80 millones anuales contra la exclusión social, según acuerdo de sindicatos, empresarios y Junta

El acuerdo ha sido firmado en la sede de la presidencia de la Junta por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara; los secretarios regionales de UGT y CCOO, Francisco Capilla y Julián Carretero, respectivamente, y por el responsable de la Confederación Empresarial (Creex), Javier Peinado.

Los firmantes han destacado la importancia de que este acuerdo contemple una dotación financiera, que según ha precisado Vara será del 0,5 por ciento del PIB, ya que se ha firmado aparte el Plan de Empleo Social y que, en el caso de que así no hubiera sido, elevaría esta cifra a al 1 por ciento del PIB, tal y como era su compromiso.

Vara ha reconocido que en 2016, debido al descenso en los presupuestos para equilibrar las cuentas, será difícil alcanzar esa cifra de en torno a 80 millones, pero se llegará a esta cantidad en ejercicios posteriores, aparte de lo que se destine a vivienda, que no irá incluido en este montante.

En el documento se pone de manifiesto el incremento que en los últimos años se ha producido con respecto al número de personas en Extremadura en riesgo de pobreza y exclusión social, tanto que en 2014 las cifras eran de 437.535 extremeños, frente al 1.100.000 del total de la población de la comunidad autónoma.

El acuerdo establece cinco ámbitos de actuación, entre ellos la la cobertura sanitaria universal y por tanto también de las personas extranjeras que no tengan condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, a través de la emisión de una tarjeta identificativa personal de acceso al Servicio Extremeño de Salud y dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma.

Renta básica

Contempla, asimismo, “la adaptación del procedimiento de acceso del derecho a la Renta Básica de Inserción de Extremadura a las necesidades sociales actuales” y mediante una convocatoria abierta. Entre otras novedades, establece que el derecho a esta prestación nacerá a partir del día siguiente a dictarse la resolución para su concesión o, en su caso, a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para resolver.

El acuerdo para aplicar medidas contra la exclusión social recoge, asimismo, la puesta en marcha de vías excepcionales destinadas a cubrir situaciones de emergencia social y actuaciones para asegurar el acceso a unos mínimos vitales de energía y agua a las personas vulnerables.

Así se garantiza el derecho a tener cubierto el suministro de 100 litros de agua potable al día y 6 kw/hora al día de consumo eléctrico, para luchar contra la pobreza energética en Extremadura.

El último apartado del acuerdo es el destinado a vivienda y contempla, entre otras medidas, la adjudicación de viviendas de promoción pública con carácter general mediante el procedimiento del concurso por valoración.

Asimismo, se establece una nueva regulación de los supuestos de ocupación ilegal de vivienda de promoción pública para posibilitar una actuación anticipada de la administración con el fin de resolver situaciones urgentes y reales de necesidad.

Segunda oportunidad

Al mismo tiempo, se ofrece una segunda oportunidad a familias que por determinadas circunstancias se han visto abocadas a este tipo de ocupaciones ilegales cuando previamente, con antelación de al menos tres meses a la ocupación ilegal, hubiesen comunicado y acreditado ante el órgano competente en materia de vivienda la necesidad urgente de tener un techo.

Vara ha destacado que con este acuerdo se inicia el desarrollo de los compromisos adquiridos hace menos de un mes con la firma de la concertación social en Extremadura y ha puesto de relieve que lo suscrito hoy “se sustenta en la base de un compromiso firme con los que peor lo están pasando”.

Francisco Capilla, de UGT, ha considerado necesario este tipo de medidas para evitar que la salida de la crisis sea “excluyente” para los más débiles y ha acusado al anterior gobierno de José Antonio Monago de “generar mayor pobreza” por sus recortes en un momento de dificultad económica para las familias.

Javier Peinado, de la Creex, ha destacado el grado de “consenso, racionalidad y lealtad” alcanzado en este acuerdo, que lo ha enmarcado en la realidad de atender urgentemente a la situación que viven muchas personas.

Por parte de CCOO Julián Carretero ha indicado que en Extremadura hay mucha gente al borde de la exclusión, y que es “un orgullo” que se les pueda socorrer a través de la concertación social.