El ICF espera pedir a partir 2018 autorización bancaria y baraja cambio de nombre

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) espera poder pedir a partir de 2018 autorización para operar como entidad de crédito pública y, una vez la obtenga, se plantea cambiar su denominación y llamarse Banco Público de Inversiones de Cataluña o bien Banco Catalán de Inversiones.

En un encuentro con periodistas, el consejero delegado de esta entidad financiera pública catalana, Josep-Ramon Sanromà, ha explicado que el ICF sigue a la espera de que la nueva normativa europea defina los parámetros y condiciones que debe cumplir la banca pública.

Sanromà ha asegurado que confía en que esta normativa esté lista este año y que, “a partir de 2018”, el ICF pueda solicitar la autorización para operar como “promotional bank” o banco público de inversiones.

Para ello, el ICF debería solicitar primero un informe al Banco de España y luego sería el Banco Central Europeo el que concedería dicha autorización.

Sanromà ha asegurado que, una vez obtenida esa autorización, el ICF se plantearía un cambio de denominación, porque entiende que llamarse Banco Público de Inversiones de Cataluña o bien Banco Catalán de Inversiones ayuda a comprender mejor la labor que desempeña el ICF.

En este sentido, Sanromà ha comentado que el ICF trabaja en un plan estratégico para el período 2018-2020 cuyo objetivo sería “consolidar al ICF como el Banco Público de Inversiones de Cataluña”.

Y es que Sanromà, que forma parte de la Asociación de Bancos Públicos Europeos, ha admitido que la denominación de Instituto crea confusión sobre las funciones que desarrolla en la práctica el ICF y que ello obliga a explicar en algunas ocasiones que opera como un banco.

De hecho, Sanromà ha destacado que el ICF hace dos años que cumple estrictamente con toda la normativa bancaria, por lo que ha subrayado que cuando solicite esta autorización para operar como entidad de crédito pública buscará obtener simplemente una “homologación” del trabajo que ya hace a diario este organismo.

Aunque en los últimos años se ha puesto el acento en que el ICF aspiraba a obtener una ficha bancaria, el máximo responsable del ICF ha asegurado que no se trata como tal de una ficha bancaria, sino de una “autorización para operar como entidad de crédito” pública. “Es un proceso de homologación”, ha subrayado.

El gobierno catalán se había marcado 2015 como fecha para que el ICF tuviera ficha bancaria y pudiera convertirse así en un banco público catalán, una de las “estructuras de Estado” contemplada en los acuerdos de estabilidad sellados entre CiU y ERC a finales de 2012.

Sanromà ha asegurado que obtener esta autorización bancaria daría al ICF una “mayor flexibilidad, mayor capacidad de acceso a los mercados o bien mejores condiciones fiscales”, aunque ha remarcado que la actividad del ICF no está condicionada por no disponer de esta autorización para operar como entidad de crédito pública.

El ICF es una entidad financiera propiedad de la Generalitat aunque su Junta de Gobierno, el equivalente a un consejo de administración, tiene mayoría de consejeros independientes.