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Hacienda ultima la Oficina de Evaluación para controlar que las inversiones no eleven el déficit
Hacienda ha remitido el proyecto de Orden Ministerial que desarrolla la organización y funciones de la oficina a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), después de que el órgano como tal se creara el pasado mes de octubre.
El Gobierno en funciones explica que uno de los motivos del desfase presupuestario y del exceso de endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas en los años anteriores fue “la realización de inversiones de dudosa viabilidad y sostenibilidad financiera”.
“En un nuevo escenario, en el que se vuelve a recuperar en parte la inversión pública para impulsar el crecimiento a través de la colaboración público-privada en sectores relevantes para la competitividad de la economía y pensando en la creación de empleo, se hace necesaria la creación de un órgano de análisis de esas inversiones”, justifica Hacienda.
AFECTARÁ A TODAS LAS ADMINISTRACIONES.
La Oficina Nacional de Evaluación analizará proyectos tanto del Estado como de las corporaciones locales, así como de aquellas comunidades autónomas que decidan adherirse a la misma, mediante la emisión de informes preceptivos previos a la aprobación de los proyectos que sirvan de base a los procedimientos de licitación.
A partir de su entrada en vigor, la Orden Ministerial regulará la documentación que habrá que emitir a la Oficina Nacional de Evaluación como órgano de coordinación y seguimiento de esos proyectos de inversión.
También establecerá el contenido y plazos para la emisión de los informes y su publicación en la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda.
La Oficina será un órgano colegiado interministerial adscrito a Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Formarán parte de la misma los ministerios más directamente implicados en este tipo de proyectos de inversión; además podrá contar con la participación tanto del sector privado como de las Administraciones autonómicas y locales.
