución más corrupta para la opinión pública mundial. La mayoría de las personas del mundo piensa que sus autoridades nacionales hacen bien poco para luchar contra la corrupción. Es más, el 54 por ciento (cifra que asciende a dos tercios de la población en los casos particulares de España, Grecia e Italia) considera que el gobierno de sus respectivos países recae en grupos que actúan movidos por sus propios intereses y no por el bien común y que, de todos es sabido, tener contactos siempre ayuda en contextos de escasa transparencia política.
Que en España haya quien utilice el coche oficial para desplazamientos que no lo son tanto puede no sorprender a estas alturas en las que cada día amanece con un nuevo escándalo. En Palestina, donde la ocupación israelí incide directamente en las condiciones de vida y los recursos disponibles, la historia es otra. En 2009, unos 6.000 funcionarios utilizaban coches oficiales que consumían en torno a 18 millones de euros en combustible y mantenimiento. La oficina de Transparencia Internacional, según recuerda el informe, comenzó a recibir denuncias de ciudadanos palestinos que llamaban la atención sobre el uso de estos vehículos para viajes privados y su utilización frecuente por amigos o familiares de los trabajadores. Tras una intensa campaña mediática, la Autoridad Nacional Palestina prohibió el uso de coches oficiales fuera de horario de oficina y, en 2010, se requisaron 6.200 vehículos, la mayoría de los cuales fueron comprados por los propios funcionarios para uso privado.
Otras denuncias resultan más familiares. Es el caso, por ejemplo, de Robert Maidei –nombre ficticio-, un zimbabuense que fue elegido concejal y se quedó estupefacto al toparse de bruces con una corruptela local bastante institucionalizada. Según su testimonio, otros concejales que trabajaban con personal urbanístico se estaban dedicando a comprar propiedades y revenderlas a precios más elevados, de hasta 10 veces su valor de mercado, aprovechándose de la necesidad de vivienda de muchas familias, en un momento en que la demanda era elevada.
Frente a la corrupción sistemática hay quienes optan por la creatividad. Según el Barómetro de Transparency International, 9 de cada 10 encuestados sostienen estar dispuestos a actuar frente a la corrupción. Así lo hacen, por ejemplo, desde la organización india 5thPillar. Puesta en marcha por Vijay Anand, se dedica a promover el uso de billetes falsos de 0 rupias para el pago de sobornos. En su web cuentan que ya han logrado distribuir más de 5 millones de billetes, un éxito que ha llevado a la iniciativa a convertirse en un proyecto global, Zero Currency, donde pueden descargarse billetes por valor de 0 en las monedas de todos los países del mundo.
