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Extremadura, por asfixia económica, firmará un contrato “leonino” con la industria farmacéutica

El SAS convoca la octava subasta de medicamentos de Andalucía

José L. Aroca

Extremadura gastó el año pasado 460 millones de euros en medicamentos, el 10% de su presupuesto autonómico. El gasto se ha disparado sobre todo en los caros tratamientos hospitalarios, cuya factura subió un 17%.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, quería explicar la situación y lo ha hecho este jueves en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura. Empezando por la deuda que se encontró en el SES al llegar, 450 millones de euros, que tras un primer préstamo del Fondo de Liquidez Autonómico queda en 212.

Un plazo de pago medio a proveedores que para el general de la Junta es de 120 días pero que para el SES, en cuanto al abono de la tecnología sanitaria, es de 320 días, el más alto de España.

Para atajar esos y otros problemas, y no ser intervenida por el Gobierno central, la Junta se acoge a los fondos financieros del Ministerio de Cristóbal Montoro, que acaba de poner a todas las autonomías una condición en el sector sanitario, y es sumarse al acuerdo que el Ejecutivo de Rajoy firmó en noviembre pasado con la asociación de empresas de la industria farmacéutica, Farmaindustria.

El acuerdo dice que en materia de medicamentos originales –no los genéricos que son más baratos- el gasto de las autonomías en ellos puede aumentar este año un 1,8% y el que viene un 2,2%, que es lo que se estima hará el PIB nacional; si el gasto sube más de esa tasa pero menos que el PIB real la industria no devolvería dinero sino que tomaría medidas correctoras, y en tercer lugar solo devolvería fondos si el gasto crece más allá.

Para Vergeles todo esto es un “yo invito pero tú pagas”, es decir, el Gobierno pacta los términos de un acuerdo que acaban pagando las comunidades autonómas, que no pueden participar en esa toma de decisiones.

Obligados

El acuerdo solo beneficia a Farmaindustria según el consejero, pero como Extremadura tiene “absoluta necesidad” de acogerse a los préstamos de los fondos del Estado “nos vemos obligados a firmar este acuerdo de condiciones leoninas para las comunidades”.

Aunque tenga que firmar por imperativo legal, ¿qué va a hacer la Junta?. Va a poner en marcha un Plan de Eficiencia Farmacéutica con medidas con los médicos; con las farmacias; con el manejo de la farmacia hospitalaria, y con Farmaindustria.

Con los médicos plantea implicarles en el uso racional del medicamento, hacer con ellos contratos de gestión, información proactiva, y realizar un seguimiento individual de los medicamentos más caros y los que “tienen escasa relevancia pero las agencia oficiales siguen aceptando”.

Mejora de la farmacia hospitalaria optimizando sobre todo la compra de lo que sirve para el diagnóstico, y con las farmacias un nuevo modelo de concierto.

Finalmente la Junta va a plantear a Farmaindustria una compra centralizada de medicinas, incluso con otras comunidades; que habrá un techo de gasto, y además un riesgo compartido en la financiación del medicamento: “Si sirven se pagarán, y si no, no se pagarán”. Y es que según Vergeles se autorizan nuevos medicamentos originales sin apenas cambios ni efectos terapéuticos.

Tácticas con los médicos

Obed Santos, diputado de Podemos, ha apuntado que otras comunidades como Castilla-La Mancha tienen menor gasto en medicinas porque contrarrestan mejor las tácticas “agresivas e inmorales” de Farmaindustria con los médicos, y sin hacer eso “va a ser difícil mejorar”.

En algunos casos aislados en Extremadura se están recetando según él y de forma abusiva fármacos de alto precio.

El consejero Vergeles cree que lo mejor es poner los datos sobre la mesa porque la inmensa mayoría de los médicos no tienen por qué pagar “por unos pocos”, y por eso va a exigir que se hagan públicas las contraprestaciones de Farmaindustria a esos profesionales.

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