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Competencia insta al Gobierno a acabar con el monopolio de los estancos

Competencia insta al Gobierno a acabar con el "monopolio" de los estancos

EFE

Madrid —

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha instado al Gobierno a eliminar el “monopolio de la red de estancos” o al menos a “reconfigurarlo”, tras detectar estas “restricciones”, entre otras, en el sector del tabaco.

Estas recomendaciones forman parte de un informe emitido a petición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la aprobación del anteproyecto que modifica la “ley antitabaco”, y tiene carácter consultivo, según ha explicado hoy en un comunicado la CNMC.

Competencia considera que existen “restricciones arraigadas en el sector del tabaco” como la exclusividad otorgada a los estancos a la hora de vender este tipo de productos, un punto que ya había criticado en el pasado.

En el documento se aconseja suprimir este “monopolio” o, al menos, “reconfigurar el modelo de concesión en algunas de sus características básicas”, como el acceso al negocio, los productos que pueden comercializarse o las reglas de abastecimiento a bares, quioscos de prensa y gasolineras con licencia para tener máquinas expendedoras.

Sobre las novedades introducidas en el anteproyecto, la CNMC estudia los cambios legislativos que afectan al cigarrillo electrónico.

En este sentido, propone “analizar alternativas menos distorsionadoras” que la prohibición de venta a distancia de este tipo de cigarrillos, y cita como ejemplo mecanismos que permitan “verificar la edad (del comprador) o reforzar la aplicación del régimen sancionador”.

También cuestiona “la exclusividad” otorgada a los estancos y a comercios especializados a la hora de vender cigarrillos electrónicos por “excluir a otros operadores”, algo que no fomenta la competencia.

Además, discute que se prohíba a las tiendas especializadas vender otros productos distintos y critica que se exija obligatoriamente a las empresas del sector del cigarrillo electrónico dar datos sobre volumen de ventas y marcas, ya que en su opinión se trata de información comercial sensible cuya divulgación “podría traducirse en conductas potencialmente anticompetitivas”.

Como alternativa, la CNMC plantea gravar con un impuesto específico este tipo de dispositivos, como han hecho otros países europeos, una medida que contribuiría a reducir el consumo, dotar de recursos a Hacienda y a “acercar” su tratamiento fiscal al del tabaco tradicional.

En su informe recuerda que los cigarrillos electrónicos vivieron un “boom” nada más comenzar a venderse en España en 2013, cuando aparecieron cerca de 3.000 tiendas especializadas.

Un año más tarde se registró un “fuerte ajuste” y cerraron “el 95 % de los establecimientos”.

Actualmente, existen en torno a 300 distribuidores minoristas en el sector, con una previsión de facturación en 2017 de 50 millones de euros y 1.250 empleos directos.

El Parlamento convalidó a finales de noviembre el Real Decreto-Ley que modificaba la llamada “ley antitabaco”, instrumento con el que finalizó la transposición de la nueva directiva comunitaria sobre tabaco.

Los estanqueros tachan de “irresponsable” el informe

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha calificado de “irresponsable” el informe, ya que considera que es la manera adecuada de mantener el control sobre la recaudación impositiva de este producto, que supone más de 9.100 millones de euros anuales, informa Europa Press.

La organización ha reprochado a la CNMC que ponga en duda la conveniencia de mantener el control de la venta minorista de tabaco, lo que supone “una clara demostración del absoluto desconocimiento que esta institución tiene sobre el mercado de tabacos”.

Según ha explicado, el tabaco, por motivos sanitarios y económicos, es de “máxima importancia” para los estados por su fuerte carga fiscal y por la responsabilidad que conlleva el control de un producto “muy vigilado sanitariamente” por sus consecuencias para la salud. “Perder el control de en torno de más de 9.110 millones de euros anuales en recaudación sería, de todo punto, una irresponsabilidad máxima para cualquier Gobierno”, ha alertado en un comunicado.

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