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PP y UPyD rechazan exigir un análisis coste-beneficio a las obras de infraestructuras del Estado como pide CiU

El PP y UPyD votarán este martes en contra de que el Congreso tome en consideración una proposición de ley de CiU en la que se sugería una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para que todos los proyectos de inversión en infraestructuras superiores a los 12 millones de euros de la Administración General del Estado incluyan un análisis de coste-beneficio, y que los Presupuestos del Estado vayan acompañados de una memoria abreviada de dichos análisis.

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PP y UPyD rechazan exigir un análisis coste-beneficio a las obras de infraestructuras del Estado como pide CiU

El portavoz de CiU en materia de Fomento, Pere Macias, ha sido el encargado de defender la propuesta, destacando la importancia de contar con instrumentos para que las decisiones de inversión sean lo "más racionales posibles". Además, ha recordado que estos fondos no sólo son "escasos", sino también "excluyentes", porque destinarlos a un fin impide que sirvan para otro objetivo.

"Por eso el análisis coste-beneficio es imprescindible, pero no para detenerse en si el beneficio es superior al coste, sino en si los recursos generan mayor beneficio para la sociedad que los que se obtendrían en otra infraestructura", ha puntualizado, añadiendo que también sirven para mejorar la transparencia, y recordando que muchos países de la UE usan ya este tipo de herramientas.

En este sentido, ha criticado la "escasez" de legislación de este tipo en el corpus español y ha pedido que el país se acerque más a Europa, para evitar perjuicios como los informes falseados con "demandas artificialmente infladas y costes muy ajustados" que finalmente han resultado en infraestructuras deficitarias, "como las radiales de Madrid".

"Como al hacer una paella, hay que tener el don de saber colocar justamente los ingredientes, las dosis exactas y el tiempo. Sólo con esas dosis de rigor, de justa medida, de equilibrio, de sabiduría, de buen hacer... todos disfrutamos de una gran paella. Pero si nos equivocamos, si alguien le pone más agua, menos sal, se pasa con los ingredientes... no funciona. Un país requiere también una política de infraestructuras basada en este rigor, en este ejercicio de colocar en cada punto aquella infraestructura que mejor contribuye al desarrollo de cada región y del conjunto. Y esto requiere sabiduría, prudencia y un buen corpus legal", ha concluido.

UNA PROPUESTA LLENA DE ERRORES

Sin embargo, el 'popular' Andrés Ayala ha arremetido tanto con la forma de la propuesta como con el fondo, criticando que cuando se presentó la iniciativa "ya estaba derogada" la Ley de Contratos. Así, ha afeado la "desidia" de los nacionalistas catalanes, que en todos estos meses no han corregido el error.

"Creo que eso sólo puede ser fruto de la fatiga. ¿Usted también está fatigado, le pasa lo mismo que a su líder (Artur Mas)? Si todo lo hacen de forma tan superficial, tan poco profesional es porque están fatigados. Y en ese caso tienen que irse a casa y que vengan otros menos hastiados, menos fatigados o con las ideas más claras", ha recomendado.

Ayala también ha lamentado que los nacionalistas catalanes propongan para el Estado "lo que no quieren para la Generalitat", y que primen los criterios económicos por encima de otros factores como la vertebración territorial o la igualdad de oportunidades. "La estabilidad y la racionalidad están en la mesura de la dimensión de la infraestructura, no en la infraestructura en sí misma. Una cosa es actuar con criterios empresariales y otra convertir al Estado en una empresa", ha dicho.

"GRAN EMPANADA MENTAL"

Por su parte, el portavoz de UPyD en la materia, Carlos Martínez Gorriarán, ha acusado a CiU de tener una "gran empanada mental" al intentar legislar en el Congreso mientras "declaran independientes algunos municipios donde gobiernan con mayoría". "Dejennos que nos autogobernemos y tengamos las leyes que queramos tener", ha ironizado.

Además, ha hecho referencia a la derogación de la ley que se pretende modificar. "Están tan entretenidos con crear un estado nuevo que se les ha olvidado en qué Estado están", ha dicho, anunciando su voto en contra porque, aunque "hace falta que las administraciones sean eficaces", las decisiones de inversión "siempre serán políticas, no técnicas".

BUSCAR SIEMPRE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA

El socialista Rafael Simancas ha anunciado su voto favorable argumentando que es "razonable" defender "cualquier esfuerzo para tratar de asegurar que las infraestructuras se planifican, ejecutan y gestionan con criterios de eficacia y eficiencia", pero ha recordado que "el que no sea obligatorio (hacer estas memorias) no quiere decir que no hubiera informes de rentabilidad" y que tenerlas "no es garantía de mayor eficiencia".

Además, ha lamentado que se descalifiquen todas las inversiones en infraestructuras del país, recordando que pese a los errores se ha conseguido un gran desarrollo económico y competitivo. "Una cosa es ahorrar y otra, acogotar la política de infraestructuras. Si no se invierte cae la competitividad, la calidad de vida y el empleo, aunque así se solucionen los problemas de ineficiencias", ha bromeado, en referencia a los recortes del Gobierno en el Ministerio de Fomento.

Por último, ha instado a CiU a presentar una iniciativa similar en el Parlament de Catalunya, y ha recordado que el económico "no es el único criterio", por lo que para decidirse por unos u otros proyectos hay que tener en cuenta "la cohesión territorial, el desarrollo equilibrado o la sostenibilidad ambiental" para "no condenar a ciertos territorios al subdesarrollo eterno".

A FAVOR CON REPAROS

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que votará a favor, Ascensión de las Heras considera "oportuno" el debate, aunque cree que hay que "definir con más precisión los parámetros de costes, más allá de meros criterios economicistas". "Antonio Machado decía que sólo los necios confunden el valor y el precio. Vamos a demostrar que no somos unos necios y podemos dar valor a las cosas sin tener en cuenta el precio", ha instado a la Cámara.

Así, pide que se tengan en cuenta los costes y los beneficios sociales y medioambientales, además de plantearlos desde "verdaderas ópticas publicas". Además, ha reclamado que se dé cabida a la sociedad de forma "amplia y transparente", y ha criticado que se intente introducir este instrumento con el argumento de la escasez de recursos públicos que, según ha dicho, "se ha convertido en un lugar común, en un cajón desastre que lo mismo sirve para recortar derechos y libertades, que para propiciar mecanismos para recentralizar el Estado".

Por parte del PNV, Arantza Tapia ha aplaudido la propuesta de CiU y ha explicado que actualmente los diferentes medios de transporte "compiten entre sí" y no están coordinados. A su juicio, "hace falta un estudio de las infraestructuras existentes" para poder saber qué hace falta en función de un análisis coste-beneficio "previo" y dentro de un enfoque "multidisciplinar". "Ahora más que nunca es imprescindible gestionar el transporte como un sistema coordinado para obtener el máximo rendimiento", ha dicho.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, también ha anunciado su voto favorable por compartir el principio que inspira la propuesta, si bien ha matizado que el beneficio a tener en cuenta no puede ser sólo económico, sino también social, porque si no se "perjudicaría" a algunos territorios del Estado. Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha mostrado su acuerdo con una propuesta "de sentido común y con fundamento" y que se usa de forma habitual en el sector privado, y ha denunciado los "disparates y auténticas burradas" que la falta de este procedimiento ha provocado "por toda la geografía".

Teresa Jordà, de ERC, ha lamentado que lo habitual en España haya sido construir sin estudios "serios de viabilidad o productividad", y ha criticado la utilización de "infraestructuras farónicas como medio para sacar rédito político".

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